Un watergate que no tuvo consecuencias políticas: una brigada policial para perseguir a partidos y limpiar pruebas de corrupción

“En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa). Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”.

No es una columna de un periódico, ni la intervención de un tertuliano en un programa de televisión. En esos dos párrafos está la conclusión que sacó el Congreso de los Diputados para cerrar la comisión que investigó “La utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos”.

Cierto que el dictamen final no lo avaló ni el PP ni Ciudadanos. Cierto que a la comisión no comparecieron, gracias a la negativa del Partido Popular y también del PSOE, los comisarios que están en el centro de todas las sospechas y a los que hoy investigan varios tribunales que les atribuyen prácticas mafiosas desde sus despachos policiales. José Manuel Villarejo, el más famoso de todos ellos, sigue en prisión, imputado en la Audiencia Nacional por liderar una organización criminal que grabó durante años a políticos, empresarios y jueces para extorsionarlos, que realizó trabajos sucios para empresas del IBEX y que por el camino se hizo millonario y tuvo tiempo de montar su propio medio de comunicación al servicio de las cloacas. Villarejo está en la cárcel pero su catálogo de audios se distribuye por entregas en distintos medios de comunicación para advertir a los poderes fácticos que nadie estará a salvo mientras pese sobre el veterano comisario la amenaza de una condena y de muchos años de cárcel.

Tampoco fue al Congreso Marcelino Martín Blas, responsable de Asuntos Internos de la Policía, un departamento destinado a investigar prácticas irregulares dentro del cuerpo y que también se desvío hacia las actividades parapoliciales -incluidos los viajes a Catalunya para perseguir a dirigentes independentistas- hasta que cayó en desgracia, víctima de las propias guerras entre comisarios que se libraban en los despachos más de la Policía.

Pero en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados quedó escrito que en España y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy afloró una brigada política que, décadas después, volvió a perseguir partidos e ideas. Y que entre los perjudicados están Podemos, partidos independentistas y también el PSOE. El dictamen de la comisión añade que esos policías y los medios de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se usaron además para destruir pruebas de la corrupción del PP, concretamente las que estaban en manos de su principal amenaza: Luis Bárcenas, el tesorero durante décadas que conocía los secretos más inconfesables del partido y dónde llevaba el rastro del dinero.

Una cúpula policial con el pasaporte retirado

Otro de los poderes del Estado, el Judicial, mantiene imputada desde febrero a la que fue la cúpula de la policía durante el mandato de Mariano Rajoy, incluido quien fue su Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el hombre de quien dependían las más altas cuestiones de seguridad del país. Está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada. Tiene prohibida la salida de España y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha retirado el pasaporte.

Se salva de momento el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, el dirigente al que Pablo Casado hizo portavoz del Senado tras el cambio de Gobierno. Los cargos que fueron nombrados para dirigir la política de seguridad del país están siendo investigados por otra misión de la policía política que se conoce en la Audiencia Nacional como Operación Kitchen. Consistió, según lo que ha trascendido del sumario, en comprar con fondos reservados -se sospecha que fueron 48.000 euros, 2000 al mes durante dos años- al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que espiara a su familia y pudiera hacerse con información comprometedora para el PP. Los métodos son propios de una película de espías: en pago a sus servicios el conductor de la familia Bárcenas acabó dentro de la policía con una plaza de funcionario. Las imágenes entrando y saliendo con casco en la Audiencia Nacional para evitar ser reconocido se han repetido durante los últimos meses. También él está acusado de graves delitos y tiene retirado el pasaporte. En la misma situación y por los mismos hechos está siendo investigado otro viejo conocido del PP, el policía Ándres Gómez Gordo, que cuando contactó con el chófer estaba a las órdenes de María Dolores de Cospedal como alto cargo del Gobierno de Castilla La Mancha.

El espionaje y robo de documentos a Bárcenas es el último capítulo de la policía política, que echó a andar en 2012 y tuvo entre sus primeros encargos atacar al independentismo en Cataluña. Ahí se ganó el apodo de policía patriótica. El fin de evitar el auge independentista se utilizó desde altos despachos policiales para buscar atajos contra algunos de sus dirigentes. Fue bautizada como Operación Cataluña. Efectivos de la unidad de Asuntos Internos, un equipo pensado para perseguir prácticas delictivas dentro del cuerpo, y de otro departamento creado ad hoc, la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, se dedicaron a hacer investigaciones prospectivas sin control judicial y a difundir dudosos informes que luego aparecían amplificados en algunos medios de comunicación.

Los mandos policiales se convirtieron en una factoría de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus líderes. En 2012 un supuesto informe sin firmar pero con sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, un departamento que había ganado prestigio con las investigaciones del caso Gürtel y otras tramas de corrupción, apareció en el diario El Mundo con el siguiente titular: “La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. La información destacaba: “Un informe de la Policía sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes”. El jefe de la UDEF de entonces negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.

Meses después el mismo diario publicó en portada que el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Trias, tenía una cuenta en Suiza de la que habría movido 12,9 millones de euros a otra entidad con sede en Andorra. Tanto el banco suizo como Trias desmintieron la información. El político catalán denunció a los periodistas autores de la publicación y de nuevo el responsable de la UDEF volvió a desvincularse del supuesto informe que citaba El Mundo.

Operaciones parecidas se llevaron a cabo usando como altavoces a otros medios de comunicación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a medida que se iba acercando la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El modus operandi lo reveló muy a su pesar el propio ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, cuando recibió en su despacho al director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se presentó al ministro como un patriota dispuesto a sembrar dudas sobre distintos dirigentes independentistas. Los audios fueron difundidos por el diario Público.es y destapan un plan de ambos para presentar unos informes “endebles” sobre políticos de Convergencia y de ERC en la Fiscalía con el único propósito de que algunos medios pudieran hacer titulares sobre que la Fiscalía investigaba a dirigentes independentistas.

En esa charla, difundida a cuatro días de las elecciones de junio de 2016, Fernández Díaz se comprometía a hablar con la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, nombrada a propuesta del PP. “La fiscalía te lo afina”, dijo entonces el ministro a su interlocutor.

Aquella revelación demostraba que el ministro, amigo personal de Rajoy, no solo estaba al tanto sino que planificó la guerra sucia contra el independentismo, pero no tuvo ninguna repercusión para Fernández Díaz, que continuó en funciones hasta que en noviembre de 2016 fue relevado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

La fabricación de informes policiales se usó también contra Podemos cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás del Partido Popular.

Informes apócrifos contra Podemos

Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director de entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Lo ha explicado el propio Jiménez en una entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. “A mí se me ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada”, explica Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio publicado en Ok Diario y El Confidencial. De la supuesta investigación policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.

Las maniobras contra Podemos por parte de la policía política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos hablando de azotar a la presentadora de televisión Mariló Montero que luego publicaron algunos medios. El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras causas relacionadas con Villarejo -el contenido del terminal apareció en uno de los registros de las viviendas del comisario- envió este viernes, según adelantó eldiario.es, a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información contenida en el teléfono de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda que se abstenga de publicar ninguna otra noticia relacionada con el contenido del terminal robado.

El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Pozas, exdirector de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero decidió no publicarlo, dimitió este viernes tras saber que deberá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no salpique al Gobierno. Este lunes Pozas, tras prestar declaración, fue imputado por el magistrado que indaga en el caso.

Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge Fernández Díaz, al que Pablo Casado dio un puesto en la nueva dirección del PP, continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. Quien era director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador.

Desde ese puesto envió a su grupo parlamentario un SMS en el que defendía la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dicho nombramiento se frustró precisamente cuando se conoció el contenido de esa comunicación de Cosidó en la que afirmaba que con Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces, el PP se aseguraba poder controlar “desde detrás” la Sala del Supremo que juzgará el procés.