Ni los jóvenes son de extrema derecha, ni Vox es el partido que más les convence. Al menos es lo que retrata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que ya en sus últimos barómetros colocó al partido de Abascal en tercer lugar para el votante de entre 18 y 24 años, un tramo de vida asociado en la educación reglada a la etapa universitaria. Los datos recogidos en el mes de abril le dieron un 14,8% en intención de voto joven, unos dos puntos menos que el PP (17,1%) y seis respecto al PSOE (21,4%), la opción más popular entre los encuestados. Pero el porcentaje que sobresale es el que está aún en disputa: el 23% de votantes con menos de 25 años está indeciso, prefiere no votar o echará una papeleta nula o en blanco. Para llegar a ellos, la extrema derecha se ha fijado en las universidades: un espacio plagado de jóvenes en pleno proceso de politización y con edad para votar.

En el camino han logrado visibilidad, pero aún están lejos de alcanzar la hegemonía. Durante el 15-M, la comunidad universitaria se volcó en las protestas y reclamó mejoras sociales en un momento de hastío político. Algunos campus de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM) o la Carlos III se convirtieron en un símbolo del movimiento: sus estudiantes, docentes y las asambleas universitarias tuvieron una participación activa en las acampadas de la Puerta de Sol. Juventus Sin Futuro, uno de los colectivos que prendieron la mecha del 15-M era, de hecho, eminentemente universitario.

Cuando pasó 2011 y el suflé bajó, ese activismo desde las aulas quedó centrado en causas más concretas, y no tanto en un descontento general: feminismo, movimientos por la educación pública o reivindicaciones culturales. En ese tiempo, tanto los grupos más conservadores como los de extrema derecha permanecieron ajenos a la hegemonía cultural, y su presencia pública en las facultades fue más bien de nicho, muy focalizada en organizaciones concretas como el sindicato Respuesta Estudiantil, extinto desde 2015. Pero en la última década y, especialmente, desde hace unos años, todo parece distinto.

“¿A ti también te han dicho que la II República fue un paraíso?”

El pasado 20 de abril, un anuncio volvió a mover las aguas. El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) envió un correo electrónico a la comunidad universitaria para anunciar un evento. “¿A ti también te han trasmitido que la Segunda República fue un paraíso democrático?”, comenzaba el mensaje. En cierto modo, acabó volviéndose en su contra. Este órgano interno de gobierno es de carácter público y gestiona todo lo relativo al alumnado, e invitó a las facultades a una ponencia con los autores de un libro de 2017. En él, dos historiadores de otra universidad madrileña, la Rey Juan Carlos (URJC), plantearon la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios de la Segunda República, que aceleraron su fin.

Estos dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que obtuvo la mitad de los votos y prendió la mecha de la Guerra Civil. En la agenda de la UAM, el acto de Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío —que ya avanzan en la sinopsis que su libro “causará polémica y debates encendidos”—, no contaba como actividad oficial. Esto, según la universidad, no necesariamente es inusual: ocurre con los eventos no institucionales o que no convocan ellos directamente, sino una entidad externa o alguna asociación estudiantil. En este caso, era lo segundo.

Pero todo lo demás fue fruto de un error: al día siguiente, el propio Vicerrectorado de Estudiantes remitió un segundo e-mail en el que pedía hacer “una aclaración”, dado que “la redacción del [anterior] mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta”. “Estimados estudiantes, [...] La difusión de este tipo de actividades a través de los canales institucionales responde a la solicitud recibida, pidiendo la difusión de una actividad organizada por estudiantes. En ningún caso dicha difusión implica una toma de posición institucional, ni la asunción de los contenidos, enfoques o planteamientos de los actos anunciados”, escribió su vicerrectora, Nuria Fernández Monsalve.

El órgano de representantes insistió en su “compromiso con el rigor académico, el pensamiento crítico y los valores democráticos que inspiran a la institución, así como con una convivencia basada en el respeto y el diálogo”. “Tomo nota de ello: reforzaremos los criterios de comunicación para que el carácter estrictamente informativo de estos envíos resulte inequívoco”, se disculparon. Aunque, a preguntas de Somos Madrid, desde la Universidad Autónoma aseguraron que el segundo correo electrónico “no se envió expresamente por haber recibido críticas”, sí admiten una “confusión”: ese acto no era de la institución, así que no tenía que haberse promocionado por las vías oficiales.

Sin embargo, rectificaron la primera comunicación al “darse cuenta de que no era un evento de la universidad”. La diferencia entre unas actividades u otras, además de quién las coordina, es si por lo general reciben subvenciones públicas para desarrollar su agenda. De momento, nada apunta a que así fuera en el coloquio sobre 1936: la actividad sí que parte de una organización elegida entre las que representan al alumnado en la Facultad.

Los nombres detrás de estos movimientos juveniles

Alternativa estudiantil es una asociación próxima a la extrema derecha en la universidad española. Conocedores de que el fetichismo de las pequeñas diferencias ha funcionado tradicionalmente en el campo nacional —incluso más que para la izquierda—, su discurso delimita líneas maestras que refuerzan algunos conceptos como patria, familia y religión. Un vistazo a sus redes sociales devuelve multitud de mensajes que caben en estos moldes, y congregan los temas habituales de una derecha sincretista o algunos homólogos en Europa, como el espacio florentino Casaggi Firenze. Que, de hecho, ha servido de cantera juvenil para Fratelli d'Italia, el partido de Georgia Meloni.

Entre sus memes abundan los mensajes islamófobos, recuerdos franquistas, alusiones a la Reconquista, imaginería católica elaborada con IA, las teorías de la conspiración de sus hermanos mayores (como la del 11-M) o defensas indisimuladas del plan Kalergi (un supuesto complot internacional para importar trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las “razas europeas”). Pero el origen del grupo hay que buscarlo en las políticas europeas de movilidad universitaria.

Diego Fernández de Eribe venía militando en grupos juveniles de extrema derecha desde el Bachillerato. Algunos nombres: Revuelta Identitaria, Juventud Identitaria, Estudiantes por España o Plataforma 722. En 2022, la beca Erasmus le llevó hasta la ciudad de Turín, donde militó en el Frente Universitario de Acción Nacional, una veterana formación italiana de extrema derecha cuyas prácticas quiso trasladar a España a su vuelta. Un año después, se juntó con antiguos camaradas y miembros del entorno del medio de comunicación Herqles para fundar Alternativa Estudiantil. La mayoría de estos datos los contó el fundador de la asociación para un trabajo académico, hace ya un año.

Fernández de Eribe también ha trabajado en CitizenGo (marca europea de la que depende Hazte Oír) y fue candidato por Vox en Ávila. Dimitió en septiembre de 2025 como presidente de la asociación que él mismo había fundado, pero sigue activo en los saraos del campo juvenil patriota. Intervino como activista, pero sin filiación militante, en la conferencia celebrada en Madrid el pasado 11 de abril sobre Remigración llamada Frontera, en la que participaron el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto con miembros de otros grupos españoles y portugueses de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Alternativa Estudiantil.

Los vínculos con Vox: militantes invitados y actos comunes

En un comunicado emitido luego por la organización, esta salió al paso de las suspicacias ocasionadas por los movimientos internos de Vox, o la creación de posibles escisiones en la formación para declarar su independencia. Aunque nacieron en Madrid y esa sigue siendo su principal base de maniobras —actualmente tienen presencia en la UAM, la Universidad Carlos III, la Complutense y la Rey Juan Carlos—, se han extendido a Asturias, Valencia, Alicante y Málaga, según sus publicaciones en redes sociales.

Los referentes internacionales en los que se apoyan son otros grupos y sindicatos juveniles de la derecha, como el ya mencionado de Turín o el NSV flamenco. También los franceses Cocarded étudiante, con quienes mantuvieron un encuentro en el Centro Social Hermanos García Noblejas de Pueblo Nuevo, punto de encuentro ideológico en el barrio que opera bajo el nombre Asociación Cultural Alfonso I. Dentro de España, se incardinan en una tradición de grupos de extrema derecha como Respuesta Estudiantil, ya desaparecida; además, tienen relaciones con otros grupos universitarios similares, como X El Futuro (Alicante), S'ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, ambos de Cataluña. Juntos acudieron recientemente a un acto en Castellón al que también asistió Jorge Buxadé, de Vox.

La coincidencia en espacios comunes con Vox no es anecdótica. El pasado 12 de abril participaron en un acto de Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox. Solo unos días después, una delegación del grupo se fotografiaba con los diputados Carlos Hernández Quero e Isabel Pérez Moñino, certificando la cercanía a los sectores soberanistas y más alejados del liberalismo de la formación de extrema derecha. Sin ir más lejos, sus redes exhiben otras reuniones públicas con Hernández Quero.

Alternativa Estudiantil nació en septiembre de 2023 en el seno de la Facultad de Derecho de la UAM. Aunque critican constantemente a los “institucionalistas”, han hecho de la participación en los órganos de representación estudiantil de las facultades una punta de lanza para su crecimiento, junto con la organización de actos polémicos y las habituales pegadas de carteles. Su primera actuación reseñable fue presentarse a las elecciones de Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la misma universidad.

Entonces obtuvieron dos representantes y pasaron a la acción, insistiendo en discursos críticos con las universidades, la izquierda o esos colectivos denominados institucionalistas y trasladando el mensaje de que sus preocupaciones habituales son ajenas al día a día del alumnado. La baja participación en los distintos comicios universitarios permiten que, con muy pocos votos, un grupo organizado consiga cierta representación en los órganos de representación universitarios. En un ejemplo elocuente: en las elecciones de la UAM en marzo de 2026, lograron un representante con 10 votos en el Consejo de Gobierno.

El avance desde 2018 y la visibilización de actos polémicos

La excepción española en Europa respecto al peso de partidos de extrema derecha en sus Cortes vio su fin en diciembre de 2018. Vox, que había ganado fuerza con el conflicto catalán, entró de lleno al Parlamento andaluz y anticipó la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. Con este impulso, algunos de esos espacios condenados a la marginalidad volvieron a tomar parte en el debate político. En las universidades madrileñas, uno de los episodios más polémicos tuvo lugar hace cuatro años.

Era abril de 2022 cuando un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) increparon a Javier Ortega Smith hasta expulsarle de un acto no autorizado en la Facultad de Ciencias Políticas. El Campus de Somosaguas vio nacer a Podemos y está íntimamente ligado a la historia reciente de la izquierda. El entonces miembro de Vox, hoy en disputa abierta con su dirección, había acudido a un evento organizado por una plataforma ajena a la universidad, y que el Decanato ya había cancelado un día antes. Sin embargo, sus promotores avisaron de que eso no les pararía. La facultad terminó cerrando preventivamente sus instalaciones y hubo un gran despliegue policial, similar al que se repitió en febrero del año pasado con un antiguo compañero de siglas de Ortega Smith.

En febrero de 2025, cientos de estudiantes se plantaron en la Complutense para boicotear un acto de Iván Espinosa de los Monteros. Como el invitado no podía acceder a la sala de conferencias, acabaron suspendiéndolo. Pero estas disputas muy sonadas fueron marcando una voluntad ideológica, en busca de asentar a determinados grupos en un entorno universitario que hasta entonces se les escapaba. La cita con Espinosa de los Monteros la había convocado, precisamente, una de las asociaciones estudiantiles con representación entre facultades.

Libertad Sin Ira nació en 2021. Capitaneada por Ignacio Dancausa, hoy al frente de las Nuevas Generaciones del PP, su objetivo fundacional era disputar el “monopolio” de la izquierda en las universidades públicas. Hoy constan en el listado oficial de asociaciones con representación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Entre los valores que ellos mismos exponen en su página oficial suenan muchos conceptos comunes (consenso, democracia representativa, libertad de expresión...) y otros que resuenan en círculos conservadores, como la unidad o la lealtad a España.

Los recursos universitarios para asociaciones estudiantiles

Dos años después de echar a andar, en marzo de 2023, Libertad Sin Ira protagonizó un primer momento tenso con la universidad, algo distinto al que luego vivió con el acto frustrado de Iván Espinosa de los Monteros. La asociación estudiantil había invitado a otra cara visible de Vox, Rocío Monasterio, para ofrecer una charla por el 8-M. Como el resto de políticos mencionados, Monasterio hoy ya no forma parte del núcleo de Santiago Abascal, pero entonces era uno de sus rostros más conocidos. La Facultad de Derecho de la UCM, donde se quería organizar la cita, advirtió que esta “no había sido autorizada” y que, por lo tanto, tampoco podría celebrarse.

Eso no frenó su expansión: para cuando volvieron a intentarlo, en 2025, esta organización ya había consolidad su presencia en varias universidades madrileñas. Según su propia página web, aún mantienen delegados estudiantiles en cuatro de seis instituciones: la UCM, la URJC, la UAM y la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Sobre qué implica formar parte de la Junta de Gobierno o de Facultad en uno de estos centros académicos habla una de las plataformas con presencia transversal en varios de ellos, UAM x la Pública. Nacieron en la Universidad Autónoma como una agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores en derecha de la universidad pública.

Uno de sus portavoces explica a Somos Madrid que, de entre las asociaciones estudiantiles, no todas tienen una razón política o de lucha social. De hecho, son las menos frecuentes. La mayoría de entidades registradas por el alumnado son culturales o de ocio. La plataforma universitaria de la UAM detalla que algunas giran en torno a los juegos de mesa, o a la robótica en el caso de algunas escuelas de ingenieros. Cuando obtienen representación formal en unas elecciones de la facultad, también pueden acceder a un presupuesto que cada academia dispone para actividades impulsadas por estudiantes. “En la [Universidad] Autónoma, por ejemplo, te dan alguna ayuda según el tipo de actividad que propongas”, aseguran desde la organización universitaria, que calcula unos 100 euros obtenidos para un taller de reprografía y 150 en otro de carpintería.

El dinero iba a parar a la adquisición del material con el que desarrollar y promocionar el evento. Aunque las cantidades siempre varían, en función de lo que cada centro decida en sus cuentas. “A veces se pide que el alumnado adelante el presupuesto. Se pacta una cuantía, luego se aportan facturas de todo y, al final, la universidad lo repone”, afirman las mismas fuentes, tajantes a la hora de citar alguna referencia directa a las asociaciones estudiantiles que hoy orbitan en sus facultades y mantienen vínculos con la extrema derecha. “Al final, su verdadera ventaja no es la de tener una gran representación e influencia interna, sino el hacer ruido. Si les damos otro altavoz, dudo que eso juegue a nuestro favor”, concluyen.

Las temperaturas seguirán al alza este fin de semana en la Comunidad de Madrid y alcanzarán los 36 grados en parte de la región, donde el domingo se experimentarán chubascos y tormentas, que se podrían mantener el lunes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el sábado se espera una jornada de tiempo estable y subida de temperaturas hasta los 36 grados, con más calor en el sur, mientras el domingo AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Sierra durante las horas centrales, unos chubascos que irán acompañados de rachas de viento muy fuertes.

Mínimas superiores a los 20 grados el sábado

La jornada del sábado se esperan cielos con intervalos de nubes altas, en un día en el que el viento soplará flojo y moderado de componente oeste.

En cuanto a las temperaturas, se darán cambios ligeros con predominio de los aumentos en las máximas, que oscilarán entre los 32 y 36 grados, que se alcanzarán en Alcalá de Henares. Mientras, las mínimas superarán los 20 grados, llegando a 21 en localidades como Getafe.

Domingo de chubascos y tormentas, pero con calor

Por su parte, la jornada del domingo tendrá cielos con intervalos nubosos, con una nubosidad que irá aumentando y evolucionará al final de la mañana. Los chubascos dispersos comenzarán en la Sierra, acompañados de tormentas, y se irán extendiendo por la tarde al resto de la Comunidad de Madrid.

A su vez, estas tormentas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, que soplará flojo variable.

En cuanto a las temperaturas, predominarán los cambios ligeros con aumento en las mínimas, que se quedarán entre los 17 y 21 grados, que se esperarán en localidades como Getafe, la capital o Navalcarnero. A su vez, las máximas oscilarán entre los 33 y 36 grados, que se marcarán en los termómetros de Alcalá de Henares.

La Comunidad de Madrid ha decidido restringir a los empadronados en la región la Tarjeta de Transporte Público Personal, conocida popularmente como abono de transportes y que sirve para obtener descuentos en el uso de la red de Metro, bus o Cercanías e incluso en algunos casos la gratuidad.

En un anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha dictado nuevas instrucciones sobre los requisitos de residencia para esta expedición, aplicables desde el próximo lunes 15 de junio de 2026.

A partir de ese día, para sacar la TTP de carácter personal habrá que acerditar ser residente en un municipio de la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2. El viajero tendrá que presentar un certificado de empadronamiento en vigor, o bien autorizar su consulta, en los casos en los que sea posible. Las únicas excepciones que recoge este decreto son la de los convenios con las dos Castillas o las peticiones de las familias numerosas, que en este último caso se seguirán expidiendo “por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos”.

La medida no tiene carácter retroactivo, pero de momento el Gobierno de Ayuso ha bloqueado las nuevas peticiones de abonos de transporte y sus renovaciones hasta el lunes, fecha en la que se implantarán las nuevas condiciones.

Según la Consejería de Transportes, la medida sirve para aplicar la Ley del Consorcio Regional de Transportes, y que establece que “las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios”. También admiten que habían retrasado hasta ahora su puesta en marcha “por las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia”, apunta una portavoz del Gobierno regional. “Hoy, con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla”, añade.

Según el Gobierno de Ayuso, el 94% de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños, “por lo que resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos”. Y explican que “el impacto será reducido, ya que afecta únicamente a un 3,4% de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo”.

La medida puede afectar, por ejemplo, a estudiantes que se desplacen a Madrid para acudir a universidades u otros centros que no se hayan empadronado en la región. El abono joven personal se encuentra a 10 euros actualmente. También a los niños o jubilados que no tengan su residencia en la región y que quieran solicitar la gratuidad para menores de 14 años o mayores de 65.

Uno de los templos del rock y la música en general en Madrid se despedirá de la ciudad en diciembre de este mismo año. Gruta 77, referente de la escena en Carabanchel declarada Patrimonio Cultural de la capital, no continuará su actividad en 2027. Una triste noticia para los asiduos de una sala de conciertos y de ensayos de enorme recorrido.

26 años en activo que llegan a su fin, como han comunicado sus responsables a través de un emotivo comunicado difundido a través de Instagram. La clausura llega en un momento en el que agitadores culturales y políticos insisten en el potencial de Carabanchel como movilizador cultural (y de paso inmobiliario).

“Seguiremos organizando conciertos desde la promotora del mismo nombre en diferentes salas de Madrid, pero pondremos fin a esta época tras más de 5100 eventos programados”, indica el escrito. El responsable de Gruta 77 es Juan Luis Nieto “El Indio”, un trabajo que compagina con su actividad en la APLEM, la Asociación Profesional de Locales de Ensayo Musical, de la que es presidente.

“Personalmente me gustaría dirigirme en este momento al público de Gruta, a vosotros, clientes y amigos. Soy consciente de que sois el mejor público de Rock and Roll del planeta. Habéis defendido y sostenido Gruta 77 como si fuese un ideal común. Hemos sentido vuestra fidelidad y disfrutado juntos en los buenos y malos momentos económicos de la sala”, expone.

El texto continúa con una confesión: “Es por eso que con vosotros tengo que sincerarme. Estoy agotado. El esfuerzo mental y físico que requiere un proyecto como Gruta 77 es muy elevado. Jornadas interminables de la mañana a la noche, seis o siete días a la semana durante 11 meses al año durante más de 25 años pasan factura. Pensad que vengo de proyectos anteriores parecidos, que suman 34 años de actividad ininterrumpida en la noche de Madrid”, explica.

“A mis 57 años necesito descansar y ganar calidad de vida. He defendido mi sueño con uñas y dientes, conseguí que fuese un sueño compartido gracias a vuestro amor por el Rock and Roll, pero ahora dejadme ser egoísta y que me dé un respiro. Evidentemente, nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan y después vendrán conciertos programados en otras salas bajo el sello de la promotora Gruta77. Nos vemos dónde haya Rock and Roll”, concluye la publicación.

Gruta 77 empezó su andadura con el nuevo siglo. Desde aquel septiembre del 2000, el espacio del barrio de San Isidro ha organizado miles de actividades con la música por bandera, que suman en torno a un millón de asistentes. Con capacidad para unos 300 espectadores, el recinto del número 6 de la calle Cuclillo ha visto pasar por su escenario a más de 2.000 bandas. Entre ellas algunas tan destacas como Mamá Ladilla, Bad Manners, Siniestro Total, The Damned, Burning, The Pretty Things o The Yardbirds. El punk, el garage, el ska o el rockabilly han sido los estilos que han marcado una guarida de la música en directo que ahora se sumirá por primera vez en la oscuridad.

El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos franquistas sobre Madrid en la Guerra Civill, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sitúa el origen de esta declaración en el asedio a Madrid tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que la capital se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el bando sublevado que desencadenó la tragedia bélica en todo el país. La resolución señala que las aviaciones de Hitler y Mussolini, aliados de los traidores, experimentaron en ese momento la estrategia del terror aéreo sobre población civil.

El BOE recuerda que uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Vallecas el 19 de noviembre de 1936, durante un bombardeo de la aviación fascista italiana. Precisamente, aquel ataque quedó inmortalizado por Capa en un amplio reportaje gráfico y convirtió la vivienda del número 10 de la calle Peironcely en símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante la guerra.

En concreto, la declaración como lugar de memoria comprende el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo. Según la resolución, todos ellos forman parte de un mismo relato histórico ligado a las víctimas de los bombardeos de 1936 y a quienes, tras la guerra, llegaron a Madrid huyendo de la represión de la dictadura y de la pobreza, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El texto subraya que familias enteras utilizaron los restos de casas destruidas por las bombas para levantar viviendas humildes, habitadas en muchos casos hasta mediados de los años 70. También resalta el papel de los movimientos vecinales y de los curas obreros en la lucha por la mejora social y política de la periferia madrileña.

En ese contexto, el BOE destaca la trayectoria del Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, gravemente dañado durante el asedio a Madrid y reconstruido en la posguerra, así como la labor impulsada desde comienzos de los años 70 por el sacerdote Enrique de Castro, con iniciativas de atención a la infancia, distribución de comidas solidarias, acompañamiento a personas con adicciones y apoyo a personas migrantes y refugiadas.

Aplauso a la labor de #SalvaPeironcely10

La resolución también destaca la iniciativa #SalvaPeironcely10, impulsada desde 2017 por asociaciones culturales, vecinos y organizaciones memorialistas y coordinada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por haber contribuido a resignificar el edificio como vestigio de los bombardeos, símbolo de la dignidad de quienes lo habitaron y memoria de las luchas vecinales. En los últimos años han visitado el lugar historiadoras, antropólogos e incluso arqueólogos.

Desde la plataforma, su portavoz José María Uría ha subrayado en declaraciones a Europa Press que esta declaración coloca a Peironcely y su entorno “en el lugar que se merece”. “Estamos contentos, satisfechos y agradecidos”, ha indicado.

En este sentido, ha agradecido que el Gobierno haya esciuchado al movimiento asociativo y de memoria. “Ha sido la sociedad, la plataforma, la que elevó la petición al Gobierno central. Era una solicitud razonada y documentada para que fuese lugar de memoria”, ha explicado. “Por lo tanto, es un éxito compartido por toda la sociedad”, ha añadido.

Usos que preserven la declaración

Según traslada el BOE, el uso actual del conjunto no se verá alterado, aunque cualquier uso futuro deberá ser compatible con “la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación”.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento anunció para este inmueble el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que prevé abrir en 2028.

Sin embargo, la denominación y enfoque de este centro sigue generando polémica, después de que el International Center of Photography (ICP) de Nueva York --institución fundada por Cornell Capa (hermano de Robert Capa) en 1974-- comunicase al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida su desautorización al uso del nombre, la imagen y el legado del reportero sin la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10. El Consistorio de Leipzig, donde se ubica la Casa Capa, ha defendido la reconversión del espacio en un espacio museístico similar.

El futuro para Peironcely 10 ha sido así motivo de choque entre dos proyectos. Por un lado el del Ayuntamiento, que prevé un nuevo centro de experimentación cultural dirigido especialmente a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, tal y como recuerda Uría, el proyecto original que defiende la plataforma es un centro de interpretación sobre el episodio de bombardeos aéreos vivido durante la Guerra Civil en Madrid, inmortalizado en la propia fotografía de Capa. “El edificio se salvó por esa imagen. Cuenta el horror y la vulnerabilidad de la infancia en las guerras, que aún seguimos viviendo en lugares como Ucrania o Gaza”, ha remarcado.

Sobre el proyecto del Ayuntamiento, ha dicho que no se oponen a un centro de esas características, pero opinan que hay mejores lugares en el distrito para ello. Así, ha apuntado como lugar idóneo el conocido como dispensario de José María Llanos, “abandonado y a escasos metros de la Fundación José María Llanos ”que hizo tanto“ por este distrito. Una vez más, ha afeado a Almeida no contar con la plataforma por los posibles usos para el inmueble. ”Queremos sentarnos con el alcalde para lograr un resultado positivo para todos. Peironcely tiene que tener la proyección estatal e internacional que merece y no quedarse como un espacio de atención social“, ha concluido.

La declaración tendrá efectos desde su publicación en el BOE y el conjunto será inscrito con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. La resolución no fija medidas de protección específicas distintas a las generales de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada. Sí prevé medidas de difusión e interpretación, como recursos audiovisuales y digitales, placas, paneles o distintivos memoriales, además de la incorporación de su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales en el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid en la capital, ha calificado como “un día importante para la Memoria Democrática” la noticia. Cree que el edificio es “un icono del horror de los bomardeos de 1936”. Habla de “una declaración largamente esperada que llega tras años de lucha del movimiento vecinal, cultural y memorialista frente a una derecha que habría querido derribar el edificio”. Opina que “triunfa la Memoria Democrática para honrar a las víctimas de la guerra y garantizar que las nuevas generaciones conozcan la historia”. Sánchez recuerda que la declración incluye la plaza Robert Capa y la iglesia de San Carlos Borromeo. Llama por último al equipo de Almeida a “recuperar el proyecto museístico de la zona”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha celebrado también la declaración: “El Gobierno de España ha cumplido con una reivindicación histórica y ha dado un paso decisivo para proteger un lugar que forma parte de nuestra memoria colectiva. Es un acto de reconocimiento, reparación y dignidad democrática”, ha destacado en declaraciones remitidas a los medios. Para Donaire, es una noticia que “hace justicia” con uno de los espacios “más simbólicos de nuestra historia reciente y con todas las personas que durante años han trabajado para lograr este reconocimiento”.

La Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas ha recibido un escrito del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, donde traslada al Ministerio Fiscal su propia investigación por el exceso de ruido y otros problemas que generan los grandes eventos en el estadio Metropolitano. La princiapl novedad es que el documento recoge una relación de expedientes sancionadores a empresas promotoras de conciertos por vulnerar los límites acústicos en el recinto.

Así, el Ayuntamiento impuso una sanción de 80.000 euros al promotor del concierto de AC/DC del 16 de julio de 2025 por una infracción grave y otra de 500 euros al del concierto de Imagine Dragons del 28 de junio de ese año por una infracción leve. La información llega mientras el colectivo vecinal denuncia las molestias por exceso de ruido, suciedad y movilidad en la zona residencial próxima al estadio ocasionadas por la celebración los conciertos de Bad Bunny de estas semanas.

“Esta institución considera que los hechos denunciados por la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas están siendo en la actualidad investigados, calificados y fijados por el órgano que estatuaria y primeramente está llamado a hacerlo, que es el Ministerio Fiscal, por lo que no procede continuar con la investigación iniciada”, recoge el informe. Gabilondo responde de esta manera a la demanda de intervención formulada por el colectivo barrial después de que recopilara numerosas quejas vecinales por el exceso de ruido, la suciedad y los problemas de movilidad que generan los grandes eventos del Riyadh Air Metropolitano.

Gabilondo invita a la asociación a reactivar su petición en el supuesto que los hechos denunciados no tuviesen relevancia penal “pero pudiesen constituir alguna irregularidad administrativa”. Toca ahora esperar, por tanto, a que la Fiscalía Provincial de Madrid se pronuncie ante la denuncia que la entidad presentó el pasado mes de febrero y que ha recibido contestación esta misma semana.

En su comunicación, el Defensor del Pueblo no se limita a inhibirse en favor del Ministerio Fiscal, sino que incluye datos sobre las quejas y denuncias vecinales y la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. Detalles cuestionan declaraciones de altos responsables del Consistorio, que aseguraban la ausencia de este tipo de quejas y de sanciones a promotores de grandes eventos.

Es lo que se desprendía de las palabras de la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que el pasado abril aseguró que “más allá de alguna situación puntual, están cumpliendo de manera habitual con toda la normativa y con las ordenanzas municipales”. Creo que es importante para la ciudad tener lugares donde puedan venir los artistas más importantes a nivel internacional, como es el caso ahora de Bad Bunny“, apostilló.

Solo unos días antes de que se desencadenaran las primeras multas, ya en junio de 2025, fuentes del propio Atlético de Madrid y el concejal delegado de Urbanismo, Borja Carabante, sostuvieron que no había procedimiento abierto alguno. Carabante indicó incluso que “no se han superado los límites de ruido”.

Sanciones a dos esperados conciertos y un torneo de fútbol

La sanción más cuantiosa, de 80.800,80 euros, fue impuesta al promotor del concierto del grupo de rock AC/DC del 16 de junio de 2025 por una infracción muy grave al superar en 5 y 10 decibelios los límites sonoros en horario nocturno establecidos en la autorización concedida para la celebración del evento. La actuación finalizó más allá de las 23.00, un factor clave en la elevada multa.

Las otras dos son de 180 euros y 500 euros por infracciones leves. La primera fue impuesta al promotor del evento Torneo Fútbol Base Internacional Madcup, que tuvo lugar el 23 de junio de ese año. La última, al del concierto del grupo Imagine Dragons que se celebró cinco días después. Desde 2018, los vecinos y vecinas afectados por el estadio han presentado centenares de requerimientos al Ayuntamiento y este ha iniciado diversos procedimientos, que la asociación vecinal del entorno espera que acaben con sanciones, como los tres expedientes citados.

En un comunicado difundido por la Federeación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), los colectivos afectados recuerdan que la estructura del estadio “no está diseñada para albergar conciertos, pues posee grandes aberturas laterales que son fuente inagotable de ruido para los vecinos los días de partido, conciertos y actividades”. El Metropolitano albergó 12 grandes conciertos en 2025 y este año se prevé que acoja 22.

Estos días la vecindad sufre el maratón de los diez conciertos de Bad Bunny y la asociación vecinal denuncia las graves molestias que se repiten en cada evento de estas dimensiones: ruido, cortes de acceso de los vecinos a sus propias viviendas, atascos, dificultad para aparcar (el barrio carece de SER o zona de aparcamiento prioritario para residentes), inseguridad y suciedad. A esto hay que añadir altercados y “la invasión de las aceras por terrazas de establecimientos de restauración”.

Tanto ante el Defensor del Pueblo como ante la Fiscalía de Madrid, la asociación ha denunciado que el Metropolitano carece de una licencia específica para eventos no deportivos, de tal forma que los promotores de estos deben solicitar una licencia especial para eventos extraordinarios cada vez que quieren organizar uno. Dicha licencia siempre es concedida por la Junta Municipal de San Blas-Canillejas en base al “interés general y cultural”, lo cual “posibilita que se superen los límites ordinarios de ruido”.

Ante preguntas y quejas vecinales, el Ayuntamiento ha justificado este interés general por el “impacto significativo en la ciudad, especialmente en sectores como el turismo, el alojamiento, la gastronomía, el transporte y otros servicios asociados”. Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad puntualizan a Somos Madrid que “los conciertos de este 2026 en el Metropolitano se han traducido en cuatro actas que se han podido analizar y los cuatro cumplen los límites autorizados”.

Para las asociaciones vecinales, es evidente que “los ciudadanos no forman parte del interés general de esa Administración”. Esperan que la Fiscalía acoja su demanda y siente las bases para que el Ayuntamiento regule adecuadamente la actividad en el estadio, conciliando el ocio de sus 67.000 espectadores con el derecho al descanso y a disfrutar de su propio barrio de los residentes.

El proceso electoral del Colegio de Arquitectos de Madrid puede llegar a su resolución un año después de que se celebraran las elecciones. La candidatura ganadora de los comicios, Todos COAM, de corte más conservador y con el exconcejal del PP Sigfrido Herráez al frente, sufrió el pasado 1 de junio un revés en los tribunales, al anularse las medidas cautelares que permitieron su concurrencia a las elecciones.

El caso es complejo porque lo que se debatía antes de los comicios para dirigir el órgano que agrupa a 11.000 arquitectos en Madrid era si el actual decano podía presentarse, ya que la lista alternativa, Nexo COAM, de corte más progresista, aseguraba que había cumplido el máximo de mandatos posibles. La cuestión se ha dirimido durante un año en los tribunales hasta la resolución de hace dos semanas, cuando su candidatura quedó anulada por no haber agotado antes la vía administrativa, le dijo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid.

Ante esa situación, la Mesa Electoral ha acordado esta semana convocar la toma de posesión como nuevo decano del candidato de Nexo COAM, Jesús San Vicente. Está fijada para el próximo martes, 16 de junio, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Pero aún no está claro que pueda llegar a producirse.

El actual vicedecano del Colegio y miembro de la candidatura de Herráez, Pablo Olalquiaga, resalta en declaraciones a Somos Madrid que el juzgado “no ha entrado aún al fondo de la cuestión” y “solo” advierte que deberían haber agotado antes la vía administrativa, “sin llegar a entrar en si la candidatura era o no elegible”. En este sentido, apunta a que sus abogados ya están examinando la cuestión de cara a próximas acciones, y critica la actitud de la Mesa Electoral: “No tienen ninguna potestad para convocar una investidura cuando el conflicto aún no se ha resuelto”.

Mientras todo se aclara, Sigfrido Herráez sigue siendo el decano del COAM. Lleva un año en el cargo de forma interina, mientras se resolvía este proceso judicial. Ahora, la candidatura de San Vicente teme que vuelva a adoptar la misma estrategia para perpetuarse como decano. Esta investidura tendría lugar después de unas elecciones en las que la candidatura de Herráez -ahora anulada- ganó los comicios de 2025, aunque lo hizo por un estrecho margen.

Un máximo de mandatos puesto en duda

Herráez ascendió a la cúpula del COAM en 2020, después de una moción de censura contra su predecesora. Como la legislatura ya estaba a medio terminar solo dirigió el órgano durante año y medio, pero bastan 365 días para que, según el artículo 30.5. de sus estatutos, compute como un mandato de cara a volver a presentarse: un miembro de la junta directiva solo puede permanecer un máximo de dos legislaturas.

Cada una consta de tres años, y Herráez solo llevaba cuatro y medio antes de las elecciones. Sin embargo, esta letra pequeña derivó en una hecatombre preelectoral, cuyas consecuencias judiciales aún colean. Mientras tanto, el próximo mes de noviembre se cumplirán seis años de la elección del decano, el periodo máximo de mandato que contemplan los estatutos del COAM.

La tregua de un calor más suave se espera que termine este viernes en la Comunidad de Madrid, donde este 12 de junio volverán a superar los 35 grados de máxima en varias localidades en una subida de temperaturas que se mantendrá el fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, según prevé la AEMET, este viernes será una jornada de cielo poco nuboso, solo con intervalo de nubes altas y en la que el viento soplará flojo de componente norte y nordeste por la mañana y de componente sur y sudeste a partir del mediodía.

Temperaturas en ascenso: mínimas de 20 y máximas de 36

Este viernes se espera, así, ya un día con calor intenso con temperaturas en ligero ascenso. Una subida que se espera más acusada en las mínimas en el oeste de la Comunidad, llegando a los 20 grados en Getafe o a los 19 en Navalcarnero o la capital.

A su vez, las máximas no se quedan atrás y este viernes se alcanzarán temperaturas de hasta 36 grados en Alcalá de Henares, 35 en Aranjuez y 32 en zonas de la Sierra.

Una subida de temperaturas que se mantendrá este fin de semana, con máximas que seguirán entre los 35 y 36 grados, con mayor ascenso en las mínimas, que se quedarán cerca de los 20 grados en gran parte de la Comunidad.

Nuevo revés para el Orgullo Vallekano: las fiestas volverán a celebrarse, pero sin financiación municipal. El festival Tetafest, un evento LGTBIAQ+ inscrito dentro de los festejos populares, celebrará su novena edición entre el 12 y el 14 de junio en el Parque Azorín de Puente de Vallecas, pero este año lo hará sin el apoyo material y técnico del Ayuntamiento, después de que la Junta Municipal del distrito se lo haya retirado.

El colectivo denuncia que el apoyo institucional se ha visto reducido de forma drástica en esta edición, hasta el punto de limitarse prácticamente a la cesión de tres baños portátiles. Una decisión que llega tras la negativa a facilitar infraestructuras básicas para la celebración del festival, como escenario, equipos de sonido, iluminación o generadores eléctricos, elementos que la organización considera imprescindibles para poder desarrollar la programación en condiciones.

Desde Orgullo Vallekano aseguran que la situación supone un nuevo paso en un proceso de retirada progresiva de apoyo institucional que, según sostienen, se viene produciendo en los últimos años. “Se nos dijo que no íbamos a contar con ese apoyo. Lo único que se nos facilitan desde la Junta son tres baños portátiles”, explica el portavoz del colectivo, Alberto Cabañas.

El festival, recuerdan, forma parte del calendario de fiestas populares del distrito y ha sido reconocido como tal por la propia Junta Municipal. “Forman parte de la esencia del barrio”, señala Cabañas. Sin embargo, ese reconocimiento no se ha traducido, según denuncian, en un respaldo material para su celebración, a pesar de que el evento lleva casi una década desarrollándose en el barrio y forma parte ya del tejido cultural de Puente de Vallecas.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid defienden que el reconocimiento del festival como festejo popular por parte del Pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas no implica en ningún caso la obligación de la administración de suministrar apoyo material o técnico para su celebración. El Consistorio remite a la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, que establece que la dotación de medios a este tipo de eventos tiene carácter discrecional.

Según la versión municipal trasladada a este periódico, la asignación de recursos depende de criterios de disponibilidad, gestión presupuestaria e interés público, lo que implica que no siempre es posible atender todas las solicitudes presentadas por asociaciones y colectivos del distrito. Añaden además que este marco obliga a priorizar en función de las capacidades existentes en cada edición, especialmente en contextos de alta demanda de recursos por parte de distintos eventos en el distrito.

Esta es la misma explicación que el colectivo recibió por parte del Ayuntamiento hace unas semanas cuando les comunicaron que no contarían con la financión municipal. “El motivo que aducen es que, para las fechas, hay muchas otras actividades y no tienen material para dar respuesta a todas las peticiones que tienen. Pero es cierto que, donde anteriormente sí había esa disponibilidad, sin que haya cambiado la fecha ni los requerimientos, ha habido un cambio en esta supuesta disponibilidad de medios”, asegura el portavoz del colectivo.

Años de fricciones entre el colectivo y la Junta

El desencuentro entre el Ayuntamiento y el colectivo no es nuevo. Se remonta a 2024, cuando se vetaron las actuaciones posteriores a la manifestación del Orgullo Vallekano, aunque no fue hasta 2025 que se retiró por primera vez el apoyo técnico y material a las fiestas. La Junta Municipal lo hizo a tan solo unos días de la celebración del festival, dejando sin escenario, sonido, iluminación, baños y otros recursos básicos al evento. Desde Orgullo Vallekano calificaron entonces la decisión como “arbitraria y política” y alertaron de lo que consideran una deriva institucional en la gestión de los espacios comunitarios del distrito.

Según la organización, la retirada de medios se comunicó sin un informe técnico que justificara la decisión y únicamente mediante notificación por correo electrónico, sin explicaciones detalladas. El Ayuntamiento mantuvo entonces el mismo argumento que este año: que el reconocimiento del festival como festejo popular no implica obligación de dotación material.

Además, en ese mismo ejercicio, también se denegaron permisos para los conciertos posteriores a la manifestación del Orgullo. Desde el Consistorio se alegó que la solicitud no se había tramitado correctamente, mientras que el colectivo defendía haber presentado la documentación en tiempo y forma.

El conflicto se agudizó, según relatan, en un contexto de tensión política después de una cacerolada convocada por el colectivo en protesta por la participación de una autora “conocida por sus discursos tránsfobos” en la Feria del Libro de Vallecas. Días antes de esa protesta, la Junta habría intentado sin éxito evitar su celebración.

Desde el colectivo sostienen que no se trata de episodios aislados, sino de un proceso continuado de restricciones a iniciativas vecinales y LGTBIAQ+ en el distrito.“ La relación causa-efecto en estas cosas siempre es difícil de establecer claramente, pero otras fiestas populares del distrito también están empezando a tener estos problemas con la dotación de algunos materiales”, explica el portavoz del Orgullo Vallekano, que asegura que existe un “tira y afloja” entre los vecinos del distrito y la Junta.

“No tenemos forma de demostrarlo, evidentemente no hay una prueba documental para decir que se nos ha negado el material por una actividad o un posicionamiento concreto, pero es cierto que Orgullo Vallekano es una organización que tiene un posicionamiento político no compartida por la dirección política del Ayuntamiento”, advierte Cabañas. Desde el colectivo considera que, en cualquier caso, una discordancia ideológica o de oposición “no debería suponer la dificultad de acceso a unos recursos que son públicos”.

Un festival sostenido por el barrio

Pese a la falta de financiación municipal, el festival ha podido salir adelante gracias a una campaña de recaudación de fondos que ha superado todas las previsiones. El crowdfunding ha superado los 7.500 euros, un 55% más del objetivo inicial, con la participación de más de 240 personas.

La organización explica que la campaña partió de un cálculo mínimo de 4.800 euros, destinados a cubrir los gastos imprescindibles del festival. En apenas diez días se alcanzó esa cifra y, a horas de su celebración se han superado sobradamente los 5.000 euros. “La respuesta del barrio ha sido tremenda, de cariño, de acogida, de empujar, de ayudar a difundirlo. Ha sido espectacular y la verdad es que nos tiene muy emocionadas”, señalan desde el colectivo.

Desde Orgullo Vallekano interpretan esta respuesta como algo más que una muestra de apoyo puntual. “Lo que ha sucedido este año demuestra que el festival no es solo una voluntad nuestra, sino una necesidad real del distrito”, afirman. El colectivo cree que el Tetafest ha dejado de ser únicamente una propuesta cultural para convertirse en una cita consolidada del calendario festivo del barrio, con cerca de una década de trayectoria.

El festival, integrado dentro del Orgullo Vallekano desde 2017, se celebrará finalmente con una programación cultural y comunitaria que incluye actuaciones de Turista Sueca, Andy Grey, el Coro Canción Protesta, Mari Bingo o Gueparda, además de una colaboración especial con la Cofradía Marinera de Vallekas. También participarán artistas y colectivos del propio barrio, como Damiano Vallekano.

Desde la organización insisten en el carácter autogestionado del proyecto y en su vínculo con el territorio: “Sin marcas, sin postureo, sin convertir el orgullo en un escaparate. Es un espacio hecho por y para el barrio”. En esa misma línea, subrayan que el modelo de financiación también refleja esa lógica comunitaria en la que los fondos se destinan a cubrir gastos básicos y a remunerar a las artistas, y en ocasiones incluso se han destinado a otras causas sociales.

“Nuestra sensación es que hay un desajuste entre una necesidad real de que las personas LGTBIQ+ del barrio tengan un espacio de encuentro en libertad y una Junta Municipal que, a pesar de que esa necesidad es evidente, tiene una respuesta como poco tibia”, insisten. A pesar de las trabas institucionales, el Orgullo Vallekano se ha consolidado como la manifestación LGTBIQ+ más multitudinaria del sur de Madrid, con más de 2.000 asistentes cada año.

Valeria Fragola, alumna del Mirabal International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y lo ha descubierto mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque.

A unas semanas de irse de Interrail, la estudiante de 2º de Bachillerato ha detallado este jueves que había quedado con sus compañeras de clase para “el típico vídeo reaccionando a las notas” de la Selectividad, un formato muy popular en redes sociales.

“Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado. Entonces yo lo primero que he preguntado es si entro en la carrera. Si no entraba, pues no iba a continuar con el vídeo. Me han mirado con cara de '¡Ostras, Valeria! Luego he calculado la nota y me he quedado flipando. Estoy muy contenta”, ha subrayado en conversación con los medios de comunicación. Valeria calcula que con su media de Bachillerato, que se sitúa en el 10, ha obtenido un 13,9 en la Selectividad.

En concreto, la joven de 17 años ha obtenido un 9,99 en las pruebas finales, una centésima más que tres alumnos del IES Ramiro de Maeztu (distrito de Chamartín en Madrid), IES Laguna Joatzel (Getafe) y el Colegio Amanecer (Alcorcón). Así, las cuatro calificaciones más elevadas se reparten a partes iguales entre la pública y la privada, así como entre el norte y el sur de la región.

Los deseos de Valeria

“Quiero estudiar Medicina. Poco a poco iré viendo la especialidad que quiero hacer”, ha señalado la estudiante boadillana, que ha contado que está pensando elegir la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque no ha descartado otras opciones hasta “mirarlo todo”. Si no entraba a este grado, se había planteado elegir Ingeniería Aeroespacial o Física.

Valeria ha asegurado que “no estaba nerviosa” por hacer la PAU porque es “como los exámenes que ha ido haciendo” a lo largo de Bachillerato, con la excepción de que tenía “aún más tiempo para preparárselo”. “Simplemente con constancia, ir estudiando y hacerse muchos exámenes de años anteriores”, ha añadido.

Por ello, ha animado a los jóvenes que se presentarán en el próximo curso a que “no se pongan nerviosos” en la prueba, ya que “pueden jugar en contra” suya. Ha recalcado que es importante “preparárselo bien y con tiempo” para no esperar hasta el último momento.

En redes sociales, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Ubeda, ha celebrado el “logro extraordinario” de la vecina del municipio, que ha conseguido esta nota “fruto del esfuerzo, la constancia y el talento”. “Hoy Boadilla se siente especialmente orgullosa. Enhorabuena, Valeria y también a tu familia, que hoy comparte contigo esta enorme alegría. ¡Felicidades y a por todos los retos que vienen!”, ha escrito el primer edil.

El día en el que miles de jóvenes creen que se decide su futuro

Los resultados de la selectividad se han publicado este jueves 11 de junio en la Comunidad de Madrid. Ahora, tras saber la nota, los estudiantes podrán calcular su media con la evaluación de Bachillerato para calcular su nota de corte y acceder a la universidad. Entre el 5 y el 26 de junio se realizará la preinscripción para Grado y el 10 de julio se publicarán los listados de admitidos.

Una vez superada la primera ronda de exámenes de junio, entre el 30 de junio y el 3 de julio se celebrará la convocatoria extraordinaria de la PAU. En esta ronda se seguirá el mismo esquema: los primeros días se reservarán para las materias de la fase general y con posterioridad se realizarán las pruebas específicas. Los estudiantes conocerán su calificación el 9 de julio a partir de las 12.00. En este caso, la preinscripción universitaria será entre el 20 y el 24 de julio, y los listados se conocerán el 3 de septiembre.

Nueva confrontación entre el tejido asociativo de Hortaleza y la Junta Municipal del distrito. Las entidades vecinales La Unión de Hortaleza y La Expansión de San Lorenzo denuncian haber sido censuradas durante sus actuaciones en las Fiestas de Primavera de este distrito madrileño, organizadas por la Junta que preside el polémico concejal David Pérez, uno de los nombres más controvertidos en el segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Según recoge en un comunicado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), un asesor del edil llamó a la Policía Municipal y amenazó con multar a La Unión de Hortaleza si durante su actuación se producía algún tipo de protesta contra la gestión de Pérez. Una administración cuestionada por las entidades del distrito debido a su “constante maltrato” al movimiento asociativo mediante prohibiciones de eventos y sanciones económicas. “Lo que está ocurriendo en Hortaleza con David Pérez es propio de dictaduras”, trasladan desde La Expansión de San Lorenzo.

Además, una de las trabajadoras de la organización de las fiestas, que concluyeron el pasado fin de semana, subió al escenario del auditorio Pilar García Peña para arrancar una pancarta reivindicativa que portaban los miembros del Club del Disco de Hortaleza después ofrecer una sesión de música. Esta agrupación actuó en las Fiestas de Primavera del distrito el pasado jueves 4 de junio con una sesión gratuita de música en vinilo. Según denuncia la asociación, los DJs fueron registrados antes de subir al escenario por una responsable de la empresa Sonimar, encargada de la gestión técnica de las actuaciones de las fiestas.

Tras la sesión de música, que se desarrolló sin incidentes, los dos pinchadiscos sacaron una pancarta reivindicativa en el escenario en la que se podía leer: “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”. Apenas cuatro segundos después de desplegar la pancarta, la responsable de la empresa Sonimar subió al escenario para arrancar la pancarta y dar instrucciones a los técnicos para que apagaran las luces del escenario.

“La censura es total contra las asociaciones y colectivos del barrio y mostramos nuestra más enérgica repulsa”, lamenta el Club del Disco de Hortaleza en un comunicado, en el que también critica que la Junta Municipal del bautizado como concejal aguafiestas haya eliminado el presupuesto destinado a las actuaciones de las entidades vecinales en las fiestas del distrito.

El viernes 5 de junio, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza tenía previsto participar en las fiestas del distrito con una actuación de bailes y otra a cargo de la ‘Compañía del Viento’ en el auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey, como constaba en la programación oficial de los festejos. “Cuando estaba a punto de comenzar la actuación, personal de la empresa responsable de la gestión de las actuaciones nos preguntó qué eran las hojas que llevábamos en las manos”, aseguran desde la asociación.

Un asesor de Pérez, señalado

“Nos dijeron que no podían autorizar una actuación política en el escenario porque les iba a traer consecuencias para ellos. No nos negamos a enseñar el material que teníamos para la actuación. Y nos dijo que no podíamos subir al escenario con ningún papel, ni hacer ningún tipo de presentación con el micrófono”. Ante esa situación, se pidió a la trabajadora la orden por escrito, pero ella reaccionó solicitando que se personara David Enguita, asesor del concejal David Pérez en la Junta Municipal de Hortaleza.

Según La Unión de Hortaleza, “el señor Enguita se presentó en la entrada al escenario del auditorio y nos dijo que no iba a permitir ni pancartas, ni ninguna actuación política en el escenario, que íbamos a ser multados, sancionados y que recaería toda la responsabilidad sobre la asociación”. El asesor aludió a un correo electrónico que la Junta Municipal envió ese mismo viernes a las entidades participantes con una amenaza de sanción a “cualquier conducta que suponga una falta de respeto hacia el personal” de las fiestas.

“Solicitamos leer las normas para ver exactamente cuáles pensaba que se estaban incumpliendo. El señor Enguita se negó y su forma de dirigirse a personas de la asociación fue intimidante y en tono amenazante. Se encontraba en un espacio público y nos estaba dando unas instrucciones concretas diciendo que si no cumplíamos con la programación seríamos multados, que no podríamos volver a actuar en las fiestas”, detalla La Unión de Hortaleza en un comunicado.

En ese momento, una persona se puso a grabar la discusión con un teléfono móvil. El asesor del concejal dijo “no me grabes por favor o llamo a la policía”, como finalmente hizo. Cuatro agentes de la Policía Municipal acudieron a la entrada del escenario del auditorio. “La policía nos dijo que habían acudido porque una entidad pretendía salir al escenario sin estar autorizada y les enseñamos el programa público, demostrando que estábamos autorizadas para actuar. Los agentes también nos informaron de que, dependiendo del contenido de lo que dijéramos o hiciéramos en el escenario, la asociación podría tener consecuencias”, afirman desde La Unión de Hortaleza, que pudo subir al escenario de las fiestas con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto para celebrar la actuación de baile que protagonizaban niños y niñas de entre 6 y 14 años.

“Finalmente nos dijeron que permitían la actuación de baile pero ninguna otra más que tuviera contenido político, impidiendo realizar la segunda parte de la actuación que era la ‘Compañía del Viento’”, con la que la asociación pretendía denunciar las prohibiciones del concejal David Pérez al tejido vecinal de Hortaleza.

La polémica respuesta del concejal, con referencias a la política nacional

El exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado a las quejas con un mensaje en X donde habla de todo salvo su propia gestión: “Los que callan con las chistorras, las Leires, los collares y demás corruptelas, protestando contra mí porque aplique las ordenanzas y no les deje vender alcohol en sus fiestas. Es de pena. Las subvenciones se justifican, las normas se cumplen y a esa la cara: nadie de esta supuesta coordinadora da su identidad. Es vergonzosa su cobardía, su abuso del anonimato y su forma de presionarme para que trague con sus pretensiones con estos numeritos. Es no conocerme: seguiré aplicando la ley. Siempre”.

Pérez publicó mensajes en sus redes sociales (que utliza con asiduidad) jactándose de haber frustrado la pitada organizada durante la jornada de pregón, en la que se escudó colocándose detrás de niños. “Hortaleza 1 - Intolerancia 0 Ahí os quedasteis sin pitada, esperando el momento que no llegó, se os quedó una carita que era para verla. Y ahora a ver si hacéis algo constructivo en vez de tanto insultar y faltar al respeto a las instituciones. Saludos”, publicó en contestación a La Unión Hortaleza.

Las asociaciones dicen “basta” ante un “ataque directo a la libertad”

“Ante estas palabras de coacción y amenaza, en un ambiente de tensión, la asociación decide subir al escenario y explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras dábamos nuestras explicaciones al público sobre el escenario, los cuatro policías municipales se quedaron hasta que bajamos del escenario”, relatan desde La Unión de Hortaleza, que califica lo ocurrido como “una censura previa y preventiva” que supone “un ataque directo al derecho fundamental de libertad de expresión”. “Basta ya de coaccionar, imponer, multar, limitar, prohibir, censurar, excluir y eliminar la participación de las asociaciones”, apostilla esta entidad vecinal en alusión al concejal presidente del distrito, David Pérez, que llegó a Hortaleza en 2023 designado por el alcalde.

La Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que agrupa a una treintena de colectivos del distrito, denuncia que en estos tres años David Pérez “ha prohibido fiestas y festivales de música organizados por el vecindario, ha eliminado el ciclo de conciertos de jazz más longevo de Madrid, ha impuesto una absurda Ley Seca de forma arbitraria en algunos festejos vecinales y ha desmantelado el centro municipal de participación ciudadana para dárselo a dedo a una entidad de fuera del distrito. También ha acabado con un proyecto vecinal de compostaje comunitario que era pionero en la ciudad de Madrid, ha reducido al mínimo las ayudas a entidades ciudadanas y ha expulsado a las asociaciones vecinales del recinto ferial de las fiestas del distrito”.

“Es evidente que su único propósito es ahogar a las asociaciones vecinales y acabar con sus actividades culturales y festivas. Por eso le llaman el concejal aguafiestas”, añaden. Las Fiestas de Primavera de Hortaleza comenzaron el 29 de mayo con un pregón polémico. La Coordinadora de Entidades convocó por tercer año consecutivo una “pitada popular” contra el concejal David Pérez por sus “constantes ataques” a la participación ciudadana. El edil del PP, sin embargo, evitó esta vez ser abucheado al eludir tomar la palabra durante el pregón, parapetándose detrás de unos niños y abandonando el escenario con antelación.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

El calor volverá a ser protagonista en esta segunda mitad de la semana, en la que los termómetros volverán a subir hasta los 35 grados de máxima, que se esperan este jueves en localidades como Aranjuez, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, en esta jornada de jueves 11 de junio se espera que suban tanto las mínimas como las máximas. Las mínimas subirán solo de forma ligera en la Sierra, con pocos cambios en el resto, oscilando entre los 14 y 17 grados.

Serán las máximas las que volverán a ofrecer jornadas de calor, con altas por encima de los 30 grados, alcanzando los 35 grados en Aranjuez, los 34 en Alcalá de Henares o los 33 en Getafe o la capital.

Cielos casi despejados

En cuanto al cielo, se espera que en su gran mayoría sean cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En lo que respecta al viento, soplará flojo de componente este y del nordeste.

Para los próximos días, seguirá la subida de temperaturas, con mínimas superando los 20 grados y máximas que podrían alcanzar los 36 o 37 grados de cara al fin de semana.

Los derribos en la Cañada Real, el asentamiento chabolista entre Madrid, Rivas y Coslada que las administraciones aún tratan de erradicar, vuelven a llamar la atención de los tribunales. Después de que, en julio del año pasado, la Audiencia Provincial madrileña condenara a un alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a nueve años de inahibilitación por “prevariación administrativa” en la demolición ilegal de una vivienda, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo acaban de admitir a trámite nuevos recursos que apuntan a más derribos ilícitos. La lupa judicial, esta vez sobre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, examinará otros casos recientes denunciados en el sector 4.

Los tribunales que investigarán las reclamaciones serán los números 7 y 25 de Madrid. De ello han informado desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que lleva ambos procedimientos. El letrado Javier Rubio, que forma parte de la defensa, explica que las demoliciones han afectado a la mitad de una vivienda y parte de otra parcela. Allí viven dos familias, que han pasado “más de una década” en este tramo de la vía pecuaria, hoy sujeta a un Pacto Regional entre administraciones públicas para dar soluciones habitacionales y urbanísticas al problema que plantean estos terrenos.

En octubre de 2020, la empresa eléctrica Naturgy cortó el suministro en la Cañada Real, dejando a sus vecinos sin luz bajo el argumento de unos cultivos ilegales enchufados a esa corriente. Desde entonces algunos sectores permanecen sin electricidad, aunque los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid han ido organizando traslados a otras viviendas (muchas veces a kilómetros de la capital) para vaciar por completo el recinto. Ahora, los vecinos pretenden denunciar el “acoso institucional” que avistan de por medio con una protesta el próximo domingo, 14 de junio. Saldrán a manifestarse en las calles de Rivas.

El consistorio ripense ha defendido la legalidad de su actuación el 28 de abril en el sector 4, y recuerda que los asentamientos se alzan sobre suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid y “protegido frente a nuevos desarrollos urbanísticos”, como en ocasiones se ha augurado para el futuro de la Cañada. El Ayuntamiento de Aída Castillejo sostiene que las intervenciones “no se dirigieron contra viviendas ni hacia asentamientos residenciales”, sino “ocupaciones ilegales de suelo público anexas a las construcciones” que ya habían recibido sanciones urbanísticas, pero “volvieron a ser ocupadas para usos privativos”.

Asegura que colaborará con la Justicia “aportando toda la documentación” que se le requiera, aunque mantiene que su actuación busca frenar nuevas ocupaciones o riesgos de seguridad. En sus conclusiones, el consistorio apunta hacia los realojos como una verdadera “solución para las familias vulnerables” y rechaza, por consiguiente, la consolidación de construcciones sobre un terreno no urbanizable. Además, remarca la existencia de mecanismos de participación con las asociaciones vecinales de la Cañada, y arremete contra “determinados despachos de abogados que hacen negocio con la vulnerabilidad de muchas familias, alimentando expectativas que no contribuyen a resolver el problema de fondo”.

“No hay autorización judicial”

Según el abogado del CAES, en el caso de estos últimos denunciantes “no se ha ofrecido ninguna medida” alternativa después demoler una parte de su vivienda. En este sentido, advierten de posibles vulneraciones de derechos fundamentales por unos derribos que, además, se ejecutaron “sin ninguna autorización judicial”, tal y como sostienen desde la cooperativa a cargo. Con la admisión a trámite de sus recursos, informan de que ambos juzgados han requerido al Ayuntamiento de Rivas que remita el expediente “completo” de actuaciones para examinar su contenido.

También han trasladado el caso a la Fiscalía de Madrid, para que así valore su postura. La representación del CAES añade que estas destrucciones parciales en Cañada implicaron “la tala de 17 árboles con más de diez años de antigüedad”, aunque esto de momento debe pasar por el filtro de lo Contencioso-Administrativo. Que estos recursos se hayan admitido y vayan a investigarse aún no implica que haya un hecho delictivo, aunque sí supone que los tribunales consideran que existen elementos suficientes para un análisis a fondo.

Uno de los grupos ciudadanos del sector 4, en el que se ubican las viviendas afectadas, también se ha pronunciado al respecto. Desde la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 celebran la decisión judicial. “Esperamos que se haga justicia y se frene la ola de ataques que venimos sufriendo”, destacó su portavoz en unas declaraciones recogidas por el comunicado del CAES. En ellas, reclama que se “consoliden” las viviendas en lugar de realojarles en otros puntos, de forma que puedan “pagar [desde allí] las contribuciones que correspondan”.

“Acoso institucional”

En el escrito conjunto, los denunciantes recuerdan que tanto el Ayuntamiento de Rivas como la Comunidad de Madrid ya fueron condenados por un derribo ilegal en 2024, por acciones llevadas a cabo dos años antes y que también afectaron a la Cañada Real. Entre sus conclusiones, la entidad jurídica que asesora a los denunciantes también califica de “acoso institucional” algunos mecanismos de la administración para vaciar estas parcelas, y que vinculan a un crecimiento urbanístico sin límites que incide directamente sobre los residentes.

Asimismo, estos nuevos procedimientos llegan después de otros casos polémicos y recientes, en los que llegaron a detectarse actuaciones negligentes. El más relevante es el de una vivienda del sector 6, uno de los pocos que continúan sin luz. Fue derribada en el año 2022 y la Fiscalía acusó a dos responsables públicos, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro a cargo de la Comunidad, por propiciar una demolición sin garantías legales. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid solo condenó a uno de ellos, el jefe de Disciplina Urbanística en el consistorio, que fue inhabilitado durante 9 años aunque continuó firmando órdenes de demolición después de aquella sentencia.

Más Madrid redobla su apuesta por una forma de hacer política pegada a la calle. Tanto que este sábado cientos de voluntarios del partido, acompañados de sus militantes y cargos públicos, se lanzarán a llevar sus iniciativas y a escuchar a las inquietudes de los vecinos en el mayor puerta a puerta celebrado hasta la fecha.

El objetivo es llamar a 5.000 hogares de distintas partes de la capital y varios municipios de la región, siguiendo la estela de otras jornadas anteriores pero con mucha más extensión. La cita se desarrollará, según la convocatoria lanzada en la web del partido, por Madrid capital, Alcalá de Henares, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Móstoles, Navalcarnero y Torrejón de Ardoz. “Vamos a hacer historia”, indican en la convocatoria.

“No esperamos a las elecciones para salir a las calles. La idea es sencilla: tocar puertas, romper la burbuja digital y hablar cara a cara del Madrid real con cientos de vecinos y vecinas. Esa va a ser nuestra fuerza para echar a Ayuso y Almeida”, explican en esta misma página.

La cita del partido de Rita Maestre, Manuela Bergerot o Mónica García retomará las campañas lanzadas por el partido hasta ahora, que en clave de Madrid capital han pasado por el Te están robando Madrid, la gran conversación y otras iniciativas llevadas a cabo en lo que va de año. Y cubrirá distritos como Carabanchel, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Retiro, Usera o Villa de Vallecas.

La iniciativa del partido se inspira en la enorme movilización de voluntariado y votantes que generó uno de los referentes de la izquierda mundial, el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Una de las claves de la exitosa campaña que le llevó a su cargo fue llevar su mensaje a tres millones de hogares mediante estos voluntarios.

El puerta a puerta de Más Madrid ya ha pasado por barrios como San Cristóbal, Villaverde, Arganzuela o Ciudad Lineal, con diferentes ejes temáticos. En Chamberí, por ejemplo, se centró en la vivienda, poco antes de la votación sobre el decreto del alquiler que tuvo lugar en el Congreso. Hasta el momento, en toda la región, se han tocado hasta 7.000 puertas.

“No se va a ampliar Valdemingómez, no es cierto que vaya a haber dos nuevas parcelas en Valdemingómez porque el recinto es exactamente el mismo”, aseguraba este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, en respueta a la exclusiva adelantada por este periódico sobre el vertedero de Madrid. El regidor añadía: “Quien diga que se está ampliando Valdemingómez, no está diciendo la verdad”.

Sin embargo, el proyecto de la UTE Las Dehesas, concesionaria de las instalaciones, afirma que sí habrá ampliación. Según el texto que acaba de salir a información pública y al que ha tenido acceso Somos Madrid, dicho documento se tramita porque “está promoviendo la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos”, dice literalmente en la justificación del texto técnico.

A continuación, el mismo texto aclara que “con este documento se inicia el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previo y necesario para obtener la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada vigente”. Es decir, que necesita cambiar los permisos ambientales de los que dispone el vertedero, otro de los charcos que ha pisado Almeida al negar la ampliación.

El alcalde aseguraba también, en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa de este miércoles, que el recinto “tiene exactamente la misma autorización ambiental”, sin indicar que será necesaria la “modificación sustancial” actualmente en trámite, adelantada por este periódico, para que se la Comunidad de Madrid, competente en materias ambientales, pueda permitir la citada ampliación.

Almeida añadía, para restar importancia a la extensión de la zona de vertidos: “Lo único que hay es que está compartimentado y a medida que se colmata una celda se pueden utilizar las celdas que hay anexas”. Y aseguraba que su Gobierno es “el que más ha avanzado en procesos de reciclaje”. Sin la modificación ambiental y el proyecto de ampliación, el Ayuntamiento no podría verter más desperdicios sobre las nuevas celdas.

Según ha podido examinar este medio, la expresión “ampliación” asociada al vertedero o a la autorización ambiental pertinente se emplea en hasta 38 ocasiones a lo largo de la documentación presentada.

Críticas de la oposición por la ampliación

Tanto Más Madrid como PSOE han reaccionado también a la información adelantada por Somos Madrid sobre Valdemingómez. Rita Maestre ha criticado, en una publicación en redes sociales: “El PP sólo se acuerda del Sureste madrileño para colocar depuradoras, vertederos, incineradoras… La falta de una estrategia real y sostenible de residuos se traduce en más desigualdad. Si tanto le gustan a Ayuso los basureros, que se los pongan en su ático de lujo”, ha dicho en una publicación en Bluesky.

Por su parte, la portavoz socialista Reyes Maroto ha escrito lo siguiente en X: “Cuando decimos que a Almeida no le importa lo más mínimo el sur de Madrid, nos referimos exactamente a esto: ampliar Valdemingómez con dos nuevos vertederos para seguir acumulando basura”.

Primer revés judicial para Florentino Pérez después de su reelección como presidente del Real Madrid. El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso del club blanco contra una sentencia del pasado otoño dentro de la pelea judicial para conseguir celebrar conciertos en el Santiago Bernabéu.

Los vecinos consiguieron hace unos meses que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les diera la razón en su empeño por aclarar si la licencia que actualmente ostenta el estadio le permite albergar conciertos, al tratarse de un recinto deportivo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid había rechazado este intento inicial pero el recurso de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu volvió a activar el caso. Por eso el Real Madrid, a su vez, recurrió.

Ahora, según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el Supremo tumba el recurso merengue por “falta de fundamentación suficiente”, al considerar que el Real Madrid no ha argumentado de forma adecuada el caso, y por ausencia de “interés casacional objetivo” para que el caso fuera objeto de jurisprudencia.

“Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada”, concluye el fallo. Además, obliga a pagar 2.000 euros en costas judiciales a los de Florentino Pérez.

Vecinos: “El asunto de los conciertos está muy lejos de haber terminado”

El varapalo del Supremo al Real Madrid llega después de varias declaraciones del presidente blanco anunciando la vuelta de los conciertos al Bernabéu cuando el Ayuntamiento y la Comunidad terminen de perfilar unas “normas especiales” para permitirlos, que no detalló.

La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu celebra la última decisión judicial, que es firme, y asegura que “demuestra que el asunto de los conciertos del Bernabéu está muy lejos de haber terminado. Quedan todavía cuestiones muy importantes por resolver y esperamos que ahora pueda analizarse el fondo del asunto”. Es decir, “si este estadio puede celebrar conciertos, cuando la calificación urbanística del estadio es solo para eventos deportivos privados”.

Además, los demandantes consideran que “esta resolución tiene una importancia que va más allá del caso concreto del Bernabéu. Las administraciones públicas tienen la obligación de responder a las demandas y solicitudes que plantean los vecinos y las asociaciones vecinales”.

La demanda es la tercera vía de agua judicial que tiene que achicar el Real Madrid por las molestias ocasionadas a sus vecinos. La primera, en la que sigue enfangado, se llevó por delante la construcción de dos aparcamientos municipales junto al estadio, al quedar anulado el concurso a medida que le entregó el Ayuntamiento de Madrid, por falta de interés público. La segunda, de momento taponada, estuvo a punto de llevar al banquillo a la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, por el ruido atronador que emitieron las actuaciones musicales programadas allí durante el año 2024. Quedó eximido de responsabilidad el pasado mes de mayo, in extremis, aunque los vecinos recurrieron y el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre este caso.

El Real Madrid se compara con los conciertos en el Metropolitano

Por su parte, el club de Chamartín ha emitido un comunicado aclarando algunos puntos sobre la decisión judicial, explicando que “la decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente”.

El comunicado también resalta que la celebración de conciertos en el Bernabéu “está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano”, en alusión a las actuaciones de Bad Bunny que acoge estos días. En este caso y a diferencia de los eventos celebrados en el coso blanco, no se han detectado superaciones de ruido por encima de los niveles máximos permitidos por el Ayuntamiento de Madrid.

Con cada invierno o verano, las escuelas de Madrid se revuelven por la climatización en las aulas. El año pasado, el colegio público de Nuestra Señora de la Paloma (en pleno centro de la ciudad) fue uno de los seleccionados por la Ayuntamiento de Madrid para ejecutar obras de mejora en los posis, el cuarto del conserje, en instalar allí un aire acondicionado. Sin embargo, lo que se anunciaba como una buena noticia terminó con la paciencia de su directora, que se opuso a la climatización de una única estancia mientras la situación del resto seguía siendo “insufrible”. Meses después, Sandra Valiente usa esa misma palabra, insufrible, para referirse a la llegada del verano.

Este miércoles por la mañana, la portavoz de Más Madrid se ha desplazado a las puertas del centro para denunciar la “desprotección” en centros educativos ante una nueva temporada de calor. Rita Maestre se ha reunido allí con una representante de la AFA, la Asociación de Familias de Alumnos, que en declaraciones a los medios cuestionó que se atendiera menos a un servicio público con menores que a cualquier puesto laboral al uso.

“Aquí todos trabajamos en sitios climatizados. No entendemos cómo, en cambio, se pide a los niños que pasen horas empapados en sudor”, ha destacado Alejandra Pérez en representación de esta plataforma. Reitera que los picos de frío o calor, conforme pasen las estaciones, “no van a desaparecer” por sí solos. “Sabemos que no puede cambiar todo de hoy para mañana, pero lo único que pedimos es un aire acondicionado”, resuelve la portavoz: “Seguiremos peleando”.

Sobre las controvertidas palabras del consejero de Cultura de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha sido tajante: “No voy a entrar a debatir si fue correcto o no, pero lo que se está pidiendo desde las familias no es ningún gran lujo”. La semana pasada, en el último pleno de la Asamblea Regional, Mariano de Paco bromeó con las críticas por altas temperaturas en las aulas, considerándolas una “fuente de inspiración” y asumiendo que “cuando hace calor, hace calor”.

La directora del colegio de Nuestra Señora de la Paloma, Sandra Valiente, reconocía esta mañana en declaraciones a Somos Madrid que el aire acondicionado se instaló finalmente en diciembre pero solo en el posi, “en período vacacional” y “para hacerlo de manera sigilosa”. En este sentido, hay una bifurcación de las competencias sobre el centro que también afecta a qué áreas se climatizan: mientras que el Ayuntamiento tiene potestad para vigilar estancias en las que trabaja su personal directo, de la Comunidad dependen la gestión educativa y la situación general en las aulas.

En diciembre, después de que este periódico informara de las quejas en el centro de La Latina, el representante del personal municipal en los colegios con UGT, José Antonio Chacón, respondió a las críticas de su directora destacando que la instalación de aire acondicionado para su plantilla “jamás implicará que se lo vayan a poner a ellos, ni antes ni después, porque se tramita por vías diferentes”. Con estas palabras, el responsable sindical aludió a que la decisión de climatizar sus dependencias responde a “antiguas peticiones” de los delegados de Prevención en el consistorio, concluyendo que habrá de ser la Comunidad de Madrid la que aborde sus reclamaciones.

“Hace dos semanas vino una técnico [del Gobierno regional] para hacer mediciones en todas las dependencias. A las once de la mañana, todo estaba a más de 27 grados”, responde, del otro lado, la responsable del CEIP. Aquella visita emanó de otra denuncia que ellos presentaron el pasado mes de junio ante la Inspección de Trabajo, tal y como afirma Sandra Valiente. Mientras tanto, su Dirección ha colocado seis termómetros en las paredes del edificio para continuar midiendo la temperatura, en aras a respaldar sus críticas y obtener una respuesta de la administración.

“Es una situación insostenible que ningún adulto ha de soportar en su entorno de trabajo, y que incumple con el sentido común o el cuidado más básico de niños y niñas”, ha suscrito Rita Maestre en su visita a los alrededores del colegio. “No deberíamos aceptar excusas presupuestarias o técnicas: ahora mismo en Madrid se está construyendo un circuito de Fórmula 1, levantado en tiempo récord con dinero público. En ese tiempo y con esos fondos, daba para climatizar todos los colegios de Madrid”, resuelve la líder de Más Madrid.

La portavoz del principal partido en la oposición municipal ha recordado que “el calor no termina con el curso escolar”, y que en algunos centros también se alojan campamentos de verano en los que los menores “pasarán otros 15 días sudando”. Deposita la responsabilidad tanto en el Ayuntamiento como sobre el Gobierno autonómico, quienes “tienen que asumir sus funciones y no hacer chascarrillos”. En sus conclusiones, insiste en la incompatibilidad de un despliegue económico para la F1, que se celebrará en septiembre, con cualquier argumento que aluda a una falta de fondos: “¿No hay dinero para una cosa, y sí para la otra? Si tenemos esos recursos y esa capacidad técnica, también lo hay para poner toldos, árboles, fuentes, cambiar las ventanas y colocar equipos de climatización”.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

A la altura del número 71 de la avenida de Monte Igueldo, en Puente de Vallecas, se encuentra una de las parcelas más reconocibles del barrio de San Diego. Durante años, los niños de la zona la bautizaron como el Parque Triste. Su nombre respondía al estado en el que se encontraba, ya que, pese a estar destinado al juego infantil, apenas contaba con un tobogán y dos balancines en un espacio de poco más de 65 metros cuadrados. Sin árboles, sin fuente, sin sombra y junto a un solar abandonado que acumulaba basura y problemas de salubridad.

Las carencias que arrastraba el parque desde hacía años llevaron a vecinos, asociaciones y entidades sociales del barrio a impulsar una transformación radical del espacio. Con la ayuda de Esther Gómez, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, elaboraron una propuesta para convertir el espacio en un refugio climático para la infancia y para el conjunto del vecindario, aprovechando las oportunidades que ofrecía el Plan de Desarrollo del Sur y del Este de Madrid (SURES), impulsado por el Ayuntamiento para reducir las desigualdades territoriales entre distritos.

La iniciativa, desarrollada por la estudiante en su Trabajo de Fin de Grado, acabó llegando al Ayuntamiento de Madrid. En septiembre de 2025, se aprobó en Junta de Gobierno una inversión de 5,3 millones de euros para varias actuaciones de regeneración ambiental, de los que alrededor de 250.000 euros se destinarían a la remodelación del conocido como Parque Triste. Para muchos vecinos suponía una victoria después de años reclamando mejoras en uno de los puntos más degradados y calurosos del barrio. Sin embargo, meses después, su alegría se ha visto empañada.

A día de hoy, el parque continúa sin inaugurarse. Las vallas siguen cerrando el acceso y, según denuncian los vecinos, el recinto acumula residuos y signos de abandono pese a que las obras finalizaron hace meses. “No se ha inaugurado todavía. Es una vergüenza”, lamenta Luis Sánchez, vocal de la Asociación Vecinal Kaskoviejo.

Sin zonas verdes ni juegos de agua

La sensación de frustración se ha incrementado porque, según denuncian desde la asociación, el resultado final poco tiene que ver con el proyecto que dio origen a la iniciativa. “Es uno de los puntos de calor más grandes del barrio. Han quitado metros de verde para poner cemento. Lo demás no se parece en nada, lo único que se ha mantenido es el sitio donde se ha puesto”, asegura el vocal.

El malestar no se limita al aspecto final del parque. Los vecinos critican también el desarrollo del proceso participativo que acompañó al proyecto. Según relata el portavoz vecinal, en noviembre mantuvieron una reunión con responsables municipales para conocer el estado de las obras. Allí, asegura, les comunicaron que la actuación estaba prácticamente terminada porque el objetivo era recepcionar la obra antes de finalizar el año.

“Los vecinos, junto a Save the Children, pidieron que los chavales eligieran los juegos que se iban a poner. Les dieron tres días para contestar. Se hizo el esfuerzo y se mandó la propuesta, pero no han recogido nada”, explica. La obra fue recepcionada el 31 de diciembre, según el relato vecinal, aunque el parque continúa cerrado y el deterioro es cada vez más visible. “Está lleno de basura”, denuncian desde la asociación.

Las críticas también alcanzan a la ejecución económica del proyecto. Los vecinos sostienen que la actuación que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento está muy lejos de justificar la inversión inicialmente anunciada. “De un presupuesto de 300.000 euros que se aprueba en 2024 para ejecutar en 2025 no se han gastado ni 100.000. Preguntamos a dónde había ido el dinero y los trabajadores de la obra nos dijeron que ni de coña se había llegado a esa cantidad, que si llega a 120.000 o 130.000 euros ya sería una exageración”, afirma Sánchez.

El representante vecinal recuerda además el momento en que, según su versión, se cuestionó el trabajo académico que sirvió de base para impulsar la actuación. “Tuvieron la desvergüenza de decirle a la chica que presentó el TFG que no había incluido la presupuestación en el proyecto. La chica salió llorando de aquella reunión. Estamos muy mosqueados”, relata.

Otro de los principales puntos de conflicto respecto al proyecto final gira en torno a los juegos acuáticos que formaban parte de la propuesta original para combatir las altas temperaturas del entorno. Luis recuerda que recientemente visitó la plaza de Daoíz y Velarde, en Retiro, después de escuchar unas declaraciones de Ángel Niño, concejal presidente de Puente de Vallecas, en las que ponía el proyecto del Parque Triste como ejemplo de participación vecinal.

“Nosotros pedimos también los chorritos de agua. Nos dijeron que no se podían poner porque no estaban homologados. Mientras tanto, nosotros aquí no solamente no tenemos chorritos, tampoco hay pérgolas, ni zonas verdes”, señala el portavoz vecinal. Mientras, el Ayuntamiento inaugura nebulizadores en Malasaña. La cuestión resulta especialmente sensible para los vecinos porque San Diego está considerado uno de los principales puntos de isla de calor del distrito, una circunstancia que precisamente motivó el diseño inicial del proyecto.

Fuentes municipales explican a este periódico que el parque remodelado y ampliado continúa pendiente de recepción por parte de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, motivo por el que todavía no puede ser utilizado por la ciudadanía. Mientras no se complete ese trámite, añaden, la conservación, limpieza y mantenimiento corresponden a la empresa constructora, que se encarga del seguimiento periódico de la zona.

Respecto al diseño, desde el Ayuntamiento reconocen el trabajo de la estudiante y las entidades vecinales, aunque señalan que algunas de las propuestas planteadas debían adaptarse a la normativa vigente. Según el Consistorio, el proyecto que se ha ejecutado cumple “en el mayor grado posible” con la propuesta presentada, aunque algunas actuaciones no pudieron llevarse a cabo. Entre ellas figura la instalación de juegos de agua, que finalmente se trasladaron a otra actuación cercana situada en la calle Puerto de Tarancón.

El Ayuntamiento rechaza además que se haya creado un espacio más duro o asfaltado. “No se ha hecho un parque asfaltado. Se ha adecuado y ampliado una zona infantil y de ejercicios para mayores, que antes era conocida como Parque Triste y que estaba completamente pavimentada, por otro espacio más amplio, accesible y disfrutable por los vecinos”, señalan las mismas fuentes municipales.

El proyecto que soñó un refugio climático para San Diego

La propuesta elaborada por Esther Gómez como Trabajo de Fin de Grado iba mucho más allá de una simple remodelación de un parque infantil. El objetivo era transformar uno de los principales puntos de calor de San Diego en un auténtico refugio climático.

El proyecto partía de un diagnóstico claro. El llamado Parque Triste apenas tenía 65 metros cuadrados, contaba únicamente con un tobogán y dos balancines y carecía de sombra, vegetación y espacios de estancia. Además, se proponía incorporar el solar abandonado colindante para ampliar la superficie disponible y crear un espacio verde de mayor tamaño.

Las demandas vecinales recogidas en talleres impulsados por Save the Children coincidían en varios puntos: más árboles, menos pavimento, más sombra, bancos para las familias y una ampliación de la zona de juegos. La propuesta planteaba dividir el ámbito en dos grandes espacios. Por un lado, una zona de estancia y descanso para todas las edades y, por otro, un nuevo parque infantil situado sobre el antiguo solar.

El diseño incluía abundante vegetación, pavimentos permeables, pérgolas cubiertas por plantas trepadoras y una red de sombras para combatir las altas temperaturas. También proponía juegos acuáticos, fuentes y sistemas de aporte de humedad capaces de reducir el estrés térmico durante los meses más calurosos.

La idea contemplaba incluso dos áreas de juego diferenciadas, una orientada al verano, con elementos de agua y sombra permanente, y otra diseñada para los meses más fríos, aprovechando la radiación solar. La vegetación debía convertirse en la protagonista de la plaza, aumentando el número de árboles en el barrio y contribuyendo a reducir el efecto isla de calor.

Sobre el papel, la intervención aspiraba a transformar uno de los puntos más cálidos de San Diego en un espacio verde capaz de ofrecer sombra, humedad y zonas de estancia para la infancia y sus familias. Sin embargo, quienes participaron en la elaboración de la propuesta consideran que la actuación finalmente ejecutada ha dejado fuera algunos de sus elementos más importantes.

De Parque Triste a Parque Arcoíris

La transformación del espacio también ha propiciado un cambio en su nombre. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó denominar Parque Arcoíris al área infantil de la avenida de Monte Igueldo, una decisión adoptada a partir de una propuesta impulsada por Save the Children y respaldada por el Pleno de Puente de Vallecas en noviembre de 2024.

La elección fue el resultado de un proceso participativo desarrollado durante el curso 2023-2024 en colaboración con el proyecto comunitario Cuidamos Vallecas y la Asociación Vecinal Kaskoviejo. Un total de 210 niños de entre seis y doce años participaron en talleres organizados en distintos centros educativos del distrito, entre ellos los colegios Amós Acero, Jaime Balmes y San José, además del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia Puerto Rubio.

Cada centro seleccionó una propuesta finalista. Las opciones fueron Parque Arcoíris, Parque Esperanza, Parque Panda y ParqueKas. Posteriormente, todos los participantes votaron de forma conjunta y el nombre ganador fue Parque Arcoíris.

La denominación pretende reflejar valores como la diversidad, la convivencia y la inclusión. Según una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento el pasado mes de abril, “supone un ejemplo de buenas prácticas en materia de participación ciudadana”, algo con lo que los vecinos no concuerdan después de todos los cambios que ha sufrido el proyecto. Para el representante vecinal, el parque solo será verdaderamente “arcoíris” cuando se parezca al espacio que los niños y las entidades del barrio soñaron para San Diego.