A Yolanda Díaz no le entusiasma el ruido. Lo repite a menudo e intenta demostrarlo desde su llegada al Gobierno, en enero de 2020. En parte por eso, quien se presentó entonces como la primera ministra comunista de Trabajo ha acabado siendo la ministra y vicepresidenta del diálogo social y puede presumir año y medio después de tener el álbum más completo de acuerdos con los empresarios de todos los integrantes del Consejo de Ministros.
Tras recibir esta primavera y por sorpresa el doble encargo de Pablo Iglesias –de liderar Unidas Podemos dentro del Gobierno y para encabezar la candidatura de ese espacio en las próximas generales pese a no pertenecer a ninguno de los partidos– Díaz optó por rebajar de nuevo los decibelios. No dijo no pero tampoco sí al segundo de los cometidos y está por ver si será o no cabeza de cartel en las elecciones que Pedro Sánchez insiste en situar cuando tocan, en 2023, tras ocupar España la presidencia de turno de la Unión Europea. Mientras la vicepresidenta segunda se lo piensa, había llevado esa actitud de no gesticular más de la cuenta en la coordinación de los otros cuatro ministerios de Unidas Podemos dentro del Gobierno.
Pero esta semana Díaz ha empezado a mandar algunas alertas puertas adentro del Gobierno a propósito de dos decisiones sobre asuntos muy sensibles para el espacio que representa: las futuras ampliaciones del aeropuerto de El Prat y de Barajas –3.000 millones de euros de inversión que casan regular con los compromisos verdes y la agenda 2030 del Gobierno– y la autorización de la opa de Naturgy, un tema muy delicado para Unidas Podemos, que ahora ve subir el precio de la luz desde dentro del Gobierno, en una escalada a la que no se adivina un final y que fue uno de sus argumentos de sucesivas campañas para pedir el voto.
El anuncio de la inversión de 1.600 millones en el aeropuerto de El Prat pilló a Yolanda Díaz por sorpresa, igual que le sucedió al resto de ministros de Unidas Podemos, a varios de los del PSOE e incluso a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha erigido desde entonces en la más firme detractora del proyecto, que llegó a calificar de “pelotazo”. “Política desarrollista cuyos resultados ya conocemos”, dijo Colau en una entrevista en la Cadena Ser la noche del martes, horas después del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat. En esa charla en Hora 25 la alcaldesa aclaró que no solo hablaba por ella porque todo su espacio compartía ese diagnóstico y citó expresamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Conversaciones entre ministerios
Fiel a su estilo de no sobreactuar ni airear las discrepancias ante los micrófonos, la vicepresidenta segunda trasladó su malestar a la recién nombrada ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La propia Ribera, que compareció tras el Consejo de Ministros junto a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a despachar el acuerdo de ampliación del aeropuerto catalán con buenas palabras sobre el necesario respeto al medio ambiente y sin demasiado entusiasmo. Fuentes del Gobierno aseguran que Díaz hizo esas llamadas, antes de tomarse unas semanas de descanso, para dejar fijada la posición de su partido, advertir su preocupación y anunciar que en Unidas Podemos se mostrarán vigilantes cuando se conozca la letra pequeña del acuerdo y las repercusiones que el proyecto de El Prat va a tener no solo sobre los terrenos donde finalmente se proyecte sino también por el aumento de emisiones que lleve consigo y las consecuencias sobre el turismo masivo que el Gobierno de Barcelona lleva años intentando limitar.
Mientras Colau exhibía toda la dureza contra el pacto del Gobierno y la Generalitat, cuyos dirigentes advierten que será el aeropuerto más verde de Europa, y pedía que se tratase a los ciudadanos “con respeto”, Díaz ha expresado de momento su contrariedad en el seno del Gobierno. Un mensaje nítido de una dirigente que siempre ha evitado las tensiones dentro del gabinete, pero que trata de hacer ver pese a que la política aeroportuaria no está en el pacto de Gobierno
Las protestas hacia fuera las ha dejado en manos del diputado y ecologista Juantxo López de Uralde, fundador de Alianza Verde, quien aseguró que el pacto con la Generalitat “no es una decisión correcta” y volvió a recordar que estamos en una “emergencia climática”. “Hay que dejarse de eufemismos y decir que una política de futuro pasa por una reducción de infraestructuras”, concluyó Uralde en una entrevista en la Cadena Ser, alertando al Gobierno del que forma parte su propio partido.
También este jueves la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, cargó en una entrevista en RNE contra los planes del Gobierno y añadió: “Lo que decimos en los medios, evidentemente, lo decimos en los espacios donde tenemos la posibilidad, el privilegio y la capacidad”. Una alusión a los mensajes que Díaz manda desde dentro.
Desde fuera, el anuncio de las ampliaciones aeroportuarias había dado munición a Más País, el partido de Errejón que se autodefine como una fuerza verde y feminista y que no ha dejado de cargar contra el Gobierno en las últimas horas por la contradicción que implica la anunciadísima agenda 2030 y los compromisos de Sánchez con la reducción de emisiones y esa apuesta por incrementar los dos aeropuertos de más capacidad. Unidas Podemos trata de evitar que las contradicciones que implica formar parte de un gobierno de coalición estando en franca minoría dejen una autopista abierta en campos muy sensibles a su electorado para el partido de Errejón, que viene de cosechar un gran resultado en las elecciones de Madrid.
La segunda alerta desde los ministerios de Unidas Podemos al Gobierno correspondió al departamento de Derechos Sociales, que dirige la nueva líder del partido, Ione Belarra, contra la decisión del Consejo de Ministros de autorizar con algunas condiciones la opa que el fondo de inversión australiano IFM ha lanzado para hacerse con el 22% de las acciones de la energética Naturgy.
Belarra, integrante también del Consejo de Ministros, advirtió a través de un hilo de Twitter que España “pierde la oportunidad de proteger su soberanía energética, que es clave para apostar con firmeza por la neutralidad climática y para garantizar un acceso asequible a la energía del conjunto de la ciudadanía”. Belarra no actuó por libre, según las fuentes consultadas, Díaz no solo estaba al tanto y de acuerdo en desmarcar a Unidas Podemos de una actuación que llega en un momento muy delicado, con los precios de la electricidad marcando máximos históricos y sin que el Consejo de Ministros haya logrado atajarlos, más allá de la medida provisional de rebajar el IVA en la factura de la luz. La propia vicepresidenta segunda, que representa el ala opuesta a la responsable de la política económica y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también hizo llegar la contrariedad de su partido.
Unidas Podemos suma estos dos desacuerdos a los litigios internos del Gobierno por la revalorización del salario mínimo y la limitación a los precios de la vivienda, así como a las diferencias sobre la monarquía reflejadas esta misma semana por las críticas lanzadas por la propia Belarra, también desde Twitter –y que no fueron comentadas ni respaldadas por el presidente ni por el ala socialista del Gobierno–, ante la “grave anomalía democrática” que a su juicio supone que Juan Carlos I siga huido de España un año después de su marcha, cuando su fortuna opaca está siendo investigada por la Fiscalía y por Hacienda. Con todo, Díaz se reserva la carta de Pedro Sánchez, la misma que utilizaba Iglesias para tratar de tú a tú con el presidente los asuntos encallados en los ministerios.