El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts y que se encontraba condenada a 4 y años y medio de cárcel por fraccionar contratos cuando se estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Ejecutivo ha librado a la independentista de esa pena y la ha conmutado por una de dos años, lo que impedirá que Borràs deba entrar a la cárcel.

El indulto parcial sigue el criterio del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien, al imponer a Borràs la pena, ya reclamó una atenuación como la que finalmente ha acordado el Consejo de Ministros, al considerar que la entrada en la cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”. El indulto concedido conmuta el tiempo de prisión pero mantiene el resto de la condena, que supone multa e inhabilitación de 13 años.

Laura Borràs fue presidenta del Parlament tras concurrir como cabeza de lista a las elecciones del Parlament en 2021. En julio de 2022 fue apartada del cargo y también del escaño por el propio Parlament, tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en un caso en el que quedó demostrado que, como presidenta de la ILC, había fragmentado contratos de la institución para otorgarlos fraudulentamente a un amigo suyo.

TSJC condenó a Borràs en marzo de 2023 por los dos delitos citados, pero suspendió la aplicación de la pena de prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronunciara sobre la petición de indulto parcial hecha por el propio tribunal. Los magistrados utilizaban la vía del artículo 4.3 del Código Penal, que permite a plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts.

Tanto la propia Borràs como su formación siempre han mantenido que esta condena por corrupción debe leerse en clave de guerra judicial contra el independentismo. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha escrito Borràs en su Twitter. A su modo de ver, la petición de indulto parcial del TSJC es un “reconocimeinto” de la injusticia de la pena que impuso, por lo que ha asegurado que la decisión de librarla de esta pena no supone “un punto final”, sino que continuará luchando por su “honorabilidad en instancias europeas”.

En esa misma línea ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este martes ha asegurado: Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de 'la toga nostra' en su sentencia. Y no repara por nada el daño ya hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, cuyos perjuicios persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella“.

El Ministerio de Educación ha asegurado este martes que avisó a la Generalitat de las incidencias que la OCDE veía en las pruebas PISA catalanas por las elevadas tasas de exclusión del alumnado. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes del Ejecutivo, fue en abril de 2025, con los exámenes ya comenzadas, cuando el Gobierno recibió una comunicación de la empresa contratada por la organización para aplicar las pruebas, y así se lo traslado a la Administración educativa catalana.

“Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se puso en contacto con los correspondientes niveles técnicos del Consejo Superior de Evaluación Educativa de Catalunya y se produjeron comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa”, detallan. El Consejo Superior de Evaluación era entonces el responsable de supervisar las pruebas dentro del Departamento de Educación de la Generalitat.

El ministerio que dirige Milagros Tolón apuntan que las comunicaciones se produjeron “únicamente en el ámbito técnico de las dos administraciones educativas” y no se trasladaron a “otros niveles”, ya que, en aquel momento, técnicamente no se podía valorar “el alcance ni las posibles consecuencias que aquellas incidencias podían tener”.

A partir de ahí, el Gobierno destaca que fue “mucho más adelante”, concretamente en marzo de 2026 que se conoció el impacto de estas incidencias. “Por tanto, no fue hasta marzo de 2026 que se tuvo conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas”, concluyen.

El viernes pasado se supo que una error en la muestra de alumnos seleccionados para las pruebas hará que los resultados no sean comparables ni con otros territorios ni con la serie catalana. En concreto, la muestra de las pruebas realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 tuvo un índice de exención (tasa de alumnos que quedan fuera por diversas razones) del 23,2% de media, por encima del máximo del 5% recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El Govern ha abierto diligencias para esclarecer por qué ocurrió esto.

La Mesa del Parlament ha sancionado este martes a la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, con una amonestación pública por haber cometido una infracción leve del Código de Conducta de la cámara. En concreto, por contravenir el artículo que dictamina que los diputados deben mantener “en todo momento” una actitud “respetuosa” con el resto de parlamentarios y con la ciudadanía, sin discriminación.

Así lo explican fuentes parlamentarias, que detallan que esta amonestación pública —que no conlleva una sanción económica— se notificará a las personas afectadas, aparecerá en el Boletín Oficial del Parlamento, constará en el expediente del diputado y se leerá en el próximo Pleno.

En el caso de Orriols, la Comisión del Estatuto del Diputado consideró que la dirigente de Aliança había incurrido en un “acoso sistemático” hacia la diputada de ERC Najat Driouech, señalada por la formación ultra por profesar la religión musulmana.

Fue el pasado 14 de julio cuando la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió como “faltas leves” los expedientes abiertos por posible vulneración del código de conducta a Orriols y Garriga.

Para Orriols, el procedimiento de verificación comenzó —a petición de ERC— después de que acusara a la diputada de los republicanos Najat Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo. Sobre Garriga había dos expedientes abiertos: uno por colgar carteles con la inscripción “Companys asesino” en las ventanas de sus despachos, y otro por sus palabras en el Pleno del 8 de mayo de 2025 vinculando a los socialistas y la prostitución.

En estos tres casos, la Mesa del Parlamento ha seguido el posicionamiento expresado por la Comisión del Estatuto del Diputado y, tal como también le recomendó dicho órgano, ha trasladado a los grupos parlamentarios la “oportunidad” de reformar el Reglamento del Parlamento para incorporar en él el Código de Conducta, un cambio que requeriría mayoría absoluta.

En 2022, la Mesa sancionó al parlamentario de Junts Francesc de Dalmases con una multa de 600 euros y una amonestación pública, después de que reprendiera a una periodista del programa de TV3 FAQs.

En el caso de la también diputada de Vox Júlia Calvet, la Mesa también ha mantenido el criterio expresado por la comisión, que desestimó el expediente y lo enmarcó dentro de la libertad de expresión. Su expediente, abierto a instancias del PSC-Units, se debía a una intervención que realizó el verano pasado en la Comisión de Políticas de Juventud, donde acusó a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de este Parlamento”, en referencia a la dirección de Infancia, la DGAIA.

Por otra parte, las fuentes parlamentarias añaden que la Junta de Portavoces celebrada este martes ha desestimado la petición —por parte de Junts— de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el error en las pruebas PISA. Los de Carles Puigdemont querían modificar el calendario de sesiones para poder sustanciar la comparecencia este viernes, 31 de julio, pero no han obtenido los apoyos necesarios.

Finalmente, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite, entre otras cuestiones, la proposición de ley del PSC-Units y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda protegida, la renuncia de Anna Navarro como diputada de Junts —con efectos a partir del 1 de septiembre—, o las solicitudes de delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconsejero Lluís Puig, ambos parlamentarios de Junts, para el próximo período de sesiones.

El Tribunal Supremo ha amnistiado a los exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya en 2017 Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, condenados en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a 1.200 euros de multa y cuatro meses de inhabilitación por un delito de desobediencia.

La sentencia fue recurrida al Supremo, que suspendió su tramitación a la espera de si la ley de amnistía era declarada constitucional. Tras el aval del Tribunal Constitucional del pasado octubre y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace unas semanas, el Supremo ha aplicado la amnistía.

La familia de la trabajadora de la limpieza fallecida el 28 de junio del pasado año, Montse Aguilar, coincidiendo con una ola de calor, ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa subcontratada del servicio.

Este martes se ha llevado a cabo una mediación en Servicios Territoriales de Trabajo, “un paso obligatorio, previo para poder ir a juicio”, ha detallado la abogada de la familia, Mireia Bazara. Ha justificado la querella por “falta de medidas de seguridad” de la compañía.

Por su parte, la hermana, Clara Aguilar, ha explicado que todavía esperan el resultado de la autopsia que determine si murió por un golpe de calor, tal y como sostienen. Aguilar ha advertido que “no se detendrán” y ha reclamado “justicia”.

Una cincuentena de personas entre familiares, amigos y miembros del sindicato CGT, que acompaña y asesora a la familia, se han concentrado ante los Servicios Territoriales de Trabajo mientras se llevaba a cabo la mediación. La abogada ha explicado que han impulsado dos procedimientos con la Justicia. Por un lado, el penal, y, por otro, el social, pero que necesitan “el informe definitivo de la autopsia”, en el ámbito penal, porque deben fijar “los siguientes pasos”.

Por otra parte, la hermana ha reprochado que ni el consistorio ni FCC les han dado el pésame por la pérdida. “Es como si no hubiera pasado nada. Es como si fuera un número que han tachado”, ha lamentado. Aguilar ha asegurado que “están muy cansados”, pero que “no se detendrán” y que lo hacen “por los compañeros” de su hermana para que se cumplan “los protocolos”: “No queremos ni una muerte más”.

“La familia queremos que no haya ninguna desgracia más”, ha explicado Manuel Ceacero, el cuñado de Montse Aguilar. Denunció que ni el Ayuntamiento ni FCC han cumplido la normativa que se aprobó en febrero, meses después de la muerte de la trabajadora. Estas nuevas medidas establecían que la plantilla debía trabajar en pareja, llevar pulseras de control térmico y disponer de un nuevo vestuario. “Cuando los trabajadores tienen un golpe de calor, les dan una Coca-Cola y los ponen con el aire acondicionado para que se recuperen y continúen con el trabajo”, ha descrito Ceacero.

El familiar también ha expresado su malestar con el sindicato UGT, al que estaba afiliada Montse, acusándoles de no haber ofrecido ningún tipo de apoyo durante todo este proceso por “miedo a perder la silla” ante el gobierno municipal. En contraposición, ha agradecido el apoyo constante del sindicato CGT y de los vecinos del barrio Gòtic de Barcelona, donde trabajaba Montse y donde se instaló una placa de homenaje en su recuerdo.

Tres golpes de calor

La hermana precisó que este verano tuvo constancia de tres casos de golpes de calor entre la plantilla, de los que dos no funcionó la pulsera que llevan para advertir de la subida de la temperatura corporal. Una situación que, fuentes municipales, “no consta que la causa de malestares hayan sido por un golpe de calor”. Sea como fuere, han subrayado que “se activaron todos los protocolos de seguridad y prevención pertinentes”.

Asimismo, han recordado que el personal de Parques y Jardines aplica, desde el 1 de junio, una jornada intensiva de mañana, terminando a las 13:15 horas, “para concentrar los trabajos en las horas menos calurosas”. Además, según los niveles de calor intenso, se toman “medidas preventivas organizativas”.

Catalunya ha confirmado que prorrogará el tope de los alquileres a la mayoría de ciudades. La Generalitat ha iniciado los trámites para extender de un año más la declaración de zona tensionada en más de un centenar de municipios, entre ellos Barcelona y gran parte de su área metropolitana, pero también la salida de algunas de las ciudades catalanas más pobladas, como Lleida o Reus, que dejarán de tener vigente el límite a la subida de los arrendamientos.

Tal como anunció la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista a elDiario.es, la Generalitat ha revisado la primera de las dos declaraciones de zonas de mercado tensionado –que en marzo de 2027 cumple tres años– para actualizarla. De esta forma, prorrogará el tope de los alquileres en 118 municipios, eliminará 22 en los que considera que la situación del mercado residencial ha mejorado, y al mismo tiempo ha iniciado los trámites para 55 nuevas localidades a la regulación.

Cuando estas modificaciones queden validadas por el Ministerio de Vivienda, los municipios con el alquiler topado en Catalunya pasarán de 271 a 302, pero la población cubierta se reduce casi en un millón, de 7 a 6,1 millones, dado que los municipios que dejan de consierarse más tensionados son más habitados que los que entran. Entre los que salen, destacan Lleida, Reus, Granollers, Figueres, Mollet del Vallès o Montmeló, les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès, Banyoles, Canovelles o Berga.

Por su parte, entre los municipios que pasarán a estar regulados sobresalen por población Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vila-seca, Tordera o Sant Vicenç de Castellet.

Las declaraciones de zonas tensionadas, que regula la Ley de Vivienda, tienen una vigencia de tres años, y se pueden prorrogar por un año siempre que el mercado residencial cumpla determinados requisitos, los mismos que se necesita para limitar por primera vez los alquileres: que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda (alquiler o hipoteca), o que el precio de arrendamiento o de compra haya acumulado un incremento de tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

La consellera Paneque ha defendido que la salida de varias ciudades de la regulación es una buena noticia, puesto que significa que el mercado de vivienda se ha enfriado. “Si en un futuro, en las revisiones anuales, se vuelven a dar las circunstancias, volverán a entrar en la regulación”, ha expresado.

La actualización no ha gustado al Sindicato de Inquilinas de Catalunya. “Si la regulación empieza a dar frutos, esto no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario”, ha insistido Enric Aragonès, portavoz de la entidad.

Aunque la cifra de municipios tensionados pasa de 271 a 302, esto podría variar también en los próximos meses, puesto que se deberá revisar la segunda tanda de localidades que se declararon como reguladas en Catalunya. Si la primera lista vence en marzo de 2027, la segunda lo hace en octubre del mismo año.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

Cuando parecía que el curso escolar no podía acabar peor en Catalunya, con un conflicto docente sin resolver y la amenaza de más movilizaciones en septiembre, la exclusión de PISA no ha hecho más que agravar la crisis y aumentar la presión sobre la Generalitat.

Tras desplomarse Catalunya en los resultados de las pruebas PISA de 2022, los de 2025 –cuya publicación está prevista para septiembre–, se esperaban con gran interés. Pero el Departamento de Educación dio a conocer el pasado viernes que un error en la muestra del alumnado evaluado impedirá que los datos puedan compararse con los de años anteriores.

Catalunya queda fuera de esta forma de la foto de PISA, algo que no había sucedido nunca –las pruebas se llevan a cabo desde el año 2000–. Un fracaso que ha provocado la reacción airada tanto de la oposición política como de sindicatos, directores de centros y asociaciones de familias, que piden al Govern más explicaciones de las ofrecidas.

“Es un fiasco inaudito, un descuido enorme en los mecanismos de control de la prueba de Educación”, señala Jordi Satorra, director de la asociación de directores de institutos públicos Axia. El sindicato de educación mayoritario en la pública, Ustec, les ha acusado de “descontrol” y “falta de transparencia”.

Una exención de alumnado desmesurada

Hasta la fecha, lo que ha explicado Educación es que durante la celebración de las pruebas PISA en Catalunya se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

¿Cómo es posible que de 2.500 alumnos escogidos para hacer las pruebas, 591 quedaran finalmente apartados? La mayoría de ellos, el 83%, lo fueron por razones de discapacidad cognitiva, conductual o emocional, según Educación. Lo cierto es que la OCDE ya contempla este supuesto de exclusión –igual que el de discapacidad física o la falta de dominio del idioma–. Pero los alumnos con necesidades educativas especiales no representan una cifra tan abultada en Catalunya.

“Es un problema absolutamente inédito e inaudito. Nunca había habido una tasa de exclusión tan elevada”, expresa Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con 20 años de experiencia en la OCDE. Pedró cita ejemplos como Dinamarca o Suecia, que excluyeron poco más del 10% del alumnado en 2022. “Desde la perspectiva catalana, es una herida en el orgullo”, constata.

En un proceso tan protocolizado como las pruebas PISA, con unas muestras que elabora la OCDE y que supervisa la Administración educativa, antes y después de los exámenes, los docentes y los directores consideran incomprensible que no se conozca las causas del fallo.

Por un lado, los directores se muestran indignados porque la principal hipótesis de la Generalitat sería una “confusión” de los centros –en total, 51– que llevan a cabo los exámenes. Al coincidir PISA con las pruebas externas de la Generalitat en 4º de la ESO, Educación ha aludido a que quizás algunos centros habrían mezclado los criterios de exclusión.

“Es una acusación velada que nos ha molestado muchísimo, porque este proceso está bajo un control absoluto del Consejo Superior de Evaluación y de la inspección, nunca ha dependido de la discreción de un centro”, critica Satorra. Desde Axia argumentaban además que no es factible pensar que todos los centros se equivocaron en el mismo sentido.

Sin embargo, en la comparecencia de este lunes Niubó, que no negó la “gravedad” de lo ocurrido, quiso también exculpar a centros y directores. Insistió en la posibilidad de esa confusión, pero añadió que esto “no exime de responsabilidad” a la Administración, que debió contar con protocolos más claros sobre la validación de esas muestras.

También la Generalitat ha planteado como explicación que fuese un error en la transición entre los organismos que gestionan este tipo de pruebas en Catalunya. Justo esas semanas, precisaron desde Educación, se hacía el traspaso entre el Consejo Superior de Evaluación y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Acusaciones de encubrimiento

Con todo, la queja de oposición y profesorado va más allá y apuntan también a una presunta ocultación, que la Generalitat niega, de este revés. Las primeras noticias sobre ello llegaron de la OCDE al ministerio de Educación en marzo, aunque la conselleria asegura que la confirmación fue hace pocas semanas. El resultado es que se dio a conocer un viernes de mitad del verano.

En este sentido, indigna especialmente que el Govern lo obvió por completo el pasado 6 de julio, cuando presentó precisamente los resultados de la auditoría encargada a la OCDE sobre las mejoras del sistema educativo catalán. En este sentido, el sindicato USTEC les acusa de una “clara voluntad de minimizar los hechos y evitar el debate público”.

A la huelga en septiembre

La polémica alrededor de PISA alimenta más si cabe las tensiones entre Generalitat y algunos sindicatos docentes, tanto los que mantienen el pulso con el Ejecutivo tras las huelgas de la pasada primavera como los que firmaron el acuerdo de mejoras salariales y de plantilla. La consellera Niubó ha mantenido durante junio y julio reuniones con sindicatos y otros actores del ámbito educativo para tratar de acercar posiciones y tomar su pulso, pero este revés añade más complicaciones a un inicio de curso que será movido.

De entrada, ya hay convocada una huelga para el primer día de curso, 8 de septiembre. USTEC ha registrado la anunciada convocatoria este mismo lunes. “El Govern continúa más preocupado por operaciones cosméticas, informes externos y actos propagandísticos que para resolver los problemas reales de los centros”, han manifestado en relación con la auditoría de la OCDE.

Pero sindicatos como Professors de Secundaria o CGT, de distinta orientación, también han criticado lo ocurrido. “Negligencia, opacidad, derroche, desbarajuste... Y otras palabras que nos ahorramos pero que todos tenemos en mente”, señalan los primeros. Los segundos lo han calificado de “incompetencia” y han pedido la dimisión de Niubó por este “error técnico” y por su papel en las movilizaciones del pasado curso.

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la Línea 1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado este lunes a la circulación tanto de esta línea como de la Línea 2. Se han desalojado las dos estaciones, se ha evacuado un tren y se ha cerrado la estación del Clot donde confluyen las dos líneas y los trenes no paran.

Los servicios médicos han enviado a la zona 19 ambulancias y se encuentran evaluando a unas 120 personas, evacuadas de las vías y algunas de ellas atendidas por inhalación de humo. En total 39 de ellas han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios. El número de atentidos en total asciende a 137, ninguna de ellas en estado grave.

El incendio también ha afectado a la frecuencia de paso y recorrido tanto de metro como de bus. La Línea más afectada, la 1, no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, justo el tramo más céntrico del recorrido. TMB ha dispuesto autobuses alternativos para cubrir el tramo que ha quedado sin servicio. Los Bomberos de Barcelona trabajan en la zona desde media tarde.

Respecto al autobús, TMB ha anunciado que las líneas H12, V25 y 192 modifican su recorrido al haber quedado anuladas las paradas 464, 3722, 9465 y 9610.

El teléfono de emergencias 112 recibió 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio y Protección Civil activó la fase de alerta del plan FerroCat.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido este lunes en el Parlament por el fiasco de las pruebas PISA y se ha llevado una dura reprimenda de la oposición, incluidos sus aliados de ERC y Comuns. A las acusaciones de descontrol en la gestión de este test internacional que lleva a cabo la OCDE se le ha sumado otra crítica unánime: la de haber ocultado la información durante meses para hacerla pública a finales de julio, en plenas vacaciones escolares.

Niubó ha reconocido que les comunicaron en marzo, a través del Ministerio de Educación, los problemas con la muestra del alumnado que hizo las pruebas. Entonces, ha añadido, abrieron unas diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido que todavía no han concluido.

Sin embargo, no lo dieron a conocer hasta el pasado viernes, 24 de julio. El Departamento de Educación lo obvió incluso durante la presentación de la auditoría encargada a la OCDE para mejorar los resultados del sistema educativo catalán, el pasado 6 de julio.

“Lo sabían desde marzo y han jugado intencionadamente con los tiempos”, he la reprochado Ana Erra, diputada de Junts, que una vez más ha pedido su dimisión como consellera por la “pérdida de confianza” con este error y con la crisis laboral. “¿Por qué lo escondieron? ¿Creían que pasaría desapercibido? ¿Lo querían hacer más pequeño?”, la ha cuestionado.

De forma parecida se han expresado en este punto las diputadas de ERC y de los Comuns, Irene Aragonès y Jéssica Albiach, respectivamente. Ambas le han reprochado además a Niubó que no mencionara esta incidencia durante los encuentros que han mantenido estos meses, uno de ellos para comentar la auditoría de la OCDE directamente con los grupos parlamentarios.

“Es uno de los episodios más graves del sistema educativo catalán en muchos años y siguen sin hacer autocrítica”, ha expresado Aragonès. “Dicen que todo responde a una confusión en la aplicación de los criterios de exención; si es así, donde estaban los mecanismos de supervisión?”, ha inquirido.

Albiach, por su parte, ha calificado la comparecencia de “decepcionante” y también ha acusado a la consellera de difundir la noticia en plenas vacaciones para que pasara más desapercibida. “Cuatro meses deberían ser suficientes para averiguar lo que ha pasado”, ha añadido sobre las diligencias informativas. “El error es exclusivamente suyo”, ha concluido.

Desde PP y Vox han ido más allá y han acusado directamente a Educación de intervenir en la muestra del alumnado para “maquillar” unos supuestos malos resultados en las pruebas de 2025. “Tenían pánico a la foto que iba a devolverles PISA”, ha expresado el diputado popular Manuel Reyes.

Más detalles sobre una hipotética confusión

Durante la comparecencia, Niubó ha reconocido la “gravedad” del error, pero ha insistido en que fue una “incidencia técnica” en la aplicación de las pruebas. “No podemos revertir la incidencia, pero sí trabajar para que no se vuelva a repetir”, ha expresado, al tiempo que defendía que en las pruebas que se han llevado a cabo en 2026 (las catalanas y de la OCDE, la Talis) el porcentaje de exención de alumnado ha sido muy inferior.

En este sentido, Niubó ha insistido en la hipótesis con que trabaja la Generalitat para explicar por qué se excluyó al 23% del alumnado seleccionado, un porcentaje superior al máximo del 5% que permite la OCDE. La consellera ha apuntado a que aquellos días (entre marzo y mayo de 2025) se llevó también a cabo la prueba de competencias básicas de la Generalitat en 4º de la ESO, lo que habría generado confusión en los centros a la hora de dejar fuera alumnado.

“El porcentaje de exenciones es parecido al que no participó en las pruebas catalanas de competencias básicas”, ha revelado la consellera. Esta posibilidad ya la deslizó Educación y generó quejas de las direcciones de los centros, que se sintieron señaladas. Pero Niubó ha añadido que si se confirma que esta fue la causa, no “exime del error” a la Administración.

Más al detalle, ha señalado una deficiencia concreta que aseguran haber corregido: que la aplicación de las evaluaciones no contaba con un protocolo lo suficientemente claro, que definiera “responsabilidades”, “controles”, “umbrales de alerta” y “circuitos de validación de las exenciones”.

La magistrada que investigó a 3 agentes de los Mossos d'Esquadra por la fuga del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024, y que acordó el archivo al no ver indicios de delito, ha procesado a los tres policías por orden de la Audiencia de Barcelona, que acordó la reapertura de la causa el pasado 7 de julio.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha trasladado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días formulen el escrito de acusación.

Así y de acuerdo con el auto de la Audiencia, la magistrada ve indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal Supremo.

“Con este fin cada uno de ellos habría asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que el Sr. Puigdemont fuera detenido y posibilitar su huida posterior”, según el auto.

Indicios

En el auto de la Audiencia esgrimió que del análisis de los elementos indiciarios en el marco la investigación se desprendían motivos suficientes para estimar que la presencia de los 3 investigados en el lugar y momento de los hechos “no era meramente casual”.

Lo hizo en base a los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos, que recogen imágenes y vídeos de los investigados rodeando a Puigdemont “a muy corta distancia” de él.

En algunos fotogramas se ve cómo llegan a cogerle del brazo para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas, en una disposición que el propio cuerpo policial califica de “encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades”.

Recursos de Hazte Oír y Vox

La sección 7 de la Audiencia ordenó reabrir la causa tras estimar los recursos presentados por las acusaciones, Hazte Oír y Vox, y revocar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, que había ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias.

El tribunal entendió que los hechos atribuidos a los mossos investigados podrían constituir un delito recogido en el artículo 408 del Código Penal, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años, por dejar “intencionadamente” de perseguir un delito.

El president Salvador Illa descarta dimisiones por el fiasco de PISA 2025, que dejará Catalunya sin unos resultados útiles para saber la evolución del alumnado catalán. “No se trata de colgarle el muerto a nadie”, ha expresado sobre el error técnico que les excluye de las pruebas, sino de esclarecer los hechos para “evitar que vuelva a ocurrir”.

Illa lo ha manifestado en una atención a los medios desde el Templo de la Literatura de Hanói, en Vietnam, donde se encuentra de viaje institucional. Además, ha reiterado su apoyo a la consejera de Educación, Esther Niubó, y ha apuntado a su comparecencia este lunes en el Parlament.

El jefe del Ejecutivo ya expresó su apoyo a la consejera este domingo, cuando circunscribió lo ocurrido a una “cuestión técnica”.

La Generalitat dio a conocer el viernes que los resultados de Catalunya en PIS 2025 no serían válidos para la comparación al haber detectado la OCDE –el organismo que gestiona los exámenes– un error en la muestra de alumnado. De los cerca de 2.500 estudiantes seleccionados para llevar a cabo el test, un 23% fueron excluidos, lo que supera de largo el máximo del 5% que fija la OCDE.

Por qué se dejó de lado a tantos alumnos, hasta el punto de invalidar los resultados, es una incógnita que la Generalitat todavía no ha resuelto. De momento han abierto un expediente para esclarecerlo. Una de las hipótesis que maneja el Govern es una confusión en los criterios de exención por parte centros, puesto que aquellos días llevaban a cabo otras pruebas parecidas de carácter autonómico.

Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.

La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.

Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.

TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.

El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.

El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.

La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.

Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.

El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.

La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.

Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.

El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.

Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.

La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.

En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.

Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.

El fenómeno Mamdani, como se conoce el meteórico ascenso del nuevo alcalde de Nueva York, ha dejado alumnos por todo el mundo. Desde que ganó los comicios, en España algo se removió en los partidos de izquierda, y en especial en sus estrategias de comunicación: la idea de que existe otra forma de trasladar los mensajes, con un perfil más cercano, directo, que permita combatir la elevada desafección.

En España este camino lo han abierto algunas dirigentes políticas femeninas que ven acercarse las elecciones municipales. Rita Maestre (Más Madrid), con sus charlas callejeras con vecinos al estilo Mamdani –también replicadas por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham–, es una de ellas. O Elisenda Alamany, de ERC en Barcelona, que acumula cientos de miles de visualizaciones con vídeos de running o de su día a día que le sirven para hablar de su ciudad.

Aunque no es un fenómeno solo femenino, los expertos en comunicación política consultados ponen como ejemplo otras figuras de izquierdas como Enma López en sus recientes primarias –que acabó perdiendo–, la ministra Mónica Garcia, o la teniente de alcaldía de Barcelona Laia Bonet. La ministra de Sanidad también recurre al running, o al tiempo que pasa con su mascota, para crear contenido personal. Y Bonet, por su parte, destaca por explicar con pedagogía los rincones y curiosidades de la ciudad.

¿Pero que significa la innovación en comunicación cuando todo parece ya visto? No se trata solo de probar nuevas maneras de hacer vídeos de Instagram o de acudir a podcasts que antes se obviaban, sino de llegar a ese punto de manera natural y coherente, no forzada.

“La comunicación no viene sola”, explica la politóloga Alba Ambrós. “Es la variable dependiente de un proyecto político que existe antes y por encima del formato”. Los contenidos publicados en TikTok e Instagram puede ser “caseros” o “naturales”, señala Ambrós, pero deben al mismo tiempo tocar los temas que preocupan a más gente.

Para Toni Aira, periodista y director del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la clave sigue estando en la autenticidad: “La gente ya no quiere políticos perfectos. Quieren políticos cercanos”. Ambrós añade además que esta cercanía despierta ilusión entre los votantes. “Si enfrente ves a una persona que te atiende sin ningún tipo de problemas, que va en zapatillas porque se ha recorrido toda la ciudad, que está hasta arriba de cansancio y aún saca ganas de ir a otro distrito a reunirse con más vecinos, te devuelve la esperanza”, desarrolla.

“Hoy en día la duda de si estamos votando políticos o aspirantes a influencers es bastante generalizada”, señala Aira, que asegura que muchos políticos hombres también juega a esa “liga del algoritmo”. Empezando, añade, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

180.000 visualizaciones con la maternidad

El caso de Elisenda Alamany se caracteriza por publicar vídeos de formato cotidiano con un trasfondo político. Correr, un deporte que practica, se ha convertido en excusa para generar contenido mientras recorre la ciudad que quiere gobernar. En su último vídeo destacado critica entre zancadas la gentrificación del Poblenou: “Es flipante. Cada vez que vengo hay un brunch nuevo”, se queja.

“Si no conoces a Elisenda, piensas que es creadora de contenido, y esto rompe la esfera política para llegar a otras audiencias”, narran desde la sala de máquinas de su equipo. A esto se suman factores vitales, como ser madre: en uno de sus vídeos más vistos, baja el carrito de su hija a la calle, corre hacia el trabajo y hace la compra, para acabar sentada en un banco proponiendo bonificar el comedor escolar y “aliviar el coste de la vida”.

Ese mismo impulso les ha llevado a salir del circuito político con podcasts ajenos a la actualidad, como Sexessive, donde Alamany habló de su experiencia en el amor. “Su perfil combina la voluntad de representar renovación y modernización con un componente generacional y de género ligado a la crisis de 2008”, explican fuentes de su equipo.

“Si quieres construir un movimiento que aspire a algo más que ser oposición, tienes que ofrecer un futuro”, explican. Por el momento, y a pesar de que ERC es hoy aún cuarta fuerza en el consistorio, Alamany ha logrado aparecer en el último barómetro municipal como la líder de partido mejor valorada, por encima incluso del alcalde Jaume Collboni.

Oposición desde la piscina municipal

Tampoco es habitual ver una mesa, una silla y a la candidata a la alcaldía de una gran ciudad sentada a pie de calle. Esta es la propuesta de “Habla con Rita”, un formato de entrevistas callejeras que popularizó Zohan Mamdani en Nueva York y que ha adaptado para sus fines la candidata de Más Madrid, Rita Maestre. Es, según su equipo, algo coherente con un proyecto “que se ha construido su propio músculo y su presencia en la calle y en los barrios”.

Por eso el equipo de comunicación trabaja pegado al de estrategia, entendiendo que esta “no es una cosa ajena que hace gente experta de manera autónoma”, sino algo integrado con la política. Insisten en que Instagram ya no es “un álbum de estampitas”, sino “un ecosistema en sí mismo en el que pasan cosas, en el que existe una disputa política”.

Esa lógica se observa sin ir más lejos en un vídeo reciente grabado en una piscina municipal. Sentada en una toalla, en el que parece un día en familia, Maestre aprovecha para explicar el mal estado de las instalaciones con naturalidad, haciendo oposición de una manera poco habitual. “Esa campaña puede parecer improvisada, pero tiene su punto, porque no lo está”, detalla Ambrós.

Esta politóloga también menciona a Enma López, a pesar de su derrota dentro del PSOE de Madrid, por trabajar un perfil en redes parecido al de Mamdani. “López ha logrado dar con la tecla de cercanía en temas tan complejos como pueden ser los temas económicos”, explica.

En momentos de alta desafección política, la cercanía que ofrecen las redes sociales, con cometidos a veces alejados de la política institucional o parlamentaria, son una ventana de oportunidad para perfiles que aspiran a asaltar alcaldías y presidencias. Pero el perfil construido, señalan las fuentes expertas, debe ser coherente con el de la persona. Y lo más importante, el proyecto político debe estar detrás.

Adif ha completado la reparación del boquete provocado el miércoles durante las obras del soterramiento de las vías en Montcada y este sábado ha puesto la infraestructura ferroviaria a disposición de Renfe, que opera Rodalies, para que pueda iniciar las marchas blancas previas al restablecimiento del servicio.

En un comunicado, la empresa pública asegura que las auscultaciones realizadas desde el incidente no han detectado movimientos del terreno ni afectaciones en la plataforma ferroviaria o en los edificios del entorno. Por su parte, la consellera de Territorio, Silvia Paneque, afirmó este sábado que, si las comprobaciones de seguridad siguen siendo favorables, la circulación de las líneas R2, R2Nord y R11 se podría reanudar “con toda probabilidad” la próxima semana, aunque no ha fijado el día exacto.

Según ha informado, Adif mantiene activo el sistema de monitorización y continúa la investigación técnica para determinar las causas del boquete, que achaca a una zona de especial complejidad geológica e hidrogeológica.

Para estabilizar el terreno, ha utilizado 365 metros cúbicos de hormigón y 1.930 metros cúbicos de mortero, en unos trabajos que han movilizado a más de un centenar de operarios desde el miércoles y que se han desarrollado de forma ininterrumpida.

Paralelamente, la empresa asegura que este sábado por la mañana también ha restituido el paso del agua por el Rec Comtal en la zona afectada por el socavón. La empresa explica que, durante las labores de estabilización del terreno, desvió el curso del agua para evitar que afectara al relleno con mortero y afirma que el caudal ya vuelve a circular “para restituir, poco a poco, la completa normalidad”.

Catalunya se ha quedado fuera de los resultados PISA de 2025 por culpa de una incidencia técnica. Un error al seleccionar los alumnos que debían llevar a cabo el examen, y cuyas causas la Generalitat no ha aclarado todavía, ha llevado a los organizadores, la OCDE, a comunicar que las competencias demostradas por el alumnado catalán de 15 años no se podrán comparar esta vez con las de otras comunidades autónomas ni con las de evaluaciones anteriores.

Lo que ocurrió es que la muestra de las pruebas realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 tuvo un índice de exención –la tasa de alumnos que quedan fuera por diversas razones– del 23,2%, exageradamente por encima del máximo del 5% recomendado por la OCDE. En concreto, 591 alumnos de los más de 2.000 seleccionados para hacer la prueba quedaron exentos: dee estos, 6 lo fueron por discapacidad física, 493 por discapacidad cognitiva, conductual o emocional, y 92 por dominio insuficiente de la lengua.

Educación ha abierto diligencias para aclarar por qué ocurrió esto. De momento, no ha ofrecido detalles de quién y por qué decidió que estos alumnos de distintos centros (en total, 51 institutos) no hicieran las pruebas.

De esta forma, Catalunya aparecerá en el informe estatal de PISA, pero con una acotación técnica respecto al resto de territorios. Donde no aparecerá será en el anexo del informe de la OCDE en el que se hace un resumen de las comunidades del Estado. El Ministerio de Educación fue alertado en marzo de esta incidencia y se lo comunicó a la Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Según han explicado fuentes de ambas administraciones, el Ministerio de Educación es el encargado de enviar el listado de centros con alumnado nacido en 2009 que previamente le han hecho llegar las comunidades autónomas, dejando fuera los de educación especial. Una empresa contratada por la OCDE se encarga de hacer una selección aleatoria y determina qué centros deben realizar las pruebas en España. Esta información se devuelve a las comunidades autónomas y son estas las que informan a los centros educativos que han sido seleccionados. En Catalunya se seleccionaron 51 centros.

Una vez escogidos estos, se realiza la selección de los alumnos. En este caso, los centros comunican al Ministerio el listado de alumnos nacidos en 2009, indicando si tienen necesidades educativas especiales. La Administración estatal envía todo el censo nacional y la OCDE trabaja con otra empresa y realiza la muestra aleatoria del alumnado. Posteriormente, es en el momento de la aplicación de las pruebas cuando los centros deciden, aplicando los criterios de la OCDE y con el conocimiento que tienen de los alumnos, qué estudiantes quedan excluidos de la prueba.

Así, en Catalunya se determinó que el censo de alumnos que debía realizar las pruebas era de 2.545, pero los centros excluyeron a 591 alumnos. En este punto, fuentes de ambas administraciones han indicado que no se realizó una validación previa de las exenciones que se habían aplicado, lo que hizo que la tasa alcanzara el 23,2% de media y no se cumpliera la recomendación de la OCDE.

Desde la conselleria que dirige Esther Niubó han explicado también que la realización de las pruebas PISA coincidió en el tiempo con las pruebas de final de etapa en la ESO, que se realizaron los días 10 y 11 de abril. Los criterios de exención de unas y otras pruebas son diferentes, ya que en las de final de etapa sí quedan excluidos todos los alumnos con necesidades educativas especiales, mientras que en el caso de las pruebas de la OCDE se determina que debe hacerse una valoración individual y tener estas necesidades no implica la exención automática.

Por otra parte, desde Educación han informado también de que, en el momento en que se realizaron las pruebas PISA, el sistema se encontraba en un proceso de transición, debido al cambio del Consejo Superior de Evaluación a la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.La consecuencia de esta alteración en la muestra ha hecho que esta pierda representatividad y que no permita la comparación, según han indicado las mismas fuentes. Han añadido que estas incidencias ya se habían producido anteriormente en otros países.

Ante estos hechos, el Departamento ha abierto un proceso de diligencias informativas que continúa abierto y a través del cual Educación confía en conocer por qué y cómo tuvo lugar la incidencia.

En paralelo, y para evitar que vuelva a repetirse, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación con el fin de llevar a cabo una supervisión exhaustiva de las muestras de las pruebas de evaluación en toda Cataluña antes de su aplicación. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica este viernes la creación de esta comisión, que será un órgano colegiado de carácter técnico, integrado en el Departamento y adscrito a la Secretaría de Mejora Educativa. La comisión estará integrada por una presidencia y seis vocalías que impulsarán y elaborarán protocolos específicos de aplicación y de control para cada tipo de prueba.

Desde el Departamento han insistido en que se trata de un hecho “aislado”, ya que en las pruebas de evaluación realizadas este año —evaluación general del sistema, PIRLS y las pruebas catalanas de evaluación de final de etapa— no se ha repetido esta incidencia.

La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses.

El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.

La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.

Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.

Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.

Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.

La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.

Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.

La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.

Un 20% más de edificabilidad

Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.

La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.

El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.

Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.

La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.

Los riñones de Manuel, diagnosticado con VIH en 2008, llevaban años deteriorándose, hasta el punto de que iba a empezar diálisis. Lo daba por hecho. “Pero apareció un amigo mío que tiene lo mismo que yo y me dijo que quería ayudarme”, relata. Así, entre dos conocidos y gracias al equipo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, hace un mes se hizo realidad el primer trasplante de la historia de España entre dos personas que conviven con este virus.

Hace poco más de un año, las donaciones de órganos procedentes de personas con VIH estaban prohibidas en España. Pero Sanidad levantó en julio de 2025 ese veto, vigente desde 1987, al considerar que los avances médicos hacen seguros desde hace tiempo estos trasplantes.

El primer país en permitirlo fue Sudáfrica, en 2008, al que siguió Estados Unidos, en 2024, y ahora varios países europeos, como Reino Unido, Italia y Francia. En total, se han llevado a cabo en todo el mundo unos 70 trasplantes de este tipo.

“Si hasta ahora estaba prohibido es por el tabú que se asocia a la enfermedad, porque los profesionales hace años que pedíamos que se cambiara la ley”, celebraba este viernes Francesc Moreso, jefe de sección de la Unidad de Trasplantes Renales de Vall d’Hebron. “Es un paso más para quitar el estigma del VIH”, añadía Albert Sandiumenge, coordinador de Donación y Trasplantes del centro hospitalario.

Los avances de la terapia antirretroviral para pacientes con VIH hacen que sus trasplantes sean comparables a la población general. De hecho, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), más de 800 personas que conviven con el virus han recibido donaciones de órganos, sobre todo de riñón e hígado. Lo que no podían era donarlos, con lo que se calcula también que durante la última década se perdieron unos 165 potenciales trasplantes de órganos de personas fallecidas con VIH.

“Mi donante se merece el cielo”, expresaba este viernes Manuel, nombre ficticio, por teléfono. No quiso acudir a la rueda de prensa en Vall d’Hebron para preservar su intimidad y la de su “salvador”. “Yo no sabía ni siquiera que éramos los primeros en hacerlo, me lo dijeron los doctores”, reconoce.

Manuel, infectado con el VIH por motivos que desconoce, padecía una glomerulonefritis crónica, que le dañaba los filtros del riñón hasta el punto de quedarse al borde de la diálisis. Al comentárselo a su conocido, este se ofreció a darle el riñón y el proceso se aceleró. La operación se llevó a cabo este año y por ahora ambos han reaccionado bien. “El trasplante me ha dado ganas de todo”, celebra.

Los médicos de Vall d’Hebron, el hospital que diagnosticó el primer caso de VIH en España en 1981, han explicado que un trasplante de este tipo no entraña demasiadas complicaciones. De entrada, hay que comprobar que se dan unos requisitos mínimos, como que la carga viral sea indetectable o suprimible mediante tratamiento antirretroviral, no haber presentado determinadas infecciones o si el tratamiento antirretroviral ha tenido fracasos.

A partir de ahí, hay que encontrar una combinación adecuada de la medicación para que no haya interferencias entre los antirretrovirales, por el VIH, y los inmunosupresores para evitar rechazo al nuevo órgano. “La cantidad de antirretrovirales disponibles hace que no de demasiados problemas”, señalaba Jordi Navarro, médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

La ONT estima que cada año fallecen en España 17 personas con VIH que podrían ser donantes. No es una cifra que vaya a dar un vuelco a los trasplantes en un país que ya es líder en estas operaciones, pero todos los médicos coinciden en que cada órgano cuenta. Si no, que se lo expliquen a Manuel, exultante estos días. “A ver si el siguiente avance es que podamos encontrar pareja y que el virus no sea un lastre. Ponlo en el artículo, a ver si hay suerte y de estas encuentro una”, se ríe.

Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.

En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?

El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.

Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.

El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.

Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica

¿A qué se debe esta inflación del Código Penal? ¿Los políticos han querido resolver problemas sociales endureciendo penas?

Hay una mezcla de factores. Están los factores políticos, pero también económicos. Tanto de empresas de seguridad que necesitan crear un clima de miedo al robo y a la okupación para vender alarmas como medios de comunicación que priorizan los sucesos porque generan mucha audiencia.

Todo esto crea un caldo de cultivo favorable a la inflación del Código Penal, y hay que reducirlo. Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica y todo el conocimiento empírico que nos dice que el aumento de penas no conlleva un desistimiento del delito.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Desde que muere el dictador Francisco Franco hasta 2010 hay un crecimiento anual de las personas presas. En 2010, debido a la crisis económica, los gobiernos quieren ahorrar costes, también los carcelarios. Se produce entonces una pequeña reforma del Código Penal, centrada en los delitos contra la salud pública, que hace que la población penitenciaria se reduzca. No aumentó el delito ni hubo un rechazo ciudadano. De hecho, pasó casi desapercibido.

¿Solo la necesidad de ahorrar puede llevar a una deriva antipunitivista?

No. En realidad es un desafío para los actuales gobernantes. ¿Si en 2010 fue posible reducir la población penitenciaria para ahorrar, por qué no hoy, con una mayoría progresista y plurinacional y la evidencia empírica a favor? Con pequeñas reformas se podría reducir el impacto del encarcelamiento. Además, países como Francia, Reino Unido o Portugal también han llevado a cabo medidas para vaciar las cárceles.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo lo mismo que la derecha

Mencionaba la mayoría progresista, pero son el PSC en Barcelona y en Catalunya y el PSOE en Madrid quienes más apuestan por endurecer las penas. Lo hacen, según dicen, para no dejar el orden y la seguridad en manos de la extrema derecha.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo la misma política que la derecha. En la izquierda nos debemos plantear las cuestiones de seguridad y convivencia, pero con nuestra mirada, valores y perspectiva. A diferencia de la derecha, nos debemos basar en la evidencia empírica, que nos dice que un aumento de penas no nos lleva a una reducción de los delitos.

Si aumentando las penas se solucionaran los problemas sociales que llevan al delito, los estados de EE.UU. con pena de muerte no tendrían problemas. Y esto no ocurre, más bien ocurre lo contrario, pues en EE.UU. hay más delitos violentos que en España.

¿Cómo se tendría que concretar este Código Penal desinflado?

Hay un trabajo de política criminal a hacer, pero hay distintas vías: la de la tipificación, pero también la rebaja en la duración de las penas. Pero hay otra importante que es un terreno con campo para explorar: la ejecución de las penas. Hay muchas alternativas al internamiento en prisión que se pueden abordar, como el medio abierto, que tendría que ser una prioridad para la política penitenciaria del siglo XXI.

¿Qué efectos tiene en una persona pasar muchos años en prisión?

Afecta en muchas dimensiones: empeora la salud física y la mental, pero también dificulta la dimensión social. El encarcelamiento rompe lazos familiares, comunitarios y laborales, por lo que cuanto más tiempo se pasa en prisión más difícil es la reinserción. El internamiento prolongado dificulta los objetivos de reinserción y rehabilitación. La ejecución penal debe buscar alternativas al internamiento, como el medio abierto.

En el libro denuncia que la cárcel es la institución estatal que más personas con problemas de salud mental trata.

Esto es así y tiene un doble componente de injusticia. Por un lado, se usa una institución como la cárcel para tratar una enfermedad mental. Además, no es universal: las personas con problemas de salud mental que tienen una red o una familia pueden estar acompañadas, pero las que no la tienen son las perfectas candidatas para acabar en la cárcel. El número de internos con problemas de salud mental es muy importante.

Otro capítulo del libro está dedicado a los jueces. Además del término de moda, el ‘lawfare’, define el fenómeno de los ‘jueces combatientes’. ¿Tenemos muchos en España?

El juez combatiente es el juez que se erige en activista en lo que cree que es una defensa del Estado de Derecho, pero no lo es. A diferencia del ‘lawfare’, son jueces que actúan de forma autónoma, sin ser correa de transmisión de nadie. El ‘lawfare’ tiene que ver más con una disputa partidista que se traslada al juzgado, y se parece más a lo que ha ocurrido en América Latina.

Son dos fenómenos distintos y minoritarios dentro del poder judicial, pero que lastran todo el buen trabajo de la mayoría de la carrera. No somos tan distintos de otros países: Luigi Ferrajoli ya dibujó en los 70 el concepto de juez combatiente en Italia. Era el juez, ya fuera conservador o progresista, que se erigía como garante del Estado de Derecho y abría la puerta a la arbitrariedad en la lucha contra las organizaciones armadas de los años del plomo. En España este fenómeno se ha dado en los casos del denominado ‘entorno de ETA’, en el que se perseguía a entidades o medios de comunicación que habían actuado siempre de forma pública y legal, y se repite con la crisis independentista, con la idea de que había que salvar a España de romperse.

Sean jueces combatientes o ‘lawfare’, ¿España tiene un problema con algunos jueces?

Hay un problema con la selección y formación de jueces. Tenemos un proceso de selección de jueces basado en lo que se hacía en el siglo XIX y el mundo ha cambiado. Necesitamos perfiles de jueces adecuados a la actualidad. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés escribe que un juez tiene que ser un intelectual porque debe entender la complejidad social para poder dirimir los conflictos. La formación de los jueces tendría que ir en esta línea. La oposición memorística actual está pensada para un Estado del siglo XIX, pequeño, contenido, con pocos ministerios… La democratización en la selección y formación de jueces es uno de los retos del Poder Judicial.

Los jueces no serían el colectivo con menos resistencias a los cambios.

El Ministerio de Justicia ha impulsado propuestas modestas pero que mueven el barco hacia un rumbo de democratización, como las becas para nuevos jueces y fiscales, y parte del colectivo se lo ha tomado casi como una afrenta. Creo que las reformas para democratizar el acceso a la carrera no se tendrían que dejar para otra legislatura y que la mayoría progresista y plurinacional las tendría que apoyar.

España tiene un problema con la selección y formación de jueces

Otra de las tesis que desarrolla en el libro es que la izquierda no puede dejar la idea de libertad a la derecha. ¿Cómo se consigue?

La izquierda debe disputar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad y no puede renunciar a ninguna de las tres. Son necesarias y hay que leerlas en clave de siglo XXI: una igualdad que reconozca las diferencias y las interdependencias; una fraternidad que permita construir proyectos autónomos y colectivos y una libertad real, que no se puede dejar en manos de la derecha, y que sea sinónimo de no dominación y tenga en cuenta la complejidad de la vida en sociedad. La libertad como origen y bandera es algo que creo que debería estar en el centro.

¿Qué peso ha tenido su paso por la Generalitat como consellera de Justicia en lo que escribe en el libro?

Antes de ser consellera ya había trabajado en el análisis de políticas públicas y la criminología crítica, pero la experiencia como consellera me ha ayudado a poner varias piezas en su sitio y entender bien el funcionamiento de un gran departamento, además de adquirir nuevos conocimientos, como en el ámbito penitenciario.

En el libro escribe que el objetivo final tiene que ser “la abolición de la cárcel”. ¿Esto ya lo pensaba antes de ser consellera?

Sí. Tenemos que ser garantistas siempre y aspirar a una reducción del sistema penal. Esto quiere decir apostar por otra forma de resolver los conflictos, y no destinar tantos recursos a la policía, el internamiento o la judicialización constante de los problemas. Pero pensar en el abolicionismo como objetivo sin pensar en el mientras tanto no tiene sentido. Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad, y hay que sumar todas las visiones humanistas para que así sea.

Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad

¿Qué límites institucionales y políticos encontró durante su etapa como consellera para llevar a cabo alguna de sus propuestas?

Las instituciones tienen mucha dependencia del pasado, de las formas de hacer y un marco presupuestario y legislativo que condiciona, pero no quiere decir que no se pueda cambiar el rumbo. Reivindico la política, porque no es cierto que desde las instituciones no se puedan cambiar las cosas. Detrás de las instituciones tiene que haber un proyecto político que oriente a resolver los problemas y las situaciones injustas, y dentro de la institución hay que gestionar con excelencia. Tenemos que aprovechar cada pequeña brecha para hacerlo. Solo estuve dos años en la conselleria, pero creo que actué así.

Una de sus competencias era la Memoria Democrática. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto sacar a la Policía de la comisaría de Via Laietana donde torturaron a los opositores de la dictadura?

Creo que la Policía acabará saliendo de Via Laietana. Al PSOE le ha costado moverse en algunos temas de Memoria, y creo que hay una disputa con el Ministerio del Interior y resistencias corporativas, pero llega un momento que hay que poder vencerlas. No tiene demasiado sentido que se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco, se apueste por las políticas de memoria y se mantenga a la Policía en Via Laietana.

Le tocó gestionar una huelga encubierta de funcionarios de prisiones en protesta por el asesinato de una trabajadora, pero que comportó vulneraciones de derechos de los presos. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde fuera de la política?

A ninguno ni ninguna de mis antecesores le tocó gestionar un suceso tan grave como el asesinato de Núria. Trabajamos para minimizar el riesgo de los trabajadores penitenciarios, sabiendo que el riesgo cero no existe. La restricción de derechos que sufrieron las personas internas agravó su vulnerabilidad, y creo que hicimos bien hablando claro y diciendo que se estaban vulnerando sus derechos.