Santiago Abascal ha tenido que afrontar una semana trufada de sobresaltos y pésimas noticias para Vox justo cuando el partido de extrema derecha está intentando capitalizar en la calle el descontento social contra la amnistía. Sus planes se han visto empañados en unos pocos días en los que Vox ha tenido que encajar varias dimisiones y cambios en la cúpula; ruptura y tensiones en algunos de los gobiernos que logró cerrar con otras formaciones políticas tras el 28M, fundamentalmente con el PP; y un serio tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por la opacidad de sus ingresos e irregularidades sobre su financiación y la de su fundación afín, Disenso, a la que, como ha desvelado elDiario.es, ha realizado millonarios traspasos. Por si fuera poco, a todo ello hay que unir los desplantes de Alberto Núñez Feijóo, que quiere evitar a toda costa la foto con Abascal y ha anunciado que no se va a sumar a la “gran manifestación” que Denaes, la otra Fundación ligada a Vox, ha convocado para el domingo 29 de octubre en la madrileña Plaza de Colón.
El líder del PP en cambio si estará en la concentración que tendrá lugar este domingo en Barcelona, también contra la amnistía, convocada por Societat Civil Catalana (SCC) en la que los dirigentes conservadores no quieren que se les vea con Vox a pesar de haber aceptado sus votos en la fracasada investidura del aspirante a presidir el Gobierno. Los roces entre los dos dirigentes y socios en varios gobiernos ya quedaron patentes cuando Abascal se enteró de que el PP iba a celebrar su propio acto en Madrid contra Pedro Sánchez y sus pactos “secretos” con los independentistas, justo antes del debate de investidura del popular. Abascal entonces instó a Génova a aclarar “en las próximas horas” si iba a ser un “acto de partido” o una movilización cívica de carácter abierto contra la amnistía. La dirección del PP disipó pronto las dudas: era un mitin de partido al que podría sumarse quien quisiera. Ningún dirigente Vox acudió a la llamada. No obstante, durante su intervención, Feijóo tuvo palabras amables hacia la extrema derecha a la que agradeció su generoso y “desinteresado” apoyo. Pero el duelo entre los dos partidos para ver quien gana ese 'relato' en la calle se mantiene.
La investidura fallida fue el preludio de la peor semana de Vox, que comenzó el lunes cuando el Tribunal de Cuentas publicaba su informe anual, en el que analiza los gastos e ingresos de los partidos políticos y fundaciones vinculadas a ellos. En ese informe se revela que existe “incertidumbre” respecto a 332.548,09 euros que Vox ingresó a través de cajeros automáticos. El órgano fiscalizador expresa ahí sus dudas sobre si parte de dichos ingresos “corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, como justifica Vox, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos “al no haber sido identificados los posibles donantes”.
Los millonarios traspasos a Disenso y cambios en la gerencia
Paralelamente, elDiario.es develaba que la formación de extrema derecha había traspasado en cuatro años siete millones a la fundación Disenso, que preside el propio Abascal. Ante todo este cúmulo de inquietantes informaciones sobre los ingresos y gastos de Vox –que se suman a anteriores sospechas–, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, remitió una carta a los afiliados para tranquilizarles. En su comunicado, Garriga tacha las informaciones publicadas en los medios de comunicación de “manipulaciones veladas y falsas acusaciones que pretende sembrar la sospecha sobre la Fundación” y acusa a la prensa de “intentar acabar con este movimiento social y patriótico que es Vox y de volver al bipartidismo”.
Pero ahora se sabe que el gerente del partido, el diputado catalán Juan José Aizcorbe, ha abandonado el cargo. Según fuentes de la formación, Aizcorbe comunicó su intención de irse este verano, pero lo cierto es que su renuncia ha trascendido en medio de una semana marcada por las sospechas sobre las cuentas del partido, como ha adelantado este viernes El País. Como es habitual, Vox se ha apresurado a lanzar un nuevo comunicado para hacer algunas 'puntualizaciones'. También el propio Aizcorbe contestaba a los requerimientos de esta redacción aunque horas después de preguntarle por su situación: “Estoy viendo incrédulo las noticias que se están publicando y no doy crédito. Le paso el comunicado que se ajusta a la realidad y al que me remito”, señalaba. En dicho comunicado el partido dice: “Juan José Aizcorbe, gerente del partido desde 2019, seguirá con funciones de control y fiscalización en el Comité de Gestión, reportando al Tesorero del partido, labor que compatibilizará con su acta de diputado por Barcelona reforzando su papel en el Congreso de los Diputados”. Pero a renglón seguido aclara que “Juan José Aizcorbe, que goza de la máxima confianza de la dirección del partido y también de su máximo agradecimiento, acordó hace meses reducir su carga de trabajo en él y nombrar un nuevo gerente…”. Es decir, que se confirma que el cargo ya no lo ostenta el diputado por Barcelona. En su lugar se ha nombrado a Javier Cortés, diputado en el Parlamento andaluz.
Otro de los desmentidos del partido es la supuesta renuncia de Marta Castro como responsable de la asesoría jurídica. En el mismo comunicado Vox también puntualiza que “nada ha cambiado en sus funciones desde que hace un año, con los cambios en Secretaría General, Jorge Buxadé asumiera la coordinación de toda el área jurídica del partido, que incluye la asesoría jurídica de Castro y las cuestiones relativas a derecho electoral”. Tal decisión refuerza el control y el inmenso poder interno que va acumulando el eurodiputado y portavoz nacional de Vox, artífice de las purgas en las lista electorales de las pasadas elecciones generales del 23J, que fue uno de los detonantes de la sonada marcha de Iván Espinosa de los Monteros –que sigue celebrando reuniones con el sector crítico del partido–, a la que siguió la renuncia de Juan Luis Steegmann a sus cargos en la dirección nacional de Vox y a recoger el acta de diputado que dejaba libre el hasta entonces portavoz.
Marta Castro se puso al frente de la maquinaria judicial del partido de extrema derecha en un momento delicado: abril de 2019, según informa Alberto Pozas. El juicio del procés, uno de los grandes activos políticos de Vox, encaraba su fase final con Santiago Abascal y Javier Ortega Smith compareciendo ante los medios a diario en un escaparate mediático inédito para el partido de extrema derecha. Estaba también a los mandos de su departamento legal cuando, con la llegada de la pandemia, Vox llevó su estrategia hasta el Tribunal Constitucional y sumó sus dos victorias más sonadas: la anulación de los dos estados de alarma.
Castro, que pasó de compartir foco judicial con Macarena Olona a ser la cara visible del partido en los juzgados, cosechó también sonoros fracasos que Vox evitó difundir, como la inadmisión a trámite de media docena de querellas contra miembros del ejecutivo de coalición o recursos fallidos contra la ley Celaá de educación, la ley Rider o la ley de eutanasia, entre otros. Tras el batacazo electoral del pasado 23 de julio, además, Vox ha perdido la posibilidad de presentar este tipo de recursos por sí mismo.
Foro rompe el pacto con Vox en Gijón
A todo esto se han sumado las crisis abiertas en algunos de los gobierno que Vox cerró tras el 28M con otras fuerzas políticas, fundamentalmente con el PP. Una de ellas en Gijón en donde Foro Asturias ha echado del Gobierno a la extrema derecha tan solo cuatro meses después de haber cerrado allí un acuerdo. La alcaldesa, Carmen Moriyón, anunciaba la expulsión de la formación de Santiago Abascal del ejecutivo municipal, que ambas formaciones compartían también con el Partido Popular, por intentar “politizar” el Festival de Cine.
El detonante fue una declaración de la concejala de Festejos, de Vox, Sara Álvarez Rouco, en la que anunciaba modificaciones dentro del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) con la creación de un nuevo galardón “sin sesgos y partidismos ideológicos”, que premiara las mejores “soluciones” para “la crisis social” que según el partido de Abascal sufre nuestro país. Unas soluciones que, en palabras de Rouco, deben ir enmarcadas en valores como el “trabajo, esfuerzo y respeto a los demás, que están ausentes en la actualidad”. Sin embargo para Moriyón, sus declaraciones no están “a la altura de una ciudad como Gijón” y “atentan contra la tolerancia que siempre caracterizó y va a seguir caracterizando a la ciudad”. Tras la ruptura de la coalición, el partido de extrema derecha a su vez contraatacaba pidiendo la dimisión de la regidora. El PSOE de Gijon, que ganó las elecciones allí, interpreta esta ruptura del pacto entre Foro y Vox como un “fraude electoral”.
Crisis en Extremadura con el PP de Guardiola
Pero Vox también ha visto esta semana tensarse la cuerda en el pacto que cerró en Extremadura con el PP . Ambas formaciones aún no han celebrado siquiera sus 100 primeros días de gobierno, cuyo nacimiento estuvo marcado por la fuerte resistencia que puso desde el principio la presidenta regional, María Guardiola. “No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”, afirmó. Su tajante declaración dio al traste con las primeras negociaciones para cerrar la coalición y fue acompañada de otras perlas en referencia a Vox, como que eran “incapaces de ver más allá de su ombligo”, o que sus medidas eran “obsoletas”, mientras les acusaba de “anteponer su soberbia a los intereses de los extremeños” y de poner “zancadillas”. Pese a todo, Guardiola se vio obligada por Génova a cerrar el acuerdo cediendo la consejería de Gestión Forestal a Camino Limia, la única cartera que ostentaba Vox. Este jueves Limia anunciaba su dimisión por “motivos personales”. Será relevada por otro dirigente de Vox, Ignacio Higuero de Juan, muy vinculado al campo y al sector de la caza.
Lo cierto es que las relaciones nunca han sido buenas. De hecho, la presidenta extremeña no ha perdido ocasión de criticar a sus socios. En las primeras entrevistas que concedió a medios de comunicación locales marcó distancias con Vox, con quien, además, aseguró no tener relación. El partido de Abascal respondió al desprecio con un ultimátum a Guardiola: o rectificaba o “de lo contrario, lo que va a tener es un Gobierno débil o puede ser que directamente no tenga Gobierno”, dijo desde el Congreso de los Diputados la portavoz del partido, Pepa Millán. Vox sigue en el Gobierno extremeño, lo que nadie sabe es por cuánto tiempo.