El voto que salvó la aprobación de la reforma laboral de 2022 llega esta semana al Constitucional. El pleno del tribunal de garantías analiza el martes el recurso que Alberto Casero, exdiputado del PP condenado por adjudicar contratos de forma ilegal, presentó contra las decisiones del Congreso que le impidieron repetir y cambiar su voto a favor, clave para sacar adelante una de las iniciativas más relevantes del Gobierno la pasada legislatura. La Fiscalía ha pedido rechazar su recurso en un caso que arrancó con el Partido Popular denunciando una teoría de la conspiración sobre el sistema parlamentario de televoto y terminó con el propio Casero reconociendo que ese día, en su domicilio, se equivocó al pulsar un botón.
A posteriori se supo que casi todo podía haber sido distinto sin el error de Casero. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que luego ascendió a vicepresidenta, aseguró meses después que tenía pensado dimitir si su proyecto estrella se desmoronaba en el Congreso. La dirección del PP con Pablo Casado a la cabeza confiaba en que la caída de esa pieza desmoronase el Gobierno.
El Congreso de los Diputados votó la reforma laboral el tres de febrero de 2022. Una jornada maratoniana en la que el Gobierno observaba con lupa cada uno de los apoyos que necesitaba para sacar adelante una de las leyes más importantes de la legislatura. Con el bloque de investidura roto para la votación y con el PP claramente instalado en la negativa, el PSOE y Unidas Podemos consiguieron recabar los apoyos de Ciudadanos, PdeCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe, Nueva Canarias y los regionalistas cántabros. Pero el miedo se apoderó de la primera fila del parlamento cuando los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro rompieron los compromisos de su partido y votaron en contra.
Alberto Casero, diputado del PP por Cáceres, votó telemáticamente desde su casa en Madrid, donde se encontraba por una indisposición. Y su voto, en contra de lo esperado por su partido y por todo el Congreso, fue un 'sí' a la reforma laboral del Gobierno. Un error que no hubiera pasado de la anécdota en una jornada menos apretada, pero que marcó el resultado del debate parlamentario: la reforma laboral salió adelante con 175 votos a favor y 174 votos en contra. Si Casero no se hubiera equivocado, los números se habrían invertido, la norma no había sido aprobada y el panorama político hubiera cambiado sustancialmente.
La reacción del PP al error empezó con peticiones a la mesa y la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que Casero pudiera repetir y cambiar el sufragio, con alegaciones que apuntaban incluso a un error informático de la aplicación de voto telemático. El partido, entonces bajo el mando de Pablo Casado, abandonó esa teoría con el paso de las semanas pero presentó una batería de recursos contra las decisiones de Batet de impedirle cambiar el voto. El propio Casero, con el paso del tiempo, reconoció en un podcast de la Cadena SER que se equivocó. En esa y en otras votaciones, ese día y en días posteriores. Apoyando, por ejemplo, que el Congreso investigase al Gobierno de su propio partido por la policía política.
Dos años después la reforma laboral se ha traducido en un descenso pronunciado de la temporalidad, Alberto Casero está alejado de la política tras pactar una condena de casi dos años de cárcel por adjudicar contratos de forma ilegal en su etapa como alcalde de Trujillo, los diputados de UPN que rompieron la disciplina de voto ocupan distintos cargos en el Partido Popular y el Tribunal Constitucional se prepara para sentenciar si la presidencia del Congreso obró correctamente al impedir que Casero repitiera su voto.
Cuatro recursos pendientes
Hay cuatro recursos pendientes de decisión por el pleno del Constitucional: dos del PP, otro más de Vox y el de Alberto Casero, que según fuentes del tribunal marcará el rumbo del resto. Los magistrados analizarán el martes las alegaciones del político extremeño con un debate centrado en dos puntos: cuál era el procedimiento de verificación del voto telemático vigente en el Congreso de los Diputados y también si Batet tendría que haber autorizado que, después de votar a distancia, hubiera podido hacerlo de nuevo presencialmente.
Todos los recursos se presentaron contra las decisiones de la mesa y de la presidencia de la Cámara Baja de ese mismo día de febrero de 2022, extendiendo algunos sus impugnaciones a confirmaciones posteriores de los mismos organismos. Fuentes del caso explican a elDiario.es que tanto la Fiscalía como el Congreso de los Diputados han pedido al pleno que rechacen el recurso del exparlamentario del Partido Popular, y se avale definitivamente una de las votaciones más polémicas de la última década.
El recurso de Casero plantea la diferencia entre el sistema implantado en 2012 por el Congreso para el voto telemático frente al instaurado después de la pandemia. El primero, surgido de una reforma del Reglamento de la Cámara Baja, establecía que la presidencia estaba obligada a llamar por teléfono al diputado para comprobar “la emisión efectiva del voto y el sentido de éste”.
La irrupción de la pandemia provocó la llegada de un nuevo sistema que incluía la doble comprobación. Una vez emitido el voto, una segunda pantalla de la intranet del parlamento pide al diputado que comprobara y confirmara el sentido del sufragio antes de pulsar “finalizar votación” y convertir su decisión en la definitiva. Alberto Casero, por tanto, dijo dos veces “sí” a la reforma laboral antes de darse cuenta de que se había equivocado y salir corriendo hacia el Congreso para intentar salvar al Gobierno de coalición en uno de sus momentos más delicados.