Pocos minutos después de que Douglas Stuart empezase a hablar se escuchó un ruido estrepitoso, como si un ventanal enorme se hubiese estrellado contra el suelo. El escritor escocés, una de las estrellas literarias del momento, se levantó para comprobar con sus propios ojos azulísimos que la pérdida no hubiese sido más que material y al regresar declaró: “¡Ya hemos tenido una parte dramática!”.

Si en lugar de Barcelona hubiese pasado en Glasgow, casi podría haber sido una escena de alguna de sus novelas, plagadas de sorpresas emocionales. La última se acaba de publicar en castellano, traducida por Francisco González López con el título John, hijo de John (Random House) y en catalán como John, fill d'en John (Edicions de 1984), traducida por Núria Busquet Molist.

En esta ocasión, Stuart ha situado la acción de su libro fuera de Glasgow, donde se desarrollaron sus dos anteriores trabajos: Historia de Shuggie Bain (Sexto Piso), ganadora del Premio Booker en 2020, y Un lugar para Mungo (Random House, 2023). La trama se ubica a finales de los años 90 en la isla de Harris, parte del archipiélago de las Hébridas Exteriores de Escocia, que el autor recorrió en coche durante varios meses. “Cada isla tiene una geología y una vibración distinta. Yo no conocía a nadie allí y viajé por ellas hablando con cualquier persona que quisiera charlar conmigo”, sostiene. Al final de su viaje tenía más de 100 horas de conversaciones grabadas, muchas de ellas en la mesa de las cocinas de los vecinos que le abrieron su casa.

En un principio no sabía que allí se encontraba el germen de una novela, podría haberse quedado en una mera experiencia turística, pero la agricultura de subsistencia conocida como crofting, la lengua gálica, la tradición textil y el calvinismo propios de la ínsula conformaban una macedonia de temas demasiado atractiva: “Era imposible no sentirse inspirado”. De entrada, esbozó en su mente una historia sobre un hijo pródigo que, con 22 años, vuelve a su aldea. Pero en una de esas tantas conversaciones se dio cuenta de que el verdadero interés residía en el padre. “En lugares tan religiosos que se basan en familias grandes para dirigir pequeñas granjas, era extraño que hubiese hombres mayores aún solteros. Y me decían que se les había pasado el tiempo de casarse”, recuerda. “Pero un día, se me ocurrió sugerir a una mujer muy creyente que quizá no habían encontrado el amor porque eran gays y ella se echó hacia atrás, diciendo que eso era imposible. Ahí lo vi”.

Pese a que los acantilados de la isla tienen poco que ver con las calles grises de su Glasgow natal, las temáticas que han protagonizado sus novelas anteriores continúan presentes en su nuevo trabajo: la homosexualidad y las diferencias de clase social que, en su caso, van de la mano. “Siempre ha habido mucha literatura sobre la clase trabajadora o del mundo queer, pero raramente se solapan”, indica. Esa fue su realidad durante buena parte de su juventud, hasta que consiguió una beca para estudiar moda en una universidad técnica, que posteriormente le permitió trabajar en Nueva York para firmas como Calvin Klein o Ralph Lauren. Pero esa falta de referentes literarios le dirigió finalmente a la escritura, porque quería elaborar historias que a él le gustaría leer.

Yo venía de una familia muy, muy pobre. Cuando intentaba relacionarme con los otros estudiantes me daba cuenta de que sentían pena por mí y no entendían nada.

Stuart tomó conciencia de las diferencias de clase cuando llegó a esa facultad, repleta de estudiantes que provenían de familias más bien acomodadas. Lo mismo que le ocurre a John (que prefiere que le llamen Cal), hijo de John, que se va de la isla para cursar unos estudios similares a los del escritor. “Yo venía de una familia muy, muy pobre. Cuando intentaba relacionarme con los otros estudiantes me daba cuenta de que sentían pena por mí y no entendían nada”, rememora. De ahí que dejase de compartir su historia personal con nadie y menos aún cuando aterrizó en Nueva York: “Los americanos no saben ni dónde está Escocia, así que yo era un hombre sin pasado. Pero el silencio al final te cae encima”. Hay que tener en cuenta que su trayectoria vital está bien cargada de drama, con un padre que se fue cuando tenía solo cuatro años y una madre, con la que tenía una relación muy estrecha, que murió de alcoholismo cuando él solo tenía 16 años. Unas experiencias que después noveló sobre todo en Historia de Shuggie Bain y de cierta manera en Un lugar para Mungo. Después de tantos años ocultos, ahora reivindica sus orígenes y vivencias a través de su escritura, que se lee en más de 30 lenguas.

La opresión como constante en la vida

La mirada crítica de Stuart también recae, por supuesto, en el sistema capitalista. En sus dos novelas anteriores trató la desindustrialización que Margaret Thatcher llevó a cabo en los años 80 y que hundió a la clase trabajadora británica en la miseria. En este caso, incide en el avance del neoliberalismo que pone en peligro la supervivencia de la artesanía textil en la isla de Harris. Parte del sustento de la familia de John y Cal viene de los pedidos de tejidos que elaboran en su casa con lana de ovejas, que cada vez son menos y, por lo tanto, también disminuyen sus ingresos. “Por eso situé el libro en 1996, porque Internet cambia los lugares rurales. La familia está muy preocupada por su patrimonio, se aferra a esa tierra y no sabe todavía que las islas se van a transformar”, revela.

Desde la península, el archipiélago comenzó a verse como un lugar idílico en el que planear la jubilación o como destino vacacional. Aparecieron los primeros alquileres de Airbnb y con ellos la transformación que el modelo de turismo masivo causa en las comunidades. Es en este contexto donde vuelve a aparecer el conflicto de clases. Pero esta vez el escritor quería reflejar que los trabajadores también se interesan por las cosas bellas, no son solo seres centrados en la producción o ajenos a la intelectualidad. Por ejemplo, en el pueblo un grupo de hombres ha montado un club de lectura, dónde leen libros como Cumbres borrascosas y, de alguna manera, libera sus emociones.

Incluso a través de los sermones religiosos hay un intento de buscar la belleza en la manera de cantar los salmos, porque en el calvinismo no hay acompañamiento de órgano, guitarra o piano. “Nada se interpone entre tú y Dios”, explica Stuart. Precisamente esa creencia es opresiva para el padre, que vive su homosexualidad en un silencio asfixiante, pero también le sirve como una especie de escudo ante sus propios pensamientos. “Cuando la gente queer se topa o se encuentra o vive con la religión en la Iglesia Presbiteriana Libre [de teología calvinista] creen que las escrituras no pueden equivocarse. No hay ninguna negociación, no hay que modernizar nada, no hay que ampliar nada”, detalla.

Toda esta lucha interna causa que la relación entre el padre y su hijo, ambos homosexuales, sea tormentosa. Ambos se quieren, viven en la misma casa, comparten experiencias juntos, pero tienen una forma tan diferente de ver la vida que no consiguen adaptarse el uno al otro. Es el padre quien sabe qué es lo que ocurre en realidad, pero su culpabilidad y negación le impiden abrirse a su descendiente. “Muchos jóvenes que salían del armario inspiraron a sus padres de 50 o 60 años que no pensaban que podían hacerlo antes. Si los personajes se llaman igual es porque son la misma persona. Lo peor que puedes heredar es un padre con una vida no vivida”, considera.

Nueva York sigue siendo una ciudad para ciudadanos globales. Creo que es la primera urbe a la que todo el mundo puede ir y encontrarse, todo el mundo pertenece a ella.

Esa cotidianidad está cargada de violencia, tanto psicológica como física, entre los dos personajes masculinos. Si bien los golpes nunca pueden justificarse, sobre todo cuando hay un desequilibrio de poder, cuando se producen por una causa aparentemente irrelevante, lo son aún menos. John hijo se pasa un buen número de páginas con la cara hecha un cuadro por los puñetazos de su padre al que, se supone, humilló por acudir a la iglesia con un estilismo inspirado en Kurt Cobain. Douglas declara que la violencia entre hombres se da porque tienen “un abanico de emociones” del que afirma que no pueden hablar (tristeza, vulnerabilidad, miedos). “Y al no hacerlo la cosa estalla”, remata. John padre quiere a su hijo más que a sí mismo, pero es incapaz de transmitírselo de manera directa.

En John, hijo de John, hay menos personajes femeninos que en sus anteriores novelas, pero una de ellas es el eje esencial de esa familia. Se trata de Ella, la abuela materna que continúa en la casa en la que viven su yerno y su nieto, aunque su hija se haya marchado, porque es suya. Su personalidad férrea se revela poco a poco y esa anciana que aparenta necesitar cuidados (uno de los principales motivos por los que Cal regresa a casa) en realidad tiene la sartén por el mango. “Al escribir sobre Ella pensaba en mi abuela y sus amigas, nacidas en el entreguerras en un mundo patriarcal, que al final de sus vidas habían perdido el miedo y eran sabias, fuertes y representaban la feminidad más potente”, detalla Stuart.

Derechos conquistados, pero no para todos

No hay duda de que la comunidad LGTBI+ ha conseguido, a base de mucha lucha, derechos que hasta hace muy poco les estaban negados. Pero Stuart no es complaciente con todo el relato que se ha generado y considera que no hay que olvidar ciertas realidades que a menudo quedan en un segundo o tercer plano. Es, por ejemplo, lo que sucede en zonas rurales habitadas por muy pocos vecinos. “Pensamos que el progreso ha llegado a todas partes y no, yo creo que solo llega si eres blanco, de clase media y tienes una familia urbana”, señala. Él considera que aún sucede, pero en los años 90 era aún más evidente: si alguien queer pertenecía a la clase trabajadora no tenía la oportunidad de irse a Londres o a San Francisco para vivir como quisiera, así que se quedaba en esa cárcel de barrotes inmateriales.

En la actualidad el clima político amenaza con acabar con esos derechos adquiridos por la comunidad LGTBI+, la clase trabajadora, las personas racializadas y las mujeres, entre otros. Años de lucha pueden borrarse de un solo plumazo las leyes que protegen a la ciudadanía y él reside en uno de los países que más abogan por pisotear a los que no apoyen los intereses del presidente, por muy delirantes que sean. Afortunadamente, para él, reside en una ciudad que parece un oasis en medio de ese desierto intelectual, con un alcalde que, de momento, cumple las promesas de su campaña. Zohran Mamdani es una de las razones por las que Stuart no se considera americano, pero sí neoyorquino.

“Nueva York sigue siendo una ciudad para ciudadanos globales. Creo que es la primera urbe a la que todo el mundo puede ir y encontrarse, todo el mundo pertenece a ella”, indica convencido. Sin embargo, pone un poco de coto a la idealización y aclara que después de vivir allí una o dos décadas, lo mejor es coger e irse. Él vive allí desde hace 26 años y cuando se le señala ese dato que contradice su afirmación anterior, responde con una sonrisa: “Ya lo puedes ver por mi biografía, soy una persona muy tenaz y obstinada. O igual tonta, no lo sé”. Lo primero es que sí, lo último seguro que no.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaparecido como activista de la vivienda para tratar de parar el desahucio de Silvia, una vecina vulnerable de la Ciudad Condal.

Según ha relatado el Sindicat de Llogateres a ACN, la mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 36% por motivos de salud mental, no había logrado llegar a un acuerdo con Bossant 2001, la empresa dueña del edificio.

De acuerdo a la organización, Silvia se mudó en 2013 al inmueble con su pareja, pero tras romper la relación pidió al arrendador que la incluyera en el contrato de alquiler. Según la inquilina, Bossant 2001 se negó, lo que le ha quitado la oportunidad de acceder a ayudas relacionadas con el alquiler, lo que ha agravado su situación de vulnerabilidad.

El sindicato ha explicado a la agencia que el Servicio de Intervención y Mediación para situaciones de sinhogarismo y desahucios del Ayuntamiento de Barcelona también intervino sin éxito, por lo que finalmente Silvia ha sido desahuciada este lunes.

Un grupo de unas cuarenta personas, dentro del cual se encontraba Colau, se había concentrado ante el portal número 357 de la calle Cerdeña para intentar que la comitiva judicial no pudiera acceder al edificio.

Ocho furgones de los Mossos han acudido al lugar para posibilitar el desahucio y varios agentes se han llevado a la exalcaldesa. “Recursos públicos para proteger a los grandes tenedores”, ha criticado el sindicato en sus redes sociales, donde añade que la familia propietaria tiene más de “24 pisos”.

Además, se activó el protocolo de prevención del suicidio “debido a la frágil salud mental de Silvia ante esta situación”, ya que, según la organización, justo este lunes se ha conocido el suicidio de una vecina de L'Hospitalet de Llobregat que había avisado cinco meses atrás de que se quitaría la vida si era desahuciada, como así ocurrió.

Contundente petición de la Fiscalía a los nueve procesados por los disturbios contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Barcelona. El Ministerio Público ha solicitado 25 años y medio de cárcel para los manifestantes, a los que acusa, entre otros delitos, de intento de homicidio por prender fuego a un furgón de la Guàrdia Urbana con un agente dentro.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa a los manifestante de intento de homicidio, organización criminal, atentado a la autoridad, desórdenes, daños y manifestación ilegal, y les pide 11.520 euros en multas así como indemnizaciones para las entidades bancarias atacadas que suman casi 685.000 euros.

Los acusados, siete de ellos de nacionalidad italiana y otra francesa, siguieron un plan “previamente acordado” que, a juicio de la fiscal, conlleva la consideración de organización criminal: se repartieron los papeles (dos acusados lideraron los ataques al mobiliario urbano mientras otros vigilaban) para asegurarse una actuación “rápida y sincronizada” en sus ataques al mobiliario urbano, entidades bancarias, comercios, personas, vehículos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana y agentes de las líneas policiales.

Al frente del grupo, integrado por unas quince personas de las que solo ocho han podido ser identificadas, la Fiscalía sitúa como líderes a dos de los acusados, Alberto F. y Guiseppe S., quienes marcaban los objetivos y daban instrucciones a los demás, además de participar “activamente” en los ataques.

Como en todos los juicios por desórdenes públicos, la identificación de los manifestantes por sus rasgos físicos o prendas de vestir como autores de los disturbios es clave para lograr una condena. En el caso de los disturbios por Hasel, el Ministerio Pública señala de forma inequívoca a los dos líderes porque llevaban un impermeable azul oscuro con una franja reflectante en la espalda.

Eso sí, la Fiscalía admite que no ha podido ser identificada la mujer que echó líquido inflamable sobre una de las bengalas lanzadas por Alberto F. (que también le dio la botella con el líquido) y que “avivó” las llamas del furgón

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2021 a una manifestación que no había sido comunicada en apoyo al rapero Pablo Hasel, cuyo encarcelamiento dio pie a varios días consecutivos de protestas callejeras en Barcelona que se saldaron con disturbios y decenas de detenciones.

Los acusados, sostiene la fiscal, tenían la intención de llevar a cabo “actuaciones violentas e intimidatorias que infundieran un grave temor a la población”, por lo que llevaban recipientes con pintura, líquidos inflamables, acelerantes de combustión, mazas y martillos.

Una vez iniciada la manifestación, se pusieron encima unas ropas oscuras y negras que llevaban consigo, además de gorros, capuchas y guantes y el rostro cubierto con prendas tipo pasamontañas.

El ministerio público sostiene que el grupo inició los disturbios ya en la calle Hospital de Barcelona, donde rompieron la cristalera de una oficina bancaria a martillazos y prendieron fuego a un cajero, ataques que después repetirían en la Rambla del Raval y sus alrededores y que en ocasiones reivindicaban haciendo pintadas con la 'A' de anarquía.

Ya en la Rambla, mantiene la Fiscalía, Alberto F., el presunto cabecilla del grupo, llamó al resto al grito de “chiguagua chiguagua” para darles instrucciones. En seguida, varios de los acusados se dirigieron rápidamente a la comisaría de la Guàrdia Urbana, que contaba con un dispositivo de protección especial compuesto por seis furgonetas de los Mossos y de la Policía Local.

Los manifestantes empezaron entonces a lanzar “todo tipo de objetos” contra la línea policial, entre ellos adoquines, piedras, botellas de cristal, artefactos incendiarios y bengalas, uno de los cuales provocó una llamarada en el suelo, muy cerca de un furgón en cuyo interior había un agente de la Guardia Urbana.

A los segundos, mantiene el ministerio público, Alberto F. dio a una de las manifestantes una botella de líquido inflamable que esta utilizó para reavivar las llamas, que empezaron a quemar el furgón policial por la parte lateral central y trasera, donde se hallaba el depósito de gasolina.

El agente que había en el interior del furgón pudo salir del vehículo por la puerta del copiloto, pese a que según la Fiscalía tenía dificultades para moverse al ir equipado con chaleco, coderas, cascos y rodilleras. Además, poco antes había bloqueado las puertas del vehículo después de que un manifestante se acercara al mismo e intentara abrirlas.

En opinión de la Fiscalía, todos los miembros del grupo “conocían que dentro del vehículo había un agente de policía” cuya vida “ponían en peligro” con su actuación, pero aun así decidieron “asumir ese resultado sin importantes lo que pudiera ocurrir”.

Al grito de la palabra clave “sinistra, sinistra” proferida por el supuesto cabecilla del grupo, Alberto F., los acusados siguieron su “encolerizada huida” hacia la plaza Catalunya, donde rompieron a martillazos las puertas de una tienda Zara y las cristaleras del Hotel Calderón mientras seguían arrojando objetos a la línea policial y montando barricadas con jardineras, motos, mesas de terrazas y contenedores, según el ministerio público.

Durante los ataques, los integrantes del grupo se dirigieron además a varios periodistas que estaban grabando los hechos para exigirles que dejaran de hacerlo, añade el ministerio público.

Finalmente, el grupo se dividió en dos, sus miembros se deshicieron del camuflaje y lo abandonaron en la calle, donde la policía se incautó de varias prendas de ropa como las que vestían los autores de los disturbios y de mochilas con productos para encender fuego.

El escritor, periodista y tótem de la crítica teatral Marcos Ordóñez ha muerto este lunes a los 69 años. Nacido en Barcelona en 1957, fue durante décadas una de las voces de referencia de la crítica de teatro en nuestro país mientras desarrolló una fructífera carrera en la docencia y la literatura.

Crítico de El País desde 2000, colaboró durante años con el diario y publicó semanalmente sus críticas teatrales en el suplemento Babelia hasta diciembre de 2021, cuando dejó de escribir por problemas de salud que se agravaron en los últimos años, según ha informado el periódico.

Su trayectoria combinó el periodismo, la literatura y la docencia. Fue profesor en la Universitat Pompeu Fabra, donde impartió guion cinematográfico y dirección de actores, y también dio clases relacionadas con el teatro, el guion y la crítica. Antes y durante su etapa en El País colaboró con distintos diarios y revistas, entre ellos El Correo Catalán, Ajoblanco, ABC, Avui y Fotogramas.

Ordóñez desarrolló a su vez una obra literaria que abarcó la narrativa, la autobiografía, el ensayo y los libros vinculados al teatro y al cine. Entre sus novelas y obras de carácter autobiográfico figuran El signo de los tiempos (1988), La esencia del guaguancó (1991), Una vuelta por el Rialto (1994), Rancho aparte (1997), Puerto Ángel (1999), Tarzán en Acapulco (2001), Comedia con fantasmas (2002), Detrás del hielo (2006), Turismo interior (2010), Un jardín abandonado por los pájaros (2013) y Juegos reunidos (2016).

También dedicó buena parte de su obra a personajes y episodios relacionados con el cine y el teatro. En Beberse la vida: Ava Gardner en España (2004) reconstruyó la relación de la actriz estadounidense con España, mientras que en Big Time: la gran vida de Perico Vidal (2014) contó la trayectoria del ayudante de dirección y productor cinematográfico español y sus experiencias junto a figuras como Orson Welles, Frank Sinatra, Ava Gardner y David Lean durante los rodajes realizados en España en los años cincuenta y sesenta. También escribió biografías de Alfredo Landa y Álex de la Iglesia.

El teatro ocupó un lugar central en su obra. En Telón de fondo (2011), parcialmente autobiográfico, repasó cinco décadas de teatro español y reconstruyó su propia relación con la crítica teatral. En 2019 publicó Una cierta edad, un dietario en el que mezcló recuerdos personales con historias del mundo teatral y encuentros con figuras de la escena como Peter Brook, Josep Maria Pou, Mario Gas o Lluís Pasqual. Su último libro fue Una joven pareja (Pepitas de Calabaza, 2021), una novela ambientada en la Barcelona de finales de los años setenta y marcada por la memoria de la ciudad y de la adolescencia del autor.

Entidades y vecinos de L'Hospitalet de Llobregat han denunciado que Olga, una vecina de 54 años, se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de su piso, en el barrio de Santa Eulàlia.

Los activistas han denunciado el “abandono institucional” que sufrió la víctima, que además tenía problemas de salud mental. Han exigido que se investigue la “cadena de omisiones” que, según sostienen, precedió a su muerte.

Olga tenía 54 años y dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad. Según ha explicado Cristian Jiménez, portavoz de la Asociación de Vecinos y Vecinas Som Santa Eulàlia, la víctima compró un piso en la calle Comerç hacía 20 años y había contratado la hipoteca con el Banco Sabadell. Después de separarse, según el relato de Jiménez, no recibió la manutención de sus hijas, se quedó sin trabajo y no pudo continuar asumiendo los pagos.

El portavoz apunta que Olga llegó a un acuerdo con el banco para que la entidad se quedara el inmueble y ella pudiera seguir viviendo en él a cambio de un alquiler social. Según el portavoz vecinal, este acuerdo se mantuvo hasta que la vivienda fue vendida a Promontoria Coliseum Real Estate, un fondo de inversión. Fue poco después de la transacción que se inició el proceso de desahucio.

Olga consiguió evitar un primer lanzamiento con ayuda del Sindicato de Vivienda de L'Hospitalet, pero el procedimiento se reactivó después de que el Congreso tumbara el decreto de moratoria de los desahucios con votos del PP, Vox y Junts.

La víctima, según sigue Jiménez, intentó encontrar una salida a la situación y contactó con medios de comunicación, partidos políticos y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán). En esta línea, incluso llegó a participar de una comisión de estudio sobre la salud mental en el Parlament.

El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos que las afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de un proceso de desalojo “no se atienden suficiente”. El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos de Santa Eulàlia han convocado una protesta el próximo 3 de octubre para “exigir justicia”.

Intento de suicidio antes del desahucio

Según el relato de Jiménez, la noche anterior al primer intento de desahucio, que tuvo lugar el 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida. Se activó el protocolo antisuicidio y la mujer fue trasladada a la unidad de urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge, donde horas después recibió el alta.

El abogado de Olga pidió que se detuviera la ejecución del desahucio, pero el juez decidió seguir adelante. Ha detallado que el magistrado abrió un expediente al abogado porque el juzgado consideró que “la petición de suspensión del desahucio por la situación de salud de la mujer no estaba suficientemente acreditada”.

Jiménez ha aprovechado para poner el foco en la atención a la salud mental de las personas afectadas por procesos de desahucio. Considera que esta realidad “no está suficientemente estudiada ni suficientemente atendida” y señala las consecuencias que, según afirma, pueden tener estas situaciones en las familias, en las personas menores de edad y en su entorno educativo.

En paralelo, ha criticado el funcionamiento de los servicios sociales de Hospitalet. Ha asegurado que el sistema “ha quebrado”, que los profesionales que trabajan en el servicio “están desbordados” y que el recurso que hay en la ciudad no da respuesta a la cantidad de personas que hay que atender.

Ha reclamado al Ayuntamiento, al Govern y las administraciones competentes que adopten las medidas necesarias “para que ésta sea la última muerte vinculada al negocio inmobiliario”. También ha exigido que se investigue la actuación de las administraciones y la “cadena de actuaciones y omisiones” que han conducido a la muerte de Olga.

“No fue una desgracia inevitable”

Pau Segura, portavoz de Vivienda L'Hospitalet, también ha cargado contra la actuación de las administraciones. “No aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables”, ha afirmado. Ha señalado el Banco Sabadell y los accionistas de Promontoria como responsables, según sus palabras, “de la pérdida de la vivienda y del empeoramiento del estado de salud de Olga”. También ha hecho responsable a la Generalitat, al gobierno español y al PSC y al PSOE, a los que acusa de estar “al servicio de los intereses de la industria inmobiliaria por delante de las vidas de la clase trabajadora”.

Se ha referido al gobierno socialista de L'Hospitalet y ha criticado que haya puesto una “alfombra roja en los especuladores”. Sobre el caso de Olga, ha afirmado que las autoridades municipales tenían conocimiento y “no hicieron nada”. También ha lamentado que las autoridades judiciales negaran la suspensión del desahucio “pese a conocer la situación de vulnerabilidad de la mujer y su familia” y de haber recibido “la comunicación del abogado sobre el riesgo de suicidio”. Por último, ha señalado los Mossos d'Esquadra por su papel en la ejecución del lanzamiento.

Por su parte, amigas y vecinas de la víctima, han afirmado que su muerte “es consecuencia directa del proceso de desposesión y maltrato al que desde hace más de 10 años bancos, fondos buitres y administraciones sometieron a Olga”.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 47 años en Els Pallaresos (Tarragona) tras atropellar intencionadamente con un coche a su expareja, a una mujer que se encuentra hospitalizada en estado grave, según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar hacia las 8.45 horas en una calle cercana a la casa de la víctima. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

Según fuentes policiales, el hombre, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo.

La mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave.

Agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha impuesto una multa de 60.000 euros al director de Asesoría Jurídica y Buen Gobierno de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por exponer datos personales de trabajadores que tenían el estatus de personas protegidas por ser informantes de presuntas irregularidades. 

La infracción, calificada por Antifraude como “muy grave” en una resolución obtenida por elDiario.es, es todavía recurrible ante la propia OAC o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fuentes cercanas al responsable de la asesoría jurídica de TMB apuntan que está “analizando” la resolución para presentar un recurso.

Desde la empresa pública sostienen que la actuación ha sido “correcta” y añaden que desde la empresa no asumirán la sanción, en caso de que se interpusiera de manera firme, porque se ha impuesto a su directivo como persona física.

El director del área jurídica también está imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

Los hechos tienen origen en una brecha de seguridad en la intranet de la empresa, desvelada por este periódico en febrero de 2025, que dejó durante meses al descubierto datos sensibles de un gran número de empleados de la compañía.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos también abrió un expediente a TMB por los mismos hechos y, en este caso, la sanción podría superar los 15 millones de euros.

Entre los datos accesibles había información confidencial de denunciantes de acoso laboral en el seno de la empresa, uno de ellos contra tres directivos de TMB, así como documentación de personas que habían participado o testificado en otras investigaciones internas.

Uno de los elementos que ha tenido en cuenta Antifraude para sancionar al responsable jurídico, apuntan fuentes conocedoras del procedimiento sancionador, fue la creación de un repositorio por un miembro de su equipo en el que se añadió información de diferentes investigaciones y denuncias internas, algunas de ellas relativas a personas con responsabilidades directivas dentro de la organización.

Por su naturaleza, buena parte de esa documentación debía estar destinada a un círculo restringido de personas con funciones específicas de investigación, cumplimiento o gestión de los correspondientes expedientes. 

Su configuración, sin embargo, permitía que empleados y directivos —incluyendo la secretaria del consejero delegado de la empresa— pudieran conocer la existencia de denuncias, la identidad de personas implicadas, la condición de testigos o participantes, la tramitación de procedimientos laborales y el contenido de actuaciones internas de carácter confidencial.

Antifraude considera que, al exponer la identidad de empleados que cursaron denuncias internas en la empresa y tenían en ocasiones el estatus de persona protegida, el responsable jurídico de TMB vulneró la ley de protección del informante, que protege a quienes denuncian infracciones penales o administrativas en el ámbito laboral. 

La ley obliga a las empresas a tener canales internos de denuncia y a garantizar la confidencialidad de los informantes. Prohíbe, a su vez, ejercer represalias contra ellos en cuanto obtienen el estatus de persona protegida por haber denunciado estas presuntas infracciones. 

La sanción de Antifraude se suma a una ristra de imputaciones judiciales —hay cinco directivos imputados en dos causas penales por acoso laboral— y sanciones de distintos entes contra la empresa por actuaciones durante los últimos años. También el Tribunal de Cuentas investiga a la compañía por presuntas irregularidades en los planes de pensiones, tal y como desveló esta redacción el pasado junio.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers fueron los primeros candidatos a la amnistía y serán sus últimos beneficiarios. Más de dos años después de la publicación de la norma, el Tribunal Constitucional empieza a debatir esta semana los recursos de los dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles al plantear una novedosa interpretación al delito de malversación. Ahora sí, arranca la cuenta atrás para la materialización de la ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y permitió arrancar la legislatura en 2023.

La fase final de la aplicación de la amnistía vuelve a moverse a caballo entre la política y la judicatura, igual que la última década del procés. El Tribunal Constitucional debate a partir de este miércoles la petición de amparo del secretario general de Junts y exconseller de Presidència, Jordi Turull, que marcará la pauta para el resto de exmiembros del Govern.

Se trata del primer caso particular de las negativas del Supremo a amnistiar a los líderes del procés que estudia el tribunal de garantías tras 22 sentencias en las que ya ha respaldado la constitucionalidad de la Ley en sentido general.

La deliberación de los recursos más sensibles le llega al Constitucional con el espaldarazo a sus tesis que supuso el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, en contra de lo que pretendían los juzgados españoles refractarios a aplicar la norma.

No cabe esperar una decisión del Constitucional este mismo miércoles. El magistrado José María Macías, del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, quiere dar la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía. No es una sorpresa: en 2024, mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arremetió contra la Ley en una entrevista en OKDiario.

La mayoría progresista del Constitucional, salvo sorpresa, rechazará la ponencia de Macías y designará a un nuevo magistrado para que elabore un texto que avale la aplicación de la ley de amnistía a los investigados o condenados por malversación al entender que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo no es válida. Esta ponencia alternativa podría aprobarse en el pleno del 6 de octubre. Esta es la fecha que tiene marcada en rojo todo el independentismo, ya que la decisión sobre el recurso de Turull señalará el camino del resto de impugnaciones.

Se espera que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers y los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Las consecuencias del fallo del tribunal de garantías son notables: el aval a considerar que es amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés abre la puerta a la vuelta a España definitiva de Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017, y a que Junqueras pueda volver a ser candidato a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El expresident y el exvicepresident son los únicos líderes independentistas de 2017 que permanecen al frente de sus respectivas organizaciones. Especialmente relevante es para Junts el retorno de su presidente, en quien confían para lograr un revulsivo al trasvase de votos que todas las encuestas detectan hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Aunque durante meses se especuló con que el Supremo buscara otra vía para no aplicar la amnistía pese a la decisión del Constitucional, en los últimos días las señales que llegan desde la plaza Villa de París, sede del Alto Tribunal, son más moderadas.

Fuentes próximas a los magistrados del Supremo trasladaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no esperaría a conocer el fallo del recurso de amparo de Puigdemont, sino que tiene previsto actuar cuando el Constitucional dicte la sentencia de Turull, desbloqueando la aplicación de la amnistía a todos los dirigentes independentistas que recurrieron.

Es decir, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, Llarena haría lo propio con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de exconsellers, sin esperar a un goteo de sentencias caso por caso.

La pasada semana, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación tras la sentencia del TJUE, a la espera de lo que ocurra con el fallo del Constitucional.

Este cambio de actitud contrasta con la hemeroteca del propio juez. El año pasado, durante una intervención pública en Granada, Llarena aseguró que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional no tenían “ningún recorrido”.

El magistrado defendió que la particular interpretación del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés provocó la división del tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de amnistía. En consecuencia, agregó, no se daban las razones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional enmendara la plana al Alto Tribunal, como reclaman las defensas de los líderes del procés.

La decisión sobre la malversación

El Constitucional tiene que decidir sobre una de las argumentaciones recientes más controvertidas del Tribunal Supremo. Pese a que la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes se llevaran un euro al bolsillo, los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers por el dinero ahorrado como consecuencia de haber pagado los gastos del referéndum ilegal con fondos públicos y no de su propio bolsillo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, convertida ahora en un acto de enriquecimiento personal para impedir la amnistía, chocó con su propia sentencia, en la que el tribunal constató que los dirigentes soberanistas “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

Tan controvertida fue la argumentación del Supremo que, por primera vez en el procés, se rompió la unanimidad en el seno del tribunal. Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, quiso dejar por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Otros jueces catalanes también desoyeron la interpretación del Supremo y amnistiaron sin problemas el delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de trabas del Constitucional para aplicar al completo la Ley, Junts y ERC solo creerán en la materialización de la amnistía cuando la lean en papel timbrado. 

“Queremos ver las sentencias”, resumió el portavoz de Junts, Josep Rius. Este otoño, salvo giro de guion, será el definitivo para poner punto y final a la judicialización del procés.

Tras una pancarta en la que podía leerse “ampliación, ni ahora ni nunca” se han manifestado este domingo miles de personas por el centro de Barcelona. Convocados por la entidad Zeroport y otras 210 entidades de diverso cuño, los congregados han protestado por el proyecto para la ampliación del aeropuerto de El Prat, al considerar que tiene un enorme impacto ecológico tanto por su emplazamiento, en una zona natural protegida, como por el hecho de que supondrá aumentar los vuelos y, con ello, el impacto climático.

La marcha ha arrancado poco después de las 12 horas desde el Passeig de Gràcia, en la confluencia con la calle Aragó, donde se han juntado una decena de columnas, algunas de ellas constituidas por ciclistas, otras también integradas por vehículos agrícolas y, la mayoría, a pie. Los organizadores cifran la asistencia en 30.000 personas, mientras la Guardia Urbana las rebaja a 5.500.

La ampliación del aeropuerto, cuya primera fase aprobó el Consejo de Ministros esta misma semana, es “negacionismo climático”, según los organizadores. De llevarse a cabo, “agravará algunos de los principales problemas que tiene el país, como la crisis de la vivienda, la emergencia climática o la masificación turística”, han denunciado.

En la protesta han participado además representantes de ERC, los Comuns y la CUP, los dos primeros aliados de los gobiernos socialistas que han impulsado esta ampliación. En nombre de Esquerra, Diana Riba ha reclamado a Salvador Illa la gobernanza catalana del aeródromo, mientras que por parte de los Comuns, Jéssica Albiach se ha dirigido a Pedro Sánchez para reclamarle que escuche las demandas de los manifestantes.

Pedro Sánchez ha defendido este domingo su gestión de la crisis de Ceuta y ha prometido que el Gobierno pondrá “todos los recursos necesarios” para que la ciudad autónoma “volverá a la normalidad”. Al tiempo, ha acusado a PP y Vox de hacer una “oposición destructiva” y de buscar la foto de la crisis de Ceuta para ganar votos pero no querer que se resuelva. “Ceuta saldrá adelante pese a que se han instalado en el cuánto peor para España mejor para nosotros”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno se ha referido a la situación de la ciudad fronteriza en la Fiesta de la Rosa, el mitin anual que el PSC celebra en la localidad Barcelonesa de Gavá y en que este año ha participado Sánchez. Delante de los sociales catalanes, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por haber hecho “el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros; 80 millones de euros antes de que acabe el año y, a principios octubre, autónomos y pequeños empresarios recibiendo transferencias directas”, ha dicho.

Acogido con vítores por la militancia socialista, que le ha dedicado gritos de “no estás solo” al inicio del acto, Sánchez ha lanzado todos sus dardos contra los dos principales partidos de la derecha, de quienes ha pronosticado que van a perder “tanto las municipales de 2027 como las generales de 2027”.

“PP y Vox tienen diferentes siglas, pero la misma agenda. Van en el mismo coche y comparten ruta y prejuicios”, ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha calificado de hecho que “socava la democracia” las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para suspender el voto de 400.000 nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. “El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a criticar una decisión que obviamente no comparto, pero no voy a perdonar a PP y Vox por plantear este recurso”, ha afeado.

“El voto se protege y se ejerce. No vamos a aceptar españoles de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera”, ha continuado Sánchez. En la misma línea, ha subrayado que la ley de nietos es análoga a la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, acordada con un gobierno del PP, o a los saharauis, votada hace dos semanas y apoyada también por el PP. “Es una ley de 2022 que el PP siempre había apoyado”, ha resaltado Sánchez, que ha considerado que el Alberto Núñez Feijóo hace seguidismo de Vox.

Sánchez también ha guardado unos minutos para recordar el escándalo del ático en el que se ha enmarañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se han gastado seis millones de euros en el aticazo, y 20 o 200 páginas después aún no sabemos la versión oficial”, ha recalcado Sánchez. “Ayuso dijo que era un despacho oficial, Feijóo que era una residencia oficial… falta Aznar, que dirá que es un coworking”, ha cargado en tono humorístico.

En un domingo en el que Sánchez ha coincidido en Catalunya con Feijóo, que participaba en un acto en Badalona, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje en clave catalana a favor de la reforma de la financiación autonómica.

“Resulta inconcebible que el PP y Vox voten en contra de tener mes recursos económicos para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas”, ha dicho, porque la nueva financiación va a dar a las comunidades más de 21.000 millones de euros. “El único que pierde aquí es el Gobierno, que no va a poder disponer de esos 21.000 millones”, ha dicho.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervenido antes que el presidente, ha reclamado “comparar” las políticas que hacen los gobiernos donde mandan los socialistas de aquellos gobernados por la derecha. Por eso, ha dicho, la elección es “Trump o Sánchez” y, también, “Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez”.

En la misma línea, Illa ha pedido a Feijóo que se “quite los complejos” y haga autocrítica. “¿Vas a reconocer una vez por todas que la amnistía ha funcionado en Catalunya? ¿Que la convivencia ha funcionado?”, le ha preguntado, tras asegurar que la derecha no tiene proyecto par Catalunya ni para España.

Pasear con Manuel Delgado (Barcelona, 1956) por el Raval es toda una experiencia. El sociólogo y catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) se acaba de jubilar a los 70 años después de toda una carrera que le ha valido convertirse en una eminencia. Si desde la Facultad de Historia hasta el bar donde se realiza esta entrevista no le han parado cinco personas, no le ha parado nadie. Uno, incluso, se ha hecho un selfie con él.

“Que no soy el Mesías”, va repitiendo entre murmullos, mientras avanzamos hacia la terraza. Este académico debe buena parte de su fama a un carácter irreverente que le ha llevado a hacer vida, estudios y docencia en la calle. Entendiendo que la antropología urbana tiene que salir del aula, se ha llevado a sus alumnos a manifestaciones, plazas e, incluso, a observar a los buscadores de ovnis de Montserrat.

De hecho, presume que todas las tutorías las ha realizado en bares. Lo dice mientras nos pide a todos una caña y se enciende un cigarro (“No te importa, ¿verdad?”), dispuesto a hablar de su nuevo libro. Todas las ciudades están poseídas (Capitán Swing, 2026) es un tratado sobre el poder de la rebeldía y la importancia de mantener la vida y el conflicto en las calles, por mucho que el sistema luche por erigir urbes que se parezcan a los renders, en los que todo el mundo parece feliz, pero nadie tiene motivos para estarlo.

Su libro explica cómo, aunque el sistema pretenda mantenernos a raya, las ciudades siempre tienden al conflicto, al caos. Viéndole, no puedo evitar hacer un paralelismo con la academia y sus métodos docentes, que se salen de lo canónico. ¿Se considera conflictivo?

¿Yo? ¡Si soy un maldito catedrático! Llevo 40 años decidiendo sobre el futuro de mis alumnos, soy parte de la institución. ¿Crees que puedo presumir de ser un marginado periférico? ¡Qué va! Si soy, por así decirlo, el puto amo. He obtenido los máximos reconocimientos académicos, saco libros muy citados, publico en revistas indexadas… Soy, incluso, un profesor muy severo. ¿Por qué la gente me ve como conflictivo? Pues muy sencillo, porque saco a los alumnos a la calle y porque hago las tutorías en un bar. Eso es lo más desconcertante que he hecho. ¿Es incompatible una cosa con la otra? No, por mucho que haya quien pueda creer que sí.

Entonces, ¿caos sí, pero normas también?

Totalmente. Vuelvo a las ciudades y a mi libro. El último capítulo lo dedico a Dionisio, entendiendo siempre que él no puede existir sin Apolo. No son contrarios, sino complementarios. Tiene que existir una estructuración de la vida social sometida a principios y reglas, pero también debe haber espacio para lo informal y lo creativo.

No estoy en contra del poder ni de la planificación. De hecho, soy absolutamente partidario de un poder severo, rígido y duro que esté en condiciones, por ejemplo, de controlar el precio de la vivienda. Y, a la vez, que me deje hacer una hoguera de Sant Joan frente a mi casa o que los vecinos se arranquen en un concierto cuando quieran.

Es verdad que las normativas de civismo le impiden hacer esas cosas. Por eso, ahora, las hogueras y los conciertos los organiza, controla y acota el Ayuntamiento. ¿Le sirve?

No. Pido que gestionen y fiscalicen lo importante y que a mí me dejen en paz y permitan esa dimensión vital y vitalista de la vida urbana. De ello depende nuestra vida cotidiana. No es tanto lo que pido. Pero, en cambio, lo hacen al revés: vigilan lo que tendría que estar a merced de la libertad vitalista y lo que sí debería ser vigilado se ha dejado en manos de la libertad de mercado.

Dice que todas las ciudades están poseídas por el conflicto. La única que se me viene a la mente que esté libre de conflicto es la Ciudad del Vaticano, que es la ciudad menos ciudad que he visitado.

Porque no es una ciudad ni funciona como tal. Por eso no hay conflicto, porque no hay vida. Aunque parezca una ciudad, por mucho que tenga calles y edificios en los que viva gente, nunca será una ciudad si no hay quien se apropie de esos espacios de manera imprevisible.

Diferencia cultura urbana de la cultura urbanística. ¿Es eso?

Exacto. Tenemos a los urbanistas, que creen que las ciudades se pueden planificar para que sean exactas a sus maquetas. Pero eso no es más que una representación. La ciudad real está poseída por lo urbano; es decir: la vida. Y ellos, de eso, no saben absolutamente nada. Al contrario; lo temen y lo desprecian porque es incontrolable.

Los urbanistas, así como algunos profesores de antropología, intentan reducir la vida a teorías. Pero la vida es irreducible y no cabe en una maqueta ni en una aula.

El conflicto devalúa el producto pero, a la vez, una ciudad que no tenga conflicto no tendrá esencia y, por tanto, estará muerta

El neoliberalismo odia el conflicto. Pero muchos de los conflictos están provocados por las desigualdades que el propio sistema genera. ¿No es eso contradictorio?

Lo sería si fuera posible generar ciudades equitativas, pero no se puede. Por eso, las ciudades se alimentan de eso que las altera: están a merced de las lógicas de mercantilización y el conflicto devalúa el producto, pero, a la vez, una ciudad que no tenga conflicto no tendrá esencia y, por tanto, estará muerta. Se convertirá en la Ciudad del Vaticano y eso tampoco es un buen producto.

Ha habido muchos intentos de mercantilizar el conflicto. Se ha hecho en Nueva York con los tours guiados por el Bronx o Harlem; en Copenhague con Christiania o en Barcelona, con su pasado anarquista o el mismo barrio del Raval. ¿Funciona?

Para el mercado, puede. Para la gente que cae en la trampa no acostumbra. Muchos de los que vinieron a vivir al Raval, atraídos por esta imagen canalla, han acabado colgando en sus balcones pancartas que dicen “Queremos un barrio digno”. Como si el barrio, antes de ellos, no fuera digno…

¿Qué es la dignidad, profesor?

Es lo que, a duras penas, intento mantener yo sin conseguirlo. Es no tener vergüenza de uno mismo.

¿Las ciudades siempre son dignas?

La vida urbana es digna porque es vida. Porque está hecha de gente que intenta, de una manera u otra, no sentir vergüenza. Por tanto, sí: todas las ciudades y todos los barrios son dignos. Lo que no es digno son las ciudades monitorizadas, en las que el conflicto ha desaparecido. El orden, la uniformidad y la previsibilidad, palabras que les encantan a urbanistas y políticos, no son dignas.

Menciona el orden, que da nombre a una de las políticas estrella de Jaume Collboni, el Pla Endreça (Plan Ordena), para acabar con la delincuencia, la suciedad y “poner orden” en Barcelona. ¿Cree que es una política pública que desdignifica?

Pues sí. Porque intenta expulsar a la gente más digna que vive en esta ciudad. Quiere echar a cualquiera que desmienta la utopía de clase media, a aquellos que no vayan a juego con el mobiliario urbano de diseño. Expulsa a la clase trabajadora que ya no puede permitirse vivir aquí.

En el libro dice que “rehabilitar una zona es inhabilitar a sus vecinos para que vivan en ella. Reformar es expulsar”. ¿Está, pues, en contra de las intervenciones urbanas como los ejes verdes o las pacificaciones?

Estoy en contra de cualquier intervención que automáticamente se convierta en expulsión. No puedo oponerme a que se mejore la calidad de vida, pero el miedo que me genera es que, cuando diseñan estos “espacios de calidad”, los vecinos se deben preguntar si ellos son suficientemente de calidad como para seguir viviendo allí, si están a la altura del barrio en el que siempre han vivido.

No estoy contra el Estado ni el Gobierno. De hecho, me quejo cuando no están y no hacen su trabajo

Y de ahí su exigencia de un poder rígido que controle el precio de la vivienda.

Claro, porque la vida urbana no se puede dejar en manos de la espontaneidad absoluta ni esperar que la regulen las energías vitales. Si no eres capaz de matizarlo, es un discurso que le encantaría al mercado neoliberal. Insisto: no estoy contra el Estado ni el Gobierno. De hecho, me quejo cuando no están y no hacen su trabajo. Mi crítica es contra un poder que no se sabe poner al servicio de la ciudadanía, sino que se ha vendido al mercado y a la depredación.

Asegura que el poder en las ciudades, hoy en día, está en manos de la cultura, que se ha convertido, dice, en “la nueva religión de Estado”. ¿A qué se refiere?

Pues a que es incontestable. Tú puedes estar en contra del capitalismo, pero ¿puedes estar en contra de la cultura? Claro que no. Es una categoría que impide cualquier impugnación y de ahí que lo vincule con la cuestión religiosa. La cultura es ideal para convertirse en un mecanismo para elevar la moral de los territorios. Lo que hace es edificar nuevas catedrales que representan el saber y la belleza y los aísla de entornos empobrecidos, estableciendo diferencias y siendo un recordatorio constante para los vecinos de que ellos no son dignos de lo que sucede dentro.

En el Raval, con el MACBA, el CCCB o la misma universidad en la que yo enseñaba, se intentó limpiar y dignificar el barrio. Son moles que recuerdan que lo importante está dentro y lo de fuera es una mierda que no vale la pena, que allí sólo hay gente que ha cometido el pecado imperdonable de existir. Pero claro, la cultura es tan solemne que inmoviliza cualquier crítica porque, claro ¿cómo puedes no querer un museo en tu barrio?

Usted se posicionó contra las capitalidades culturales de Donosti o Málaga, así como contra el Fòrum de les Cultures de Barcelona en 2004. Ahora la capital catalana está volviendo a apostar por macroeventos como la Copa América o el Tour de Francia. ¿Qué opinión le merece?

Pues que intentan convertir la ciudad en un plató a la espera de que nosotros hagamos de figurantes, nos pasemos el día sonriendo y felices de vivir en la mejor tienda del mundo.

¿Ve solución para ciudades como Barcelona?

Sí... No lo sé. Socializar el suelo.

¿La solución pasa por políticas públicas?

Yo es que creo que la alternativa es el socialismo. Lo digo en serio. ¿O es que ya no tenemos derecho a ser de izquierdas? Ya sé que el socialismo no es infalible y no eliminará la desigualdad, pero sí podemos generar sociedades que no se nutran de la pobreza. Es todo una mierda y estamos ante un colapso civilizatorio, pero, aunque suene utópico, siempre nos quedarán las calles. Y eso no nos lo quitarán nunca, por mucho que lo intenten.

Estamos ante un colapso civilizatorio pero, siempre nos quedarán las calles. Y eso no nos lo quitarán nunca

Entonces no todas las soluciones vienen de las políticas públicas. Dígame algo que haya pasado en la calle recientemente y que le haya dado esperanza.

Por las fiestas de la Mercè de la pandemia, Ada Colau [entonces alcaldesa de Barcelona] anunció que, ese año, no habría conciertos en la calle. ¿Y qué pasó? Pues que miles de jóvenes salieron a emborracharse a Montjuïc. No es que me alegre que pasara, pero es una muestra de que en las ciudades pasan cosas y de que puedes planificar lo que te dé la gana, hacer mapas y croquis... Pero la vida es imprevisible.

Insisto: no es que me guste, pero cuando hay pequeños incidentes o sustos en barrios que han sido intervenidos para que dejaran de ser marginales, no puedo dejar de alegrarme un poco al ver que la rebeldía no ha sido domesticada.

El Raval es uno de esos barrios que se ha intentado gentrificar de todas las maneras posibles. ¿Por qué resiste?

Porque no se puede expulsar la pobreza, la miseria y la desigualdad por decreto. Lo han intentado todas las dictaduras, pero no se puede. Las puedes esconder más o menos, pero al final siempre salen a la luz. Ya sea en forma de contenedor quemado en una protesta o de un robo durante el día.

No puedo tener ninguna simpatía por la pobreza, pero lo que quiero es que, si existe, se vea. Si hay prostitución, que se vea. Sólo viendo esas cosas podremos pensar cómo cambiarlas y modificarlas, en caso de que sea necesario.

¿No es siempre necesario intervenir la pobreza?

Como fenómeno social, puede ser social y políticamente modificado, pero siempre con la idea de intervenir en el hecho, no sobre las personas. Nos guste más o menos la pobreza, las personas pobres tienen derecho a existir. Y ese es el problema del poder, la clase media o del turismo de masas; le molestan y quiere acabar con los pobres, pero no con la pobreza.

Pero lo que olvidan es que la vida siempre sobrepasa y tiene la última palabra. Por mucho que urbanistas, arquitectos y políticos crean que la dominan. Si hay una institución fundamental para la vida urbana es la calle. Este bar es una institución y tiene mucho poder.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este sábado con el de Nueva York, Zohran Mamdami, donde han compartido experiencias mutuas en políticas de vivienda, cooperación internacional entre ciudades, resiliencia climática y ayudas públicas para el suministro de alimentos. Inspirado en la experiencia de la ciudad norteamericana, Collboni ha anunciado que Barcelona iniciará la apertura de supermercados asequibles, trasladando a Europa la experiencia neoyorquina impulsada por Mamdami.

Según aseguró el barcelonés, la implantación de estas tiendas comenzará por el barrio de la Marina y tendrá como objetivo “garantizar bienes básicos de primera necesidad de forma asequible para las familias trabajadoras y las clases medias”. El comercio estará gestionado por una ONG, dentro de un edificio municipal. El proyecto también se vinculará a un programa de formación profesional. La propuesta de los comercios con productos de precios ajustados fue una de las ideas que el alcalde demócrata lanzó durante su campaña electoral en Nueva York.

El encuentro bilateral que han protagonizado Collboni y Mamdani se ha mantenido en paralelo a la cumbre de ciudades U20, que se celebra en la ciudad estadounidense estos días. Collboni y Mamdami coincidieron en la importancia de las relaciones entre grandes ciudades en un momento de tensión internacional.

Al finalizar, el alcalde barcelonés ha dicho que ambos mandatarios están convencidos de que “en un momento en el que las democracias en muchos países están amenazadas y donde el multilateralismo es atacado y menospreciado también por muchos de estos países, es más importante que nunca que las ciudades del mundo tengan contacto, intercambio de informaciones, y activen todas las redes internacionales que esté”.

Uno de los grandes retos de las grandes ciudades es el de la vivienda. Collboni explicó a su homólogo la regulación de los precios del alquiler y la futura prohibición de los pisos turísticos. Sobre resiliencia climática, Mamdami se ha interesado por el plan de climatización de escuelas de Barcelona, pagado con la tasa turística.

Cumbre de grandes ciudades

Collboni tiene previsto participar en una serie de reuniones y sesiones públicas y de trabajo, junto con la comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Jiménez, con el objetivo de afianzar el liderazgo de la capital catalaan en el ámbito internacional en la lucha por garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

La cumbre de ciudades U20 se celebra en Nueva York del 19 al 21 de septiembre. En la edición de este año las tres prioridades clave, sujetas a debate y acuerdo por parte de todas las ciudades participantes del U20 serán la vivienda asequible y el sinhogarismo; la acción climática, la sostenibilidad y la resiliencia; y la protección de las comunidades inmigrantes y la movilidad humana. De esta cumbre surgirá un documento de conclusiones y propuestas, el llamado 'Communiqué', a fin de que las ciudades les entreguen a sus jefes de gobierno y de Estado y que lo tengan en consideración para la próxima reunión de la plataforma G20 que se celebrará en diciembre en Miami.

Este domingo, el alcalde participará en la sesión 'Vivienda, asequibilidad y el derecho a quedarse', que encabeza junto con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y donde ambos harán valer políticas de vivienda que están impulsando en sus ciudades. También participarán representantes municipales de Nueva York, Roma, San Diego, Rotterdam y Los Angeles. En este panel el alcalde compartirá las principales políticas de vivienda que se están llevando a cabo en la ciudad de Barcelona, sus efectos y defenderá el derecho a quedarse de los vecinos en las ciudades.

Un encuentro de ciudades para influir en las decisiones de los Estados del G20

Fundada en 2018, Urban20 (U20) es una plataforma de diplomacia urbana que reúne anualmente las principales ciudades de los países miembros del G20, con el objetivo de compartir y crear recomendaciones políticas para los líderes del G20 sobre aspectos como la economía, el clima y el urbanismo sostenible. La iniciativa U20 está convocada de forma permanente por C40 Cities -una red global de alcaldes- y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), bajo el liderazgo de una o dos ciudades de acogida, que cambian cada año. Este año, son las ciudades de Nueva York y Los Angeles. Nueva York acoge ahora la cumbre de alcaldes, mientras Los Angeles acogió la reunión de equipos técnicos (sherpa meeting) el 11 y 12 de mayo.

En esta edición de la cumbre del U20, participarán alcaldes y representantes de 38 ciudades. Aparte de Barcelona, participan: Amsterdam, Atlanta, Boston, Bristol, Buenos Aires, Chicago, Copenhague, Denver, Freetown, Manchester, Helsinki, Estambul, Esmirna, Yakarta, Johannesburgo, Kitchener, Konya, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Milán, Montreal, Nueva York, París, Chile, Sao Paulo, Seattle, La Haya, Tokio, Turín, Toronto y Tshwane.

Laure Vega ha sido ratificada como candidata de la CUP por Barcelona a las elecciones municipales de mayo de 2027. La CUP ha avalado este sábado su designación como cabeza de lista de la formación, una vez culminado el proceso interno de la candidatura, impulsada por la CUP, Comunistas y personas a título individual. La diputada ha aceptado el nombramiento como un “honor”, y ha esbozado las líneas de su candidatura.

“Si nos presentamos es porque nos están robando Barcelona; las promesas más básicas se han roto”, ha manifestado Vega en referencia al coste de la vida, el problema del acceso a la vivienda o el uso del catalán en la ciudad. La diputada de la CUP en el Parlament ha confirmado que si se convierte en concejala dejará su escaño, pero no antes.

Vega encabezará la candidatura unitaria impulsada por la CUP, Comunistas y activistas de Barcelona. La candidatura se define como un espacio “amplio, independentista y anticapitalista”. Los anticapitalistas quieren revertir la situación de los últimos años en la capital catalana. En las dos últimas elecciones municipales, las de 2023 y 2019, la candidatura no ha obtenido representación en el Ayuntamiento de Barcelona. En 2019 la formación independentista perdió a los 3 concejales que había conseguido en 2015.

Laure Vega será la cabeza de lista, y el resto de nombres todavía no se han anunciado. La candidatura prepara un acto público para el 17 de octubre, en Barcelona, para presentar el proyecto político de cara a las elecciones municipales.

Este sábado, la candidata ha agradecido su nombramiento, y ha dicho que cuenta no sólo con el apoyo de las organizaciones sino también de “muchísimas personas” del tejido vecinal y de los movimientos social, “la gente que está haciendo que esta sociedad sea un poco habitable”. “Y eso quiere decir que es un honor representar esta candidatura”, ha remachado.

“Nos están robando Barcelona”

El día de su nombramiento, Laure Vega ha argumentado que la CUP se presenta a las elecciones municipales en la capital catalana con una proclama: “Nos están robando Barcelona”. Para sostenerlo ha enumerado algunas situaciones que la formación quiere revertir. “Las promesas más básicas están rotas: Tú puedes trabajar 40 o 48 horas y eso no asegura que puedas quedarte de tu casa, que puedas quedarte en tu casa, del calor en un verano que ha sido infierno”, ha dicho. En segundo lugar, ha seguido, “sufrimos una humillación constante: es imposible vivir en tu lengua en esta ciudad, esto no tiene ningún sentido, no podemos seguir manteniendo un modelo depredador del turismo”.

Preguntada por si mantendrá su escaño en el Parlament en caso de ser elegida como concejala en Barcelona, ha aseverado que la CUP “tiene muy claro” que no se pueden acumular cargos, pero en todo caso ha aplazado su adiós a la cámara catalana hasta el día de las elecciones, en caso de que salga elegida. “Ahora mismo estamos en una carrera, la de las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, yo mantendré mi escaño de diputada hasta que entremos en el Ayuntamiento de Barcelona”, ha expuesto.

Cada vez vemos con más frecuencia carteles sospechosamente similares. Mismo estilo, composiciones parecidas, textos simétricos, colores saturados y un exceso de elementos decorativos. Y, si nos fijamos bien, podemos encontrar personajes con seis dedos, bailarinas sin brazos y otras incoherencias. Son imágenes generadas únicamente con Inteligencia Artificial, realizadas en cuestión de segundos; lo mismo sirven para anunciar el cierre por obras de una cafetería, la próxima apertura de una escuela de idiomas o un viaje en autocar a Peñíscola.

Este verano se desató la polémica porque la moda de los carteles exprés, sin inteligencia humana, llegaron a fiestas mayores de pueblo e, incluso, a concursos públicos para escoger el cartel de alguna feria. Los dibujantes y diseñadores gráficos consultados por elDiario.es, tres profesionales especializados en cartelería musical afincados en Catalunya, lamentan que empresas y administraciones usen o permitan esta tecnología con el único objetivo de abaratar costes.

“Es muy triste que los ayuntamientos, con los presupuestos que manejan, prefieran tirar por lo fácil con la IA para no pagar 500, 600, 1.000 o 5.000 euros, a un verdadero profesional por el diseño de un cartel o un póster original”, protesta Xavi Forné, un diseñador gráfico con más de 25 años de experiencia. “Seguro que hay ilustradores y diseñadores sufriendo con su irrupción, como puede sufrir un traductor o un programador informático. En mi caso, tengo la suerte de que las bandas y los festivales que me contactan buscan mi estilo, mi personalidad, y eso todavía no puede ofrecerlo la IA”, añade.

Forné tiene a su favor su trayectoria, una carrera que arranca en la escena más underground con un cartel alternativo para el Chola Crew Festival en 1999. “Era un póster muy cutre con un montón de bandas de rock, punk y hardcore”, advierte con una sonrisa. “Hecho con Word, porque entonces no tenía ni idea de que existían otros programas”. A partir de aquí, no dejó de diseñar carteles y merchandising para bandas amigas y se matriculó en un grado superior de Gráfica publicitaria donde aprendió la teoría del diseño y el funcionamiento de programas como Photoshop e Illustrator.

Su punto de inflexión profesional fue doble: el encargo de la gráfica para el Primavera Sound de 2013 y dos pósteres para la banda estadounidense The Black Keys el mismo año: “Aquí me di cuenta de que podía vivir de esto y dejé otros curros para convertirlo en mi trabajo principal”.

Para Forné, una diferencia clave entre la IA y otras tecnologías aplicadas al diseño es el grado de implicación humana. “Canva, por ejemplo, te hace trabajar de alguna manera, porque tienes que pensar primero una idea, escoger cómo organizar los elementos… Y, al final, sientes que lo has hecho tú. La Inteligencia Artificial es un robot que trabaja para ti y eso me parece incluso perjudicial. No podemos acostumbrarnos a dar órdenes para que nos hagan las cosas”, subraya.

El diseñador gráfico Pol Abran, cofundador de Branca Studio, va más allá y denuncia que toda herramienta de IA generativa ha estado entrenada con “trabajos robados”; es decir: sin la autorización expresa de los creadores. “Estoy a favor de la tecnología, porque yo uso programas de edición, pero no utilizo la Inteligencia Artificial en mi arte por motivos éticos”, puntualiza Abran. Solo la usaría, sostiene, si entrara a trabajar en un estudio por cuenta ajena y le obligaran a usar esa tecnología por razones de productividad. “Eso es lo que le pasa a muchos diseñadores asalariados, que no se pueden negar”, asegura.

Branca Studio abrió sus puertas en 2015 con la idea de dar servicio a todo tipo de clientes. “Nunca pensé que me podría ganar la vida especializándome en música, pero tuve la suerte de posicionarme bien cuando redes sociales como Instagram todavía mostraban publicaciones de manera cronológica, sin tanto algoritmo”, rememora el cofundador de una agencia con merchandising propio y más de 84.000 seguidores en Instagram.

Respecto a los polémicos carteles hechos mediante IA pagados por ayuntamientos, Abran es pesimista y no espera ninguna regulación. “Nuestros representantes políticos parecen estar muy a favor de la IA y no paran de impulsar políticas para implementar esta tecnología en todas partes. En la educación, en la medicina… Y nos puede salir muy caro. Al final, los ricos tendrán un médico y a nosotros nos hará el cribado un robot”, pronostica.

Imitaciones sin personalidad

Para el creador e ilustrador Joel Abad, la inteligencia artificial generativa nunca podrá competir con un humano si se trata de realizar trabajos profesionales. “Puede hacer un trabajo del cole, puede hacer una canción para una fiesta de cumpleaños y puede hacer un cartel para salir del paso. He visto pocas cosas con IA que realmente me hayan hecho pensar que una persona no podría hacerlo mejor”, explica a elDiario.es este artista del lápiz que empezó haciendo carteles y portadas de discos para formaciones locales y ahora recibe encargos de bandas de primera división internacional del género como Against Me!, Rancid o NOFX.

Abad estuvo este verano en el legendario festival itinerante Warped Tour, concretamente en la jornada en Long Beach, California. El póster era suyo y estuvo en una de las casetas firmando carteles. “Fue un sueño cumplido. Son muchos años de trabajo, de esfuerzo para estar al nivel de los referentes a los que admiras cuando empiezas, de echarle muchas horas para mejorar”, explica un ilustrador que todavía siente las mariposas en el estómago cuando recibe en su bandeja un correo electrónico de alguna banda rock que le gusta.

Y si le llegan muchas propuestas es justamente porque buscan sus ideas y su trazo humano, algo que, de momento, no puede ofrecer la IA. “Con el tiempo es posible que la máquina pueda imitar mi estilo, el tipo de línea, cómo uso el color, mis composiciones, pero estoy convencido de que le faltará personalidad y, sobre todo, alma”, remacha.

Aun así, hay muchos ilustradores que se han llegado a sentir frustrados y bloqueados ante la irrupción de la IA. Eso le ha pasado a Xavi Forné. Pero no se ha dejado vencer por el contexto y ha decidido explotar aquello que hace únicos a los humanos. “He vuelto a los rotuladores [digitales, usando una tableta gráfica] para ofrecer un producto todavía más artesanal”, apunta este artista. “Si dibujo a mano necesito mucho más tiempo y aplicar los cambios que pueda pedir el cliente puede ser más complicado, pero me encanta, me siento distinto”.

Después de ver tantos carteles casi clónicos por todas partes, el trazo humano podría volver a imponerse y a destacar frente a una masa de diseños genéricos y repetitivos. “Cuatro líneas dibujadas con corazón pueden tener mucha más gracia que un dibujo superbién acabado hecho con IA”, opina Abad, quien trabaja siempre a partir de ideas y bocetos, buscando siempre la mejor manera de transmitir un mensaje.

Por su parte, Abran también se muestra preocupado por la homogeneización visual que se produce fuera de las pantallas, en las calles de las ciudades. Pasa, explica, por la sustitución paulatina de comercios de toda la vida por franquicias y grandes cadenas. De esta manera, desaparecen rótulos con encanto, la mayoría realizados a medida y de manera artesanal, y aparecen otros mucho más modernos y con un estilo parecido.

Para preservar unos objetos que forman parte importante del paisaje urbano y emocional, Abran y una veintena de colegas del diseño crearon el colectivo sin ánimo de lucro Patrimoni Gràfic Sabadell (PGS) hace justo un año, y por ahora ya han conseguido rescatar una veintena de rótulos, cada uno con su estilo, su tipografía y una historia única. Siempre, subraya, con la debida autorización de sus propietarios.

Hace ya diez años que Clara Sanchis lleva a los escenarios Una habitación propia, de Virginia Woolf, y hasta ahora nunca había tenido problemas para anunciar el espectáculo. Pero este septiembre, al intentar promocionarlo con motivo de sus funciones en el Teatre Raval de Barcelona, se encontró con un obstáculo inesperado: Instagram y Facebook se lo han tumbado.

En un comunicado, el Teatre Raval y Sanchis se muestran indignados no solo por el rechazo, sino sobre todo por los motivos esgrimidos por Meta, la empresa a la que pertenecen ambas redes sociales. En sus explicaciones, alega que no pueden publicar anuncios sobre “temas sociales, elecciones o política” en la Unión Europea, puesto que aseguran que infringe sus normas de publicidad. 

En sus respuestas, desde Meta van más allá y alegan que Virginia Woolf, una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura del siglo XX, va asociada a aspectos que su política de anuncios tiene vetados. “La mención de derechos civiles, feminismo o reformas sociales (temas centrales en la obra de Woolf) suele ser clasificada como 'tema social' por nuestros sistemas automáticos”. Y estos “temas sociales” son los que activan su rechazo. Una habitación propia es uno de los ensayos más conocidos de Woolf y una obra fundamental para el pensamiento y el activismo feminista.

“Estamos consternados ante la imposibilidad de poder publicitar el espectáculo en este medio, es decir, hacer conocedor al máximo de personas posibles que este espectáculo existe y se está haciendo”, lamentan la actriz y la productora de la obra. 

Señalan además la paradoja de haberse encontrado con esta censura justo un día después de celebrar un coloquio posterior a la obra con la periodista Cristina Fallarás y la actriz Vicky Peña que versó sobre la necesidad de defender el feminismo “ante las actitudes fascistas y patriarcales”. Debatieron precisamente sobre “la imposición machista de las altas esferas y las grandes corporaciones”, para luego encontrarse este viernes con el rechazo a Woolf por parte de uno de los gigantes de las redes sociales. 

Desde Teatre Raval insisten en que se trata de una “injusticia” . Pero no son los primeros en denunciar esta política publicitaria de Meta. Hace casi un año, las ONG denunciaron que la empresa de Mark Zuckerberg apelaba a una nueva ley europea para retorcerla y acabar censurando sus anuncios sobre “causas sociales”. 

Los Bomberos de la Generalitat, unos 800 según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona para exigir unas condiciones laborales dignas y los recursos necesarios para tener un cuerpo preparado ante los nuevos retos en emergencias. Los bomberos se han concentrado en la plaza Sant Jaume y han ido en manifestación hasta el Departamento de Interior.

Los manifestantes, con bocinas y pirotecnia, han reclamado recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como mejorar los equipos de trabajo y, en concreto, la gestión de los contaminantes. Desde la CGT, Joan Vidal ha afirmado que reclaman un incremento de salario, pero que la protesta no va solo de eso, sino que quieren “más formación, una estructura de apoyo real, gestión de los contaminantes o una feminización real del cuerpo”.

Sobre la gestión de los contaminantes, Vidal ha explicado a los medios que la situación es “bastante grave”. “La última aportación de la administración fue traernos jabón de manos y unos cepillos”, ha asegurado. Ha añadido que los bomberos están expuestos a los tóxicos, por ejemplo al humo en incendios, y ha lamentado que acaben limpiando ellos el material, cuando ha considerado que debería ser una empresa especializada quien lo hiciera o gente “con la formación adecuada”.

Ha augurado también que vendrán “tiempos difíciles” en lo que respecta a las emergencias, y por eso ha reivindicado la estructura y los recursos necesarios para poder afrontar esta situación.

Desde Bomberos Voluntarios Precarios en Lucha, Daniel Sitjà, ha reivindicado que todos son trabajadores, también la figura del bombero voluntario, y por eso ha dicho que deben tener garantizada también la prevención de riesgos laborales. “La prevención de riesgos laborales no la podemos tener si no tenemos derechos laborales”, ha manifestado.

Por otra parte, el responsable de UGT Bomberos de la Generalitat y sargento del cuerpo Antonio del Río ha exigido al Govern que cumpla los acuerdos alcanzados hasta 2026 y ha dicho que el cuerpo está afrontando emergencias con estructuras “obsoletas y debilitadas por años de desinversión”.

Del Río ha planteado también la necesidad de crear “un nuevo cuerpo de país” que aglutine a los Bomberos de Barcelona, los de la Generalitat, Protección Civil y las emergencias médicas. “Parece utópico, pero es lo que necesita un país como Catalunya”, ha declarado. Asimismo, ha considerado que “no es aceptable” que la respuesta a una emergencia “sea diferente” según si te atienden los bomberos de Barcelona o los de la Generalitat. Ha añadido que esta diferencia también se ve en las condiciones laborales de los profesionales de un cuerpo y del otro.

Además, ha planteado que los “esfuerzos” que está haciendo la Generalitat al aportar más recursos, material e infraestructuras, “muchas veces chocan con la improvisación y la falta de planificación”.

Protesta y reunión en Interior

La manifestación ha acabado en el Departamento de Interior, donde se estaba produciendo una reunión entre los sindicatos y miembros de la consejería. Los bomberos se han encontrado el acceso principal protegido con una doble valla y presencia de los Mossos d'Esquadra. Los manifestantes han hecho mucho ruido, con bocinas y pirotecnia, y también han lanzado botes de humo. Además, han encendido unos palés de madera en los que había una pancarta con los nombres de algunos compañeros muertos en los últimos años mientras trabajaban.

Uno de los delegados sindicales participantes en la reunión ha salido y ha valorado que el encuentro había empezado “muy mal”, pero que había mejorado después. Según ha relatado, les han hecho una primera propuesta para alcanzar el sueldo mínimo que tienen los Bomberos de Barcelona –que es superior– , “pero ampliando la jornada”, algo que ha asegurado que no aceptarán. Por otra parte, ha dicho que les han hecho una propuesta de gestión de los contaminantes “imprecisa” y que se había hablado del tema de los bomberos voluntarios “por encima”. Con todo, se ha mostrado optimista sobre las conversaciones.

Joan Busquets, el maqui apodado como El Senzill, que pasó 20 años encarcelado durante el franquismo, se ha querellado contra sus torturadores. A sus 98 años, este ex guerrillero ha viajado en coche a Barcelona desde su residencia en Normandía, Francia, para anunciar con esta denuncia que continúa su lucha en defensa de la memoria histórica. 

“Hay que actuar, y seguir al pie del cañón contra las injusticias”, expresaba Busquets, uno de los últimos maquis que quedan con vida, en una charla por teléfono con elDiario.es este miércoles. En su denuncia, acusa a siete de los funcionarios del Penal San Miguel de los Reyes, en Valencia, de delitos de lesa humanidad y lesiones empleando tortura. 

Además de su querella, Busquets, que protagoniza el documental Joan Busquets, l’últim maqui, ya inició en 2024 una reclamación económica contra el Estado por los daños sufridos durante su encarcelamiento. Su solicitud, de un millón de euros, fue rechazada, puesto que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no prevé indemnizaciones. Pero ahora han reabierto el procedimiento con nueva documentación. 

Tanto en la reclamación como en la querella, presentada el pasado julio en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia número 20, Busquets va de la mano de la CGT. Uno de los responsables del sindicato en la comarca del Berguedà, Pep Cara, es quien suele subir en coche hasta Normandía para conducirle a Barcelona. 

Torturas y negligencia médica

Nacido en Barcelona en 1928, Busquets llegó a la edad adulta como militante de la CNT en la posguerra más dura. Tras exiliarse un tiempo a Francia, regresó a España como guerrillero del grupo de Marcelí Massana. A los 20 años, cayó detenido tras un golpe con explosivos para derribar una cincuentena de torres alta tensión en Terrassa. 

Lo condenaron a muerte, aunque le conmutaron la pena a 30 años de cárcel, que luego serían 20. De ellos, 15 los pasó en San Miguel de los Reyes, donde sufrió enfermedades y malos tratos. En concreto, tras un intento de fuga en el que se rompió el fémur, le dejaron tirado en una celda de castigo donde estuvo a punto de morir. “La pierna me supuró durante 50 años por culpa de ello”, recuerda Busquets, al que dieron la invalidez una vez ya en Francia precisamente debido a esa dolencia. 

En la querella responsabiliza de esa negligencia a varios trabajadores del Penal valenciano. De entrada, a sus dos directores, Fernando Arnao García y Agustín Gómez Escolástica, pero también a funcionarios de los que recuerda el nombre completo o solamente el apodo: Armando Zapata, Carmelo, Carlos Caballé (el médico de la prisión), Señor Ramos (el oficial que le denegó asistencia médica), Elisardo El Sonriente, Señor Pereira, o Tejerío El sheriff. 

“La represión y la violencia fueron pilares fundamentales de la estrategia de los golpistas, tanto para asegurar el triunfo del propio golpe como para el sustento del régimen que se impuso como consecuencia de aquél”, sostiene la querella. El texto argumenta que el Derecho Internacional Humanitario, que se aplica en España, considera imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de lesa humanidad y de tortura. 

Pero el camino judicial que le espera a Busquets no parece dar pie al optimismo. Hasta ahora, las decenas de denuncias presentadas para investigar crímenes del franquismo han sido arhivadas en los juzgados. El Tribunal Constitucional lo avaló al considerar que la prescripción, la ley de Amnistía del 1977 o la inexistencia del delito de lesa humanidad durante el franquismo impiden abrir causas penales. 

De esta forma fueron tumbados casos como las torturas en Via Laietana de Barcelona, las que sufrió Julio Pacheco (que señalaba, entre otros, al comisario Villarejo), o los presos republicanos que hicieron trabajos forzados en Navarra. Nada de esto echa para atrás a Busquets, El Senzill: “Mientras no nos reconozcan, a los maquis, yo seguiré luchando”.

El cierre de comercios históricos, algunos de ellos centenarios, suele convertirse en noticia por el arraigo que mantienen entre sus clientes y vecinos. La falta de relevo generacional, el descenso de las ventas o el aumento de los alquileres son algunas de las razones que explican estas clausuras, cada vez más frecuentes entre negocios tradicionales.

Para frenar esta sangría, y proteger a los comercios emblemáticos, la Generalitat de Catalunya acaba de anunciar una reforma legislativa que incluye la compra preferente de estas tiendas cuando estén a la venta. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, dentro de un Plan de Protección de Ejes Comerciales Estratégicos. 

El descenso de estas tiendas históricas, a menudo especializadas, es una realidad: en Barcelona, por ejemplo, se han perdido una de cada cuatro mercerías, droguerías y pescaderías en una década. 

Para paliarlo, el plan anunciado por el Govern prevé adaptar la normativa catalana para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos puedan ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, que es la preferencia para adquirir inmuebles frente a otros compradores privados. Su intención es circunscribir este derecho a comercios que los municipios consideren “estratégicos”, ya sea por su valor histórico o patrimonial o por estar ubicados en ejes considerados “esenciales” para la vida vecinal. 

“El comercio ha dejado de ser una política económica para convertirse en una política urbana estratégica”, ha declarado Sámper. “Debemos disponer de herramientas para preservar establecimientos y ejes comerciales que contribuyen de forma decisiva a la vitalidad de nuestros barrios”, ha argumentado durante el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada vinculada a la capitalidad europea del comercio que ostenta Barcelona este año 2026. 

Barcelona ya prepara un fondo

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que preparan un fondo con el que empezar a desplegar estas adquisiciones. El objetivo, ha declarado, es “preservar la actividad” de estos establecimientos en los barrios. s.

Collboni ha concretado que se trata de negocios que, “por el papel que desempeñan en un eje comercial o porque garantizan un servicio necesario”, deben continuar abiertos.

“Haremos que un ayuntamiento pueda adquirir directamente locales comerciales emblemáticos o estratégicos que por sus características históricas o por el papel que juegan en un barrio se deben preservar”, ha explicado.

Joan Sala i Ferrer Serrallonga, probablemente el bandolero sobre el que más se ha escrito y cantado en Catalunya, nació en una imponente masía donde hoy ya no vive nadie. Es la Sala de Viladrau, una antigua casa señorial de 800 años, situada a las puertas del Parque Natural del Montseny. Desde hace unos años, un grupo de activistas por el patrimonio se ha propuesto una misión: salvarla del abandono.

La historia de La Sala de Viladrau se remonta al menos al año 1226, cuando aparece documentada como cesión de un clérigo local. Levantada sobre un pequeño montículo, perteneció a la familia Sala, la del bandolero Serrallonga, hasta el 1645. Con los siglos, se fue ampliando, entre otros elementos, con una torre defensiva que le valió la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). 

“Es una de las masías más icónicas de Catalunya”, reivindica Marta Lloret, técnica de patrimonio y presidenta de la Fundació Mas i Terra. “Nació como residencia señorial, aunque en la época de Serrallonga probablemente ya era una casa de payés”, sostiene. 

Dedicada durante siglos a la ganadería y al trabajo de los bosques, conserva todavía estancias como la sala de amasado de pan o el salador, para almacenar la carne de matanza. La Sala de Viladrau estuvo habitada hasta 2004, y aún albergó la actividad agrícola y ganadera hasta 2019 por parte de un masovero (la figura del labrador que vive en una masía y trabaja sus tierras sin ser el propietario). Después, la masía quedó vacía.

Tres años desde que se cedió

Poco después de que su último ocupante se fuera, Lloret se enteró de que el futuro de esta centenaria casa familiar estaba en peligro. Para entonces, esta técnica ya era conocida como la Caçadora de Masies, por la cuenta de Instagram con la que se dedica a rescatar del olvido este patrimonio arquitectónico. Quien la puso sobre la pista de la Sala fue nada menos que Quim Torra, el expresident de la Generalitat, informado a su vez por los dueños de la finca, que buscaban ayuda para revitalizarla. 

“Los propietarios habían contactado con algunas administraciones por si podían intervenir, pero no obtuvieron respuesta”, relata Lloret. No querían venderla, conscientes del valor histórico y cultural de la masía y de que el destino de estas transacciones suele ser la reconversión de este patrimonio en negocios turísticos, ya sean casas rurales u hoteles. 

Finalmente, los amos de la Sala cedieron su uso en 2023 a la Fundació Mas i Terra, que preside Lloret, un gesto que se vivió como una pequeña victoria por parte de los activistas por el patrimonio. Pero desde entonces el reto ha sido aún mayor: elaborar un proyecto arquitectónico y cultural para mantenerla con vida, y buscar financiación para las obras.

Actualmente, se encuentran en este punto tras recibir finalmente el permiso de obras. Han empezado una campaña de micromecenazgo para conseguir 40.000 euros, una parte del coste de arreglar el tejado y otros elementos estructurales. El resto esperan cubrirlo con subvenciones. O con donaciones de algún mecenas. “Estaría bien que algún gran empresario comprometido pusiera dinero”, expresa Lloret. 

Además del proyecto arquitectónico y de restauración patrimonial, que han elaborado desinteresadamente, los planes de la Fundación Mas i Terra contemplan que la Sala pueda albergar un centro de formación sobre actividades vinculadas a las masías, además de una escuela sobre construcción tradicional. Pero también que tenga una parte de vivienda, para al menos una persona, y así preservarla como residencia. 

La leyenda que nació en la Sala

La de Serrallonga es la historia de bandolerismo más célebre de Catalunya, hasta el punto de que ha inspirado obras teatrales y canciones hasta nuestros días. Lo curioso es que Joan Sala i Ferrer no era conocido por el nombre de su casa familiar, Sala, sino por el de la masía de la mujer con la que se casó, el mas Serrallonga de Querós.

Nacido en el mas La Sala de Viladrau en 1594, en el seno de una familia campesina acomodada, Serrallonga acabó convertido en un bandolero temido, que asaltaba masías y caminos y llegó a asesinar a un vecino que lo había delatado. Escurridizo para las fuerzas de la justicia, contó con la protección de algunos habitantes de la zona. Con el tiempo, la leyenda lo convertiría también en una suerte de Robin Hood catalán, que repartía entre los más pobres el botín de sus asaltos, incluidos los dirigidos contra los transportes reales.

Serrallonga fue capturado finalmente en Santa Coloma de Farners en 1633 y ajusticiado en Barcelona el 8 de enero de 1634, en una ejecución pública concebida como escarmiento. Su muerte no evitó que se agrandara el mito, y son múltiples las obras que han recordado su figura, desde El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona, estrenada pocos años después de su muerte, hasta Alias Serrallonga (1974), de Els Joglars.

La salida de Josep Lluís Trapero de la dirección general de la policía catalana, en la que llevaba dos años, se produjo por un deseo explícito de éste de abandonar las tareas políticas y volver a vestir el uniforme. Así lo ha asegurado Núria Parlon, que ha comparecido este jueves en el Parlament para explicar los cambios que ha habido en altos cargos de su confianza –hasta tres durante el mes de septiembre–, que sin embargo ha negado que hayan supuesto una crisis, sino que los ha encuadrado en cambios “de continuidad”.

Según ha explicado la consellera, la salida del secretario general de su departamento, Tomàs Carrión, estaba prevista y se había pactado para la mitad del mandato, ya que él quería dedicarse a la academia. El segundo relevo, el del comisario jefe Miquel Esquius por Sílvia Catà, vino obligado por la jubilación del primero. Y, finalmente, se produjo la dimisión de Trapero, esta sí muy inesperada porque solo unas semanas antes el director general había mostrado en público su deseo de continuar.

“Trapero me trasladó que se trataba de una decisión premeditada”, personal e irrevocable“, ha asegurado Parlon durante la comparecencia, en la que no ha aclarado si entre ella y el director general hubo desavenencias sobre la elección de Catà.

La consellera ha asegurado, en cambio, que la etapa dirigida por Trapero había sido positiva, una opinión que, ha dicho, también manifiesta el exdirector general. “Se ha hecho un muy buen trabajo”, ha evaluado la consellera, que ha citado como victorias la ampliación la plantilla hasta los 25.000 mossos, la elaboración del plan estratégico del cuerpo y la coordinación con el resto de cuerpos policiales que actúan en Catalunya, tanto locales como estatales.

Respecto a la elección de Catà, Parlon ha asegurado que la razón fundamental no es que sea una mujer sino por su “capacidad, experiencia y mérito”, demostrado en durante sus más de 29 años de servicio en el cuerpo. A la vez, ha reclamado normalizar que sea una policía quien ocupe este puesto por primera vez en la historia del cuerpo.

La propia Catà, en su turno, ha mostrado algunas de las líneas de trabajo en las que se siente más cómoda, como lapolicíaa de proximidad. La nueva comisaria jefa ha asegurado que hay que, pese a la reducción objetiva de los hechos delictivos, la percepción de seguridad pasa por un mal momento, vinculado a algunos crímenes muy violentos y mediáticos, como las ejecuciones en plena calle fruto de guerras entre el crimen organizado.

En ese sentido, Catà ha asegurado que continuará con la lucha contra el narcotráfico en todas las regiones policiales. Al tiempo, ha subrayado el creciente problema de bandas juveniles y también de la presencia de armas, tanto blancas como de fuego. La policía al mando del cuerpo ha apostado por una dimensión de la seguridad cercana al ciudadano y ha alabado la capacidad de los Mossos de “salir del vehículo y preguntar a las personas qué les pasa”.