El Gobierno gallego ha aprobado este viernes la anulación del pago de los alquileres sociales mientras dure el estado de alarma; así como la compra ordenadores y el pago de conexiones de internet y el abono a las familias de las becas comedor para las familias con menos recursos.
Tras la reunión ordinaria del Consello de la Xunta, nuevamente semipresencial, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en conferencia de prensa también telemática, que estas medidas forman parte de las decisiones para luchar contra el coronavirus y paliar sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.
Entre otras medidas, la Xunta también ha dado el visto bueno a las ya anunciadas para dotar de liquidez a la Tesorería autonómica con la suscripción de pólizas de crédito por 1.800 millones de euros, “para enviar un mensaje de confianza a los proveedores”, o el aplazamiento al 30 de junio o a un mes después de que concluya el estado de alarma de los principales impuestos autonómicos.
La merma de ingresos para la Xunta por este aplazamiento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; de Sucesiones y Donaciones; de Juego y de Actos Jurídicos Documentados se eleva a 35 millones de euros al mes, ha dicho el presidente gallego, que ha cifrado en 32.000 personas las beneficiarias de este atraso en el pago.
Núñez Feijóo ha explicado que las diferentes medidas que está adoptando semana tras semana el Gobierno gallego son la preparación “para el pico de abril, que será peor que el mes de marzo”. “Vienen semanas duras y no podemos caer en desánimo, seguimos reforzando nuestra capacidad de respuesta y para disminuir el impacto”, ha dicho.
Ha indicado que Galicia aún está en la fase dos de las cuatro en que consiste el plan de actuación contra el coronavirus, siendo la última fase “el momento álgido, el pico”, que se espera, según los estudios, en el mes de abril; si bien no ha podido concretar la semana, que ha fijado entre la primera y la tercera.
Núñez Feijóo también ha aludido a la compra de material defectuoso por parte del Gobierno de España y ha dicho que es “un jarro de agua fría” y ha pedido “no dar nada por hecho” hasta que el material esté en los hospitales porque hay “tensiones enormes” en el mercado.
En su intervención, además, ha defendido la cesión de varios equipos respiradores para UCI a Madrid dada la situación que vive esa Comunidad por el coronavirus, que en Galicia no llegará, según las estimaciones, hasta mediados de abril, y ha concluido: “Esto no es 'Sálvese quien pueda', si no 'salvémonos todos los que podamos”.
Núñez Feijóo ha considerado “sorprendente” que sea cuestionado por este “mínimo acto de solidaridad” que, además, será “multiplicado con creces” cuando a Galicia le hagan falta esos equipos en el momento que alcance la situación crítica que ahora vive Madrid.
También ha hecho un llamamiento para aislar a cualquier persona mayor en una residencia que presente síntomas de coronavirus sin esperar a que se le haga la prueba, ya que el test únicamente confirmará en un porcentaje muy elevado que esa persona es positivo.
Respecto a las decisiones adoptadas este viernes, Núñez Feijóo ha confirmado, tras anunciarlo ayer jueves en el Parlamento, la aprobación de una partida de 6,7 millones para pagar y seguir adquiriendo material sanitario, entre otro, 7,4 millones de mascarillas y 625.000 batas de alta protección impermeables.
Además, ha indicado que la Xunta ha creado el Comité de fabricación de equipamiento sanitario, que ya “funcionaba de hecho”, para identificar los estándares de seguridad mínima, autorizar la fabricación de este material por parte de empresas gallegas que se dedicasen a otra actividad.
También se creará la Plataforma de coordinación de demanda de equipos de protección, para compatibilizar las compras, fundamentalmente a China, con las ofertas que puedan satisfacer las empresas gallegas, que de momento han hecho 40 propuestas.
Además, entre otras medidas administrativas, la Xunta publicará una instrucción la próxima semana en la que detalla la decisión de suspender, “no de anular”, todos los contratos de prestación de servicios con la Administración gallega que no sean esenciales.
En materia de vivienda la Xunta ha decidido suspender el pago del bono alquiler social mientras dure el estado de alarma y asumir el 100 % del coste mientras dure el estado de alarma, una medida de la que se beneficiarán 700 familias.
Además, otras 3.500 familias que tengan un alquiler en una vivienda de promoción publica, no pagarán el recibo desde abril mientras dure esta situación; una medida extensible a los inquilinos de locales comerciales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
La Xunta ha dado el visto bueno también a un paquete de ayuda para el alquiler a víctimas de violencia machista.
Núñez Feijóo ha destacado, además, la adquisición de mil ordenadores más y el pago de conexiones de Internet para las familias con menos recursos, de modo que puedan seguir en contacto con sus centros educativos en este periodo.
El presidente gallego ha mostrado su sorpresa por el hecho que la ministra de Educación, Isabel Celáa, anunciase tras la reunión sectorial una vuelta a las aulas a partir de mayo o junio, ya que es un asunto que “no se trató” en la reunión, ha dicho.
También en el ámbito educativo ha anunciado que “más de 33.000 docentes” tendrán a su disposición una plataforma de vídeoconferencia para interactuar con el alumnado y las familias y se dará la “máxima visibilidad” en el espacio educativo a las herramientas tecnológicas.
El objetivo de estas y otras medidas también adoptadas es “ampliar la educación a las casas” y “facilitar el seguimiento del curso escolar en esta emergencia sanitaria”, para el cual, ha reiterado, no hay una fecha de regreso a las aulas.
Y la Xunta también dado el visto bueno a la activación de 30 millones de euros de fondos públicos, de una partida anunciada la pasada semana, para dar liquidez a autónomos y pymes mediante la cobertura del pago de intereses para préstamos de hasta 200.000 euros.
Esta línea cubre hasta el doble de los costes salariales del año anterior o el 25 % de la cifra de negocio anual hasta un máximo de 0,2 millones euros. Según Núñez Feijóo, el pago de intereses por parte de la Xunta en caso de solicitar los 200.000 euros equivaldría “a una ayuda directa de 9.000 euros”.