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La Generalitat da el primer portazo a Wert

El ministro de Educación, José Ignacio Wert / EFE

eldiario.es / agencias

  • El ministro se defiende: “No hay cambio de modelo. Es falso que el borrador ataque la inmersión lingüística. Sólo garantiza la enseñanza en castellano como lengua vehicular para quien lo solicite”

La reunión del ministra de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros de las CCAA en la tarde del lunes ha sido tan conflictiva como se esperaba. La consellera catalana de Educación abandonó el encuentro mucho antes de su final. “La lengua es innegociable”, dijo al salir Irene Rigau, dos horas desde el inicio de la Conferencia Sectorial de Educación.

El anteproyecto de la reforma educativa pretende dar primacía al castellano sobre las lenguas cooficiales y ha despertado el rechazo generalizado de partidos de izquierda y nacionalistas. En la reunión de esta tarde, Wert ha ofrecido un cambio, insuficiente para la Generalitat. El Ministerio acepta que se exija la evaluación del catalán en los exámenes externos de cuarto de ESO y de bachillerato.

Sin embargo, lo que no ha querido negociar el ministro ha sido la introducción del castellano como lengua vehicular, lo que ha provocado la indignación de la consellera. “El ministro no me ha sabido explicar a qué responde esta necesidad de modificar nuestro régimen lingüístico”, ha comunicado Rigau.

En este sentido, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó al término de la reunión con los consejeros autonómicos: “Se ha dicho que lo que se propone en este anteproyecto va contra la inmersión lingüística. Es falso. Dice lo mismo que la jurisprudencia del Constitucional y el Supremo sobre la inmersión: el catalán puede ser utilizado en proporción superior a la del castellano, pero no puede suponer la exclusión del castellano o su expresión nominal o de apariencia”.

Así, explicó cómo funcionará el pago de la plaza en un centro privado para garantizar la enseñanza en castellano: “Cuando en el municipio o zona limítrofe no haya plaza disponible para la educación en castellano como lengua vehicular. No estamos invadiendo las competencias de Catalunya. Y me soprende que la consejera catalana diga que no ha tenido tiempo de examinar la documentación y al tiempo anuncie un recurso al Constitucional. No estamos cambiando el modelo”.

Antes de la reunión ya ha quedado claro el alcance de la oposición al borrador de reforma educativa. En Cataluña, la consellera de Educación ha afirmado que es “inimaginable” aplicar allí la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). En el País Vasco, el Gobierno saliente de Patxi López dice que la reforma es inadecuada e inasumible. En Galicia, los socialistas denuncian que “resucita el neofranquismo más objetivo”.

Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat, se ha puesto en contacto con los líderes de otros partidos para organizar una cumbre con la que plantar cara los cambios.

Mas ha hablado con PSC, ICV y ERC y ha acordado celebrar una cumbre el miércoles en el Parlament. Así lo ha comunicado el portavoz en funciones del Govern, Francesc Homs, en la que ha adelantado que el fin que persigue la cumbre es dar “una respuesta institucional contra esta amenaza a la inmersión lingüística”. El portavoz se ha mostrado convencido de que las formaciones tendrán “voluntad de hacer piña”.

La Generalitat ya ha dicho que ni se plantea aplicar en Cataluña la Lomce tal y como está redactada. Sostiene que el borrador no respeta el artículo 3 de la Constitución en relación a las lenguas oficiales al no dar un “trato adecuado” al catalán, invade competencias y no cumple con el Estatuto catalán.

El borrador de la ley establece que el catalán pasará a ser una lengua de las denominadas de especialidad, un hecho que supone situarla detrás del castellano, de la primera lengua extranjera y también de la segunda extranjera.

Otro aspecto discutido del texto es que en las comunidades con dos lenguas oficiales se ha de dar un trato equilibrado a los dos idiomas como vehiculares, por lo que los padres podrán inscribir a sus hijos en centros privados y correspondería a los gobiernos autonómicos sufragar los gastos de escolarización.

Borrador del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

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