Yolanda Díaz: la ministra del diálogo social ante el reto de suceder Pablo Iglesias

Le apuntan todos los focos, pese a las resistencias que había planteado. Y sigue meditando todavía su decisión de ser la sucesora de su amigo y compañero en mil batallas. Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971) asumió la primera parte del plan: quedarse la vicepresidencia tercera del Gobierno, que compatibiliza con el Ministerio de Trabajo, la cartera que de verdad le interesa y en la que se ha bregado desde su entrada en el Gobierno. Pero la despedida en dos actos de Iglesias lo precipita todo. Siete años después de fundar el partido que puso del revés la política española, el líder de Podemos lo deja, tras intentar un último servicio en Madrid y constatar que las tres izquierdas han fracasado, que él mismo ya no suma en las campañas como antes y que lo han convertido en “un chivo expiatorio” que despierta “lo peor de los que quieren destruir la democracia”, como aseguró en su discurso de despedida este mismo martes.

Díaz, que mantiene muchas dudas desde hace meses sobre su futuro (“ahora no toca”, respondió en el cierre de campaña a los asistentes, que coreaban de forma insiste el “presidenta, presidenta” que le persigue desde el 15 de marzo), confirmó en dos mensajes en Twitter hace algunas semanas que asumía una parte del reto. En el primero mostraba su apoyo a Iglesias y su decisión de saltar de la Vicepresidencia segunda al cartel electoral del sexto partido en Madrid. En el segundo asumía el liderazgo de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición: “Será un honor seguir trabajando en este Gobierno y Pedro Sánchez”.

Que una moción de censura en Murcia haya provocado todo lo que se ha visto en solo dos meses da cuenta de lo extraña y trepidante que se ha vuelto la política española desde que Podemos surgiera en 2014. Para entonces, Iglesias y Díaz se conocían de sobra y ya tenían una relación de amistad, hasta el momento, a prueba de veleidades políticas.

Una década antes, en 2003, una Yolanda Díaz con 32 años rescató a Esquerda Unida de las tinieblas exteriores de la política municipal. La coalición izquierdista regresaba al pleno municipal de Ferrol, una de las principales ciudades gallegas, con ella como número uno y el histórico dirigente comunista Fernando Miramontes como número dos. Hija del también histórico sindicalista Suso Díaz, quien pasó por las prisiones de la dictadura, la conexión directa con el movimiento obrero antifranquista marcó su aprendizaje político y sentimental. No duda en recordarlo en cuanto tiene ocasión. Cuatro años más tarde, Díaz doblaba representación y entraba en el Gobierno local como segunda de un alcalde socialista.

La hoy vicepresidenta tercera no llegó a acabar el mandato. De hecho, ni siquiera cumplió dos años: el regidor del PSOE, Vicente Irisarri, rompió el pacto por “diferencias insalvables”. Entre ellas, la ausencia de Díaz en una visita de la por entonces reina Sofía a la ciudad, los salarios de la corporación –sobre los que Esquerda Unida presionaba a la baja–, o la reclamación al Ministerio de Defensa del IBI por las instalaciones de Navantia. Díaz repetiría como edil en 2011, pero ya en la oposición. Sería su último paso antes de saltar a la política autonómica

Aunque había encabezado las listas de Esquerda Unida a la presidencia de Xunta de Galicia en 2005 y en 2009, no fue hasta 2012 cuando obtuvo escaño en la Cámara autonómica. Lo hizo de la mano de Xosé Manuel Beiras, tal vez el dirigente más popular de la izquierda nacionalista gallega contemporánea, agrupados en Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Primer ensayo de la finalmente abortada alianza de fuerzas de izquierdas y soberanistas en el Estado, un todavía poco conocido Pablo Iglesias ejerció como asesor de aquella estruendosa campaña electoral. Hay incluso quien le atribuye el consejo a Díaz de que se dejase ver con su hija en brazos y contribuyese así a normalizar la conciliación en política, algo que no ocurrió.

A AGE la alimentaba el creciente malestar derivado de la crisis financiera y sus consecuencias sociales. Con un discurso contundente y antineoliberal, y una apelación retórica a la unidad de las izquierdas, su irrupción en el Parlamento gallego fue fulgurante: de la nada a los nueve escaños, y por encima del BNG. Eso sí, el PP de Núñez Feijóo conservó la mayoría absoluta. En el hemiciclo, Yolanda Díaz fue adquiriendo protagonismo al tiempo que Beiras iniciaba lo que el mismo denominó su epílogo. Era una diputada muy diferente a la actual ministra: agresiva, sin dar cuartel y con unas intervenciones altamente políticas, raramente técnicas. 

Los problemas internos en la coalición –que reunía a la versión gallega de IU, la escisión del BNG Anova, Equo y el pequeño Espazo Ecosocialista– no tardaron en surgir. Las diferencias en la cuestión nacional y en la intensidad del giro izquierdista la tensionaron hasta el punto de provocar deserciones en el grupo parlamentario. Yolanda Díaz apenas aparecía públicamente en las refriegas intestinas. Y cuando a inicios de 2014 nació Podemos, enseguida se mostró partidaria de incorporar la formación de Iglesias a los experimentos de confluencia. Había una visión política estratégica pero también una relación personal. Unos meses más tarde, cuando Mariano Rajoy disolvió las Cortes tras su primera legislatura, Díaz, casi por sorpresa, decidió aferrarse al impulso que entonces propulsaba En Marea –básicamente AGE con el añadido de Podemos– y cambiar el Parlamento gallego por el español: lograron seis diputados y dos senadores.

Su llegada a Madrid supuso el inicio de una proyección que nunca hubiera tenido en Galicia. A costa de un desgaste personal que nunca ha disimulado: estar lejos de los suyos y de la ciudad donde se fraguó su conciencia política, en las luchas sindicales que vivió de cerca y una frase que representa el orgullo de los tiempos buenos de Ferrol: “Eu fago barcos”. Tentada en muchas ocasiones de volver a su tierra natal, reabrir su pequeño despacho de abogados, rama laboral, acabó aguantando. Por lealtad personal a Iglesias. Pero también por lealtad a la tradición política que aprendió en su casa y ha practicado después. Su militancia, ya solo en el PCE tras dejar IU hace un año largo, la ha situado a las órdenes de otro amigo: Enrique Santiago. A los dos rebate cuando lo considera oportuno, como en las infructuosas negociaciones con el PSOE en el verano de 2019, en las que ella apostó por dar la investidura a Sánchez y pasar a la oposición. Pero después asume y ejecuta la decisión mayoritaria.

La repetición electoral de noviembre de 2019 deparó un resultado peor para Unidas Podemos. Pero en menos de 24 horas Sánchez e Iglesias lograron el acuerdo que no pudieron alcanzar unos meses antes. Yolanda Díaz se vio catapultada a un puesto que asumió con cierto vértigo y alta responsabilidad: el Ministerio de Trabajo. Tuvo cartera en el Gobierno antes que el propio líder de Izquierda Unida, fruto de su inmejorable relación con Iglesias, la que ahora le lleva a heredar el liderazgo de la coalición sin primarias ni congresos y sin pertenecer siquiera a ninguno de los dos partidos. El secretario general se cuidó de decir en el vídeo: si los inscritos quieren. Nadie en la organización duda de que la transición en Unidas Podemos ha quedado cerrada este 15 de marzo.

Desde su nombramiento en el Gobierno, Díaz ha constituido una sorpresa para muchos. Entre ellos, los empresarios. La patronal CEOE se había posicionado abiertamente en contra de que Unidas Podemos entrara en el Ejecutivo. Por su parte, la derecha política alertaba de la debacle económica y laboral. Y la persona elegida para dirigir el Ministerio de Trabajo fue una abogada laboralista, de tradición comunista y fuertes lazos con el sindicalismo, que tenía como reto principal desmontar la reforma laboral de 2012. Todo hacía indicar una legislatura en pie de guerra con los líderes empresariales. 

Sucedió lo contrario. El mandato de Díaz comenzó a golpe de pacto y ha ido armando un acuerdo tras otro en estos meses como ministra. El primero fue el menos esperado. El Gobierno estaba dando sus primeros pasos y, en cuestión de días, el Ejecutivo logró poner de acuerdo a empresarios y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional a los 950 euros al mes. Acuerdo del diálogo social en una materia complicada, como se ha visto este año, y que daba un importante respaldo social al recién formado Consejo de Ministros.

Enseguida irrumpió la pandemia y el Ministerio de Trabajo se convirtió en la imagen del consenso y el diálogo para hacer frente a esta crisis sin precedentes. Mientras la hostilidad y el enfrentamiento eran la tónica diaria en el terreno político, Trabajo, sindicatos y empresarios negociaban y pactaban para sacar adelante los ERTE por la COVID, por ejemplo. El diálogo tripartito pactó este sistema para hibernar miles de empleos y, pese a las dificultades, ha ido consensuando prórroga tras prórroga del mecanismo.

Los acuerdos han sido muchos, aunque no sencillos. La protección pública de los ERTE suponía un aliciente para que los empresarios pactasen con el Ejecutivo de coalición, pero el mecanismo se fue adaptando con los meses y aun así el Gobierno ha ido logrando siempre el respaldo de los agentes sociales en cada prórroga. Incluso las patronales en ocasiones tenían más choques en las negociaciones con el ministro José Luis Escrivá, al frente de la Seguridad Social, que con Yolanda Díaz, según fuentes del diálogo social. 

Pero, además, el Ministerio de Trabajo ha demostrado habilidad y mucha mano izquierda para sumar a los empresarios a pactos de materias que rechazaban abiertamente. Es el caso de la nueva legislación sobre teletrabajo y la conocida como Ley Rider, para combatir a los falsos autónomos en plataformas digitales de reparto, como Glovo y Deliveroo. Yolanda Díaz, junto a piezas clave en su equipo negociador como Joaquín Pérez Rey y Verónica Martínez, han armado el consenso en estas legislaciones pese a las enormes reticencias de los empresarios.

Díaz ha construido poco a poco un perfil negociador, de limitadas estridencias públicas y trabajo discreto de despacho. La ministra insiste en que su intención es siempre la del acuerdo social, aunque no es una línea roja. Así, aprobó los reglamentos sobre planes de igualdad y de igualdad retributiva sin el visto bueno de los empresarios, que se desmarcaron finalmente del pacto. 

No siempre ha ganado. Yolanda Díaz tuvo que aceptar la congelación del SMI a principios de 2021, algo “injustificable” según ha expresado la ministra. Aunque presionó públicamente para aprobar un incremento, aunque fuera mínimo, finalmente acató dejarlo en los 950 euros mensuales y derivó las conversaciones al diálogo social, para intentar subirlo más adelante. Tras el último acuerdo, sobre la Ley Rider, llega el momento de la negociación más compleja: el desmontaje de la reforma laboral del PP.

Compromiso tanto de PSOE como de Unidas Podemos en la oposición, la ministra Díaz afronta el reto con importantes diferencias dentro del Ejecutivo y en un contexto de crisis que no existía al comienzo de la legislatura. Lo hará no solo como ministra de Trabajo, sino como vicepresidenta del Gobierno, por encima de una de sus principales rivales en las discusiones en el Consejo de Ministros, Nadia Calviño, quien ha defendido la necesidad de mantener la legislación laboral aprobada por el PP en 2012.

El presidente recibió su ascenso en el Gobierno con buenas palabras. “Tengo la mejor opinión de Yolanda Díaz”, dijo Sánchez a unos metros de Emmanuel Macron, en la cumbre franco-española. Y en el otro ala del Gobierno creen que puede contribuir a sosegar las relaciones de los socios. “No podemos estar todo el día a garrotazos, ha comentado últimamente a sus fieles.

En su última entrevista en elDiario.es, lanzó un mensaje hacia dentro sobre el futuro que viene: “Voy a tender puentes, la política del ruido y los muros no conduce a nada”. “Yo no ordeno y mando, quiero un liderazgo no confrontativo y no jerárquico”, anticipaba el perfil que pretende explorar en aquella conversación.

Díaz tiene ahora ante sí un triple reto: mantener el ritmo del Ministerio de Trabajo, uno de los más activos del Gobierno de coalición; asumir la coordinación de los ministerios de Unidas Podemos y el papel de última negociadora con Pedro Sánchez en caso de conflicto; y rearmar una candidatura que pueda recuperar la ilusión generada en 2014 y 2015. Este último es sin duda el más complejo y el que mayores reticencias le genera. La tarea es ingente: reconstruir un espacio político muy debilitado y sin base en los territorios para relanzar una alternativa a la izquierda del PSOE. Y sin el líder que en los últimos dos años se había cargado ese proyecto a las espaldas, hasta el punto de ser, últimamente, el candidato en todas partes.