“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.

No fueron ni un año ni dos, sino treinta y siete. Casi cuatro décadas de gobiernos ininterrumpidos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía que convirtieron las citas autonómicas con las urnas en una pesadilla constante para la derecha y en un paseo triunfal para la izquierda. Justo las antípodas de la foto fija que ofrece hoy la política andaluza.

El PP de Juanma Moreno no solo aspira a enlazar su tercer mandato consecutivo al frente de la Junta, sino a revalidar una segunda mayoría absoluta que le permita continuar a los mandos de la Comunidad Autónoma más poblada de España con las manos completamente libres. Una hegemonía únicamente amenazada por la ultraderecha de Vox, cuyo peso político el 17 de mayo determinará si los de Feijóo se libran esta vez o no del desgaste de negociaciones de investidura tan lesivas como las de Extremadura o Aragón.

La campaña electoral andaluza arranca, además, en paralelo al desarrollo de los juicios sobre grandes casos de corrupción del PP y el PSOE, como son los escándalos del caso Kitchen y el caso mascarillas, respectivamente. Populares y socialistas se afanan por pasar de puntillas sobre sus propios escándalos para poner el foco en la vía de agua del vecino. Así que en Génova dan por buenas las acusaciones sin pruebas del empresario Víctor Aldama, que habla de financiación ilegal en las filas socialistas, y en Ferraz denuncian que Feijóo es incapaz de romper con la cúpula del PP de Rajoy que desplegó la trama parapolicial.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en las elecciones andaluzas para intentar ayudar en lo que pueda a su barón y amigo Juan Manuel Moreno a retener la mayoría absoluta. El triunfo sería doble: demostrar la fortaleza del ala más posibilista del PP y frenar en seco a Vox y el debate sobre la “prioridad nacional” del que Feijóo y los suyos no son capaces de escapar.

El equipo de Feijóo no ha terminado de diseñar todavía la participación de su jefe en la campaña de Moreno, pero ya se sabe que tendrá una “caravana paralela” a la del presidente de la Junta. La intención: “peinar” el mayor territorio posible. El líder del PP quiere visitar las ocho provincias en las dos semanas de campaña, y coincidirá con Moreno en el acto central, previsto para el 10 de mayo en Málaga

“La gestión es un valor”

Feijóo se centrará en una “defensa de la gestión de Juanma”, apuntan fuentes de la dirección del PP. En Génova creen que el presidente andaluz “tiene un apoyo masivo” a su gestión, y la idea es “contraponerlo” con Pedro Sánchez y María Jesús Montero, a quienes echarán en cara el accidente de Adamuz o el apagón de hace un año. “La gestión es un valor”, apuntan desde su equipo, donde sostienen que evitarán los debates identitarios con Vox. Especialmente lo referido a la “prioridad nacional” pactada en Aragón y Extremadura.

Como ya hizo, sin éxito, en estas dos comunidades y en Castilla y León, Feijóo reclamará una mayoría absoluta para Moreno. “Defenderemos que no necesite acuerdos”, sostienen desde la dirección nacional del PP. “Que pueda gobernar en solitario para no negociar literalidades”, en referencia a la “prioridad nacional”. Una idea firmada por PP y Vox sobre cuya interpretación ambos socios difieren, y mucho.

También Pedro Sánchez tendrá mucha presencia en Andalucía. El presidente del Gobierno ya ha participado en dos mítines de precampaña y arropará a María Jesús Montero cuatro veces más durante la campaña, la primera de ellas en el acto de este viernes en Cártama (Málaga). Así que, en total, tendrá mucha más participación que en las citas electorales de Extremadura, Aragón o Castilla y León.

La andaluza es, en realidad, la cita autonómica de cuantas se han celebrado desde finales de diciembre en la que más se juegan el presidente del Gobierno y su partido. Primero, por la trascendencia política de un territorio como Andalucía, hasta 2019 auténtico bastión socialista. Pero también porque la de María Jesús Montero a la Junta es la candidatura que más podría parecerse a que se presentara el propio Pedro Sánchez: su vicepresidenta primera, su ministra de Hacienda, su vicesecretaria general en Ferraz y una de las personas de su máxima confianza desde que puso un pie en la Moncloa en 2018.

Aunque tanto en el Gobierno como en el partido ya se esmeran en tener preparado el paraguas que les proteja del día después de lo que todo el mundo espera que sea una derrota muy dolorosa, nadie en las filas socialistas es capaz de calibrar aún el impacto que tendrá ese esperado batacazo en la federación del PSOE más numerosa. Lo que sí tiene todo el mundo claro, sin embargo, es que sea cual sea ese resultado no alterará los planes de legislatura de Pedro Sánchez, que sigue con la mirada puesta, al menos, en la primavera de 2027.

Los retos de la izquierda

El único resquicio de luz que señalan los socialistas es la posibilidad de que Juanma Moreno pierda su mayoría absoluta y el PP se vea obligado a volver a pasar por el aro de unas negociaciones con Vox. Ese desgaste, opinan en el PSOE, no solo otorgaría una bala política más a Pedro Sánchez para su contienda nacional contra Feijóo, sino que supondría un lastre pesado para una figura, la del presidente de la Junta, diseñada estratégicamente para exhibir moderación y seducir al centro.

Por su parte, uno de los ejes de la campaña electoral que ha diseñado Por Andalucía gira precisamente en torno a aprovechar su proyección nacional. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acudirá este viernes a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, en la que también estarán presentes los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Y el resto de ministros de Sumar, a excepción de Mónica García (Más Madrid), también participarán en varios actos durante las dos próximas semanas.

Uno de los objetivos prioritarios de la coalición que conforman IU, Podemos, Movimiento Sumar y otros pequeños partidos es quedar por encima de Adelante, la formación andalucista de José Ignacio García, que tiene buenas perspectivas demoscópicas. Y, para ello, Por Andalucía va a percutir en el mensaje de que es “una fuerza andaluza que defiende su tierra con un proyecto propio”, pero que a la vez cuenta “con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

Y es que IU, Podemos y Movimiento Sumar no solo necesitan sacar un resultado mejor que el de Adelante para no perder el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE en Andalucía. Ser superados por un competidor de ámbito autonómico supondría un golpe para el proceso de reconfiguración de la alianza Sumar a escala estatal, según admiten algunos dirigentes, puesto que podría forzar que se abriese el debate sobre la salud de la izquierda nacional y que se pusiera sobre la mesa otra fórmula de cara a las elecciones generales: la de potenciar a las fuerzas de ámbito territorial a la izquierda del PSOE en cada comunidad en detrimento de las que ahora se agrupan en Sumar.

Además, si el PP quiere aprovechar un buen resultado de Juanma Moreno para demostrar la fuerza del ala más posibilista del partido, Por Andalucía intentará durante la campaña evidenciar que esa moderación es falsa, una máscara para “evitar la identificación con la ultraderecha”. El documento de líneas estratégicas de campaña de la coalición refleja que uno de los mensajes clave de la coalición será el de que el PP andaluz “ya ha elegido bando y comparte bloque ideológico y social con quienes más se benefician de sus políticas: especuladores, grandes propietarios, multinacionales o grandes empresas sanitarias privadas”.

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.

Primer ingrediente: el derecho a mentir. En una escena de la clásica película “Testigo de Cargo”, Charles Laughton, abogado del acusado, llama a estrados a su propio cliente, Tyrone Power; le hace una pregunta irrelevante y le deja al pie de los caballos, para que le interrogue la otra parte. La maniobra era arriesgada, incluso temeraria, aunque desde nuestra perspectiva continental no se termine de entender la jugada. En el sistema inglés, y en Estados Unidos tras la aprobación de la Quinta Enmienda, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a no declarar; de hecho, en estos países es habitual que el acusado no abra la boca. Y no lo hará porque el derecho se queda en esa frontera: puede guardar silencio, pero si quiere declarar tendrá que decir la verdad, declarará bajo juramento y será conminado a contestar todas las preguntas. Si se le pilla en un renuncio, se le acusará de falso testimonio.

Nuestro sistema es diferente: la Constitución garantiza el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. La interpretación de este derecho fundamental abarca en nuestra tradición jurídica un abanico de posibilidades. El acusado puede declarar o no, contestar a unas preguntas sí y a otras no, responder a su abogado pero no al fiscal, empezar contestando pero cambiar de opinión. Nunca se le tomará juramento para ello y, en caso de que se le advierta alguna mentira, no responderá de un delito de falso testimonio, que afecta a testigos pero no a imputados. Los teóricos se quitan la caspa diciendo que en España el imputado no tiene estrictamente un derecho a mentir pero, seamos francos, en la práctica existe.

Segundo ingrediente: la atenuante de confesión. En nuestro Código Penal existe esta atenuante, limitada a aquellos casos donde el culpable venga a confesar su delito antes de saber que hay un procedimiento donde se le investiga. Nuestros tribunales, buscando una finalidad utilitarista, a veces extienden la atenuante por analogía a supuestos donde, aun iniciado un proceso, el culpable confiesa y ayuda a resolver el asunto de manera relevante. En todo caso, la confesión debe ser veraz, aportar datos reales, contrastados y demostrables; debe ser coherente y sostenida en el tiempo y, ciertamente, debe estar vinculada a los hechos que son objeto del procedimiento. La confesión en un asunto no te atenúa la pena en otro. Al menos, todo era así hasta ahora. Y, desde luego, la delación no se contempla en ningún caso como atenuante.

Tercer ingrediente: las declaraciones de los coimputados, que no valen gran cosa. Nuestros tribunales han reiterado que no sirven como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulten corroboradas por otras pruebas. El Tribunal Constitucional ha llegado al punto de llamar a la declaración de un coimputado prueba “sospechosa” (STC 68/2001) en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente lo que le interesa; de hecho, como hemos visto, puede mentir impunemente. En sí misma, la declaración no vale nada; habrá que buscar datos objetivos que la respalden y, en sentido contrario, valorar motivos espurios que pudieran privarle de credibilidad, como el afán de exculpación o el ánimo de obtener algún tipo de beneficio punitivo.

Elaboración de receta: se juntan estos tres ingredientes y tenemos un proceso podrido. La imagen de Víctor Aldama compareciendo en la más alta tribuna de nuestro más alto tribunal, ejerciendo de apóstol y propagandista, es desoladora. En una relación simbiótica, Aldama utiliza la oportunidad concedida para ensuciar, insinuar, contradecirse, patalear contra el Gobierno sin aportar nada, en una declaración donde apenas se le hacen preguntas. Es un parlamento, un coloquio donde se explaya, con el permiso del Tribunal y la satisfacción de la Fiscalía Anticorrupción, sobre cosas que no tienen nada que ver con el objeto del pleito, que ya no sabemos de qué va: empezaron siendo las mascarillas, pasaron a ser las chicas y ahora es la pura mugre. Amparado en su derecho a no decir la verdad, Aldama no confiesa; simplemente dice cosas, pero esto no es confesar. ¿Qué confiesa insinuando la responsabilidad de Pedro Sánchez? Nada de lo que ha dicho esta persona ha permitido descubrir algo que no se supiera antes. Del delito más grave que enfrenta, un delito fiscal por importe de millones de euros, no ha confesado; no lo necesita, sabe que no irá a la cárcel.

Aldama ha descubierto que cuanto más alto apunte, menos tiempo pasará en prisión; alguien se lo ha dicho, y este elemento simbiótico es lo realmente inquietante. Aldama es un instrumento sospechoso: se le da audiencia porque se le necesita. De nada de lo que dice hay pruebas, pero precisamente por ello alguien parece tener interés en escucharle con atención, en dar valor a lo que no vale nada, porque en el objetivo que alguno tiene fijado sobre Ferraz, no cuentan con más balas que el pobre testimonio de un mentiroso. No es munición bastante, pero lo intentarán, ya verán ustedes.

En fin, el Tribunal Supremo no vivió su mejor día al permitir a Aldama en sesión solemne dar una conferencia inmunda. Lo peor, con todo, está por llegar.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.

Han tenido que pasar siete horas de interrogatorio para que por fin Koldo García, quien fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos, respondiera a una pregunta que sobrevolaba la sala del Tribunal Supremo desde el arranque de la sesión. “¿Ha tenido conocimiento de que Aldama haya entregado dinero al PSOE?”, ha preguntado la letrada Leticia de la Hoz, ante lo que el exasesor y exchofer de Ábalos ha sido tajante: “El PSOE no coge dinero de nadie”.

Esta es sólo una de las ocasiones en las que Koldo García ha combatido lo que el pasado miércoles declaró el empresario Víctor de Aldama, que sostuvo que fueron Koldo y Ábalos quienes le propusieron hacer las veces de “nexo” entre empresarios adjudicatarios de licitaciones y el Partido Socialista para canalizar mordidas que luego serían introducidas en la formación vía donativos. Así, el asesor ha negado que Aldama paseara como pedro por su casa por el Ministerio de Transportes, que le viera a él charlando por teléfono con Pedro Sánchez de forma coloquial y tuteándole, que supiera que detrás de la oferta de Soluciones de Gestión estaba Aldama o que le abonara algún gasto por el alquiler del piso de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

Por otro lado, también ha negado de forma tajante los 10.000 euros mensuales que el empresario Víctor de Aldama indicó que pagaba al binomio Ábalos-Koldo mensualmente desde octubre de 2019, ni los diferentes regalos que el comisionista sostiene que pagó al exasesor ministerial (un coche, una moto y una intervención médica). Koldo García ha negado la mayor en su declaración ante el Tribunal Supremo en calidad de acusado, ofreciendo un relato diametralmente opuesto al del conseguidor.

A lo largo de la mañana, y en respuesta a las preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien fuera hombre de confianza tanto en la Secretaría de Organización del PSOE como en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos ha ido entrando en cada uno de los hitos acusatorios por los que la acusación le solicita 19 años y medio de prisión. Y siempre con un mantra que ha repetido en innumerables ocasiones: siempre que podía ayudar, lo hacía.

Con esa premisa, ha señalado -no sin algún que otro encontronazo con el fiscal al que ha acusado de “no buscar su inocencia”- que en el contrato para la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa epicentro de la trama (Soluciones de Gestión) no tuvo nada que ver, aunque sí estuvo en el proceso de recepción en Barajas de las mismas porque lo que quería era “que se sacaran rapidito para que llegaran donde se necesitaban” y que si esa mercantil vinculada al Grupo Cueto tuvo conocimiento de esa licitación antes de que se publicara la orden ministerial fue porque “medio mundo sabía que los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios buscaba material sanitario”.

Así, ha acotado su trabajo a la búsqueda intensa de empresas para traer material sanitario (ha indicado que vio varias ofertas) y ha explicado que no recordaba por qué se pasó de querer comprar 4 millones a 8 millones en 36 minutos para Puertos del Estado. “Pero si me hubieran ofrecido 16 millones los habría traído”, ha sentenciado para incidir en que él en realidad “no decidía nada” sobre esos temas y se limitaba a “traspasar” información que le llegaba de empresas a no ser que ofertaran “salvajadas” porque en esa época había “200.000 estafas”. Además, ha indicado que desde un inicio desconocía la relación de Aldama con Soluciones de Gestión y que si le consultaba asuntos sobre esa operación fue porque estaba “agobiado” y sabía que el empresario le podía ayudar con la logística porque trabajaba de consejero en Air Europa.

“¿Sabía que Aldama cobró millones por esos contratos de mascarillas?” , ha preguntado su letrada, a lo que ha contestado que se ha enterado en el proceso judicial.

La figura de Jésica Rodríguez

Sobre la figura de Jésica Rodríguez, el asesor ha explicado que la conoció a través del empresario Víctor de Aldama -otra de las contradicciones con el empresario- y, aunque él no lo ha querido confirmar en una suerte de 'respeto' por la joven, tanto la defensa de Ábalos como la suya propia la han calificado de “señorita de compañía”. Lo que sí ha afirmado Koldo García es que se vio obligado a pagar algunas mensualidades del piso de Plaza de España en el que vivía ella de alquiler porque la joven llegó a amenazar con ir a “la opinión pública para contar ciertas cosas personales” si no se solucionaban sus problemas.

Con todo, ha negado haber conocido que la mayoría de las mensualidades fueran abonadas por orden del empresario encausado, porque él siempre pensó que era otro empresario (a la postre socio del propio Víctor de Aldama) , Alberto Escolano, quien le hacía el favor de cederle ese piso a la joven y al ministro de manera “eventual” hasta que encontraran otro lugar. Y ha enfatizado que nunca se le reintegró cantidad alguna por parte de Aldama en relación a ese piso.

También ha negado haber tenido conocimiento de que Jésica Rodríguez no trabajara en realidad en la empresa pública Ineco a pesar de estar contratada, y ha sostenido que pensó “que teletrabajaba”. “Yo no he dicho a nadie que no vaya a trabajar”, ha enfatizado después de reconocer que sí que habló con la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que moviera el contrato de la pareja del ministro y que la decisión de que trabajara y estudiara a la vez fue algo que comentó con Ábalos.

Por otro lado, ha rechazado que tuviera participación en un segundo contrato de Rodríguez, esta vez en Tragsatec (“no tenía ni idea de que había trabajado en Tragsatec”). Y también ha negado que realizara ninguna gestión amenazante para que en esa segunda empresa la molestaran.

Sobre la contratación de una segunda mujer, militante socialista, en Logirail, ha indicado que habló con el entonces presidente de Renfe Isaías Taboas después de que Ábalos le pidiera que mirara a ver si Claudia Montes podía optar a algún empleo dado que siempre había necesidad de contratar personal en ese tipo de empresas. Y ha negado que realizara presiones para que no tuviera problemas en ese puesto de trabajo.

“Sentido común”

En general, la jornada de este jueves ha sido positiva para Ábalos ha dejado claro que en muchas ocasiones funcionaba por libre y siempre con la intención de “quitarle cosas de la cabeza al ministro”. Esa “proactividad” ha sido celebrada por la defensa de quien fuera secretariode Organización del PSOE.

Pero la declaración de Koldo García también ha evidenciado un intento de las defensas por desacreditar lo que Aldama sostuvo ayer ante el plenario. Si bien ha reconocido que lo conoció por medio de su hermano Rubén Aldama, ha negado que él le preguntara por cuestiones como el PRI (“no sé que es eso”) en el marco de las presuntas relaciones internacionales con México para establecer empresas españolas allí, o que fuera el presidente del Gobierno quien preguntara por el empresario para verle en un mitin (“apliquemos el sentido común”). También ha negado haber hablado delante de Aldama con Pedro Sánchez, con quien ha señalado que no habló después de que llegara a La Moncloa.

En cuanto a las posibles gestiones que pudo realizar para la trama de los hidrocarburos para obtener una licencia de operadora para Villafuel, sólo ha reconocido que facilitó, por petición de Aldama, una reunión con el jefe de Gabinete de Industria José Ignacio Díaz Bidart. Y ha desligado ese asunto del alquiler con opción a compra del chalé de La Alcaidesa en Cádiz, que según la investigación pagó como dádiva la trama de Villafuel para el ministro. “Ábalos intentaba irse de vacaciones (...) , lo que hice y lo que he hecho siempre es empezar a buscar tipos de vivienda en toda Andalucía”, ha explicado acotando el asunto a su afán por facilitarle la vida al ministro.

Sobre los supuestos esfuerzos de Koldo García y Ábalos para que el Ministerio publicara una nota de prensa que remara a favor de un rescate público de la aerolínea Air Europa, el asistente ministerial ha señalado que Aldama en esos días era muy insistente pero ha indicado que quien tomó la decisión al respecto fue el entonces secretario de Estado Pedro Saura. Además, ha sido tajante al desvincular esa nota de prensa de las vacaciones del ministro en un chalé cercano a Marbella, Villa Parra, a pesar del mensaje que le mandó al ministro con ese 'esto te va a salir gratis por las molestias'. Koldo ha señalado que decidió pagar de su bolsillo las vacaciones de Ábalos porque le debía dinero por desperfectos en el piso de la La Latina que le alquilaba.

Reconoce las 'chistorras'

Por otro lado, y a preguntas de su defensa, Koldo García ha afirmado que el PSOE le pagó liquidaciones de gastos en metálico y que en ocasiones le abonaron los mismos en billetes de 500 euros (ha salido a colación de 14 liquidaciones entre las que hay una que reflejaba '500+500'). Además, por primera vez ha reconocido que denominaba a ese tipo de billete 'chistorras', tal y como recogen los informes de la UCO, aunque también ha incidido en que a veces hablaba de chistorras reales que bajaba desde Navarra.

En este sentido, ha explicado que no solo recibía dinero en metálico del partido por razón de su cargo sino también de agentes de Información de la Guardia Civil que le pedían el favor de que les cambiara los mismos por otros de menor valor (“yo me movía bien”). Y ha sumado a esto que en los alquileres vacacionales que gestionaba también cobraba en ocasiones por turistas extranjeros en ese tipo de billete. Con todo, ha negado haber usado los términos 'soles' y 'lechugas', ha sido tajante al decir que Aldama no le entregó billetes de 500 euros y ha subrayado que siempre pensó que todo era legal.

Por otro lado, ha explicado que estaba en disposición de aportar más liquidaciones del PSOE que no están reflejadas en la documentación entregada por el partido al tribunal (habla de 7.000 euros de más solo en 2018). Y ha señalado que él llevaba los gastos que debían justificar en tres sobres: Uno del Ministerio, otro de la Secretaría de Organización y otro de Ábalos.

La defensa ha empleado bastante tiempo en justificar el incremento inmobiliario y monetario de la familia de Koldo García y ha rescatado para el juicio otra serie de ingresos, como la indemnización que recibió de Mapfre de 70.000 euros después de sufrir un accidente con un jabalí o cobros de alquileres que se abonaban en efectivo.

El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que condena “cualquier violencia y acoso” tras la agresión denunciada por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por parte del agitador ultra Vito Quiles cuando se encontraba en una cafetería.

“También al periodista. Las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. En el caso de que fuera al revés, también”, ha dicho en los pasillos del Congreso. Luego ha argumentado que “el asunto está denunciado” y, por tanto, ya se verá “qué dice la justicia”. “No voy a defender la violencia y acoso contra nadie”, ha añadido.

La portavoz del PP ha defendido que “entiende que haya periodistas que quieran hacerle preguntas” a Begoña Gómez porque “dejó de ser una persona privada el día que utilizó La Moncloa para sus negocios”.

Quiles es uno de los agitadores ultras sobre los que el Congreso tiene abierto un expediente y tendrá que decidir su posible sanción, que puede acabar en la retirada de su acreditación de prensa hasta tres meses. Por otro lado, una jueza de Sevilla le acaba de procesar por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

Fuentes cercanas a la mujer del jefe del Ejecutivo han confirmado a elDiario.es que se llevará a Quiles ante los tribunales por agresión al considerar que ha entrado “en un local privado” del que no le dejaba salir y califican lo ocurrido de “acoso”. El agitador ha publicado un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ven las imágenes posteriores y cómo Quiles continúa tratando de acercarse a la esposa de Sánchez.

Continúan este jueves los dos juicios a la corrupción del PP y PSOE después de una jornada clave. En el juicio del caso mascarillas, tras la declaración de ayer de Víctor de Aldama, en la que trataba de escalar la trama corrupta hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acusaciones sin pruebas, esta mañana ha llegado el turno para Koldo García. El exasesor de José Luis Ábalos ha contradicho las palabras de ayer del comisionista y ha negado que recibiera 10.000 euros mensuales de Aldama. García se hja presentado a sí mismo como una persona que le facilitaba el día a día al exministro de Transportes, el cual muchas veces ni siquiera estaba al tanto de sus gestiones.

En la causa de la Kitchen, continúa la declaración como testigo del inspector jefe Manuel Morocho, el policía encargado de las investigaciones de la Gürtel y la caja B del PP. Después de que ayer relatara “presiones” de mandos para no incluir al expresidente Mariano Rajoy como preceptor de dinero negro, hoy Morocho ha continuado desvelando nuevos datos de las operaciones. Por ejemplo, ha explicado como la cúpula policial del PP “desmanteló” su grupo de investigación sobre la caja B del partido, pasando de ser 11 policías en 2013 y a quedarse en 3 en 2014. Además, ha señalado los ofrecimientos que le hizo el exDAO Eugenio Pino para que dejara de investigar al PP y se marchara a un puesto de la ONU en Guatemala que le impediría acudir a los juicios de la Gürtel.

Un juzgado madrileño ha citado este 28 de mayo a los cinco periodistas de elDiario.es contra los que pretende querellarse Julio Iglesias a un acto de conciliación en los juzgados, un trámite legal obligatorio antes de interponer la querella.

elDiario.es no se va a retractar de lo publicado. “Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos y borremos nuestras informaciones sobre él. Nos reafirmamos en todo lo publicado porque nuestra investigación fue impecable”, responde el director de este periódico, Ignacio Escolar. “No vamos a rectificar y tampoco tenemos nada que conciliar. Si tras esta demanda se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Allí demostraremos que nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz”.

Iglesias demanda a elDiario.es por las informaciones publicadas a partir del 13 de enero, cuando este medio reveló los testimonios de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Para llevar a cabo esa investigación se entrevistó a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Ambas, de nombres ficticios Rebeca y Laura, le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. La denuncia fue archivada cuando la Fiscalía consideró que España no tenía jurisdicción para investigar a Iglesias, pese a ser un ciudadano español.

La investigación se publicó tras un trabajo de tres años y su contenido es riguroso, contrastado y veraz. El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente la información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España.

La demanda de Iglesias acusa a elDiario.es de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y se dirige contra el director de este periódico, Ignacio Escolar, otros cuatro periodistas y la empresa editora. La defensa del cantante solicita, entre otras cosas, que elDiario.es reconozca “el comportamiento ilícito y el daño producido”, la “inmediata eliminación” de las noticias y que los demandados paguen una indemnización solidaria por los “daños causados”, que se cuantificarán “en función de la expansión nacional e internacional del daño causado”, lo que “se anticipa en cifras de importante cuantía económica”.

El empresario Víctor de Aldama aprovechó este miércoles su extensa declaración en el Tribunal Supremo para ir mucho más allá del mero reconocimiento de los hechos que recogen los escritos de las acusaciones que lo han llevado al banquillo. En una clara confirmación de la estrategia de colaboración con la Justicia que le permitió salir de prisión hace un año y medio, el comisionista trasladó a sede judicial las graves acusaciones sobre la financiación ilegal del PSOE que lleva meses lanzando en los medios de comunicación y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno.

“Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, dijo sin apuntar ni una sola prueba, tal y como le afearon las defensas del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor. Para apuntalar el supuesto conocimiento del presidente del Gobierno sobre los movimientos de la trama aludió a una fotografía que se tomó con él en un mitin poco después de la llegada del PSOE al Gobierno, cuando todavía no se había puesto en marcha la maquinaria corrupta que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. 

Según la versión de Aldama, el presidente se dirigió a él diciéndole textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”. En realidad, lo que había hecho hasta entonces era gestionar una reunión de Ábalos en España con el gobernador de Oaxaca, un estado del sur de México donde él había hecho negocios. También aseguró que Pedro Sánchez pidió a Ábalos que intentara amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la una empresa valenciana y conseguir así dinero con el que financiar al partido y a la Internacional Socialista. Sin embargo, Sánchez no empezó a presidir esa organización hasta noviembre de 2022, cuando Ábalos llevaba ya más de un año fuera del Gobierno. 

Aldama reconoció que si sabía que Sánchez estaba al tanto de las entregas de dinero en efectivo por parte de los constructores al partido era porque Koldo García se lo había dicho. Y que optó por creer ese extremo porque en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía por su nombre de pila. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le recordó que las agendas de los 27 teléfonos que manejó su cliente constan en el sumario y aseguró que en ellas no aparece el contacto del jefe del Ejecutivo. 

El empresario sacó a relucir relevantes nombres del Gobierno y del PSOE e incluso disparó contra Begoña Gómez al afirmar que tuvo que retirar su oferta por un complejo en el lujoso Barrio de Salamanca de Madrid porque la mujer del presidente del Gobierno “lo quería para ella”. Después, a preguntas de su letrado, matizó que el Instituto de Empresa, la universidad privada en la que trabajaba, tenía intereses en esos terrenos. 

Aldama hizo estas afirmaciones sin que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pusiera límites a su declaración a pesar de que se trata de cuestiones que exceden las conclusiones que las acusaciones han dejado en los escritos en los que piden elevadas condenas de cárcel para Ábalos y Koldo García. En el caso de Aldama, la Fiscalía le pide siete años, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuye. Y está por ver si su declaración sirve para rebajar aún más esa petición. Aldama negó que hubiera un pacto con el Ministerio Público a preguntas del abogado de Ábalos, Marino Turiel.

Tras la declaración del empresario investigado, el PSOE emitió un comunicado para rechazar de plano todas y cada una de las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, desde Ferraz desterraron la hipótesis de una financiación ilegal del partido, la declaración más grave de cuantas ha realizado ante el Supremo el empresario acusado de corrupción.

“Hoy ha declarado Aldama en el Tribunal Supremo. Dos años después, la realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, trasladó el partido. 

En ese mismo texto, el PSOE adelantó que pedirá amparo al Supremo para defenderse de los ataques de Aldama. “El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”.

“Nexo” con las constructoras

Aunque sin pruebas, Aldama alentó la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido. De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Aldama admitió que fue consciente de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal” y que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, aseveró. Según su testimonio, solo entre 2019 y 2020 entregó 1,8 millones de euros al PSOE: “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver por dónde venía el dinero”.

Durante las siete horas y media que duró su declaración en el Alto Tribunal sostuvo, además, que canalizó hacia Koldo García y el ministro entre 3,5 y 4 millones de euros. Y que llegó al acuerdo con el asesor de que aportaría a él y al ministro una suerte de nómina de 10.000 euros a repartir para que hicieran frente a pagos recurrentes como el colegio de sus hijos u otros gastos corrientes. A estos pagos sumó otros “regalos que se daban asiduamente”, como un tratamiento médico para la pareja de Koldo García, al que también compró un todoterreno “barato” y una motocicleta. 

También confirmó que financió las vacaciones del ministro en Marbella en el verano de 2020, aunque desligó esa operación de los esfuerzos de Ábalos en favor del rescate de Air Europa. O que, a través de un socio, sufragó el apartamento de lujo en el que vivía Jésica Rodríguez, la expareja del ministro Parte de esas dádivas habrían corrido a cuenta de sus propios beneficios, como los más de tres millones de euros que se embolsó en apenas unas horas con los contratos de mascarillas que centran la causa. 

Si bien no corresponde a este caso, el comisionista puso sobre la mesa, además, que gracias a sus conexiones con Juan Guaidó —líder opositor que se autoproclamó presidente de Venezuela— habría apalabrado unos cupos de petróleo que iban destinados a financiar la Internacional Socialista como premio al apoyo de España a su figura. Y sostuvo que, dado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alertó al Gobierno de Nicolás Maduro de estos movimientos en favor de Guaidó, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que enmendarse a sí mismo y volver a dar su apoyo a Maduro. Aldama explicó que no dio crédito a este cambio, pero logró igual nuevos cupos, esta vez de PDVSA, siempre según su versión.

La defensa ataca “las contradicciones” de Aldama 

Por su parte, la defensa de Koldo García basó su interrogatorio en tratar de minar la credibilidad de Aldama y en hacer ver al tribunal que existían contradicciones e incoherencias entre el testimonio de este miércoles y lo manifestado cuando el caso estaba en investigación. “Mi credibilidad está en los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)”, respondió visiblemente molesto el empresario. El presidente Martínez Arrieta intervino para avisar de que valorar la credibilidad del acusado es tarea del tribunal. 

Así, la letrada indicó, por ejemplo, que no había concordancia sobre el tiempo que habría estado pagando 10.000 euros mensuales a Ábalos y su asesor. Durante la investigación dijo que “año, año y pico”, desde “antes de octubre de 2019” y hasta “después” de julio de 2021. Este miércoles en el Supremo dijo que hasta 2022. Tras las explicaciones del comisionista, el propio presidente del tribunal señaló que no había contradicción en ese punto.  

La letrada de Koldo García, también apuntó a posibles incoherencias en relación con el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa, porque entendía que el empresario había sostenido que no se había reunido con el exministro para abordar la nota de prensa que se envió a medios apoyando ese préstamo público. Pero Aldama aclaró que “obviamente” sí se reunió con él. 

Donde sí logró encontrar un fallo en la declaración de Aldama fue en el asunto de las gestiones de la trama para lograr la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, una empresa en la que tenía intereses uno de sus socios. El comisionista explicó que en un principio se buscaba ese permiso para la mercantil Have Got Time, pero que esa vía se truncó porque esa sociedad estaba vinculada a la operadora Gaslow que tenía “un tema en la Audiencia Nacional”. Y que por eso se buscó la licencia para Villafuel en una reunión en Industria a finales de 2020. Sobre ese punto, la letrada apuntó que el dato no era cierto porque el litigio de Gaslow en la Audiencia Nacional se abrió en 2022. 

La defensa del ministro, dirigida por Marino Turiel, con un interrogatorio menos brusco que el de la de Koldo García, consiguió que el empresario reconociera que si llamaba ‘el jefe’ a Ábalos no era porque tuviera una jerarquía en la trama sino porque coloquialmente usaba esa jerga después de escuchar al asesor referirse así a su superior. Esto difumina en cierto modo la tesis de la Fiscalía que en su escrito de acusación indicó que ese alias era usado en el contexto de la organización criminal. El propio teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas indicó que el líder real de la trama era Aldama porque, dijo, “quien paga manda”. 

Turiel también consiguió establecer que, en realidad, el papel del exministro en el logro de que se ‘filtrara’ una nota de prensa a medios económicos apoyando desde el Ministerio de Transportes el rescate público de Air Europa fue relativo. Aldama recordó que Ábalos se puso en el asunto de la nota “de perfil” a pesar de que sí estaba comprometido con el rescate de esa empresa que consideraba sistémica. Además, desvinculó esa nota de prensa del pago de unas vacaciones en Marbella: “En este caso concreto yo no pago [las vacaciones] por la nota”.

Se avecinaba un buen show con la declaración de Víctor Aldama en el juicio del llamado Caso Mascarillas –en el que por cierto casi no se habla de mascarillas– y no decepcionó. Menos con el asunto más dramático. El empresario que se había hecho un nombre en programas de televisión como el de Iker Jiménez anunciando que tenía material suficiente para hundir a Pedro Sánchez no estuvo a la altura de esas expectativas en concreto. De hecho, no presentó ninguna prueba que no fuera conocida más allá de lo que le contaba Koldo García, lo que ya aparece con gran extensión en los mensajes conseguidos en la investigación de la UCO. Fue un espectáculo confuso en el que no faltaron algunas procacidades que no suelen escucharse en un juicio en el Tribunal Supremo.

Aldama, de 48 años, no se mostró tan arrogante, excepto en breves momentos, como en sus incursiones televisivas. Se mostró seguro y confiado en sus respuestas al fiscal en un interrogatorio de no menos de cuatro horas y se defendió con habilidad cuando preguntaron los abogados de las defensas, que sí lograron resaltar algunas contradicciones. Testificó que había engrasado la maquinaria económica de José Luis Ábalos y Koldo García con pagos mensuales de 10.000 euros durante varios años, además de la compra de una casa para disfrute personal del exministro. Hizo lo posible para no incriminarse en nada más de lo necesario. Sostuvo que todo lo hizo para conseguir influencia. “Pienso que de aquí voy a sacar tajada si lo hago bien”, dijo que pensó tras un viaje a México que montó para Ábalos en febrero de 2019. “Yo lo que busco es tener notoriedad y poder para poder hacer mis negocios en otro ámbito”, afirmó después.

La declaración del teniente coronel Antonio Balas dejó muy tocado a Aldama al calificarle de “jefe de la trama” que obtenía lo que quería de Ábalos y Koldo. El empresario hizo todo lo posible para intentar refutar esa idea. No con demasiado éxito, porque hay que suponer que el tribunal creerá más al jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO que a un acusado para el que el fiscal pide siete años de prisión y que está imputado por un fraude millonario en la Audiencia Nacional.

Ahora bien, Aldama fue generoso con los titulares. “Si yo era el jefe de la trama, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; Koldo, en el tres; y yo, en el cuatro”. Con eso, el PP ya tiene hecha la semana.

Más allá del destino judicial del exministro y su asesor, lo más grave de lo declarado por Aldama es que alegó que hizo el papel de cobrador de comisiones pagadas por constructoras a cambio de obra pública. Citó a tres empresas –Levantina, Lantania y Azvi– y sus dueños. Esas comisiones eran supuestamente para el PSOE. No contaba con ninguna prueba de que el dinero tuviera como destino final al partido. Sólo lo que le dijo Koldo García: “Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”.

Aldama declaró que llevaba personalmente el dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la casa de Ábalos. En una ocasión, dijo que llegó a entregar 250.000 euros. Según él, no se quedaba con nada. Se presentó como un intermediario que no se llevaba una comisión a diferencia de todos los casos conocidos de corrupción. Afirmó que no tuvo nada que ver con los 90.000 euros que una conocida suya, Carmen Pano, también imputada en la Audiencia Nacional, dijo haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz, una historia que ha aparecido en medios de derecha y que ha sido utilizada con frecuencia por el PP. Es un dinero del que no se sabe con seguridad ni el origen ni el destinatario. Ella declaró que fue Aldama quien le encargó la entrega. Aldama lo niega.

Antes de que acabara su testimonio, el PSOE difundió un comunicado para negar las acusaciones: “La realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta”.

Su único contacto con Pedro Sánchez fue un breve encuentro en un mitin socialista, ya conocido al haberse publicado una foto de ambos que sacó Koldo. “El presidente me dice: 'Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo. Te lo agradezco”. Podía referirse al viaje a México que él había gestionado gracias a que era amigo de dirigentes del PRI, porque fue por esas fechas. Por entonces, aún no había intervenido en ningún pago de comisiones.

Para todo lo demás relacionado con Sánchez, su fuente era Koldo. El asesor presumía de tener una relación personal muy estrecha con Sánchez. “Veo que no le llama presidente. Le llama Pedro. Koldo dice: 'Él me debe mucho. Si me pide que le llame presidente, me voy del partido'”. Koldo García estuvo en el equipo de militantes que apoyó a Sánchez en las primarias que ganó a Susana Díaz. Presumía de que era alguien importante en el partido y que hasta tendría que haber trabajado en Moncloa. Con la única experiencia de guardaespaldas y sin formación, es algo difícil de creer en un personaje de estas características.

Todo lo que tiene que ver con Aldama y Koldo incluye altas dosis de fabulación. No es que un acusado en un juicio tenga un derecho constitucional a mentir, pero sí a no incriminarse. Se espera que mienta para no ser condenado. Cuando Aldama dice que Koldo le decía que “el presidente sabía todo lo que hacíamos”, no tiene más prueba que lo que él dice que le decía Koldo. Eso es lo que sucedió una y otra vez en su declaración.

La abogada de Koldo le recordó que no se encontró ningún número de teléfono de Sánchez en la agenda de los 27 teléfonos intervenidos a su cliente ni tampoco el registro de una sola llamada. Aldama se limitó a responder que quizá lo había borrado.

En el rescate de Air Europa, sí jugó un papel protagonista, porque era asesor de la empresa. En ese caso, no tuvo inconveniente en negar todo lo que ha publicado la prensa de derecha y el PP. “Es un rescate completamente legal con un crédito de la SEPI en el que se ponen todas las garantías que se piden”, explicó. Si acaso, se quejó de que el rescate llegó demasiado tarde. Negó que hubiera pagos por debajo de la mesa: “La familia Hidalgo no quiere saber nada de comisiones y yo ni se lo propongo”.

Las ayudas a la compañía aérea no forman parte de este juicio, pero el fiscal le preguntó sobre el tema sin que el presidente del tribunal moviera un dedo al respecto. Sorprendentemente, el juez Arrieta dejó cancha libre a esas preguntas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con la relación personal entre Aldama y Ábalos y Koldo es relevante en este juicio, pero profundizar en un asunto como ese estaría fuera del procedimiento, como ha recordado Arrieta en otras ocasiones.

El fiscal Alejandro Luzón le preguntó más sobre Air Europa o Venezuela que sobre la compra de las mascarillas por el Ministerio en la pandemia. “Nosotros pusimos el dinero por adelantado”, explicó. Cobró siete millones y medio por ellas –brutos, porque señaló que luego pagó los impuestos correspondientes–. De esa cantidad, contó que entregó un millón a Ábalos y 500.000 euros a Koldo. En total, afirmó que ambos recibieron de él “entre tres millones y medio y cuatro millones”. Ese dinero o parte de él no se ha encontrado en ninguna cuenta corriente investigada.

Aldama estaba tan sobrado que incluyó frases de Koldo García que no venían a cuento. La declaración tuvo lo que podríamos llamar momentos Sálvame. De los que dan muchos puntos de audiencia en el share. Por alguna razón, le preguntaron por Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e imputada en la Audiencia Nacional, pero no en este juicio. “Koldo me da a entender que él e Isabel Pardo de Vera son pareja”, dijo. Ábalos y Koldo se rieron con ganas al escucharle un comentario que no venía a cuento o que quizá sólo era para implicarla en los manejos de la pareja.

Por la misma razón o cualquier otra, dijo que Ábalos tenía mucha ascendencia sobre María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno en esas fechas. Y no se paró ahí: “Según Koldo, palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, a la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro”. Ábalos y Koldo dieron evidentes muestras de disconformidad con lo que habían oído. El juez Arrieta no reaccionó ni se sintió ofendido. Será que le pareció un lenguaje apropiado para el juicio.

Aldama venía a dar espectáculo y el Tribunal Supremo resultó ser el escenario que necesitaba para su actuación.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

La senadora por Más Madrid, Carla Antonelli, ha abandonado este martes la comisión de Igualdad después de que la también senadora María Asunción Mayo (PP) haya emitido frases que, según un comunicado de la formación, “vejaban su identidad y expresión de género y del colectivo de las personas trans”.

Antonelli había pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la comisión, Rosa María Romero Sánchez, también del Partido Popular, después de que Mayo se refiriera al colectivo trans con expresiones como “convertirse en mujer”.

La senadora del PP, que había afirmado que su partido era “el único que defendía a las mujeres”, se mostró a favor de que se permitiera participar en el deporte a las personas trans, pero “no a costa del sacrificio de las mujeres”. Mayo ha recordado que Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, recibió dos de esas medallas “en un despacho” por detectarse dopaje en varias de las primeras clasificadas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se trataba de deportistas trans.

Pese a ello, la 'popular' relató que “en los Juegos Olímpicos de Londres quedó cuarta y todo el podio se fue por doping. ¿Qué es nacer con un sexo, hacer la transición y convertirte en mujer? El doping está castigado tanto si es voluntario como si es involuntario. Tú lo puedes hacer para hacer trampas o porque tu médico equivocadamente te dio una medicación por un problema que tenías”. Antonelli protestó a la presidenta tras esta declaración, que consideró una “barbaridad” y señaló que se la estaba “insultando”. “No ha habido ningún insulto”, respondió Sánchez. “Me está faltando al respeto. Nadie se convierte en mujer”, exclamó Antonelli, mientras Mayo la rebatía desde su asiento.

Minutos después, tras concedérsele la palabra, la senadora de Más Madrid expresó: “Ninguna persona nos cambiamos de sexo para ser mujeres o para ser hombres. Somos mujeres y adecuamos nuestro físico a nuestro cuerpo. He tenido que escuchar hoy una serie de insultos, vejaciones y denigraciones hacia mi persona y hacia el colectivo de las personas transexuales. Y usted, como presidenta, no me ha dado amparo. No todo vale”.

Tras ello, Antonelli ha anunciado que se iba. Mientras se marchaba de la sala, Sánchez ha alegado que “aquí no ha habido ningún insulto ni yo como presidenta lo hubiera consentido”.

“Nos guste o no”. Así ha lamentado el senador del PP Severiano Cuesta que la actual legislación española no permite ilegalizar a la coalición vasca EH Bildu, tal y como ha reclamado este miércoles Vox en la Cámara Alta. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en una moción de los ultras para sacar del juego político a los 'abertzales', aunque han asegurado que no es algo que decida el PP, sino los tribunales.

Vox ha defendido este miércoles una moción (un texto meramente declarativo y sin vinculación legal) que considera que la actividad de EH Bildu “vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada”.

El partido de Abascal se ha acogido a la ley de partidos, aprobada con José María Aznar en el Gobierno y ETA activa, y que permitió en su día la ilegalización de Herri Batasuna y las diferentes marcas con las que se intentó reconstruir el partido ligado a la organización terrorista. El motivo fue, precisamente, el “apoyo o justificación” a esa violencia.

Vox planteaba que EH Bildu “no puede disociarse de la trayectoria de ETA”, organización terrorista que no existe desde 2011. Para el partido ultra existe una relación por la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda o que su coordinador general sea Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por “enaltecimiento” del terrorismo.

La ley de partidos permite que el Congreso o el Senado insten al Gobierno a promover “la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista”. Y eso ha reclamado, sin éxito, este miércoles ante el Pleno.

Pactan revisar la política penitenciaria

La respuesta del PP ha sido ponerse de perfil. Ni a favor ni en contra, más allá de los límites legales que ha reconocido el senador Cuesta, quien, de hecho, ha apelado a la “frustración” que podría generar en la sociedad instar la ilegalización de EH Bildu solo para que el Tribunal Supremo o el Constitucional la tumben, como ya ocurrió hace tres lustros.

Tal y como ha recordado Cuesta, en 2011 y en 2012 se instaron las ilegalizaciones de EH Bildu y de Sortu (el principal partido de la coalición). Ambas iniciativas fueron tumbadas por el tribunal de garantías. Y hoy los “criterios no se cumplen”, ha asumido el senador.

“Nos gusten o no, no se cumplen”, ha lamentado, para añadir que “los españoles necesitan certezas, no brindis al sol”.

“Una cosa es la postura política y otra muy distinta la viabilidad legal”, ha apuntado, para plantear que eso “no implica que no se puedan tomar medidas para que los terroristas de ETA no campen a sus anchas en nuestras calles y sean tratados como héroes, se esclarezcan los asesinatos por ellos cometidos, se respete la dignidad de las víctimas, se eviten homenajes a los asesinos y se persiga la violencia callejera”.

Porque PP y Vox sí han coincidido en otro punto del orden del día en el Pleno del Senado: poner en marcha una ponencia de estudio dentro de la Comisión de Interior para revisar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que ha permitido que algunos presos de ETA puedan salir a la calle durante el día a realizar determinadas labores y en circunstancias muy concretas.

Para el PP, la aplicación de este artículo supone la concesión “encubierta” de semilibertades a estos reclusos. Así, el Senado ha aprobado una moción que, con el apoyo de Vox y UPN, pide revisar el reglamento porque “desde que el País Vasco asumió estas competencias” se han producido “salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas”.

La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario es una decisión del Gobierno vasco de acuerdo a las autoridades carcelarias, pero pasa también el filtro de la Audiencia Nacional. El tribunal madrileño solo ha tumbado dos de las decenas aprobadas.

Tellado pidió ilegalizar a los independentistas

No es la primera vez aue el PP coquetea con la ilegalización de partidos tras el final de ETA.

En enero de 2024, el entonces portavoz y hoy secretario general, Miguel Tellado, presentó una iniciativa legislativa que proponía la disolución de las organizaciones o personas jurídicas por promover consultas o referéndums de autodeterminación.

Así se recogía en una enmienda del PP a la ley de amnistía que, entonces, se debatía en el Congreso. La idea suponía, en la práctica, la ilegalización de partidos políticos como ERC, Junts, EH Bildu, el BNG o incluso el PNV.

Tellado tuvo que enmendarse a sí mismo un día después, y el PP al final renunció a su propuesta.

Un mes después, diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron que Feijóo había negociado con Junts su investidura tras las elecciones de 2023.

Según revelaron en febrero de 2024 fuentes cualificadas de la dirección, el PP estudió la amnistía, aunque la descartó, y sí planteó a los negociadores la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior , y fallida, declaración de independencia.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que va a presentar una denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por una agresión a la salida de un bar. Fuentes cercanas a la mujer del jefe del Ejecutivo han confirmado a elDiario.es que se llevará a Quiles ante los tribunales por agresión al considerar que ha entrado “en un local privado” del que no le dejaba salir y califican lo ocurrido de “acoso”.

El agitador ha publicado un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ven las imágenes posteriores a la supuesta agresión y cómo Quiles continúa tratando de acercarse a la esposa de Sánchez.

Quiles tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el Congreso tiene abierto un expediente contra el agitador de extrema derecha y tiene pendiente tomar una decisión sobre su posible sanción, que puede acabar en la retirada de su acreditación de prensa hasta tres meses. Por otro lado, una jueza de Sevilla le acaba de procesar por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

No es la primera vez que Gómez es el objetivo de los ataques de la extrema derecha. El mes pasado, la agitadora ultra Pilar Baselga declaraba en un juicio por afirmar en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico.

En el juicio que se celebró en marzo contra ella por injurias y calumnias Baselga aseguró que se limitó a “comentar noticias publicadas”, que todo lo que dijo fue fruto “de la improvisación” y que, ahora con el tiempo transcurrido, considera que “el tono” que utilizó fue “inadecuado” si bien nunca buscó “ni injuriar ni calumniar a nadie”.

Asimismo, el juez Juan Carlos Peinado cerró hace un par de semanas la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propuso llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También propuso juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

El PSOE rechaza de plano todas y cada una de las acusaciones vertidas este miércoles por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, desde Ferraz reiteran la inexistencia de una financiación ilegal del partido, la declaración más grave de cuantas ha realizado ante el Supremo el empresario acusado de corrupción.

“Hoy ha declarado Aldama en el Tribunal Supremo. Dos años después, la realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, traslada el partido en un comunicado.

En ese mismo texto, el PSOE adelanta que pedirá amparo al Supremo para defenderse de los ataques de Aldama. “El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”.

El empresario ha afirmado este miércoles en su declaración en el Tribunal Supremo que el que fuera asesor Koldo García le propuso intermediar en el amaño de obras para financiar al PSOE. En el primer tramo de su declaración, el empresario ha asegurado que la mano derecha del ministro le pidió que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero a la formación socialista a través de grandes cantidades en efectivo.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

El Gobierno y el PNV han abierto una bronca pública por un mensaje en redes sociales en el que el PSE usó una imagen de Aitor Esteban que los nacionalistas vascos consideran “indecente”. Pese a compartir Ejecutivo en Euskadi y a la relación que mantienen a nivel estatal desde 2018, los 'jeltzales' han amenazado este miércoles con retirar su apoyo a Pedro Sánchez “si no cuida las formas”. El presidente les ha agradececido “su posición constructiva”. Una “humillación”, según el PP, que cree que lo ocurrido es una muestra más de la debilidad parlamentaria del presidente: “Esto se ha acabado”.

Así se han expresado fuentes de la dirección del PP este miércoles tras la sesión de control al Gobierno, durante la cual la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha mostrado su enfado con lo ocurrido ayer en redes sociales.

“Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente”, le ha espetado Vaquero. “Quizás usted tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el 'trumpismo'. Y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar a nosotros también, pero no lo conseguiremos si además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros”, ha apuntado.

“Por supuesto que quiero compañía. Y además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco”, ha respondido Sánchez. “Necesitamos diálogo y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco”, ha asegurado en su réplica en el Congreso.

El choque se produce en un contexto delicado en las relaciones entre el PNV y el PSE, cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, que fija el uso del euskera en la las oposiciones para la administración. Según fuentes de las dos formaciones, las negociaciones entre los socios del gobierno vasco parecen haber encallado tras la disposición del PNV a llegar a un acuerdo con EH Bildu.

Pero en el PP ven más que una simple bronca entre socios y una disputa política. Tras el fiasco del martes en la convalidación del decreto de vivienda, con el voto en contra de Junts y la abstención del PNV, la oposición sostiene que el Gobierno ya no da para más.

“El PNV buscaba humillar a Pedro Sánchez, que es bueno humillándose”, han ironizado fuentes de la dirección del PP en conversación con los periodistas en el Congreso. “Más allá de la reunión” con el Gobierno que ayer el PNV dio por cancelada, “del tuit o el no tuit, el PNV no apoyó al Gobierno en vivienda”, afirman.

“No tiene mayoría”, remachan en el PP. “No sois más, sois menos. No tenéis nada para enseñar” a los españoles, afirman tras la derrota parlamentaria del martes.

En el PP, con todo, no son optimistas con que cambie la relación del Gobierno con el PNV, que controla casi todos los resortes de poder en Euskadi de la mano de los socialistas. No van a llamar a al partido que lidera Esteban para sondear una hipotética reconstrucción de unas relaciones rotas completamente por los enfrentamientos del presidente del EBB y del propio Feijóo.

“No somos optimistas en que cambie la relación con el PNV, pero lo de ayer demuestra que esto se ha acabado”, afirman las mismas fuentes. Con todo, creen en el PP, Sánchez no va a tirar la toalla. “Está en Moncloa para estar, no para hacer”, zanjan.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.

El empresario Víctor de Aldama ha tratado de implicar a Pedro Sánchez en el presunto amaño de obras para financiar al PSOE al que ha aludido en su declaración en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “Si hay una jerarquía, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo García en el 3 y yo en el 4 porque todo lo sabía el presidente”, ha afirmado durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha extendido durante cuatro horas. 

El comisionista no ha aportado pruebas del supuesto conocimiento que Sánchez tendría de sus tratos con Ábalos y Koldo García, a los que ha afirmado que llegó a entregar “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones después de que la mano derecha del ministro le pidiera que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero al PSOE a través de grandes cantidades en efectivo. Tras trascender esta declaración, los socialistas han anunciado que pedirán amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No permitiremos que nos difame”, recogen en un comunicado.

El comisionista ha buscado reforzar su afirmación sobre la presunta implicación de Sánchez en la trama aludiendo a un encuentro con Sánchez en un teatro tras un mitin del PSOE en 2019, donde ambos se tomaron una fotografía. Aldama ha asegurado que Sánchez le dijo, textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”.

No obstante, según su propio testimonio, en ese momento únicamente había gestionado un viaje a España del gobernador de Oaxaca (México), quien se reunió con Ábalos para abordar cuestiones relacionadas con los intereses de empresas españolas en ese país. Es decir, no se habían iniciado los presuntos tratos corruptos con constructoras con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Pedro Sánchez sabía de esas entregas de constructores al partido. Y ha afirmado que en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía a él como Pedro. También ha afirmado que le hablaba de forma coloquial diciéndole incluso que “le iba a reventar la cabeza” lo que, a su juicio, evidenciaba la estrecha relación que Koldo García mantenía con el presidente del Gobierno.

En la segunda parte del interrogatorio, a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, Aldama ha tratado de nuevo de implicar a Sánchez. El empresario ha asegurado que el presidente del Gobierno llamó a Ábalos para pedirle que intentaran amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la empresa valenciana Stadler y conseguir así dinero con el que financiar el partido y la Internacional Socialista. El empresario ha asegurado que él y Koldo García viajaron a Valencia en tres ocasiones a ver al presidente de la compañía, que llegó a quejarse incluso al ministro, y que él acabó saliéndose de la operación.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

Las presuntas mordidas de las constructoras que él se encargaba de recaudar iban en paralelo al pago de la suerte de nómina de 10.000 euros al mes que entregó a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 y que, según las acusaciones, le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

“[Koldo García] habla siempre de la palabra ayuda pero, obviamente, no es ninguna ayuda. Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos [las constructoras] se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”, ha afirmado. 

El Tribunal Supremo impulsó una línea de investigación que indaga en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar, si bien por el momento no ha aparecido ningún indicio de que ese presunto amaño de obras tenga relación con la financiación ilegal del PSOE.

Aldama ha admitido que fue consciente en ese momento de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal”, si bien ha reconocido que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, ha aseverado.

Sobre el pago mensual de 10.000 euros a Koldo García y a Ábalos, ha afirmado que surge tras una reunión con el asesor en el que le dice que 'el jefe' —como se refería al ministro— tenía que afrontar pagos de su exmujer, del colegio de los hijos, y otros asuntos. Tras realizar un cálculo, llegan a esa cifra. Ante el tribunal, Aldama ha reconocido que se comprometió a pagar esa cifra todos los meses.

Ha explicado que mantuvo el pago de esas mensualidades, que entregaba en sobres, hasta finales de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Ministerio. Y ha indicado que a esas cantidades sumaba las otras que le entregaban las constructoras para el ministro. Como detalle, ha recordado que cuando llevaba grandes cantidades de efectivo, “por ejemplo 250.000 euros”, metía el dinero en una mochila Montblanc con la que subía al despacho del ministro al que accedía por su ascensor personal. “En esa mochila llevaba dinero”, ha recordado para luego sumar que en la mochila metía el dinero en una bolsa de Carrefour que el ministro se guardaba en un cajón sin contarlo.

El fiscal Luzón ha querido saber de dónde sacaba tanto efectivo. El empresario ha incidido en que, por un lado, procedía de las constructoras que se quedaban con las licitaciones. Y que él ponía por su cuenta y riesgo a modo de “siembra” para lograr notoriedad que le ayudara en sus negocios. Al hilo, ha puntualizado que dado que las cantidades en efectivo no eran fáciles de conseguir llegó a pedir a Koldo García que le facilitara otra fórmula que permitiera pagos por transferencia. Y ahí se acordó que abonara el alquiler del piso de Plaza de España de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

El empresario también ha admitido que “alardeó” de su relación con Ábalos cuando solo le había visto una vez. Y ha asegurado que en México pagó “señoritas” para que el ministro se relajara durante un viaje a México que tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en ese país y que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Aldama empezó a colaborar en noviembre de 2024, cuando estaba en prisión por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Entonces, compareció de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó por primera vez que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro y 100.000 a su mano derecha. 

Tras Aldama, está previsto que declaren Koldo García y Ábalos, quienes tratarán de desvirtuar las conclusiones de los informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos gracias al cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—. Ambos han escuchado atentamente la declaración de Aldama mientras tomaban notas en sendos cuadernos.