El anuncio de que el papa León XIV usará el catalán en la misa de la Sagrada Família pero no en el acto de bendición de la Torre de Jesús ha causado la indignación tanto del Govern, como de diversos partidos, entidades por la lengua y grupos religiosos.

Los primeros en mostrar su indignación frente a la noticia fueron los miembros del grupo parlamentario de Junts, que enviaron una carta al president Salvador Illa quejándose de que el Santo Padre relegara el catalán “a una posición secundaria respecto al castellano”. Así, pedían que desde el Govern se hicieran “todas las gestiones necesarias” para garantizar una presencia adecuada de la lengua.

La decisión también despertó el recelo de los socios de Illa, ERC y Comuns, así como de Plataforma per la Llengua, que considera la ausencia del catalán “una burla y un insulto intolerable”.

Ante la polémica desatada, el primer órgano en mover ficha ha sido el Parlament de Catalunya, presidido por el juntaire Josep Rull, que se ha puesto en contacto con obispos y arzobispos de Catalunya para pedirles que intercedan e intenten convencer al Papa de que el catalán debe ser “predominante” en sus actos.

El primero de los representantes catalanes de la Conferencia Episcopal en alzar la voz sobre el asunto ha sido el obispo de Girona, Octavi Vilà, que ha dejado claro que su opinión es que la Torre de Jesús debe ser bendecida en catalán. El religioso ha confesado que desea que la importancia de esta lengua sea “más importante de lo que finalmente será”, y ha recordado que, hace dos años y medio, el papa Francisco ya bendijo a la Madre de Dios de Montserrat en catalán.

Por otro lado, el Govern también ha intercedido y se ha puesto en contacto con la Santa Sede para dejar constancia de “la importancia del catalán en Catalunya”. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado que ha visto “receptividad y sensibilidad” por parte de sus interlocutores. Paralelamente, Rull también ha dirigido una misiva al Vaticano explicando la “realidad nacional” de este idioma.

Ante este aluvión de peticiones, los responsables de la visita del Papa a España han asegurado que han “puesto claramente en valor la realidad social e idiomática catalana” ante el Pontífice, pero han querido recordar que a quien corresponde fijar la lengua que se usará es al Vaticano. “Hasta que no veamos lo que pasa, no podremos tener una opinión sobre este tema”, ha remachado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador adjunto del viaje, en una rueda de prensa en Madrid.

Aun así, desde el Govern han querido restar importancia al asunto y han insistido en que la visita, en sí misma, ya es una muestra del “interés y el aprecio por el país” del Pontífice. Asimismo, Paneque ha recordado que a lo largo de los dos días que estará en Barcelona, el Papa hablará en “diversas lenguas” y ha resaltado positivamente que el catalán vaya a ser usado en la misa de la Sagrada Familia.

El Govern descarta recomendar teletrabajo

La portavoz Paneque también ha trasladado a la ciudadanía que descarta valorar la recomendación del Ministerio de teletrabajar durante la visita del Santo Padre a la capital catalana. Ha remarcado, por otro lado, que el Ejecutivo está centrado en “garantizar la movilidad” en la ciudad.

“No sé si sería un buen mensaje que, cuando hay visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores”, ha insistido Paneque, que también es consellera de Territorio. Así, la apuesta del Govern será ampliar la frecuencia y la capacidad de trenes y autobuses esos días.

Las afectaciones que se esperan son diversas. Se han proyectado cortes de circulación en los entornos de la Catedral, la Parròquia de Sant Agustí, las inmediaciones de la Sagrada Família y del Estadi Olímpic. También se han anunciado modificaciones en diversas líneas de autobús y la clausura de las estaciones de metro de la parada Sagrada Família.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Junts ha puesto una condición al PP para estudiar la moción de censura que exigen contra Pedro Sánchez: que Alberto Núñez Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. 

“Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

Con todo, no es la primera vez que Junts reta a Feijóo a ese encuentro con su líder en Bélgica. Lo hicieron en julio de 2025 cuando los populares planteaban la moción tras el estallido del caso Santos Cerdán.

La respuesta de la formación de Puigdemont llega después de que este lunes el líder de los populares diera un paso más en su presión para lograr una moción contra Sánchez. Feijóo, que este martes está en Catalunya en las jornadas del Cercle d'Economia, pidió a Junts y al PNV que voten para echar al actual Gobierno socialista e investir a uno del PP sin Vox, que tenga como objetivo convocar elecciones anticipadas. 

Antes de esa última proposición, cuando el PP todavía no había detallado su estrategia, Junts dejó claro que su respaldo a la moción no estaba sobre la mesa. Tanto los independentistas como el PNV subieron el tono al conocerse la imputación del expresidente Zapatero y pidieron elecciones anticipadas, pero de momento ninguno de los dos se ha abierto a apoyar una candidatura alternativa de Feijóo.

Turull ha vuelto a pedir a Sánchez que avance los comicios de 2027. “La legislatura no da más de sí, el presidente del Gobierno debería convocarlas por convicción democrática”, ha reclamado el secretario general de Junts, que retiró su apoyo al Ejecutivo en octubre. Desde entonces, ha acusado a Sánchez de gobernar por decreto. 

A pesar de sus críticas al Gobierno, Turull ha dejado claro que cualquier valoración de una moción de censura pasa por Waterloo. “Seremos igual de exigentes con el PSOE que con el PP”, ha manifestado, en referencia a los desplazamientos de los socialistas a Bélgica para negociar la investidura de Sánchez en 2023. No obstante, en este caso Turull ha descartado que el PP pueda mandar un emisario. “El que hace las declaraciones es él [Feijóo]”, ha afirmado.

En plena celebración de las jornadas del Cercle d’Economia, que reúnen a la élite empresarial catalana, Turull se ha sacudido las posibles presiones desde este ámbito: “Hemos pasado por muchos momentos de presión y no nos despistarán de nuestras prioridades ni de nuestra misión en el Congreso”. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, ha zanjado.

Referente internacional por la variedad y la calidad de su programación, el Primavera Sound arrancará el miércoles con su 24º edición. Este año, ofrecerá más de 200 actuaciones musicales repartidas entre 17 escenarios de diferentes tamaños diseminados por el Parc del Fòrum de Barcelona durante cinco días (del 3 al 7 de junio).

A este tsunami de conciertos y sesiones de DJ, cabe decir, se suman más de 90 propuestas musicales repartidas por diferentes salas de pequeño y mediano formato de la capital catalana, englobadas bajo el paraguas 'Primavera a la Ciutat'.

Los grandes cabezas de cartel de la edición 24 del festival son artistas y bandas con el renombre y el recorrido de bandas como The Cure, The XX, Gorillaz, My Bloody Valentine o Massive Attack. A estos veteranos se suman fenómenos musicales y culturales más recientes como los neoyorquinos Geese, responsables de uno de los discos de guitarra más aclamados y comentados del pasado año, Getting Killed; Kneecap, el aguerrido trío de rap gaélico, que ya cerraron el festival en la pasada edición; y la artista catalana Bad Gyal, que seguirá presentando Más Cara, un álbum que combina pop, dancehall, dembow y bachata.

Los británicos The Cure, pioneros del post-punk y la new wave, volverán este jueves al Parc del Fòrum con un repertorio que previsiblemente combinará canciones de su último trabajo hasta la fecha, Songs of a Lost World (2024), con clásicos inmortales como Lullaby, A Forest y Friday I’m in Love. Por su parte, Gorillaz celebrará el viernes por la noche sus 25 años de trayectoria repasando los grandes éxitos de la banda virtual capitaneada por Damon Albarn (Blur).

La citada Bad Gyal —presente por cuarta vez en el Primavera Sound desde su debut en 2018-- es solo una de las muchas representantes del talento local y nacional presentes en el cartel. La apuesta por los sonidos kilómetro cero abarca desde el pop contemporáneo de Renaldo & Clara, alter ego de la catalana Clara Viñals, al metal extremo de Òsserp, pasando por el rap afilado de LaBlackie, el pop de guitarras desenfadado de Paco Te Quiero y el emo trap del barcelonés Rojuu.

Esta misma combinación de bandas consagradas y jóvenes valores, junto a una programación abierta a múltiples géneros, permitió congregar el año pasado a unos 293.000 asistentes. Según datos de la organización, el 25% eran barceloneses y un 65% era público internacional. Y todo parece indicar que esta cifra de asistencia récord podría repetirse o incluso superarse, pues, por segundo año consecutivo, tanto los abonos como las entradas de día para las tres jornadas principales (jueves, viernes y sábado) se agotaron varios meses antes del festival.

Más actuaciones: 90 conciertos en salas 

Aunque el epicentro de la actividad será de nuevo el singular parque del Fòrum, sede del festival desde 2005, el programa incluye un total de 90 conciertos en ocho salas y espacios culturales de la capital catalana como la Sala Apolo, la sala Laut, Enfants y el CCCB, entre otros. Entre las citas más destacadas figuran las actuaciones de los escoceses Mogwai (Razzmatazz, 3 de junio) y del argentino Santiago Motorizado (La Nau, 2 de junio), y la fiesta del prestigioso sello británico XL Recordings (Apolo, 3 de junio), en la que participarán DJ Python y Dexter In the Newsagent, entre otros.

Estas actividades paralelas cuentan con aforos más reducidos y para acceder será necesario contar con una reserva previa para los abonados o entrada específica para el público general.

Mención aparte merecen los conciertos que se celebrarán en el Pati de les Dones del CCCB, integrados en la programación del encuentro para profesionales de la industria musical Primavera Pro y de acceso libre. Por ese escenario situado en el corazón del Raval desfilarán desde el miércoles y hasta el viernes una veintena de propuestas locales e internacionales, tales como L’Arannà, 3L3D3P, Kris Tena, Hank, Camile Keller y Pájaros Vampiro, por citar algunas.

Jornada inaugural y fiesta de clausura

El festival echó a andar este lunes en cuatro salas, aunque la inauguración oficial llegará el miércoles con la ya tradicional jornada gratuita —las invitaciones se agotaron— en el Parc del Fòrum. Las bandas y artistas escogidas para dar el pistoletazo de salida este año son Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta.

Y como no puede haber una fiesta de inauguración sin una de clausura, ahí está Primavera Bits una vez más. Será el domingo 7 de junio y convertirá el parque del Fòrum en una enorme pista de baile liderada por referentes del acid house, el techno y la electrónica como Carl Cox, Joseph Capriati, Blond:ish y Greta. Esta jornada de clausura empezará a primera hora de la tarde y se alargará hasta las once de la noche.

“Una señora, perteneciente a una distinguida familia, había dado muestras evidentes de padecer una manía razonadora”. Así arrancaba el artículo que dedicó a la valenciana Juana Sagrera la revista La Ilustración Española en 1873. La razón real del “enajenamiento” de esta mujer era haberse querido separar de su marido, Miquel Nolla.

La farmacéutica y criminóloga Marisol Donis recoge la historia silenciada de Sagrera en Mujeres grises sobre fondo negro (Alrevés Editorial). El libro es un recopilatorio del internamiento forzoso, ya fuera en conventos, psiquiátricos o sus propias casas, que sufrieron mujeres que no obedecieron a lo que los hombres de su familia esperaban de ellas: un rol sumiso y patriarcal.

“Psiquiatrizaron sus ansias de libertad”, explica Donis en conversación con elDiario.es. La autora ha buceado en archivos y biografías silenciadas de mujeres en España, Francia y EEUU. La diversidad geográfica y de clase social de las protagonistas del libro no impide trazar un patrón común de bestialidad psiquiátrica. Donis deja retratados algunos de los médicos más influyentes de su época: “Ellos mismos se consideraban eminencias, pero no daban ni una”.

Son pocos los que hoy se acuerdan de Juana Sagrera, pero en siglo XIX llenó páginas de diarios de media Europa. La mujer es el primer caso documentado en España de detención ilegal. Es así porque ella misma impulsó un proceso judicial inédito contra su exmarido y los doctores que la trataron. “Pudo hacerlo porque, aunque víctima, pertenecía a una clase social acomodada. Y por su carácter, nunca se resignó a quedarse callada”, señala Donis.

A Sagrera la encerraron en 1861 en el manicomio barcelonés de Sant Boi de Llobregat. Allí recibió, cuenta la autora, tratamientos basados en bromuros, los más habituales de la época. El motivo de su ingreso en un psiquiátrico fue pedirle una separación amistosa a su marido. “Algo revolucionario para la época”, advierte la autora.

“Sagrera vio que su marido la ninguneaba no solo en la gestión del negocio familiar de cerámica, sino que encima le fue infiel con otra mujer”, recuerda Donis. Los médicos terminaron indultados y Nolla, pese a su condena, fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica por sus méritos como empresario, y su cerámica reviste monumentos como la Casa Batlló en Barcelona, el Kremlin de Moscú o el Metro de París.

Donis recuerda que en esa época, lejos de esconderse, esta forma de deshacerse de las mujeres “era tan habitual que incluso traspasan a la literatura popular”, en referencia a la “casa de arrepentidas” donde se recluye a Fortunata en la obra de Galdós. “Y a Mauricia, que es pobre pero también extraviada, la encierran en el convento de las Micaelas”, apostilla la autora, para mostrar que la voluntad de silenciar a las mujeres no diferenciaba de clases sociales.

La particularidad española, en este sentido, fue que las congregaciones religiosas fueron más allá y formaron una tríada patriarcal junto a Estado y psiquiatras durante el franquismo en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución cuyas víctimas han permanecido en el olvido institucional hasta hace pocos años.

El libro de Donis analiza los tratamientos con bromuros o duchas frías o calientes que recibían las mujeres tildadas de “histéricas o neuróticas” en centros como el de Sant Boi o los psiquiátricos de Valladolid. Los tratamientos posteriores, como el electroshock o el shock insulínico, se reservaban para las mujeres consideradas esquizofrénicas.

“Afortunadamente, hoy en día el hospital psiquiátrico está dedicado al diagnóstico y el tratamiento de enfermedades psiquiátricas para integrar al paciente con una enfermedad en la sociedad en vez de esconderlo, pero falta memoria histórica sobre las barbaridades que se hicieron”, reflexiona Donis.

La autora también se adentra en el lado oscuro de la Salpêtrière, el hospital parisino de prestigio que, a inicios del XIX alojó a mujeres repudiadas por sus familias. “Y lo que es peor: a se dedicaban a experimentar con ellas”, advierte Donis.

“Era un zoo humano”, ahonda Donis, que describe los primeros tratamientos que los doctores del centro parisino relacionaba con la histeria, una enfermedad entonces considerada exclusivamente femenina. “Pensaban que la histeria venía del útero y por eso los primeros tratamientos pasan por actuar en los genitales. No fue hasta el 1860 que constatan que proviene del cerebro”, asevera la escritora.

Los motivos para tildar de “abandonadas” a las mujeres, concluye Donis, eran variados: “Van desde el marido o padre frágil que tiene miedo a verse superado por la mujer, porque la veían inteligente y lanzada, a un castigo por ser lesbianas, pero también simples conflictos por dinero o celos”.

ERC no tiene un candidato mejor que Gabriel Rufián para las generales. Lo sabe él y lo sabe la dirección. Como en su momento hizo Podemos, Rufián conecta con un determinado votante de izquierdas y eso incluye a nuevos electores o abstencionistas.

Cuando en Catalunya se ironiza, con cierto alivio, diciendo que el procés se ha trasladado a Madrid, no es solo por la crispación diaria en el Congreso o por la actuación de una parte de la judicatura que no se presenta a las elecciones, pero pretende ganarlas. También lo es por algunos discursos que simplifican una complejidad política instalada en un escenario más que confuso.

Daniel Innerarity, siempre atinado, fue uno de los primeros intelectuales en alertar de los riesgos de diferenciar entre el populismo bueno y el malo: el primero, entendido como el que practican algunos dirigentes de izquierdas; el segundo, identificado con líderes de derechas. El primero, democratizador; el segundo, reaccionario. Pero tampoco en política las cosas son tan sencillas.

Rufián, que desde una óptica de izquierdas encarna como pocos ese populismo “bueno” (como antes simbolizó el populismo independentista), ha abierto, con acierto, el debate sobre el futuro del llamado espacio a la izquierda del PSOE. Un enjambre de siglas que, para ponerse de acuerdo, debería empezar por coger la calculadora y comprobar qué fórmula evita que se pierda ni un solo voto. Números y egos, por este orden. Ha sido así desde el primer momento. El resto son discursos bien hilvanados. Populismo “bueno”, el de Chantal Mouffe, aunque populismo al fin y al cabo.

Ese es el principal problema que debe resolver ese espacio. Y es evidente que no depende solo de Rufián, quien, además, ha dado el paso de expresar su disposición a ponerse al frente de un proyecto que aún nadie ha dibujado. Si fructifica, probablemente no haya mejor candidato para encabezarlo. Pero, ¿y si no prospera?

Entonces aparecería la casilla de ERC, si es que la partida no ha estado siempre ahí. La primera diferencia entre Rufián y la dirección es que el partido no quiere autoubicarse, sobre todo en Catalunya, a la izquierda de los socialistas. Su propósito es ser percibido como una formación de centroizquierda, algo que el PSC de Salvador Illa puede permitirle porque este PSC mira más hacia el centro que hacia su izquierda.

Para la actual dirección de ERC, la prioridad es recuperar espacio en ese terreno, estabilizarse tras las tensiones del último congreso, presentarse como una formación capaz de gobernar y convertirse en lo que más le cuesta ser: un partido previsible.

Rufián ya ha explicado en público lo que desde hace meses se sabe en el partido: exige condiciones para repetir. La primera es confeccionar a su gusto las listas al Congreso en las próximas elecciones. Pero eso no es lo único conocido dentro de ERC. La Cadena SER desveló hace unos días algo que este diario también ha podido confirmar: Rufián ha roto relaciones con más de la mitad del grupo parlamentario. Con cuatro de sus diputados ni siquiera se habla.

Fuentes del grupo de ERC describen un clima irrespirable. “No se trata de un problema de discrepancia política, porque entre los diputados a los que Rufián no dirige la palabra los hay de todas las tendencias, incluso de la que a priori sería más cercana a él, como Àgora Republicana. El problema es de trato personal”, defienden fuentes del grupo.

“Es una persona muy difícil en el trato y aplica el esquema de que, si no estás con él, estás contra él”, afirma otra persona que ha trabajado codo con codo con él en Madrid. “Hace tiempo que cree que su partido se le ha quedado pequeño y que, además, la dirección de ERC marca desde Barcelona una línea política que no encaja con lo que él entiende que debería hacerse en el Congreso”, abunda.

Por eso, a nadie en ERC —ni en el grupo de Madrid ni en la dirección en Barcelona— le ha sorprendido su exigencia de decidir personalmente los nombres de las candidaturas, pese a que en este partido son las asambleas territoriales las que eligen los candidatos de cada circunscripción. “Si dependiera de mi opinión personal, es evidente que es un candidato excelente. Siempre lo he defendido y lo continúo defendiendo. Respecto a la lista, todos los militantes de ERC pueden transmitir su opinión.

El partido decidirá a través de sus órganos –la ejecutiva nacional y el consejo nacional–. Y decidirán cada uno de los territorios“, le recordó Junqueras a Rufián hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Su número dos en el partido, Elisenda Alamany, reiteró el mismo mensaje este lunes al insistir en que las federaciones territoriales ”son las que presentan y votan a sus respectivos candidatos“. 

Tensiones que han ido a más

Las fuentes consultadas por este diario explican que, si bien las tensiones han sido constantes desde el inicio de la legislatura, en los últimos meses la situación en el grupo de Madrid se ha agravado.

En concreto, Rufián ha tenido roces (y finalmente ha dejado prácticamente de hablarse) con Teresa Jordà, Pilar Vallugera, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro. Estos diputados, de hecho, no participan en las decisiones sobre la posición del partido ante la mayoría de propuestas que llegan al pleno y aseguran que, en ocasiones, se enteran de qué dirá su portavoz al mismo tiempo que el resto del Hemiciclo.

Otras fuentes también hablan de las tiranteces que el líder ha tenido con algunos miembros del personal del grupo. “Es una persona autoritaria y arbitraria, que ha llegado a frenar iniciativas políticas bien trabajadas y que contaban con el aval de la dirección del partido solo porque a él no le interesaban”, explican.

Uno de los diputados, Jordi Salvador, publicó un mensaje este lunes en X donde afirmó que ERC no puede ser la “plataforma personal” de su portavoz, ni aceptar sus “ultimátums”. “La paciencia –añadió– tiene un límite”.

En la dirección de ERC, que anda haciendo pedagogía entre cuadros y bases para que su apoyo a los presupuestos de Illa se entienda como un gesto de “responsabilidad”, son conscientes de los problemas internos que existen en el grupo, aunque hasta ahora han conseguido irlos sorteando.

Primero, porque saben del tirón que puede tener Rufián entre un electorado al que ERC no llegaría si no fuese por él. Para empezar, entre los votantes jóvenes. En estos tiempos (sí, los de TikTok), ningún partido renunciaría a tener un Rufián en sus filas.

Del mismo modo, saben que aquel joven de Santa Coloma de Gramenet al que Junqueras dio su primera oportunidad siempre ha apoyado al presidente del partido, también en el último congreso, cuyas heridas aún escuecen. De ahí que se intente restar trascendencia a los movimientos de Rufián en Madrid y se busque calmar los ánimos en el grupo parlamentario.

ERC es un partido fundado en 1931. Nació ya con discrepancias, entonces entre Francesc Macià y Lluís Companys, convertidos ahora en personajes entrañables del programa Polònia, donde aparecen ‘en el cielo’ comentando y discutiendo sobre la actualidad. Por lo tanto, sin sus broncas internas, esta formación no se entiende.

La cuestión es si, en este caso, el debate sobre el papel de ERC en las izquierdas estatales –y, más en concreto, sobre el que puede jugar Rufián– responde a una estrategia política o a una lógica personalista que poco tiene que ver con el proyecto del partido.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.

Un juzgado de Terrassa (Barcelona) ha condenado a dos años y medio de cárcel al responsable de una constructora por la muerte de un trabajador por un reventón en una rueda del camión que conducía, un neumático usado y mal conservado, que no estaba en condiciones de circular, el 3 de julio de 2020, como ha adelantado El Periódico e informa la agencia EFE.

El accidente laboral ocurrió en la A-2 a su paso por Castellbisbal (Barcelona), al sufrir un reventón uno de los neumáticos del camión semirremolque que conducía el fallecido, lo que provocó la pérdida de dirección del vehículo, que acabó cruzando los dos carriles y chocando con una barrera y, finalmente, con el panel informativo de la vía. La víctima tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos menores.

En su sentencia, la titular de la plaza número 3 del titular de instancia de Terrassa condena al responsable de la constructora Excavaciones Balex S.L. y Serveis i Obres Costa Daurada por un delito contra los derechos de los trabajadores, junto a otro de homicidio por imprudencia, y le inhabilita para ejercer de administrador de empresas relacionadas con el transporte durante dos años y medio.

Colocaron un neumático usado y desgastado

La sentencia, que detalla El Periódico de Catalunya, impone también sendas penas de un año de cárcel al responsable y al encargado de la empresa Neumáticos S.L, empresa de reparaciones mecánicas que se encargaba del mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la constructora.

La jueza concluye que estos, tras una conversación con el dueño de la constructora, “decidieron colocar un neumático usado que no estaba en condiciones para circular” en el camión, lo que fue la causa del reventón que acabó en siniestro mortal, indica este medio.

En el juicio, los Mossos destacaron el mal estado de las ruedas del vehículo siniestrado y también comparecieron trabajadores y exempleados de la constructora.

La Fiscalía señaló al empresario por “obligar” a los empleados a conducir vehículos en mal estado, ya que destacó el despido de otro empleado por negarse a circular con un camión con los neumáticos “que podían comprometer seriamente su integridad física”, destaca El Periódico.

540.000 euros en indemnizaciones

De forma solidaria, los tres condenados deberán pagar indemnizaciones que superan los 540.000 euros -más intereses- a la esposa, hijos, padres y hermanos del trabajador fallecido, cantidad de la que responderá de forma directa la aseguradora Fiatc hasta el límite de su cobertura y, subsidiariamente, las empresas constructoras y la de los neumáticos.

La sentencia da por probado que los neumáticos, tanto de la tractora como del semirremolque, “carecían del mantenimiento adecuado, motivo por el que la rueda delantera del vehículo reventó debido a su mal estado de conservación, totalmente desgastada, por debajo de los límites legalmente establecidos, con goma endurecida y con profundidad irregular”.

El resto de neumáticos, añade la jueza, también estaban en mal estado de conservación, por lo que concluye que el responsable de la constructora incumplió con su deber de “velar por la seguridad de los trabajadores”, al no garantizar a la plantilla equipos adecuados.

En España fallecen dos personas al día en accidentes de trabajo, muchas de ellas por la falta de las medidas preventivas necesarias. El año pasado, murieron 735 trabajadores, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo. En el primer trimestre de 2026 han fallecido 170 personas, ocho más que el año pasado.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por un posible delito de odio a raíz de la denuncia presentada por dos mujeres judías estadounidenses, residentes en Barcelona, que aseguran se les denegó el acceso a una sauna de ambiente LGTBI de la capital catalana por llevar visible un colgante con una estrella de David.

Las denunciantes grabaron los hechos en vídeo, que se ha difundido en redes sociales y ha provocado que se haya empezado a señalar y a divulgar la identidad de algunas mujeres organizadoras de la fiesta. Las promotoras del evento forman parte del colectivo 'Bolleras al vapor', dedicado a defender los derechos del colectivo LGTBIQA+, el antirracismo y el anticolonialismo.

En declaraciones a elDiario.es, la abogada del colectivo, Laia Serra, ha manifestado que “en ningún caso se discriminó a nadie por su origen, sus símbolos su nacionalidad o su religión”, y que la gestión de la sauna cedida al grupo para un evento “activista, reivindicativo privado” se realizó “de forma explicativa”.

Una patrulla de Mossos d'Esquadra acudió el pasado viernes por la noche al local donde ocurrió el incidente, en el barrio barcelonés del Eixample, y recogió la denuncia que presentaron las dos mujeres, tras lo que han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

En el vídeo de los hechos difundido en redes, que no recoge la escena completa, una de las denunciantes pregunta a una supuesta responsable del acceso al local por qué motivos quería saber si era “sionista”, a lo que esta responde que no tiene nada en contra de que luzcan una estrella de David.

Empieza entonces una discusión sobre si el colgante era un símbolo “sionista” (asociado al Estado de Israel) o “semita” (vinculado al judaísmo). Una tercera mujer pide a las dos denunciantes que dejen de grabar en el local por estar expresamente prohibido, lo que acaba derivando en momentos de tensión que motivan la intervención de personal de seguridad.

A raíz del incidente, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió a la sauna y trató de mediar en la discusión, como suelen proceder en los casos de posible denegación de acceso a locales públicos por motivos de discriminación.

Los hechos han provocado la reacción del Gobierno de Israel, que lo ha considerado como “otro ataque antisemita” en España. En un mensaje en 'X', el ministerio de Exteriores ha pedido a las autoridades españolas que actúen con decisión. “Señalar a los judíos por símbolos judíos y pedir que se distancien del sionismo para ser aceptados es antisemitismo descarado”, han afirmado.

Por su lado, la dirección del local ha lamentado “profundamente” y ha condenado “de forma categoría” los hechos ocurridos. Se han desvinculado “completamente” de las acciones y comentarios de las organizadoras del evento lésbico 'Bolleras al vapor'.

La sauna ha considerado que el colectivo lésbico impidió el acceso a las denunciantes “de una forma totalmente inaceptable”. “Queremos expresar con absoluta claridad que rechazamos cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas”, han dicho en un mensaje en X.

Por su lado, la letrada del colectivo ha agregado que a pesar de que la situación fue documentada y presenciada por varias personas, “algunas innstituciones están queriendo sacar provecho político” de la misma “atribuyéndole una injusta y estigmatizante motivación antisemita, que ha sometido a las integrantes del colectivo a mensajes vejatorios e intimidatorios”.

La Justicia insiste en mantener abierta la persecución penal contra Mongolia por la portada de la revista de 2022 que se mofaba del belén. La Audiencia de Barcelona ha dado por segunda vez la razón al colectivo ultraderechista HazteOir y ha obligado a la jueza de Mataró a reabrir la causa contra los editores de la publicación.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de HazteOir contra el archivo de la causa que ordenó la jueza de Mataró el año pasado al constatar que era la cuarta querella de colectivos ultras contra la revista por la misma portada, una circunstancia que la magistrada tildó de “situación peculiar”.

El tribunal, formado por los magistrados José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, se agarra a un tecnicismo para reabrir el caso y consideran que no es válido el argumento empleado por la jueza para cerrarlo. Los mismos jueces ya habían ordenado reabrir el caso tras su primer archivo en 2025 al valorar que la portada del belén podía “ofender” católicos.

Tras tomar declaración a los editores de Mongolia por orden de la Audiencia de Barcelona, la instructora concluyó que la sátira del belén ya era una cosa juzgada debido a las tres querellas anteriores de otros colectivos ultras por la misma portada que ya fueron desestimadas. En consecuencia, no se podía investigar de nuevo algo que ya se había considerado que no era delictivo.

Por el contrario, este argumento de la cosa juzgada “debe decaer”, según la Audiencia de Barcelona. A criterio del tribunal, la inadmisión de plano de la querella de HazteOir acordada por la jueza de Mataró resulta “incompatible” con la cosa juzgada, que debe decidirse tras haberse practicado una instrucción “suficiente” de la causa.

No obstante, el propio tribunal admite que la jueza también incluyó en su resolución de archivo otros argumentos además de la cosa juzgada. La magistrada concluyó que la mofa del belén no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además estaba amparada por la libertad de expresión.

Los jueces ordenan a la instructora de Mataró que se pronuncie, antes de decidir si archiva por tercera vez la investigación, sobre las diligencias propuestas por los ultras en su recurso, entre las que se encuentran una prueba “pericial semiótica” sobre la portada, una valoración de la misma y de las “métricas de difusión” de la revista.

El caso de Mongolia expone el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Antes de la querella de HazteOir, la revista ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista (redactada por el mismo abogado que la de HazteOir), el sindicato Manos Limpias y los ultracatólicos Abogados Cristianos, todas ellas archivadas.

Para los editores de la revista, la ofensiva ultra suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

Euskadi y Catalunya son las dos comunidades en las que se registra menos fervor religioso en España. En ambas, la adscripción a cualquier confesión religiosa no llega al 50% de la población, según el informe Laicidad en cifras, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia.

En el conjunto del Estado, el número de creyentes asciende hasta el 58,6% de la ciudadanía, con comunidades con una alta penetración, como es el caso de Extremadura (72%) o Andalucía (66%).

El estudio, basado en dados del CIS, INE y el Ministerio de Educación, señala “la consolidación de la no religiosidad como una realidad estructural, con un volumen creciente de la población declarada atea, agnóstica o indiferente”. Aunque la mayoría de la población se declara creyente -a excepción de los catalanes y los vascos-, la diferencia entre ambos bloques se ha reducido notablemente en las últimas décadas.

De toda la población española, el 55% se considera católica y el 3,5% de otra confesión. Los más jóvenes son los menos religiosos, puesto que más de la mitad de las personas de entre 18 y 34 años no se consideran creyentes. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un ligero repunte de la religiosidad entre los jóvenes. De hecho, en esta franja es donde existe una mayor diversidad religiosa, que supera el 4,5%. Las mujeres siguen siendo más religiosas que los hombres: 63% frente a 54%.

Entre las personas religiosas también ha disminuido el porcentaje de practicantes, que ha descendido del 59 al 33% en los últimos 25 años. Pero la práctica religiosa también ha repuntado entre los más jóvenes en los últimos años, puesto que el 34% de los creyentes de 18 a 24 años se declaran practicantes, por encima de los que tienen entre 25 y 64 años. Entre los jóvenes, son más practicantes los hombres que las mujeres, a la inversa que en el resto de franjas de edad.

Peso de la escuela religiosa

En el ámbito de la educación, en Catalunya el 17,4% de los alumnos de enseñanzas no universitarias, es decir, 244.877 niños y jóvenes, están matriculados en centros católicos, frente al 18% de media estatal. Los centros católicos en Catalunya son 379, el 8,4% del total, y de ellos, casi todos, 368, son concertados. La media estatal es de 8,9% de escuelas católicas.

El matrimonio civil se consolida como opción mayoritaria

La evolución de los matrimonios desde mediados de los noventa muestra un cambio estructural en la forma de celebración. Mientras que en 1994 los matrimonios confesionales representaban el 77,3% del total, en 2024 esta proporción se había reducido hasta el 16,4%. En paralelo, los matrimonios civiles han pasado del 22,7% al 83,6%, convirtiéndose en la forma claramente mayoritaria.

El análisis territorial muestra que el matrimonio civil es mayoritario en todas las comunidades autónomas, con porcentajes que superan el 75% en la mayoría de territorios. Destacan especialmente Euskadi (92,4%), Catalunya (91,2%) y las Islas Baleares (91,5%), donde el matrimonio civil es prácticamente hegemónico.

En cambio, territorios como Ceuta (74,2%), Extremadura (75,7%) o Castilla-La Mancha (76,5%) presentan una proporción ligeramente superior de matrimonios confesionales, aunque siguen siendo minoritarios. Estas diferencias territoriales apuntan, según el informe, “a la persistencia de factores culturales y sociales que modulan la velocidad del proceso de secularización”.

Reconstruir la historia de Interviú sin quedarse solo con lo bueno (que lo hubo) o limitarse a subrayar su machismo o su falta de ética en algunas investigaciones no era un ejercicio sencillo. El periodista Jerónimo Andreu lo ha conseguido en 'Los desnudos y los muertos' (Península).

Interviú no se explica sin la figura de su editor, Antonio Asensio, y una redacción que pasó de fiscalizar a la policía a ser la revista preferida en las comisarías. De haber sobrevivido al cierre, en 2018, ahora cumpliría 50 años.

¿Cómo explicaría qué era Interviú a alguien que se informa a base de tiktoks?

Fue un proyecto muy comercial, porque esto lo montaron con la intención de ganar dinero, un poco aprovechando las grandes vetas que se podían explotar dentro de la prensa, que eran el sexo, los escándalos, los sucesos, la sangre... No era una revista de ideas ni con una vocación ideológica.

Antonio Asensio, José Ilario y Jerónimo Terrés identificaron muy bien qué interesaba al lector español y construyeron un producto perfectamente adaptado a eso. Fueron muy inteligentes leyendo el momento social.

Además, durante unos años hizo aportaciones periodísticas importantes: denuncias sobre la extrema derecha, la guerra sucia, el búnker franquista o la memoria histórica. Tuvo una utilidad social real. El problema llegó cuando España cambió y la revista no supo adaptarse. Su propuesta quedó anticuada estética, ética y periodísticamente. Interviú tuvo un auge muy fuerte y después una decadencia larguísima.

¿Quién fue Antonio Asensio? ¿Era el retrato del lector medio de aquella España?

Completamente. El secreto del éxito de Interviú fue la armonía perfecta entre su editor y el producto que estaban haciendo.

Cuando empezó a implicarse directamente en la revista, el proyecto creció muchísimo porque tenía un gran instinto. Construía una revista basada en sus propios intereses y gustos. Incluso su familia participaba indirectamente: opinaban sobre portadas, fotografías o colaboradores. La gente también te cuenta cómo su mujer, Chantal, decía si una portada funcionaría o si no le gustaba. Era un producto muy conectado con una determinada clase social emergente de la época.

¿Qué queda de aquel periodismo de batalla, además del archivo?

Bueno, ese archivo es un misterio. 

¿Un misterio?

El archivo se lo quedó Prensa Ibérica, está guardado y no se puede acceder a él. Debe ser uno de los archivos más importantes de la prensa española porque tiene un valor histórico tremendo, pero no se puede consultar porque no está dentro de la línea de negocio... 

¿Ha intentado consultarlo para el libro y no ha podido? 

No, porque está en cajas.

Más allá de la hemeroteca, ¿queda algo de aquel tipo de periodismo? 

Todavía quedan algunos rescoldos. Muchos veteranos de Interviú dicen que hoy disfrutarían investigando casos actuales como el de Ábalos con la misma agresividad de entonces.

La diferencia es que ahora el periodismo vive debates éticos mucho más presentes. En Interviú había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

Hay que entender que España estaba construyendo entonces los límites de la política, el discurso público y el periodismo. Muchos periodistas venían del exilio o de ambientes militantes y entendían el periodismo como una herramienta política. Igual que te digo que para Asensio eso no era un proyecto ideológico, para ellos sí, ellos querían cambiar el país.

¿La ética periodística era secundaria?

En muchos casos sí. El objetivo principal era publicar información que tuviera impacto político y ampliara los márgenes de libertad.

Eso provocó errores graves. Uno de los ejemplos más conocidos fue el caso de Xavier Vinader, cuando publicó una acusación muy seria sobre grupos de extrema derecha, solo a partir de la información de un policía infiltrado, sin contrastarla suficientemente. Uno de los señalados mandó una carta negándolo y asegurando que la revista le ponía en peligro. Interviú no rectificó ni la publicó. ETA le mató a él y a otro de los mencionados.

En 'Interviú' había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

La redacción que describe parece bastante caótica.

Lo era. Existe mucha mitificación sobre las redacciones antiguas: alcohol, humo, noches eternas… Tiene cierta épica, pero probablemente poca gente querría trabajar hoy en un ambiente así.

Había muchísimo exceso, también mucho ego y competitividad. Se mitifican las redacciones antiguas porque hay mucha poesía, la gente bebiendo y todo eso. Pero luego te preguntas si a ti te gustaría trabajar en ese ambiente.

Aun así, de ese caos salieron investigaciones muy importantes.

¿Cuáles fueron las grandes aportaciones periodísticas de Interviú?

Toda la invención del género de la memoria histórica tiene mucho valor. Durante la Transición, la revista publicó investigaciones fundamentales sobre torturas, extrema derecha… Hicieron una labor de control del Estado, fueron los primeros que publicaron cosas sobre los GAL o el asesinato de Yolanda González. También fueron los primeros en publicar sobre la trama Gürtel, cinco años antes que El País y El Mundo.

Además, tenían algo poco habitual: cubrían historias de corrupción local en pueblos y ciudades pequeñas que no interesaban a los grandes periódicos.

En el libro explica cómo Interviú pasó de fiscalizar a la policía, por ejemplo explicando qué ocurría en el cuartel de Intxaurrondo, a convertirse casi en una revista policial.

Sí, y es uno de los procesos más interesantes. En sus inicios tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

Los reporteros cultivaron muchísimo las relaciones con policías y comisarías. Interviú acabó siendo muy valorada dentro de ciertos sectores policiales. La revista cumplía todos esos códigos que a los policías les encantaban.

Uno de los directores de Interviú fue Agustín Valladolid, que había sido el jefe de comunicación del Ministerio del Interior muchos años y hombre fuerte de Rafa Vera y Barrionuevo. Cuando él llega, rehace la plantilla, se deshace de todos los viejos y ficha gente dentro del concepto que tiene del periodismo.

En sus inicios, sus periodistas tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

¿Qué papel tuvo Villarejo en los últimos años de la revista?

Hay un momento en que la revista ha perdido muchas fuentes, para mucha gente está denostada y, de lo poco que tiene es José Manuel Villarejo. Fue una fuente muy importante, como lo fue para muchos medios. La diferencia es que otros periódicos tenían más contrapesos internos. 

Cuando metí con el libro una de las cosas que quería saber es si Villarejo había utilizado Interviú como una terminal mediática y él lo dominaba, porque hay gente que tenía esa impresión, incluso dentro de la revista o si no, si simplemente Villarejo había actuado en Interviú como en otros sitios y lo que pasa es que se había encontrado que era una gacela coja y que le compraba todas las mercancías escacharradas. Mi impresión es que pasó esto último.

No creo que Villarejo controlara la revista, pero sí encontró un medio muy vulnerable y dispuesto a publicar informaciones con pocos filtros.

De todos los personajes que tuvieron relación con el editor de Interviú, uno de los que aún sigue en activo es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces amenazó a Asensio con quitarle su canal de televisión, Antena 3, y ahora a elDiario.es nos dijo que nos trituraría. El periodismo ha evolucionado, pero hay personajes que no lo han hecho.

El periodismo ha evolucionado, pero los mecanismos de poder siguen siendo muy parecidos. Miguel Ángel Rodríguez siempre quiso controlar totalmente los medios. Asensio, en cambio, tenía una posición más inestable: fundó su empresa con créditos y dependía constantemente de negociar con unos y otros. Eso le daba cierta independencia, aunque también lo obligaba a hacer favores y mantener equilibrios complicados.

Asensio refleja bien la evolución política y social de España: primero, en la etapa del PSOE hegemónico, todo giraba alrededor de los socialistas; después, cuando ese dominio se rompe, se acerca a la derecha. Pero en Catalunya también dependía de Pujol, que entonces mantenía buena relación con Moncloa, así que Asensio jugaba continuamente a marcar distancias y acercamientos según le convenía.

Esa ambigüedad no le gustaba a Miguel Ángel Rodríguez, que quería lealtad absoluta. Cuando Asensio estaba en Antena 3, Rodríguez pensó que controlaría los informativos, pero Asensio tenía demasiados intereses repartidos y trató de escapar de ese control. Entonces Rodríguez le advirtió que iba a “crujirle”. Finalmente, Asensio salió muy perjudicado de Antena 3: aparecieron denuncias anónimas en la Fiscalía y acabó vendiendo la cadena a Villalonga, dentro del proyecto del PP para crear un gran grupo mediático. Es decir, las amenazas no solo existieron, sino que terminaron materializándose.

¿Quién fue el mejor director de Interviú?

Diría que los tres primeros directores representan la etapa más brillante: Álvarez Solís, Darío Giménez y Álvarez Puga. Y luego Ignacio Fontes, que probablemente fue el director más representativo del mejor Interviú: un periodista muy querido dentro de la revista y con una visión periodística exigente, incluso trabajando en un medio sensacionalista.

Ahora no sé si le pongo en un compromiso: ¿Y el peor?

No es por el compromiso, es porque igual es cruel. No sé, ahí estuvo Cavero, que fue el que hizo el ERE. Él venía de la radio y le interesaba poco la prensa. Estuvo también Paco Mora, que tenía muchos contactos dentro de la Guardia Civil y el Ejército. A Asensio en ese momento le interesaba alguien así. Creo que a esos dos directores se les podría atribuir la decadencia. 

La revista nunca supo desprenderse de los desnudos.Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo

¿El gran problema de Interviú fueron los desnudos?

Sí, la revista nunca supo desprenderse de ellos. Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo.

La decadencia fue muy larga. Se pasaron casi dos décadas publicando desnudos de concursantes de Gran Hermano. La evolución de esas portadas explica perfectamente la evolución de la propia revista: de la provocación política y cultural inicial a un modelo completamente agotado.

¿Fue un milagro que sobreviviera 42 años? Nunca se adaptaron a la transición digital.

Sí. Nunca entendieron del todo internet ni los cambios tecnológicos, pero el gran problema fue editorial. La revista no supo reinventarse. Incluso muchos redactores reconocían que ya les daba vergüenza llevarla en público.

Interviú sobrevivió demasiado tiempo intentando mantener vivo un modelo que pertenecía a otra época.

España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.

La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.

Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.

Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.

“Cuando hay lealtad institucional, la situación puede reconducirse, pero cuando no existe, la persona alertadora queda expuesta a graves problemas sin que la ley actual proporcione instrumentos suficientes para evitarlos”, alertó el exmagistrado ante la Cámara.

Los casos que ha afrontado Antifraude lo corroboran: en algunos, los organismos afectados han cumplido y no han echado a los informantes, pero en otros se ha procedido al despido de los alertadores.

Además del sustento económico (hay un caso de un informador en riesgo de desahucio), la ansiedad y el miedo a las represalias son otro rasgo común en los alertadores. Antifraude ha tomado la iniciativa y, aunque no le obliga ninguna norma, suscribirá un convenio con el Colegio de Psicología de Catalunya (COPC) para destinar parte de su presupuesto a que se atienda psicológicamente a los informantes.

Caamaño ha elaborado un dictamen para la Generalitat en el que analiza la ley estatal y propone reformas para la futura norma catalana. La nueva ley, según la propuesta del exministro, debe precisar el ámbito material y personal para garantizar una protección integral, en especial en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde los alertadores pueden estar más expuestos.

También ve necesario definir mejor los sistemas internos de información como herramientas de selección, garantizar la confidencialidad de los canales internos, regular la exención de responsabilidad del confidente y establecer un régimen sancionador específico.

Desde Antifraude se han identificado 34 carencias normativas de la ley estatal para mejorarlas con la ley autonómica. Una de las más destacadas es el hecho de que las resoluciones de la Oficina no tienen carácter ejecutivo y sin posibilidad de castigar con contundencia las infracciones. La normativa actual tampoco recoge medidas de apoyo económico ni indemnizaciones para los informadores.

Las lagunas de la norma, remarcó Salàs ante los diputados, han generado “situaciones especialmente graves” con personas alertadoras en riesgo a las que la Oficina “no ha podido dar respuesta efectiva”. Los factores que más limitan el trabajo del organismo son la ausencia de medidas cautelares eficaces, la exigencia de haber utilizado un canal de alerta concreto para acceder a la protección, la falta de preservación efectiva del anonimato, o los problemas derivados de la eventual judicialización de un caso.

Caamaño advierte de que, al margen de las reformas legales que se impulsen, es necesario un “cambio de mentalidad” tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y eliminar la “connotación peyorativa” todavía existente en esta figura.

“Al alertador se le identifica todavía con un chivato, cuando en realidad tienen un compromiso social y público muy importante, porque advierten de que se pueden estar usando mal los recursos de todos”, argumenta Caamaño, que ha investigado sobre esta figura tanto históricamente como en la legislación actual.

Por su lado, algunos alertadores también han presentado su propia propuesta ante el Parlament. Uno de sus impulsores, Oriol Camacho, ha estudiado los modelos de distintos países europeos y prioriza cuatro medidas: segregar las funciones de agencia anticorrupción de la protección de alertadores (como ocurre en Francia); obligar al ente afectado a recibir autorización para cualquier aspecto laboral que quiera modificar del alertador; y mejorar la rendición de cuentas al informante y la coordinación con la Fiscalía y los juzgados. “Estamos lejos de ser como Dinamarca”, remacha.

Aunque reclame cambios, Camacho tiene claro que la OAC no es el enemigo: “No queremos cargarnos a Antifraude, solo queremos mejorarla”. “Sabemos muy bien que hay partidos que querrán usar las discrepancias como excusa para cerrar Antifraude, pero nosotros la defendemos”, apostilla el alertador, consciente de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox de los últimos años han fulminado o dejado en la mínima expresión estos entes.

Cristian Olivé, profesor de Secundaria caracterizado por su entusiasmo por el oficio, llega al final de este curso algo pesimista. Durante años, los catorce que lleva en las aulas, este docente barcelonés del instituto Joan Pelegrí ha abogado sin descanso por aprovechar los intereses de los adolescentes para sus clases. Todavía lo hace. Series de Netflix, canciones de Rosalía… Todo puede ser material para su asignatura de Lengua y Literatura, como ha explicado en libros como Profes rebeldes (Grijalbo). 

Esa lógica la aplicó también Olivé a las herramientas digitales. Pero de un tiempo a esta parte, prefiere dejar a un lado ordenadores y móviles. Aunque defendió su uso puntual y con fines educativos, para conectar mejor con sus pupilos, cada vez les ve más perjuicios. Sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial, que asegura que ha desarmado al profesorado de Secundaria a la hora de plantear y corregir trabajos. 

“La IA está matando la creatividad”. Así de alarmado se muestra este profesor, también autor de literatura juvenil –su último libro es Més de dos, de la editorial Rosa dels Vents–, cuando reflexiona sobre cómo sus alumnos se han entregado a ChatGPT.

Usted siempre ha sido un firme defensor de incorporar en el aula las herramientas digitales que usan los adolescentes. ¿Ya no? 

Siempre he defendido introducirlas, sí. No siempre móvil en mano, puede ser imitando el lenguaje de las redes sociales para motivarlos, para que el mundo real también entre en el aula. Pero con lo que yo no contaba para nada era con la llegada de la IA. Hay que educar en entornos digitales, ir más allá del libro, pero la IA está cambiando las reglas del juego. Hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más limitado, menos complejo, porque los estudiantes cada vez elaboran menos tareas por su cuenta. Lo deja en una situación letal. 

Usted tiene alumnos de 12 a 16 años. ¿Cómo lo usan?

Para mí, ahora mismo, pedir a los alumnos un trabajo que no puedan realizar en clase es algo que ya no puedo hacer. Si lo hago, corro el riesgo de que en casa lo pregunten a ChatGPT y se lo realice. Antes, cuando escribían, si les surgían dudas lingüísticas podían recurrir a herramientas digitales de consulta, de cuestionamiento lingüístico, pero ya no es una opción, por culpa de la IA. Cuando me encuentro un texto que no se parece en nada al que corregía hace 10 años, o tengo de repente alumnos brillantes o es que no lo han hecho ellos. 

Me he encontrado casos de estudiantes que no se han leído un libro y han pedido a la IA que lo resuma, actividades de escritura creativa en que la IA les ha resuelto el texto… He llegado a recibir correos electrónicos de alumnos escritos con IA. Es decir, si un alumno no es capaz de escribir un mail con unas propiedades textuales, una adecuación y una coherencia, es un síntoma de que algo no funciona. 

Pedir a los alumnos un trabajo que no puedan realizar en clase ya no es una opción. Si lo hago, corro el riesgo de que en casa lo hagan con ChatGPT

¿Desde cuando ha detectado que los alumnos emplean sistemáticamente este recurso? 

El curso pasado empezamos a verlo, y recuerdo hablar con los compañeros y decir que los alumnos cada vez escribían mejor. Luego nos dimos cuenta que no escribían ellos, sino una máquina. Este curso ya se ha convertido en un gran problema. Estamos valorando trabajos que en realidad no han producido nuestros alumnos. 

Antes de hablar de cómo afecta a las evaluaciones, ¿cree que la IA dificulta el proceso de aprendizaje en sí mismo? 

Para que haya aprendizaje, tiene que haber reto, y para que haya reto, tiene que haber investigación: que el alumno se plantee como desarrollar un reto, cómo aplicarlo en situaciones reales. Pero todo eso lo pierdes si una herramienta artificial cumple estos pasos y los resuelve por ti. Por lo tanto, el aprendizaje es menor, y el pensamiento, menos complejo.

¿Se ha replanteado cómo evaluar a sus alumnos?

Sí, para empezar, todo lo que evalúo lo hacen en el aula. Y he incorporado la parte oral, que antes quizás estaba más olvidada –aunque con 32 alumnos por clase no hay tiempo–. Sobre todo he cambiado esto: los trabajos, en clase. Y otra cosa ha cambiado en mí: la desconfianza, que no beneficia en nada al sistema educativo. Si una actividad no se acaba y sigue al día siguiente, surge en mí la desconfianza. Si algo está demasiado bien hecho, dudo. Pero es que algunos estudiantes usan la IA e incorporan errores, o hacen trabajos que están copiados al 50%... La gran frustración entre el profesorado es que a día de hoy ya sabemos detectarlo, pero no podemos demostrarlo. 

La gran frustración entre el profesorado es que a día de hoy ya sabemos detectarlo, pero no podemos demostrarlo

¿Esto les trae problemas?

Chocamos frontalmente con los estudiantes, que no lo reconocen, y con las familias, que no aceptan un suspenso de sus hijos y nos cuestionan. Aquí necesitamos apoyo de la Administración.

¿Qué ejemplos de actividades concretas ha dejado de hacer? 

Por ejemplo, yo siempre les pedía un podcast: que elaboraran un guión y lo grabaran. Para ello tenían que investigar, analizar, redactar... O también hacía una propuesta de exposición artística, basada en la vida de un escritor, que consistía en elaborar los tarjetones del museo, el librito, la audioguía… Pero ChatGT ahora te lo prepara todo. En todo ese proceso, yo veía aprendizaje, y ahora no puedo hacerlo y me preocupa. 

¿Esto le ha hecho dar también un paso atrás en el uso de otros dispositivos digitales, como ordenadores o móviles, cuya incorporación había defendido antes?

He pasado de ser un gran defensor de las pantallas a un gran detractor. Cada vez usamos menos el ordenador en clase. 

He pasado de ser un gran defensor de las pantallas a un gran detractor

¿Por qué?

Porque creo que en educación es importante arriesgar y probar, pero también detenerse y retroceder. No es una actitud incoherente por parte del docente, sino necesaria. El proceso de aprendizaje es altamente sensible y requiere de atención u concentración, y nos hemos dado cuenta de que las pantallas distraen. 

¿Hay que hacer autocrítica? Dice que la docencia tiene una parte de ensayo-error, pero ¿habría que ser más prudente a la hora de incorporar métodos o herramientas que no estén científicamente probadas en el ámbito educativo?

Llevo días recibiendo el típico comentario [tras hablar de IA en redes sociales] de que los profesores tienen que renovarse o morir, o que tienen que actualizarse. Pero cuando intentas buscar una solución, te atacan por lo contrario. Y llega un punto en que el profesor se siente un poco frustrado, poco comprendido, cuando al final lo que intentamos siempre es conseguir el mayor beneficio para el estudiante. Creíamos que las pantallas podían beneficiar, pero hemos visto que no. Hay quien cree que la IA debería implantarse ya como herramienta educativa, pero yo no lo tengo muy claro. 

¿El profesorado debería refugiarse en una docencia más tradicional, al menos en cuanto a la parte digital?

Ya está pasando. Yo siempre he defendido actividades complejas, con retos que no se puedan resolver en una hora y para los que tengas que buscar y seleccionar información, aplicarla… Lo que se llama aprendizaje competencial y que ahora está en peligro de muerte. Pero defender ahora solo la memorización y el examen no me parece la solución.

¿Es pesimista? 

Sí, y no me gusta serlo porque no forma parte de mi ADN, pero la IA me ha hecho replantear en muchos momentos mi trabajo, mi función como docente y mi vocación. Porque ya no sé si mi función es educar, enseñar, acompañar… o vigilar. Y si es esto último, no me gusta.

¿Ve al profesorado desorientado?

Estamos perdidísimos, porque nos han roto los esquemas, también las directrices que dependían del Departamento de Educación sobre el trabajo competencial que ya no podemos evaluar. Y merece la pena que paremos y escuchemos esta angustia de los docentes. La competencia comunicativa está en peligro, la de aprender a aprender, también. La selección de la información, también. Y la creatividad, que une asignaturas y disciplinas, también. La IA mata la creatividad. 

La competencia comunicativa está en peligro; la de selección de la información, también. Y la creatividad, que une asignaturas y disciplinas, también

Otros docentes siguen defendiendo que, igual que la irrupción de Google, hay que buscar el potencial educativo de una herramienta que no va a desaparecer. 

Soy consciente y me lo he planteado muchas veces, si lo que tengo es miedo al cambio. Intento a veces ver el paralelismo con el surgimiento de Google, con las webs tipo Rincón del Vago en su momento, también se ha dicho de la calculadora… Cuando llegaron los buscadores, también se cuestionó el papel del docente. Pero es que para llegar a la información tenías que seleccionarla. Ahora con una pregunta ya te la dan toda. Y lo hace a partir de un algoritmo, de unos intereses y de una ideología. Por lo tanto, limita lo que aprendes y cómo lo aprendes.

Una última pregunta. Como autor de novela juvenil, ¿también le preocupa en impacto en el mundo de la literatura? 

Sí. Creo que se van a premiar muchos textos escritos con IA dentro de poco. Como herramienta de consulta, o de desbloqueo, puede estar bien. El problema es cuando la utilizamos para que piense por nosotros. Entonces ahí ya es cuando se mata la creatividad, se mata el pensamiento y se mata aquello que nos hace únicos, que es pensar por nuestra cuenta y buscar soluciones creativas. 

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

Los sindicatos mayoritarios del sector educativo en Catalunya, la USTEC y Professors de Secunndària, han desconvocado las huelgas educativas en Catalunya del próximo lunes al jueves como “jornada de reflexión” mientras los docentes votan si ratifican el preacuerdo alcanzado con el Govern.

Así lo han comunicado este sábado los sindicatos, si bien han matizado que la huelga convocada para el próximo 5 de junio sí se mantiene “en previsión” del resultado de la consulta.

La del próximo viernes es la última huelga general del ciclo de movilizaciones docentes que supuso una de las mayores crisis entre Govern y docentes, pero que culminó con el acuerdo de este viernes. El sector educativo se ha levantado contra la precariedad en varias autonomías, con Catalunya y el País Valencià liderando las movilizaciones.

En Catalunya, el departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes alcanzaron este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de 600 euros mensuales hasta 2029, si se tiene en cuenta la parte autonómica y la estatal.

Solo dos sindicatos minoritarios en el sector, CGT y la Intersindical, apuestan por votar 'no' en la consulta sobre el preacuerdo. La CGT ha argumentado que el pacto “deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han motivado las huelgas”.

El acuerdo supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales). Sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, la subida salarial ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.

El pacto también incluye más de 6.300 dotaciones de personal para escuelas vinculadas a la educación inclusiva, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de secundaria y nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículum.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el preacuerdo “histórico” en el sector educativo y ha agradecido la “voluntad y actitud de diálogo” que han hecho posible el acuerdo y el “trabajo” de la conselleria, que retomó las conversaciones con los sindicatos mayoritarios hace unas semanas ante su negativa de sumarse al pacto ya cerrado con CCOO y UGT.

“Es un primer paso para remontar el ámbito educativo y poner a partir de ahora todos los esfuerzos en lo que realmente importa, que es alcanzar la excelencia en el ámbito educativo”, ha destacado el presidente catalán.

Òmnium Cultural ha reelegido este sábado a Xavier Antich como presidente. La asamblea general ordinaria también ha escogido una nueva junta con las vicepresidencias de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira y Elena Subirà, y Teresa Navarro como tesorera.

En su discurso de toma de posesión, Antich ha advertido de que arranca un ciclo electoral “diabólico” que obligará a la entidad a estar preparada y a “jugar mejor las cartas para avanzar en las aspiraciones nacionales” de Catalunya.

Pese a ser consciente del “daño” que puede hacer el ciclo electoral al independentismo por el auge de la extrema derecha, el reelegido dirigente de Òmnium afronta el futuro más inmediato con “ambición ganadora” en defensa de la democracia y del derecho de autodeterminación de las naciones sin estado.

En este sentido, Antich ha asegurado que Òmnium tiene “brújula”, sabe dónde quiere ir y “qué hay que hacer para llegar”. Por eso, ha apostado por la “construcción nacional”, un término que interpela la lengua, la escuela, la cultura, la cohesión, la juventud organizada, los Països Catalans, la acción internacional, la fuerza del territorio, la sociedad civil organizada y la libertad del país.

Antich ha recordado la trayectoria de la entidad y la bandera de haber sido pioneros en defender la lengua en la escuela, formando a miles de maestros de catalán durante los años 60 y 70. “Venimos de quienes, en tiempos mucho más duros que los actuales, lucharon y resistieron contra una dictadura”, ha enfatizado.

Sobre la desafección política, Antic ha remarcado que Òmnium es “sinónimo de construcción y esperanza”, lo que hace que la entidad tenga que ser “inmune al desánimo” y “depositaria de una enorme responsabilidad”. Òmnium, ha defendido, “no ha pasado a la oposición, sigue siendo la principal organización de la sociedad civil”.

Antich es presidente de Òmnium desde febrero del 2022, cuando sustituyó a Jordi Cuixart. La entidad, que no recibe ni subvenciones ni se financia con créditos bancarios, fue creada en 1961 y sigue teniendo como uno de los objetivos fundamentales la promoción de la lengua y cultura catalanas e intentar tender puentes entre los distintos actores soberanistas, no siempre bien avenidos.

Durante la presidencia de Antich, Òmnium también ha reclamado a las instituciones, partidos, sociedad civil, mundo empresarial y sindicatos, así como a los ámbitos de la cultura, la educación, el ocio y el deporte, que se comprometen con la lengua catalana, y ha respondido al auge de la extrema derecha independentista recordando que la construcción nacional de Catalunya pasa por sumar nuevos catalanes al país.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

El Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos docentes mayoritarios han cerrado un preacuerdo para poner fin al conflicto educativo en Catalunyas. El pacto, que prevé una mayor subida salarial de la discutida hasta ahora, se someterá a votación del profesorado antes de decidir si se pone fin definitivamente los paros laborales que quedan entre el 1 y el 5 de junio. 

Las subida salarial progresiva para los próximos años, el principal escollo de la negociación, superará finalmente los 400 euros acumulados al mes hasta 2029. En principio, se añaden otros 50 euros más dentro del nuevo complemento específico. Esto, según ambas partes, elevaría la cifra mensual a percibir por la plantilla a entre 600 y 630 euros más dentro de cuatro años, si se suman todos los incrementos previstos.

El aumento total que han presentado los negociadores al salir de la reunión incluye lo pactado entre Educación y CCOO y UGT en marzo, el nuevo complemento salarial añadido en las actuales conversaciones, y la subida estatal para el funcionariado.

La otra clave del conflicto, el refuerzo de las plantillas para apuntalar el modelo de escuela inclusiva, es el que ya se dio a conocer el jueves. Educación se compromete a desplegar 6.400 dotaciones especializadas para este cometido (psicopedagogos, aulas de acogida, logopedas, técnicos de Infantil...).

En total, la inversión a cuatro años comprometida por el Govern es de 2.726 millones de euros. De ellos 2.000 ya estaban previstos en el pacto de marzo y el resto se han arrancado en la actual negociación.

El acuerdo se ha planteado formalmente como un anexo al que firmó Govern con CCOO y UGT. De esta forma, permite contar con el visto bueno de ambos sindicatos y de USTEC y Professors de Secundària, los mayoritarios de la enseñanza pública y convocantes de las actuales huelgas. El resto de centrales laborales huelguistas, CGT e Intersindical, se han desmarcado.

“Hemos movilizado una gran cantidad de recursos, extraordinaria, para empezar a resolver el malestar del sistema educativo”, ha celebrado tras la reunión Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa de la Generalitat. Iolanda Segura, portavoz de USTEC, ha defendido que con el preacuerdo sellado este vierens se ponen las bases para “recuperar el poder adquisitivo perdido” en los últimos años.

La consulta para renfrendar el acuerdo se llevará a cabo desde este sábado hasta el lunes a todos los afiliados. Debido a estos tempos, todo apunta a que la jornada de paro prevista para el día 1 de junio en Girona se mantiene.

Después de siete encuentros de la mesa sectorial, el escollo que separaba a las partes era fundamentalmente salarial. Aunque faltaba por cerrar detalles del refuerzo de plantillas para la escuela inclusiva –el otro gran punto de discusión–, sindicatos y Educación no lograban acercarse definitivamente en lo que afectaba a las nóminas de los docentes. 

La conselleria que dirige Esther Niubó puso sobre la mesa una última oferta, que tachó de definitiva, que permitía acumular una subida salarial de hasta 400 euros en 2029. Con esa cifra, Educación defendía responder a las demandas retributivas de los sindicatos. Sin embargo, estos acusaron a Educación de hacer trampa en los cálculos, y afirmaron que la subida que ellos exigían de 400 euros o más al mes se refería solo a la parte autonómica, a la que luego habría que añadir el incremento estatal. 

Al final, los complementos autonómicos pactados sitúan la subida en 390 euros de forma progresiva hasta 2029. Sumado al incremento estatal para el funcionariado, dejaría las nóminas docentes para esas fechas en 600 euros más para Primaria y 633 para Secundaria. El compromiso de los firmantes pasa por no exigir nuevas subidas mientras dure este calendario de cuatro años.

Entre los demás asuntos discutidos, la Administración educativa también ha aceptado la devolución de los llamados “estadios”, es decir, los sexenios que no se pagaron durante los años de los recortes, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de Secundaria.

Aunque se ponga fin a las huelgas y se eviten las de la próxima semana, el curso escolar 2025-2026 concluirá como uno de los más conflictivos a nivel laboral de las últimas décadas. El Govern de Salvador Illa y la consellera Niubó han tenido que afrontar hasta tres oleadas de huelgas distintas, con un seguimiento prácticamente sin precedentes. Los primeros paros, convocados de forma unitaria por todos los sindicatos, y la segunda y la tercera –y actual– tanda, con los que se desmarcaron del pacto entre CCOO y UGT y el Ejecutivo.