Vox ha camuflado a uno de sus diputados en el Parlament como experto en una audiencia sobre la inmersión lingüística en la Eurocámara. El partido de extrema derecha presentó a Manuel Acosta Elías, doctor en filología hispánica, para dar su opinión sobre la situación del castellano en los colegios de Catalunya en un debate que se ha celebrado este martes en la Comisión de Peticiones que preside la jefa de la delegación del PP, Dolors Montserrat. Es habitual que PP, Ciudadanos y Vox usen ese organismo para atizar al Gobierno de España y, en esta ocasión, se ha producido un plantón por parte de Socialistas, Verdes, la Izquierda y las fuerzas independentistas catalanas, cuyos representantes han abandonado la sala tras denunciar que la situación es “inaceptable”.
Los grupos Verdes, Socialistas y Demócratas y La Izquierda no vamos a participar en esta audiencia pública en total rechazado de la forma que tiene la presidenta Montserrat de organizar este acto institucional, marcado una vez más por la vulneración de las reglas de procedimiento del Parlamento Europeo. Desde 2017, venimos denunciando la manipulación de está comité, presidido por Montserrat para servir descaradamente en los temas españoles a los intereses del PP, Vox y Ciudadanos“, ha expresado en nombre de los tres grupos la eurodiputada danesa Margrete Auken, que ha reprochado que tres expertos fueran propuestos por el PPE y uno por ECR, el grupo del que forma parte Vox.
La propuesta de la extrema derecha fue Manuel Acosta Elías, que es diputado de Vox en el Parlament, tal y como han reprochado los grupos progresistas. “En primer lugar, como se ha puesto en duda la idoneidad de mi persona como experto, quisiera recordar que soy doctor en Filología, licenciado en Geografía e Historia, máster en Literaturas hispánicas, profesor nivel superior de catalán, durante 25 años he ejercido la docencia en secundaria y bachillerato, y, por si fuera poco, soy padre de seis hijos, algo sé de niños, de educación. En lo que no soy experto es en la mala educación y la falta de respeto que han escenificado aquí los socialistas, los verdes y de los otros no quiero ni hablar”, ha dicho al comenzar su intervención.
“Vivimos en la Catalunya bien la que el 55% de la población tiene el castellano como lengua materna. Nos encontramos en un contexto de diglosia, es decir, la convivencia de dos lenguas en la que uno de ellos, el catalán, tiene una preferencia clara como lengua institucional, de cultura, de prestigio, de uso oficial, frente a otro que es el español, que es relegado a situaciones inferiores comunicativas de la oralidad y de la familiaridad. La situación de diglosia como lengua inferior que ha impuesto el Gobierno autonómico puede verse en la prohibición de rotular en catalán los comercios bajo penas de multa, el uso del catalán en los documentos oficiales, en la emisión exclusivamente en catalán en la televisión y radio públicas, y en el sistema educativo, basado en el monolingüismo en catalán. El español o castellano es una lengua minorizada en Catalunya mientras que el catalán es una lengua minoritaria en el conjunto de España, que no minorizada”, ha expresado Acosta, que ha abogado por “aplicar un 155 educativo” a la Generalitat de Catalunya.
“La voluntad de poder nacionalista ha convertido la lengua catalana en un artefacto ideológico: símbolo de identidad nacional. Expresarse en español está mal visto —es tabú— en los espacios controlados por los nacionalistas (institucionales, mediáticos y culturales), donde se aplica el apartheid lingüístico contra el español. Quienes rompen el tabú no son catalanes y sufren formas distintas de discriminación, llegando en algunos casos, al odio y la violencia. Vivimos, pues, una situación de regresión identitaria opuesta al orden democrático de ciudadanos libres, portadores de derechos humanos, en el espacio civil común”, ha expresado otro de los intervinientes, Jesús Rul.
Otro de los expertos, propuesto por el PP, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) Jorge Calero ha asegurado que “el único español que hay es el que marginalmente se habla en el patio”, a pesar de que, a su juicio, se intenta “eliminar” mediante el control de lo que “dicen los niños” durante el recreo.
Ante el reproche que ha recibido de las fuerzas progresistas, Montserrat se ha defendido que hizo propuestas para “asegurar que hubiera un equilibrio político, geopolítico y de género para asegurar la composición de este panel”. También ha salido en su defensa la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que ha acusado a socialistas, verdes e izquierda de “filibusterismo”. “Tuvieron la oportunidad de tener expertos, renunciaron a tener esa posibilidad y al mismo tiempo impugnaban el resultado. Las dos cosas son contradictorias. Preferían hacerse las víctimas y los ofendiditos”, ha dicho la parlamentaria de Ciudadanos, que estaba arropada por el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha señalado que el castellano sufre una “persecución implacable” en Catalunya y que se está produciendo una “cancelación cultural”: “Lo que las autoridades [catalanas] llevan perpetrando desde hace 40 años es un intento de borrado de la españolidad en la región”, ha agregado el parlamentario de la extrema derecha.
No es la primera vez que PP, Ciudadanos y Vox llevan la inmersión lingüística en Catalunya a la Eurocámara, que tiene programada incluso una misión a Catalunya para analizar el asunto. Tampoco es la primera vez que las fuerzas progresistas acusan a la derecha y, en concreto, a Montserrat de usar la Comisión de Peticiones para sus intereses partidistas en España. Ya en 2021 enviaron una protesta a la presidencia de la Eurocámara, pero este martes ha subido el tono con la salida de todos los representantes de los tres grupos que estaban presentes -los de PSOE, Podemos e IU ni siquiera han acudido a la sala-.
Además, los independentistas han reclamado la renuncia de Montserrat a seguir al frente de esa comisión. “Si todavía tiene un mínimo de respeto a esta casa o todavía tiene un mínimo de decencia política, lo que debería hacer hoy es dimitir”, ha dicho la eurodiputada de ERC, Diana Riba. “Montserrat ha utilizado sistemáticamente la Comisión de Peticiones como un instrumento para hacer política española y españolista”, ha denunciado, por su parte, Clara Ponsatí.