La jueza de la dana ha incorporado a la causa los audios de las llamadas de la alcaldesa de Requena, Rocío Cortés, al Centro de Emergencias de la Generalitat para solicitar instrucciones y la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Se trata de tres llamadas (efectuadas a las 14.35, 14.39 y 14.40); las dos primeras con la sala del 112 y la última ya con un técnico de la Sala de Emergencias. En esa última llamada, el técnico de Emergencias le dice al operador del 112, antes de hablar con la primera edil: “Yo también soy cabeza de turco”.

La respuesta de Emergencias al oficio de la jueza indica que a las 15.00, tras las llamadas de Cortés, se declaró situación 2 por inundaciones en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, paso previo imprescindible para solicitar la activación de la UME.

En la primera llamada, la alcaldesa habla con el Centro de Emergencias para que le indiquen qué “función” cumple el organismo en una situación de inundaciones como la que se estaba viviendo y pide que alguien le guíe. Su interlocutora de Emergencias recomienda que consulte el Plan de Inundaciones municipal para “empezar a tomar todas las medidas”.

“Cuando hay personas que están atrapadas o está habiendo inundaciones, lo mejor es llamar al 112 para que quede registrado y así se activan a las diferentes agencias, como puede ser Bomberos, Guardia Civil [o] Sanidad, para que en caso de que se requiera la colaboración de alguno, se dé el preaviso y puedan acudir lo más rápido posible”.

La técnica del Centro de Emergencias también alerta a la alcaldesa de la previsión del episodio de lluvias: “No es lo que tenéis ahora, sino lo que vais a tener esta tarde entre las tres y las seis. Todas las medidas que podáis ir tomando, mucho mejor”, concluye.

“¿Sabéis qué tenemos que hacer?”

En una segunda llamada, Rocío Cortés se interesa por el mecanismo de solicitud de la UME: “Estoy en coordinación con la Guardia Civil y me están pidiendo (...) que solicitemos la UME, porque dicen que estamos completamente desbordados. En estos momentos, en Utiel, están los coches bajando por las calles y no damos abasto para desalojar. Y en Requena, ¿vale?, tenemos zonas, puentes que están a punto de desbordar, pedanías totalmente bloqueadas y si quieres sigo”.

“¿Sabéis qué tenemos que hacer?”, pregunta la primera edil. El operador pide “un segundo” para consultar con los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

El técnico que finalmente resuelve la duda se ofrece al operador a explicar él mismo a la alcaldesa la casuística. Cortés vuelve a repetir la descripción de la situación de la localidad y su interlocutor detalla: “Tendría usted que solicitarlo aquí a lo que es la dirección general, a la AVSRE, ¿vale?, Agencia Valenciana de Seguridad de Respuesta a las Emergencias”.

“El problema es que ya está inundado”

El técnico advierte que la “decisión” de activar la UME corresponde a la AVSRE y explica que en ese momento se barajaba la posibilidad de instalar un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para atender a Utiel y a Requena.

“El problema que tenemos es que ya está inundado y nos han llamado del Centro de Emergencias y nos han dicho que esta tarde se espera lo peor porque dice que viene el temporal para aquí”, arguye la primera edil del PP.

El técnico de Emergencias, finalmente, comunica a la alcaldesa que Inmaculada Piles, la jefa de servicio, se pondría en contacto con ella.

La jueza de la dana ha dejado sin efecto la citación como testigo del expresident Carlos Mazón después de que la Audiencia de Valencia haya avalado la personación en la causa del aforado. La instructora, en un auto dictado este jueves, considera que la nueva condición de Mazón le otorga “una serie de derechos del todo punto incompatibles con la declaración testifical acordada”.

“El testigo está obligado a decir la verdad y con apercibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio (...), no podría ejercer entre otros derechos el derecho a no declarar o no contestar a algunas de las preguntas que se le formularan”, afirma la resolución.

El “catálogo de derechos” al que accede Mazón incluye el derecho a guardar silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. También incluye el derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados.

Una diligencia de ordenación del juzgado de Catarroja considera como personado en el procedimiento a Carlos Mazón, después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia estimara el recurso del expresident y avalara que su defensa tenga acceso a la causa.

El auto de la Audiencia de Valencia advierte de que, a medida que avance la instrucción se podría dar una “inculpación futura” del exjefe del Consell y, por tanto, otorga a Mazón una suerte de derecho de defensa preventivo de la persona aforada no investigada, de acuerdo con el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

“Todo ello supone la necesidad de dejar sin efecto la declaración testifical del Sr. Carlos Mazón Guixot”, indica el auto de la magistrada.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha defendido este jueves que el de 2026 es “el mayor presupuesto de la historia” de la Comunitat Valenciana en esta área y “sin maltrato” a la educación pública, como el ejecutado, a su juicio, por los gobiernos del Botànic.

Ortí ha comparecido en las Corts Valencianes para explicar las líneas básicas de su presupuesto para el año que viene, que asciende a 7.749 millones, 450 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 6,2 % y consolida, según ha dicho, “el mayor esfuerzo inversor realizado por la Generalitat”.

Los presupuestos incluyen la primera dotación económica para aplicar la mejora retributiva acordada por la Conselleria con dos de los sindicatos (ANEP y CSIF) de la mesa de negociación abierta con motivo de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria.

El PSPV y Compromís han pedido la dimisión de la consellera por su “incapacidad” e “incompetencia” para gestionar ese departamento; han afirmado que estas cuentas no incorporan mejoras sino “recortes” y “ataques” a la educación pública y han acusado a Ortí de “hacer caja” con la huelga del profesorado, pues ingresará “más dinero por lo que va a dejar de pagar a los docentes” en huelga que el que les abonará por la subida salarial.

Para Ortí, maltratar no es contratar más de 8.000 docentes, abrir 27 centros nuevos, multiplicar por dos las aulas de inclusión, pasar de 87 a 163 millones en la gratuidad de 0 a 3 años o sumar 51 millones en becas universitarias, como ha hecho este Consell, sino que está “más relacionado con ejecutar solo el 23 % del plan Edificant, dejar sin acuerdo plurianual a las universidades o negar hasta 5 veces la subida salarial de los docentes”, como hizo el Botànic, ha apuntado.

Condena de la violencia

Durante el debate, Ortí ha afirmado que condena “la violencia venga de donde venga”, tanto la del agente que empujó a una profesora como la guillotina ensangrentada instalada ante la Conselleria, el acoso a ella y a su familia y los ataques que han sufrido las sedes de los sindicatos que han firmado el acuerdo retributivo.

Ha defendido la necesidad de “respetar los acuerdos sindicales”, aunque a uno no le gusten, como el alcanzado sobre las retribuciones, a pesar de que lo rechazan tanto el STEPV, CCOO y UGT (representantes del 70 % del profesorado).

Ortí también ha considerado “desafortunada” la publicación hecha por el PP en la que sugería que algunos docentes simulaban estar enfermos, pero ha considerado que no es comparable con una guillotina o con acosar a la familia de la consellera, y ha advertido de que comparar ambas cosas es “trivializar el concepto de violencia”.

Críticas de la oposición y apoyo de Vox

El socialista José Luis Lorenz ha criticado la “incompetencia” de la consellera para gestionar estas áreas, especialmente la de Educación, donde ha demostrado una “incapacidad” para atender la reivindicaciones de los docentes, que derivan, a su juicio, de los “ataques y recortes a la educación pública”, y le ha pedido que dimita.

Gerard Fullana (Compromís), por su parte, ha considerado que Ortí no merece el tratamiento de 'molt honorable', ha denunciado que el presupuesto es “un engaño” pues no incorpora mejoras sobre el año anterior y supone una “involución respecto a 2023”, y ha pedido a la consellera que “no se haga la víctima”, pues “nadie la ha agredido” y a los “docentes sí”.

Desde Vox, la diputada Julia Llopis ha destacado el aumento histórico del presupuesto educativo y ha denunciado la “instrumentalización política” de la huelga docente por parte de la izquierda, a la que ha acusado de someter a la Conselleria a un “chantaje político histórico”.

Principales líneas del presupuesto

Las cuentas de Educación destinarán en 2026 más de 22 millones para iniciar la implantación de una subida salarial que alcanzará los 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico en 2028 con el compromiso de revisión de acuerdo con el IPC.

Incorporan también, por primera vez, una partida específica para desarrollar un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluye 32 millones para el Plan de Confort Térmico, 230 millones para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros y 41 millones para ampliaciones y reparaciones.

Las cuentas consignan 176,6 millones en programas de calidad educativa orientados a reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados entre el alumnado, y contemplan la creación de, al menos, 36 aulas UECO, con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones.

La gratuidad de la educación de 0 a 3 años contará con una inversión cercana a los 163 millones; se destinan 76,3 millones a ayudas de comedor, 73 millones al transporte escolar, y 71 millones al Banc de Llibres.

La Secretaría Autonómica de Cultura dispondrá de un presupuesto de 190,6 millones y la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 71,18 millones, con casi 20 millones para la conservación, rehabilitación y recuperación del patrimonio histórico y más de 8,6 millones para la recuperación de bienes afectados por la dana.

En cuanto a las Universidades, su presupuesto alcanza los 1.234 millones, un 12 % más que el ejercicio anterior, y su financiación ordinaria supera los 1.000 millones, con más de 51 millones para becas, un aumento superior al 65 %.

Se “consolidan” los recortes del PP

El portavoz de Educación de Compromís en las Corts, Gerard Fullana, ha denunciado que el proyecto de presupuesto educativo para 2026 consolida los recortes del PP y supone un “engaño” y una “humillación” para la comunidad educativa en plena huelga indefinida. Fullana ha acusado a la consellera Carmen Ortí de “hacer caja” con las protestas, asegurando que la Generalitat se está ahorrando unos 60 millones de euros debido a los paros y que solo pretende reinvertir 21 millones mediante la subida salarial de 75 euros prevista para septiembre, lo que reporta a la Administración un beneficio neto de casi 40 millones de euros. Ante lo que califica de negociación ficticia, la coalición reclama una subida salarial retroactiva de 230 euros mensuales para el profesorado, una reducción real de las ratios y una inyección de 400 millones de euros para revertir la parálisis en las infraestructuras escolares.

Asimismo, la formación ha criticado duramente el “retroceso sin precedentes” en materia de infraestructuras bajo el mandato de Pérez Llorca, cifrando en 214 millones de euros el recorte en obras educativas respecto a los niveles de inversión del Botànic en 2023. El diputado ha revelado que de las 32 obras nuevas anunciadas por el Consell, 29 registran un 0 % de ejecución y las tres restantes no alcanzan el 12 %, argumentando que el presupuesto asignado de 36 millones es insuficiente incluso para redactar los proyectos. Finalmente, Fullana ha tildado de “inoperancia total” la gestión de la Conselleria al mantener prácticamente congelada la reconstrucción de los centros dañados por la dana, con menos del 3 % de ejecución casi dos años después de la catástrofe.

El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció en enero de 2024 la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar supuestos “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y anunció la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones aseguraba que estaban duplicadas. De esta forma trataba de arrojar dudas y sospechas sobre la gestión del Gobierno del Botánico.

Por este motivo, un mes más tarde anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, ha sido este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.

Entre los aspectos más graves, la auditoría pone de relieve que “en siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública” destacando el Hospital General de Valencia con 118,5 millones, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló con 25,5 millones y Feria Valencia con 8,1 millones.

En catorce entidades del SPI se ha realizado “un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que disponen los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En total, se contabilizan 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones de euros y 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones de euros.

En veinticinco entidades del SPI no se han implementado “declaraciones de conflicto de intereses para todas las personas participantes en la tramitación de los expedientes u otras medidas adecuadas adoptados por los órganos de contratación, incumpliendo la previsión establecida en el art. 64 de la LCSP”.

En todas las universidades se ha detectado “el uso de contratos menores para satisfacer necesidades periódicas, recurrentes o previsibles que deberían licitarse mediante procedimientos abiertos, sistemas dinámicos de adquisición o acuerdos marco. Una de las universidades auditadas hace un uso intensivo del contrato menor”. En particular, destaca el caso de la Politécnica de València con 55.118 contratos menores, el 59% del total de contrataciones.

En el área de personal, se cifra en 22.562 el total de trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat, 2.591 más que en 2023, lo que supone un aumento de gasto de 62 millones de euros a pesar de que Mazón siempre criticó al Gobierno del Botánico por el exceso de gasto o de “grasa administrativa” y prometió adelgazar la administración para ahorrar.

Además, la auditoría oculta uno de los aspectos más criticados por el PP de Mazón y de Pérez Llorca como son las contrataciones de personal laboral temporal sin permiso de Hacienda, un dato que hasta ahora siempre aportaban estos documentos y que era munición para la oposición. Se trata del personal de sustitución que necesita una rápida tramitación, especialmente en servicios sociales o sanidad. En el informe de 2023 se destacaba que 2.750 contrataciones de personal laboral temporal no había contado “con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuesto”. Una situación que cada año se da en mayor o menor medida y que en esta ocasión no aparece.

Sí que se destaca, por ejemplo, que “en la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2025, de 46 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 5 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos”.

En determinados casos (como en los encargos realizados a la entidad VAERSA) “no se acredita suficientemente el cumplimiento efectivo de la exigencia de que el medio propio disponga de recursos humanos, materiales y técnicos adecuados y suficientes para llevar a cabo las prestaciones encargadas” y respecto a tres expedientes de encargos ordenados a VAERSA y analizados añade: “Una parte significativa del personal vinculado a su ejecución ha sido contratada mediante relaciones laborales de carácter temporal, alcanzando en uno de los casos un 60 % del total; no consta que la entidad haya solicitado la preceptiva autorización previa del órgano competente de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda para la contratación de personal laboral temporal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 36.5, párrafo segundo, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024”.

Asimismo, dentro de los principales incumplimientos detectados en el transcurso de los trabajos de auditoría destacan los siguientes: “Se ha exigido el reintegro de cantidades indebidamente abonadas en la entidad Plan Cabanyal; se ha detectado el abono de gastos de acción social y/o productividades en cuatro entidades (FGV, ITV, Feria Valencia y SGISE)”.

El conflicto educativo valenciano no da tregua. Este jueves, convocados por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents, miles de maestros y profesores han vuelto a recorrer las calles de València en un tono festivo y reivindicativo. En esta ocasión, la marcha ha contado con la presencia y el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial y forestales de la Generalitat —recibidos por los docentes al grito de “más bomberos y menos toreros”— y ha estado precedida por miembros de los conservatorios de música, quienes, vestidos de riguroso negro, portaban sus instrumentos en las fundas simulando ataúdes al ritmo de una marcha fúnebre.

Antes de que comenzara la manifestación, los representantes sindicales advirtieron que retomarán y recrudecerán las movilizaciones en septiembre si la Conselleria de Educación no cede y reabre una negociación “real” en los dos bloques que mantienen encallado el acuerdo: las retribuciones salariales y el peso del valenciano en la enseñanza pública.

Esta nueva movilización coincide con la decimonovena jornada de paros de una huelga indefinida que cumple ya su cuarta semana consecutiva y que supone un pulso histórico contra la Administración autonómica. En un intento de desbloquear la situación, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este jueves ha presentado los presupuestos de su departamento en las Corts, ha convocado a los sindicatos a una nueva mesa sectorial mañana viernes a las 14:00 horas. Se tratará de la décima reunión formal desde que arrancaran los paros el pasado 11 de mayo; una cita clave en la que la Administración deberá poner sobre la mesa un nuevo “documento definitivo” con su propuesta.

Pese a la convocatoria, el optimismo entre los representantes de los trabajadores es nulo. Las centrales sindicales insisten en que los contactos técnicos mantenidos durante esta semana han sido meros “grupos de trabajo para aclarar dudas” y no una negociación real. Marc Candela, portavoz de STEPV, se ha mostrado escéptico respecto a la cita de mañana: “Hay temas encallados como las retribuciones o el valenciano, y no creemos que la conselleria avance ni un milímetro. Si el documento final no nos satisface, continuaremos el curso próximo; la lucha docente no se acaba aquí si no se atiende el clamor de las bases”.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha instado a la conselleria a entregar el documento definitivo para someterlo de inmediato a debate y votación entre el profesorado. Valls ha recordado que la presión de las calles ya ha servido para frenar recortes previstos por el anterior conseller y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Además, ha desmontado la excusa económica de la Generalitat al señalar a Les Corts Valencianes como vía de solución: “En el debate presupuestario se pueden presentar enmiendas, y el PP se puede autoenmendar si quiere resolver este conflicto modificando alguna partida al alza”.

“Inoperancia” de los negociadores del Consell: Ortí y McEvoy

La indignación por la gestión del conflicto ha llevado a los portavoces a señalar directamente la “inoperancia” de los negociadores de la Generalitat. Javier Català, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents, ha calificado de “inaceptable” que, tras casi un mes de paros y con un goteo constante de dimisiones en los equipos directivos de los centros, sigan sin ofrecerse soluciones reales. Català ha exigido la intervención inmediata del president de la Generalitat, Pérez Llorca: “Ha quedado demostrado que la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy no son interlocutores válidos. El president debe actuar y cambiarlos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Kilian Cuerda, portavoz de UGT, quien ha acusado a la conselleria de aplicar una estrategia cruel: “Ya está bien de dilatar deliberadamente la huelga para aumentar el dolor y el sufrimiento de las familias, el alumnado y el profesorado”. Cuerda ha censurado que, tras horas de reuniones, Educación presente borradores en los que “apenas modifican una palabra” y ha avisado de que el colectivo no tolerará más desaires. “Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha. Si no saben negociar desde el respeto, y no desde la chulería y el insulto, que se vayan a casa”, ha zanjado.

La comunidad educativa valenciana aguarda ahora el resultado de la décima mesa de mañana viernes. De lo que ocurra a partir de las 14:00 horas en la sede de la conselleria, ubicada en la avenida de Campanar, dependerá si el curso escolar 2025-2026 finaliza con una tregua o si, por el contrario, la huelga se enquista de manera indefinida hasta congelar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano.

À Punt, la cadena autonómica valenciana, organiza el próximo 11 de junio un evento con toreros y empresarios y periodistas taurinos para celebrar el primer aniversario de la vuelta de la emisión de las corridas a la televisión pública y sacar pecho de las audiencias, según ha podido confirmar elDiario.es.

La presentación reunirá a toreros como Vicente Barrera, ex vicepresidente de Vox en el primer Consell de Carlos Mazón, Luis Francisco Esplá, Samuel Navalón, Román Collado o Vicente Ruiz Soro.

También contará con empresarios del sector y con periodistas especializados en la materia, tales como Marta García o José Germán Estela, responsable del programa taurino de À Punt Ràdio.

Se trata, según fuentes de la televisión pública, de una presentación para valorar el primer año de programación taurina y sus audiencias. El evento estará presentado por Jorge Casals, el periodista al frente de La Plaça, el programa taurino de À Punt.

La apuesta de la dirección de la cadena pública por los toros no ha estado exenta de polémica. Por un lado, la cadena indemnizó a una periodista a la que reconoció la cláusula de conciencia ante la vuelta de los toros.

La emisión de una corrida de toros (de archivo) protagonizada por Vicente Barrera coincidiendo con la masiva manifestación con ocasión del primer aniversario de la dana también propició una lluvia de críticas.

Ignacio Valero, jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, y se sorprendió del poco conocimiento de los responsables de Emergencias sobre el terreno afectado cuando, al inicio de la reunión el organismo estatal planteó que en la presa de Forata se podía producir una “avenida extraordinaria” con el consiguiente peligro para la población: “Se nos pregunta qué son los escenarios, cosas de geografía y del territorio y eso me alucinó, que no supieran los municipios aguas abajo”, ha afirmado Valero este jueves ante la jueza de la dana, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

El testigo ha confirmado que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, pidió que se avisara a la población y que se especificara la recomendación de refugiarse en “zonas altas”.

El jefe del SAIH ha dicho que los representantes de la CHJ en la reunión del Cecopi eran “meros observadores” y también ha insinuado que los responsables autonómicos “si la delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé] o alguien intervenía, se molestaban”.

También ha descrito la llegada tardía del entonces president Carlos Mazón, que siempre ha sostenido que estuvo informado de todo antes de su aterrizaje en la reunión del Cecopi. “Cuando llega Mazón, se nos pide de nuevo un resumen de la situación y nos retrotraemos a dos horas antes, lo explicamos todo otra vez”, ha afirmado en referencia a la presa de Forata.

Valero ha relatado las distintas fases de la reunión del Cecoipi, incluyendo las pausas. El testigo ha especificado que, tras la primera advertencia de Miguel Polo sobre la presa de Forata al inicio de la reunión, hubo un receso breve. Cuando fueron conectados de nuevo al Cecopi, se produjo un “debate entre ellos”, en referencia a los mandos y políticos que participaban presencialmente en la reunión y, finalmente, se acordó que se iba a avisar a la población.

Tras un nuevo receso, poco después de las 19.00 fueron conectados de nuevo: “Y estamos sorprendidos porque pensábamos que se había avisado a la población aguas abajo de Forata. Pero nos damos cuenta de que no”.

En la reunión se leyó el texto de los dos mensajes Es-Alert que, en principio, se decidió enviar a la población: uno para toda la provincia pidiendo que se evitara la movilidad y otro específico, recomendando buscar refugio en zonas altas, para las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol. En ese momento, el testigo intervino en la reunión y pidió que el mensaje se mandara también a la Ribera Baixa y a l'Horta Sud.

El SAIH “funcionó muy bien”

El testigo también ha descartado “fallos técnicos” del SAIH de la CHJ, que cuenta con un sensor en la rambla del Poyo aguas arriba de los primeros barrancos tributarios que se desbordaron (Horteta o Gallego). El SAIH “funcionó muy bien”, ha dicho Valero. El sensor del barranco del Poyo fue arrastrado por el agua, que también “arrastró coches”, según ha recordado.

Ignacio Valero también ha explicado que el SAIH proporciona información que se actualiza cada cinco minutos y que refleja un dato de caudal correspondiente a unos 15 minutos antes. “Hay un desfase, el dato que el operador ve en sala es lo que ha pasado entre 20 y 30 minutos antes”.

La asamblea de la acampada educativa de València, después de dialogar durante toda la jornada del miércoles con los organizadores de la festividad del Corpus Christi, que se celebra el próximo domingo en la plaza de la Virgen de la capital valenciana, ha decidido reubicarse “temporalmente” en la misma plaza para “facilitar el correcto desarrollo de la festividad en un año tan importante como este en el que se cumplen los 700 años”.

Con este gesto, explican, quieren demostrar su “respeto por la cultura valenciana”. “Creemos que el diálogo constructivo es la mejor herramienta para evitar una confrontación que saque del foco nuestras reivindicaciones por la educación pública que nos lleva a ocupar la plaza”, aseguran.

A causa de la acampada, que está instalada en este espacio, en el entorno de la Catedral y la Basílica, pero también de la sede de instituciones como el Palau de la Generalitat, la Diputación de València o las Corts Valencianes, el Ayuntamiento había remitido una carta a la Delegación del Gobierno para que procediera a la adopción de las “medidas oportunas”, así como para que esa intervención se produjera “con la mayor celeridad posible” teniendo en cuenta los actos previstos para los próximos días.

“Hay que fomentar talleres de caza entre los jóvenes para que se fomente esta actividad esencial entre ellos y acabar con la criminalización de la izquierda y que exista un relevo generacional y por eso les han dotado de 25.000 euros que nos parece una cantidad irrisoria. Desde Vox se presentarán las enmiendas necesarias porque todos los presupuestos son dignos de mejora”.

La diputada de Vox en las Corts, Ana Bellver, se pronunció en estos términos en las Corts este miércoles en la comparecencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para dar cuenta de los detalles del presupuesto autonómico en su ámbito competencial.

Bellver ha realizado esta valoración sobre la ayuda directa de 25.000 euros que desde Medio Ambiente se ha concedido a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para el “fomento de acciones formativas, de divulgación y de investigación cinegética”. La subvención ya se concedió el pasado año con la misma cuantía aunque acotada a “acciones formativas destinadas a cazadores”.

De esta forma, el nuevo texto de la finalidad de la ayuda deja abierta la participación en estas acciones. El cambio se produce meses después de que el pasado mes de octubre se debatiera una proposición no de ley (PNL) firmada por el diputado de Vox José Muñoz Salvador y las diputadas Ana María Bellver Alcántara y Ana Vega Campos en la que abogaban por “fomentar medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales”. Y, entre ellas, “impartición de charlas, programación de intervenciones en las que se hable de caza en centros educativos, celebración de cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos”.

Además, solicitaban “fomentar medidas de carácter formativo dirigidas a favorecer el aprendizaje de habilidades relacionadas con la práctica de la caza (aprendizaje a través de la práctica)” así como “promocionar cacerías y tiradas deportivas para gente joven”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es sobre si la ayuda viene motivada por la PNL, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que se trata de una partida para colaborar con la Federación, pero en formación en sus sedes y han confirmado que va “en paralelo a la iniciativa de Vox”.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha calificado de “aberración” que se destine “un céntimo del presupuesto de todos los Valencianos a la formación de la caza” y ha considerado que “esta iniciativa está en las antípodas de lo que ha de ser la formación de los jóvenes, bajo ninguna circunstancia fomentar la cultura de la violencia”. Salvador ha considerado “patético que el PP se pliegue a los intereses de Vox por sobrevivir y que Perez Llorca sea presidente”.

El anteproyecto de Presupuestos del Consell de Juan Francisco Pérez Llorca, pactado con Vox, incluye en su cajón de sastre (en la sección de gastos diversos) una subvención a dedo de cinco millones de euros a una productora audiovisual creada casi seis meses antes. Se trata de Sol Films 2026 SLU, filial de Anima Stilking Films SL, conocida productora domiciliada en Málaga. Se trata de la productora asociada con Disney para el rodaje del 'live-action' de la película de animación Enredados.

La empresa agraciada con los cinco millones de la Generalitat, con el modo de concesión directa, fue creada inicialmente en el mismo domicilio malagueño que su matriz. Sin embargo, el pasado 4 de marzo su domicilio social cambió a la Ciudad de la Luz de Alicante, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Sin embargo, no fue hasta finales de marzo cuando el president Pérez Llorca anunció que la película de Disney Enredados se grabaría en la Ciudad de la Luz, propiciando “un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano”, según dijo.

El president Pérez Llorca, en una visita a la Ciudad de la Luz este pasado lunes, también defendió el espacio impulsado por los gobiernos populares de Francisco Camps como “un proyecto con gran visión de futuro que supuso un avance muy positivo para la ciudad de Alicante”.

El jefe del Consell aseguró que su Ejecutivo “cree en esta iniciativa” y “tiene una estrategia para garantizar que siempre haya actividad en este complejo y asegurar la viabilidad de estas instalaciones”.

Sin embargo, la subvención directa de cinco millones de euros ha escandalizado al sector audiovisual valenciano. La Agrupación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de la Comunitat Valenciana ha criticado la “falta de transparencia” de la Generalitat en relación con la millonaria subvención.

“Resulta significativo la inversión directa de cinco millones de euros en una empresa recién trasladada a Alicante para un rodaje cuando apenas se destina 6,7 millones de euros para toda la producción audiovisual valenciana”, lamenta la entidad en un comunicado.

Una “práctica habitual”, según el Consell

Por su parte, fuentes oficiales del departamento de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, que depende de la Conselleria de Presidencia, defienden que “es práctica habitual que una productora constituya una empresa para una producción en concreto”

“En este caso”, agregan las mismas fuentes, la productora constituyó una empresa en Málaga, pero al solicitar la ayuda en la Comunidad Valenciana, trasladó su domicilio social a la Comunidad Valenciana“. Por otro lado, ”cuando la producción termine, como hacen todas las productoras, la empresa se disolverá“.

La productora no ha contestado las preguntas de este diario.

La Audiencia de Valencia no descarta que pudiera aflorar en la causa de la dana una “inculpación futura” del expresident Carlos Mazón en función del resultado de las comisiones rogatorias pendientes sobre los mensajes intercambiados con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos y en la que el exjefe del Consell permaneció encerrado con Maribel Vilaplana en una larguísima comida y sobremesa en el reservado del restaurante El Ventorro. El auto de la sección segunda avala que el expresident se persone en la causa —asistido por su abogado, Ignacio Gally— para que pueda acceder a la “actividad judicial de investigación que le concierne”. Se trata del escenario que, precisamente, temía la defensa del aforado: la “vigente” posibilidad de que le pille el toro y “surjan nuevos indicios o reinterpretaciones de lo ya actuado”.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Ortega, coincide con la postura del fiscal y destaca que la instrucción de la causa aún tiene pendiente la respuesta a la comisión rogatoria de la jueza instructora remitida a Estados Unidos para tratar de recuperar los eventuales mensajes de WhatsApp entre Mazón y su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca. De hecho, el Ministerio de Justicia confirmó el pasado 29 de mayo que la comisión rogatoria ya había sido remitida a las autoridades norteamericanas.

Cuenca borró todos los mensajes de su teléfono corporativo al haber devuelto a la Generalitat el terminal formateado. Sin embargo, el exjefe de gabinete, que actualmente figura como asesor de la oficina del expresident Mazón en Alicante, autorizó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra a requerir a WhatsApp los mensajes que pudiera haber intercambiado el día de autos. El jefe de gabinete, en plena catástrofe, dio a la consellera Salomé Pradas órdenes del calibre de: “Salo, de confinar nada”.

El auto de la sección segunda de la Audiencia de Valencia recuerda que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no imputar al aforado Mazón se limitaba al análisis de la exposición razonada elevada por la magistrada instructora al alto tribunal autonómico el pasado 24 de febrero. Sin embargo, tras la negativa del TSJ-CV, “la instrucción judicial continúa”, remacha el auto, que señala, en referencia a las diligencias pendientes, que podrían tener “aptitud para aportar información que pudiera permitir una inculpación futura del señor Mazón Guixot”.

Si bien el TSJ-CV descartaba una conducta penalmente punible por parte del president que siguió a lo suyo en El Ventorro en una de las peores catástrofes de este siglo en Europa occidental, la Audiencia de Valencia indica que la Sala de lo Civil y Penal “solo se pronuncia sobre aquello a lo que podía dar respuesta”: la exposición razonada de la instructora en aquel estadio de la investigación.

Por su propia naturaleza, la resolución del alto tribunal autonómico “no descartaba que pudieran obtenerse en el futuro” argumentos suficientes para que, en una hipotética segunda exposición razonada, la instructora pudiera esgrimir “argumentos suficientes para poderle atribuir [a Mazón] una conducta activa que pudiera haber incidido eficientemente en retardar la emisión del mensaje Es-Alert”.

Cabe recordar que, tal como informó este diario, la postura que ha mantenido la Audiencia de Valencia choca frontalmente con muchas de las conclusiones de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV. Ésta última descartó cualquier responsabilidad por parte de Mazón al cuestionar de plano que cometiera una omisión, argumentando que ni existía una obligación legal específica de actuar, ni ostentaba el mando único de respuesta a la emergencia (en manos de la consellera Pradas, principal investigada en la causa) ni mucho menos activó la situación de emergencia catastrófica que le habría situado en el liderazgo de la gestión de la catástrofe.

El artículo 118 bis de la Lecrim

Como es ampliamente sabido gracias a las investigaciones periodísticas que desmontaron la versión oficial —totalmente falsa, según reconoció una de sus autoras ante la jueza—, el expresident Carlos Mazón optó por permanecer en El Ventorro en momentos clave de la respuesta a la emergencia, mientras se celebraba la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), algo que el TSJ-CV situaba en el terreno de la ética o de la moral (no en el penal). Paradójicamente, varios testigos han acreditado que, tras su llegada nocturna al Cecopi (cuando aún se producían fallecimientos), Mazón tomó el mando de la reunión de manera natural, sin necesidad de firmar decreto alguno.

Por su parte, la sección segunda de la Audiencia de Valencia (en un auto trascendental para la instrucción de la causa relativo precisamente a la declaración testifical de Maribel Vilaplana y cuyo ponente también fue el magistrado José Manuel Ortega) vislumbró un posible escenario de imputación de Carlos Mazón “por acción u omisión impropia”.

Sea como sea, el exjefe del Consell fue citado a declarar como testigo por la magistrada instructora. Y, tras el aval a su personación en la causa, Mazón podrá comparecer ante la jueza (ya sea presencial o telemáticamente, e incluso responder por escrito) asistido por su abogado, gracias a una figura introducida en 2002 en la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), concretamente en su artículo 118 bis, relativa a una suerte de derecho de defensa preventivo de la persona aforada no investigada.

Sin embargo, el expresident, que sigue aforado por su condición de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, aún se enfrenta a un comprometedor dilema: ocultar o, por el contrario, entregar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp del día de la dana, tal como han hecho en la misma causa todos los testigos, incluido uno en concreto, Alberto Núñez Feijóo.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha informado este miércoles que el presupuesto dana para 2026 incorpora más de 445 millones para “seguir impulsando la recuperación y su consolidación”.

Durante su comparecencia en la comisión de Les Corts para explicar sus presupuestos de 2026, ha informado de que las cuentas de su departamento ascienden a 1.100 millones, cifra similar a la del ejercicio anterior, en el que ya se hizo un “esfuerzo” para incrementarlo en más del 80% respecto al de 2024.

La diputada del PSPV María José Salvador ha asegurado que son “las cuentas de la marmota”, ya que las repiten porque no las ejecutan y son “peores” que los últimos del Botànic, mientras que, desde Compromís, Juan Bordera las ha tildado de “estrategia de marketing” y la representante de Vox Ana María Bellver ha asegurado que son “positivas” pero “quedan muchas cuestiones que negociar con Vox para mejorar”.

En respuesta a los diputados de los diferentes grupos por sus críticas, Mus ha defendido que la ejecución presupuestaria de su departamento en 2025 alcanza el 85,8 % y la del presupuesto dana es del 86,7 %, así como que los presupuestos están “diseñados para acabar la labor de reconstrucción” tras las riadas de 2024, además de invitarlos a hacer aportaciones para mejorarlos.

Martínez Mus ha lamentado el “escenario de infrafinanciación” de la Comunitat, que lleva a un “mayor esfuerzo presupuestario para garantizar inversiones, las mejoras en infraestructuras y la protección del medio ambiente”.

Los programas con mayor participación en el presupuesto son los de Infraestructuras Públicas con 257 millones, que representa el 23,4% de las cuentas, seguido de Planificación, Transportes y Logística con 187 millones, el 17,1% del total, y Recuperación y Reconstrucción con 158 millones, un 14,4% del total.

Las cuentas están orientadas a culminar la reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024 y a impulsar actuaciones que permitan avanzar hacia una Comunitat Valenciana, ha dicho, “más resiliente, segura, sostenible y mejor conectada”.

A los 1.100 millones se suma la actividad del sector público instrumental adscrito al departamento, integrado por entidades como Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Aerocas o Vaersa, con un presupuesto conjunto de 945,4 millones, por lo que se superan los 2.000 millones.

445 millones para la dana, algo menos que en 2025

Ha explicado que la cifra de 445 millones del presupuesto dana - a los que se suman los 591 millones de 2025- para actuaciones de reconstrucción y recuperación es algo inferior a la de 2025, debido al “avance y finalización de muchas obras de reconstrucción”.

“El objetivo es construir una Comunitat Valenciana mejor preparada frente a fenómenos meteorológicos extremos y adaptada a los efectos del cambio climático”, ha señalado para destacar también la partida para afrontar el pago de la ayuda de 80.000 euros a familiares de víctimas fallecidas por la dana.

Frente a esto, ha criticado la respuesta del Gobierno tras la dana y ha reivindicado el esfuerzo realizado por la Generalitat para recuperar infraestructuras y servicios esenciales.

En este ámbito, ha destacado que Metrovalencia “volvió a estar plenamente operativa en junio de 2025 tras una inversión de 140 millones, mientras que la línea C3 de Cercanías sigue sin prestar servicio”.

De los 158 millones para la Recuperación y Reconstrucción, se destinarán 25 a ayudas directas a las víctimas y se reforzará la ayuda psicológica con la incorporación de dos ayudas, al Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana con 425.000 euros y a la entidad Betania para un programa para la atención psicológica de menores y jóvenes con 550.000, así como 200.000 para el proyecto para la recuperación de la memoria fotográfica derivada de la dana.

Ha destacado la adaptación y la resiliencia territorial como uno de los grandes ejes de los presupuestos de 2026. En este ámbito, se incluye una inversión de 9 millones para impulsar los futuros parques inundables.

Para la prevención de incendios forestales se reserva una dotación de 107 millones para reforzar las labores de vigilancia, mantenimiento y mejora de infraestructuras forestales.

Infraestructuras, movilidad y protección ambiental

Junto a las inversiones vinculadas a la reconstrucción, los presupuestos de 2026 mantienen la apuesta por las infraestructuras estratégicas, la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente. En movilidad y las diferentes infraestructuras de la Conselleria y el sector público independiente el presupuesto supera los 1.000 millones.

En materia de infraestructuras, se incluyen actuaciones para la conservación y mejora de la red viaria autonómica, con proyectos ya en marcha como las rondas de circunvalación de Carlet y Villena y la próxima licitación de la ronda de Vilamarxant.

Asimismo, se avanza en la redacción de la prolongación de la avenida de Dénia en su enlace con el Hospital de Sant Joan d'Alacant o el nuevo vial rápido de conexión con la playa de Almassora.

Los presupuestos refuerzan la protección y recuperación del patrimonio natural con inversiones en espacios protegidos y actuaciones de restauración ambiental, entre ellas, la regeneración de playas y dunas en el entorno de l'Albufera, dotada con 5 millones.

El club de fútbol base de Bonrepòs i Mirambell estalla contra el machismo de la directiva. Entrenadoras, jugadores y familias que llevan a sus hijos a entrenar muestran su malestar tras destaparse una cena en la que llevaron strippers para celebrar el ascenso del equipo juvenil, formado por menores de edad, como informó elDiario.es.

El pasado 16 de mayo parte de la dirección del equipo, ya dimitida, organizó una cena con padres y jugadores para celebrar que los adolescentes obtuvieron el título de campeones de liga. En la fiesta se sirvió alcohol y se contrató a varias strippers, según ha podido saber este diario y confirman fuentes municipales, que van a llevar el caso a Fiscalía.

La idea, explican fuentes cercanas al club, partió del entrenador y fue llevada a cabo por el director del club y el responsable deportivo, ambos hermanos, contra el criterio de algunos padres y jugadores que abandonaron el polideportivo municipal. En un principio se barajó acudir al domicilio en el que trabaja la profesional, pero finalmente se optó por que el show erótico se realizara en las instalaciones municipales, un 'premio' al equipo completo. El sector que se marchó de la cena está sufriendo fuertes reproches del resto, según afirman fuentes cercanas al club a elDiario.es.

Uno de los responsables del club, Jesús Motes, fue fotografiado en la contramanifestación ilegal de la extrema derecha contra la manifestación vespertina del 9 d'Octubre de 2017, que acabó con agresiones a varios jóvenes.

El espectáculo erótico para los menores ha sido la gota que ha colmado el vaso. En el club ya había malestar con la directiva por su trato denigrante a las mujeres, especialmente a las jugadoras de los equipos femeninos del municipio. La directiva fue forzada a dimitir la semana pasada tras un encuentro con responsables del Ayuntamiento, gobernado por PSPV y Compromís, que ven intolerable el comportamiento señalado.

El club ha abierto una investigación interna en la que están colaborando el tesorero y el entrenador del equipo femenino. Las jugadoras y las entrenadoras han expresado su malestar desde hace tiempo y, tras hacerse pública la cena han insistido en condenar el machismo y las prácticas denigrantes. Una entrenadora explica a elDiario.es que han recibido muestras de desprecio constantes contra las jugadoras, como que “juegan mal” o que “son todas lesbianas” y “lo que necesitan es una buena polla”, además de negárseles recursos constantes.

Los padres de los menores que entrenan en los equipos también les han hecho llegar su malestar. Según explican, algunos han dejado de llevar a sus hijos e hijas, ya dudan de los entrenadores –uno de los miembros del juvenil entrena a los infantiles— y los menores han mencionado que al juvenil “les llevaron chicas a bailar”.

El club de fútbol base del municipio valenciano asegura en un comunicado que colaborará con el Ayuntamiento y las autoridades.

La dimisión forzada en bloque de la directiva pone en riesgo la viabilidad del club, que debe afrontar nuevas elecciones. De no haber candidatos, en Bonrepòs i Mirambell, un municipio de más de 4.000 habitantes, podrían quedarse sin fútbol base.

El sindicato CSIF ha presentado escrito ante la Fiscalía para que investigue si son constitutivos de delito los “intentos de coacción e intimidación” a sus delegados en la mesa de negociación de Educación, constituida para tratar de alcanzar un acuerdo ante la huelga indefinida del profesorado no universitario.

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa, en la que también han anunciado la presentación de varios escritos a la Delegación del Gobierno en la Comunitat y a la presidenta de las Corts Valencianes y los grupos parlamentarios para que condenen estos hechos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recordado que el pasado domingo, tras la reunión de la mesa sectorial de Educación, sus delegados no pudieron abandonar libremente las instalaciones de la conselleria.

Ha alertado, tal y como consta en el escrito remitido a Delegación del Gobierno, del “contexto de presión e intimidación de manifestantes incitados por otras organizaciones sindicales, circunstancia que generó un fundado temor por su integridad física”.

Por ese motivo los delegados de CSIF en la negociación no pudieron abandonar las dependencias de Conselleria de Educación hasta la madrugada del lunes pese a que la reunión terminó en la tarde del domingo.

CSIF solicita a Delegación del Gobierno “una condena pública de cualquier actuación dirigida a intimidar o coaccionar a los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones” y, además, plantea “la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y la depuración de responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones investigadas”.

Igualmente exige “medidas para que situaciones similares no se reproduzcan”, y por otra parte, ha remitido un escrito a la presidenta de Les Corts en el que recalca que “ningún sistema democrático puede tolerar comportamientos dirigidos a coaccionar, intimidar o dificultar el ejercicio de la actividad sindical de representantes elegidos democráticamente por los trabajadores”.

Asimismo, solicita “una condena expresa de cualquier conducta que pueda constituir intimidación, coacción o impedimento del libre ejercicio de la actividad sindical, reafirmando el compromiso de Les Corts por el pluralismo sindical, la convivencia democrática y el respeto institucional”.

CSIF ha trasladado, también por escrito, un mensaje similar a los grupos parlamentarios, con el objetivo de que, conjuntamente, realicen esa condena expresa de la “situación de presión e intimidación a la que se vieron sometidos” representantes de la organización el pasado domingo.

En la rueda de prensa, el sindicato ha defendido la importancia de la negociación y del acuerdo alcanzado en materia retributiva, que permitirá a cada docente valenciano percibir 200 euros más en su nómina de manera progresiva hasta 2028.

A estos se sumará, según ha destacado, la actualización del IPC ese año en el tramo autonómico, el incremento salarial pactado por CSIF a nivel nacional del 11,4 %; seis días de libre disposición y la regulación del teletrabajo.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha acordado en su reunión de este miércoles integrar al presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Ortega, en su Comisión Permanente. El sector conservador de la judicatura valenciana había excluido a Ortega de la comisión que trata las decisiones más relevantes, según denunció la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que el magistrado es un destacado miembro. Se trata de un reconocido magistrado progresista que, en el acto de su toma de posesión, apostó por “depurar las responsabilidades” de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Tras el cambio de postura de la Sala de Gobierno, José Manuel Ortega sustituye en la Comisión Permanente, como miembro nato, al hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano, Antonio López Tomás (que seguirá en la Sala de Gobierno, como miembro electo del Pleno).

El Pleno está presidido por el presidente de la institución, Manuel Baeza, e integrado, a su vez, por otros cinco miembros natos (quienes ocupen las presidencias de las Salas de lo Contencioso y de lo Social del TSJCV y de las de las Audiencias Provinciales), seis miembros electos y los presidentes de los Tribunales de Instancia (TI) de Valencia y Alicante.

A su vez, como órgano decisorio más reducido, la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno, es presidida igualmente por el presidente del TSJ-CV y se constituye con tres miembros elegidos de entre los natos, otros tres de entre los miembros electos y los presidentes de los TI de Valencia y Alicante, que alternan su presencia en las reuniones.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha acordado canalizar a través del presidente del Tribunal de Instancia (TI) de Catarroja la solicitud de las medidas de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la instrucción de la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados valencianos ha dictado este acuerdo tras recibir un escrito de la magistrada que instruye ese procedimiento, titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del TI de Catarroja, en la que ésta solicitaba la adopción de medidas de seguridad tras la celebración de una concentración de protesta a las puertas de la sede judicial el pasado viernes.

La Sala de Gobierno entiende que las circunstancias puestas de manifiesto en ese escrito por la instructora “pueden afectar tanto al adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como a aspectos relacionados con la seguridad del edificio judicial y de las personas que prestan servicio en el mismo”, lo que exige “una actuación coordinada y una adecuada interlocución con las administraciones competentes para su pronta solución”.

El Pleno se remite a un acuerdo anterior adoptado por la propia Sala el pasado 23 de julio, con motivo del regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja, incluido el que tramita la causa de la dana, a su propia sede, tras su rehabilitación.

En dicho acuerdo, en cuanto a las medidas de seguridad, se estableció que la Presidencia del Tribunal de Instancia, en el ámbito de sus competencias gubernativas, deba solicitar a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que provea “los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público”.

“Si la mesa decide que tiene que llevarlo a Fiscalía tiene el apoyo del grupo parlamentario Vox”. Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz del partido de extrema derecha en las Corts, José María Llanos, en relación con el informe jurídico de los letrados del parlamento valenciano en el que se plantean varias medidas que se podrían aplicar contra las profesoras que fueron expulsados en la última sesión de control del pasado 21 de mayo por protestar y lanzar billetes de 200 euros con la cara del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Mientras se les expulsó de la zona de invitados sin que opusieran resistencia, uno de ellos lanzó un chaleco al hemiciclo.

Tanto Vox como el PP, con mayoría en la mesa, tendrán la última palabra sobre las medidas disciplinarias que se adoptarán, entre ellas, poner una denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, a preguntas de los medios, la portavoz adjunta del grupo popular, Nieves Martínez, no ha querido pronunciarse sobre la decisión que adoptarán en la próxima reunión de la Mesa prevista para la semana que viene: “En estos momentos desconocemos el contenido del informe jurídico por lo que no podemos pronunciarnos”, ha explicado.

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado a populares y ultras de ejercer “violencia institucional contra los colectivos que son víctimas de sus políticas, es una vergüenza”, ha manifestado al tiempo que ha mostrado su apoyo al profesorado.

Por su parte, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha lamentado que “ante una protesta pacífica en la que no se interrumpió a ningún orador, desde la presidencia de estas Corts una vez más se intenta acallar la protesta, reprimir y amenazar a personas que únicamente estaban manifestando su defensa de la escuela pública”.

Como ha avanzado elDiario.es, el informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa.

Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado la personación del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima el recurso de la defensa de Mazón contra la resolución de la jueza instructora que descartó que se personara en el procedimiento y considera que “de otro modo, se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne; actividad que pudiera tener —en función del resultado de alguna de las diligencias acordadas— trascendencia inculpatoria futura”.

El expresident fue citado como testigo tras la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de rechazar la exposición razonada elevada por la jueza instructora en la que solicitaba la imputación del exjefe del Consell. Tras haber sido citado como testigo por la magistrada, la defensa de Mazón solicitó personarse en la causa (y, por tanto, tener acceso al procedimiento) al considerar que se habían practicado diligencias que le afectan directamente.

La jueza descartó la personación del expresident y su abogado, el letrado Ignacio Gally, recurrió el auto. La sección segunda de la Audiencia de Valencia, por su parte, recuerda que la resolución del TSJ-CV “no descartaba que pudieran obtenerse en el futuro” indicios contra Mazón.

“Tampoco descartaba”, abunda la Audiencia de Valencia en referencia al alto tribunal autonómico, “que existiera o pudiera obtenerse información apta para establecer una relación causal concreta y precisa entre la conducta del señor Mazon Guixot y los fallecimientos individualizados —aunque señalara que no identificaba en la Exposición Razonada tal relación—”.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

Arranca la primera de las tres jornadas de paros parciales convocadas por los sindicatos de la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, en protesta por la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación. A estas movilizaciones les seguirán nuevas jornadas de protesta los días 10 y 17 de junio.

Los paros, organizados en franjas de al menos una hora entre las 8:00 y las 10:30 horas, han coincidido con el inicio de la jornada laboral en los centros educativos, que se han convertido este miércoles en el escenario de diversas concentraciones.

FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT Servicios Públicos y STEPV-Intersindical Valenciana convocan estas movilizaciones ante la ausencia de acuerdos en materias laborales y educativas fijadas en el calendario de negociación de diciembre y que aún continúan pendientes. Entre ellas destacan la jubilación parcial, la mejora de la Formación Profesional Dual, la adecuación de las plantillas en los centros de educación especial y de Formación Profesional, o la modificación de la orden del pago delegado.

Además, el sector de la concertada reivindica la reducción de la carga lectiva, la ampliación de plantillas en todas las etapas educativas, la actualización de la normativa sectorial y mejoras retributivas para el personal docente y complementario. Asimismo, reclaman el reconocimiento de los sexenios, la dotación de recursos humanos y materiales para la inclusión educativa y la financiación del coste real del puesto escolar en los centros de educación infantil de cero a tres años.

De cara a las próximas citas, el 10 de junio se celebrará una concentración frente a la Conselleria de Hacienda, y el 17 de junio ante las Corts Valencianes, ambas de 9:30 a 10:30 horas. Ese mismo día 17, por la tarde, tendrá lugar una movilización simultánea en las capitales de las tres provincias a las 18:00 horas.

Aunque por ahora solo se han convocado tres jornadas, FSIE-CV no descarta intensificar las acciones en el futuro. “No descartamos ningún tipo de medida si no apreciamos mejoras por parte de la Conselleria de Educación”, explica Vicente Cabanes, secretario autonómico del sindicato mayoritario de la enseñanza concertada.