El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

El TS ha desestimado así el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra la decisión del CGPJ que denegó anular los acuerdos que decretaron su expulsión de la carrera judicial, según una nota de prensa del alto tribunal, que añade que la sentencia se conocerá en los próximos días.

Dicha decisión confirmó la condena que le impuso el alto tribunal a Garzón en 2012 a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva de su cargo, así como la capacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales.

La pretensión de Garzón, desestimada por el CGPJ, se basaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

Por tanto, se mantiene vigente el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de febrero de 2012 —ratificado por acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012— que declaró la pérdida de la condición de miembro de la carrera judicial de Garzón en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

El alto tribunal le condenó, como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, a la pena —entre otras— de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba.

El PSOE contribuyó supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez. Es la tesis que recoge el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el auto en el que acuerda requerir documentación y archivos electrónicos al PSOE en el marco de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” en el que su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, ejercería “un papel superior”.

El magistrado apunta que, en el marco de esas maniobras, Leire Díez habría contado con el “impulso y el soporte intelectual y/o financiero” del que fuera secretario 'número tres' del partido, que habría acordado remunerarla con “la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido”. Santos Cerdán, que acaba de ser imputado en esta causa, se encuentra investigado también en otras pesquisas sobre el posible amaño de contratos de obra pública.

Además, el juez Pedraz identifica el origen de estas maniobras en la reflexión de cinco días que anunció Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado. Fue en ese periodo de reflexión cuando Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a la que acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

La Guardia Civil encontró en poder de Leire, durante su detención en diciembre pasado, una anotación que decía: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”. Este apunte concuerda con las declaraciones públicas de la propia Leire Díez y Pérez Dolset, según las cuales el empresario montó y pagó a un grupo de una veintena de personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en las causas judiciales que se siguieron durante el Gobierno del PP. Pérez Dolset está convencido de que él es una víctima más de la brigada política, al nivel de los líderes independentistas o Podemos.

Los pagos a Leire Díez

Respecto a los pagos, el juez Pedraz sostiene que el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en este caso, prestaría su sociedad como “vehículo” para los pagos a Leire Díez. En concreto, su consultora Zaño pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. En los mensajes interceptados, Leire Díez expresó sus dudas sobre el método elegido para el dinero que le quería “pagar” el entonces secretario de Organización del PSOE. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, escribió la exmilitante.

Tras cesar los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que esos abonos se empezaron a canalizar a través del abogado Ismael Oliver, que defendió a Koldo García. Esa operativa se habría realizado “falseando una nota de encargo” suscrita por la gerente del partido y por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Y que, para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez. Tanto la gerente como Oliver están imputados.

Los investigadores creen que, una vez Santos Cerdán accedió a trabajar con el grupo de Leire Díez, puso “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El PSOE, añade el auto del juez, “soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos…) de algunos de sus miembros”.

En el auto también aparecen las alusiones que el grupo hace al supuesto conocimiento que tendría Sánchez de las maniobras que realizaban. Interpretación o no de Leire Díez consta un conversación del 29 de abril de 2024 en la que traslada a Vicente Fernández, el presidente de la SEPI: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”. 

Los investigados se refieren a la declaración institucional que puso fin a los cinco días de reflexión que se había tomado Pedro Sánchez después de que esposa fuera imputada por el juez Juan Carlos Peinado. Sánchez anunció desde Moncloa que seguiría siendo presidente del Gobierno y líder del PSOE. “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política y pública”, afirmó.

Expedientes a mandos de la Guardia Civil

La resolución apunta también a que la organización criminal centró sus esfuerzos en la figura de la empresaria Carmen Pano, quien sostuvo en sede judicial que había realizado hasta dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. Según el auto se habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros “con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical” en relación con esas entregas de metálico en la sede del PSOE. Hasta ese momento sólo habría declarado en sede policial y se buscaba evitar que declarara en sede judicial. Antes de esa declaración, el abogado Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez quien le indicó que “negociara” con ella.

“Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge el auto. El juez Pedraz explica que del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende “la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz”, la abogada del asesor ministerial Koldo García.

La propia letrada ha hecho público un comunicado en el que tilda de “completamente falso e infundado” ese apunte del auto. “Carmen Pano fue expulsada del despacho de Leticia de la Hoz por motivos graves que, de momento, no pueden ser revelados de manera pública por estrictas razones deontológicas y legales, de acuerdo con el deber de confidencialidad”, añade. La letrada va a solicitar la exención del secreto profesional por parte del Ilustre Colegio de Abogados para poder aportar toda la información y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial.

El juez también atribuye al grupo la “pretensión” de “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales”. Uno de ellos habría consistido, dice el juez, en “impulsar la sospecha sobre sus actuaciones [de la UCO] ante la director general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”.

En el auto del juez se dice que se abrieron dos informaciones reservadas a guardias civiles por las publicaciones en prensa de unos mensajes Ábalos “con otros miembros relevantes de su partido”, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que “se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel”, en referencia a Ábalos.

Por este motivo, el teniente coronel Balas se personó esta mañana en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil al frente de un grupo de agentes de la UCO y requirió las informaciones reservadas abiertas, tal y como adelantó elDiario.es. Los investigadores de la UCO tomaron declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario que recibieron la orden de abrir las informaciones reservadas bajo sospecha.

Otra de las medidas solicitadas por el juez instructor afecta directamente al PSC, el partido hermano del PSOE en Catalunya. En concreto, Pedraz solicita a la UCO que requiera al PSOE documentación sobre la campaña de los socialistas catalanes en los últimos comicios autonómicos por ser una de las campañas publicitarias encargadas a la ya fallecida periodista Patricia López o a la empresa Grupo Crónica Libre durante los años 2024 y 2025. El PSC ha afirmado que ya ha recopilado “toda la información” y que la pondrá a disposición judicial.

“Solo hay dos formas de acabar” con el Gobierno de coalición: “O [Pedro] Sánchez se da cuenta de la degradación institucional y la corrupción que le acorrala o sus socios se apartan de verdad. Son las dos formas”. Así ha explicado el secretario general del PP, Miguel Tellado, la negativa de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de liderar una moción de censura ante los escándalos de corrupción del PSOE. Unos socios que no parecen estar por la labor, lo que ha sorprendido a Tellado: “Prefieren un ladrón de izquierdas a un honrado de derechas”.

El secretario general del PP ha rechazado este miércoles que la nueva operación judicial contra el PSOE vaya a provocar el movimiento definitivo de Feijóo. En una entrevista en La Sexta, Tellado ha dicho que “los socios todos los días con su respaldo avalan a un Gobierno lleno de corruptos”, pese a que “se desayunan con registros, operaciones de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo contra el PSOE y esta organización criminal”.

“Todos los partidos que apoyan a Sánchez son cómplices necesarios de todas esas corruptelas”, ha aseverado. “Pedro Sánchez es su presidente, lo han hecho ellos. El PNV es corresponsable de toda la corrupción que aflora día a día”, ha afinado. “Disfruten de lo votado. Sánchez y la corrupción es el resultado político del PNV”, ha insistido.

Las palabras de Tellado llegan en la misma mañana en que la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha retado al PP a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez y dejar de interpelar a los socios del Gobierno por no dejarles caer. “Basta ya de estos circos mediáticos”, ha espetado Beltrán de Heredia en respuesta a una moción en la que el PP reclama, de forma indirecta, un adelanto electoral ante los escándalos de corrupción.

“Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo”, les ha espetado la senadora del PNV. “Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, con más de 200 casos que dan para empapelar este Salón de Plenos, y si miramos esa pareja estable que han formado con Vox, que es quien tira de su carro, confianza ninguna”, ha concluido.

Tellado no ha querido revelar si ha habido “contactos” entre el PP y el PNV en las últimas semanas para sondear su apoyo a una moción de censura. “Entiendo el interés de la pregunta”, ha afirmado. “Pero no me gusta contribuir a sacar el foco de Ferraz” porque “está en el PSOE, en todo lo que sucede”.

“Las estrategias no se cuentan, se ejecutan”, ha continuado, para insistir en que “le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices”.

Tellado se ha referido expresamente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien ha tenido un agrio enfrentamiento durante la sesión de control al Gobierno.

Tellado le ha preguntado a la dirigente de Sumar “¿cuál es el límite?”. Díaz ha respondido: “Es usted el Vito Quiles del PP. Mi límite es usted y sus políticas”.

La vicepresidenta le ha echado en cara su voto “contra la reforma laboral”, los “12 millones de trabajadores a los que le han impedido reducir la jornada laboral” o que se opusieron a “subir las pensiones”. “Son unos desalmados, votan contra la prórroga de los arrendamientos”, ha zanjado.

Tellado había comenzado su intervención esgrimiendo los escándalos judiciales que arrecian contra el Gobierno. “Está de corrupción hasta la ceja”, ha ironizado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. “Su ídolo se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. La realidad es que hoy sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de 'Piratas del Caribe'. Ferraz era la Perla Negra, lo registra la UCO. Son un meme”, ha concluido.

En su entrevista en La Sexta, el secretario general del PP ha sostenido que ha sentido “nauseas después de escuchar a Díaz”.

El PP ha sacado adelante este miércoles en el Pleno del Senado una iniciativa que reprueba al Gobierno en bloque por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que ha contado con la abstención de algunos aliados parlamentarios del Gobierno como PNV y Junts.

La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque varios socios del Gobierno como PNV, Junts, Coalición Canaria o Geroa Bai han optado por abstenerse.

En concreto, la abstención de los nacionalistas vascos llega después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzara un aviso hace unos días al Gobierno, considerando que sería “irresponsable” que Sánchez siguiera más allá de 2026.

Además, esta iniciativa se ha producido en una jornada marcada por la imputación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el denominado 'caso Leire', así como por la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si existió una presunta trama destinada a obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Además de Cerdán y Fuentes, en la causa figuran también como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

Asimismo, la propuesta del PP llega una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

En este contexto, la iniciativa reprueba al Gobierno por los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista y acusa al Ejecutivo de no asumir “responsabilidades políticas” ni ofrecer respuestas ante la “grave crisis institucional” que, a juicio del PP, atraviesa España.

En la iniciativa, los 'populares' también denuncian que el Gobierno se encuentra en una situación de “inoperancia” para responder a los problemas de los ciudadanos y reclamaban poner fin al “bloqueo político”.

Aunque la moción no tiene efectos vinculantes, el debate ha servido al PP para elevar la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez y medir el posicionamiento de partidos como el PNV.

En este marco, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha justificado en el debate del Pleno en la Cámara Alta la abstención de su grupo asegurando que les “preocupa mucho” el “ecosistema político” que vive España y el “reguero de informaciones” sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. “Nos preocupa el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno, incapaz de concitar apoyos suficientes, mayorías suficientes, incapaz, por tanto, de gobernar”, ha afirmado durante su intervención.

Sin embargo, la dirigente nacionalista ha rechazado respaldar la ofensiva del PP y ha recordado los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los 'populares'. “Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos”, ha espetado a la bancada del PP.

Asimismo, ha acusado a los de Feijóo de intentar convertir el debate en una “pseudo moción de censura” y les retó a presentar esa iniciativa en el Congreso si consideran que cuentan con los apoyos suficientes. “Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya”, ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado al PP de utilizar la Cámara Alta para intentar “acabar con la legislatura” y ha asegurado que los 'populares' han convertido el Senado en una herramienta de confrontación política. “Ustedes confunden su función constitucional de control al Gobierno con su obsesión por destruir al Gobierno”, ha afirmado Espadas, que ha acusado además al PP de “pisotear la presunción de inocencia” cuando los casos judiciales afectan a dirigentes socialistas.

El senador socialista ha calificado además la iniciativa debatida este miércoles de “moción de la serie B”, al considerar que el PP no se atreve a presentar una verdadera moción de censura en el Congreso porque no tiene “ni candidato claro ni votos suficientes”.

Espadas ha defendido además la colaboración del PSOE con la justicia tras el registro realizado este miércoles en Ferraz y ha lanzado una referencia al caso de los discos duros de Luis Bárcenas.

“Aquí se les abre la puerta y se les entrega la información; no se encuentran ordenadores machacados la noche anterior para que no haya pruebas”, ha ironizado.

Frente a las acusaciones del PP, el PSOE ha recordado también durante el debate los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los 'populares' y ha mencionado el avance del juicio por la denominada operación 'Kitchen', cuya fase documental ha concluido este miércoles en la Audiencia Nacional.

La presencia de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el PP en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las pesquisas contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las cloacas del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez afirma que el PSOE “no tiene nada que esconder” y que muestra la absoluta colaboración de su partido con la Justicia tras la personación en Ferraz esta mañana de varios agentes de la UCO en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional en el caso de Leire Díez. “No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación. Total colaboración con la Justicia. Si estamos hablando de la exmilitante Leire, se tomaron las decisiones sobre ella cuando salió a la luz el caso hace un año. Y nuestro compromiso de que, si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”.

En rueda de prensa desde el Vaticano, el presidente del Gobierno ha asegurado que se ha enterado de la presencia de la Guardia Civil en la sede de su partido para requerir información por los medios de comunicación. “He tenido que preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Antes sucedía todo lo contrario. Teníamos a una organización política que utilziaba a los cuerpos policiales”, ha dicho en referencia al PP y a la trama Kitchen.

“Ninguna de estas investigaciones impugnan lo que está haciendo el Gobierno de España en favor de las transformaciones y los avances sociales. Y es lo que vamos a seguir haciendo el resto de la legislatura, sin restar importancia a la gravedad de las investigaciones. Responderemos con la contundencia de siempre en caso de que se conocieran nuevas informaciones”, ha apostillado.

“En el momento en que surjan nuevas informaciones que afecten a actitudes irregulares actuaremos con contundencia”, ha incidido, tras volver a respaldar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “He tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y de leer el extenso sumario, y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero”.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La UCO se ha personado para requerir documentación, no se ha producido un registro de la sede. En concreto, han solicitado documentación sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, según explican fuentes del partido.

Los agentes sí han registrado el domicilio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolse. Se ha producido otro registro vinculado al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía con el PSOE Gaspar Zarrías, que tuvo contratada durante varios meses de 2024 a Leire Díez. Las pesquisas que han motivado el operativo, dirigidas por el juez Santiago Pedraz, están vinculadas a supuestas maniobras contra fiscales y cargos policiales. No están relacionadas con la financiación del partido.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— .

El teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, encabeza el grupo de agentes que se han personado esta mañana en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar todos los expedientes disciplinarios abiertos contra miembros del instituto armado que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. Los agentes de la UCO han tomado declaración a los funcionarios que han tramitado esas actuaciones disciplinarias contra sus compañeros.

El requerimiento está vinculado con el operativo que ha lanzado este miércoles la Audiencia Nacional y que está relacionado con la investigación de supuestas maniobras contra fiscales y cargos policiales. El operativo ha incluido un requerimiento de información de la UCO en la sede del PSOE y el registro de la casa en Milagro (Navarra) del ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán.

Los agentes de Balas también han acudido a la Dirección General del instituto armado, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, con un requerimiento firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien dirige las pesquisas.

Al menos dos miembros de la cadena de mando de la UCO fueron objeto de interrogatorios en el marco de dos informaciones reservadas para determinar si estaban detrás de las informaciones periodísticas sobre los casos que investigan y que afectan, entre otros, a los ex secretarios generales del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En concreto, explica el juez Pedraz en su auto, se abrieron dos informaciones reservadas por las publicaciones en prensa de unos mensajes Ábalos “con otros miembros relevantes de su partido ”, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que “se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel”, en referencia a Ábalos.

El juez atribuye al grupo la “pretensión” de “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales”. Uno de ellos habría consistido, dice el juez, en “impulsar la sospecha sobre sus actuaciones [de la UCO] ante la director general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”.

Un portavoz de la Guardia Civil afirma que esas informaciones reservadas no prosperaron y se archivaron antes de convertise en expedientes disciplinarios.

Los investigadores de la UCO han tomado este miércoles declaración a los agentes encargados de esas pesquisas internas. La información reservada es un paso previo a la apertura de expediente y sirve para determinar si hay indicios de que se ha producido alguna falta disciplinaria. En caso afirmativo se abre un expediente y se nombra instructor y secretario de las actuaciones, dirigidas a esclarecer la posible infracción. Cuando terminan la instrucción elevan una propuesta de sanción o, por contra, el archivo del caso.

La orden de investigar en el Cuerpo el origen de determinadas informaciones periodísticas partió de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, el general Manuel Llamas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz. La UCO se ha personado para requerir documentación y archivos electrónicos, no se ha producido un registro de la sede. En concreto, han solicitado documentación sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, según explican fuentes del partido. Un portavoz de la Audiencia Nacional afirma que se investiga “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver –que defendió a Koldo García– por delitos de organización criminal, varios delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Pedraz aprecia igualmente indicios de delito en la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice en los delitos mencionados, así como en posible calidad de autora del delito de falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas falsas.

El juez también alude a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos , empresa en la que Leire Díez ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Y a Juan Francisco Serrano, quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan la colaboración de ambos con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, si bien matiza que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados, precisan las citadas fuentes de la Audiencia Nacional.

Imputado el abogado de Cerdán

También se investiga al abogado Jacobo Teijelo, encargado de la defensa de Santos Cerdán y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. El agente Sánchez Yepes está imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. Es defendido por el abogado Jacobo Teijelo.

Los agentes han registrado el domicilio de Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset. Se ha producido otro registro vinculado al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía con el PSOE Gaspar Zarrías, que tuvo contratada durante varios meses de 2024 a Leire Díez. La militante causó baja en el partido en junio de 2025 tras la publicación de unos audios en los que se la escuchaba hablar con empresarios imputados a los que prometió poner en contacto con fiscales y otras personalidades.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— .

En el marco de la operación de Ferraz, la UCO se ha personado en la Dirección General de la Guardia Civil esta mañana para requerir la documentación relativa a los expedientes disciplinarios abiertos a mandos relacionados con las investigaciones al PSOE. Esos expedientes pretendían determinar si los miembros de la cadena de mando de la Policía Judicial habían filtrado información de los procedimientos que afectaban al PSOE. Los agentes del teniente coronel Antonio Balas han tomado declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario encargados de cursar los expedientes mencionados.

Una segunda causa en un juzgado de Madrid

El pasado abril, Gaspar Zarrías compareció como testigo en otra causa judicial, la que dirige un juez de Madrid e investiga a Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho. En esa comparecencia, Zarrías explicó tuvo contratada durante cuatro meses a la exmilitante del PSOE después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. Le pagó 16.000 euros aunque el trabajo no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública.

En esa otra investigación que sigue un juzgado de Madrid, la Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la UCO, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.

La Audiencia Nacional imputa a Cerdán, Zarrías y la gerente del PSOE. Se trata de una nueva derivada del caso contra Leire Díez. En el auto, el juez Pedraz apunta a que el PSOE pagó a la exmilitante por sus maniobras contra fiscales y policías. El “punto de inflexión”, dice, fue una reunión en Ferraz tras la 'Carta a la Ciudadanía' de Sánchez por la imputación de Begoña Gómez. Esta mañana, agentes de la UCO han acudido a la sede del PSOE para requerir documentación y han realizado registros vinculados a Zarrías y en el domicilio de Cerdán. La UCO también ha acudido a la dirección general de la Guardia Civil a por los expedientes disciplinarios de agentes que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE. “No tenemos nada que esconder; cuando haya algo irregular, actuaremos”, ha dicho al respecto el presidente del Gobierno. Por su parte, el PP se quita la responsabilidad de “acabar” con Pedro Sánchez: o convoca elecciones o los socios le abandonan.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como imputado el miércoles 17 de junio. El aplazamiento alarga el vía crucis del Gobierno. Pedro Sánchez remarca su “apoyo” al expresidente y la “plena colaboración” con la justicia: “No hay motivo para cambiar de posición”. Este es el sumario del caso. Hay muchos detalles en torno a Plus Ultra: en nuestro podcast 'Un tema Al Día', analizamos la aerolínea más allá de Zapatero. Por otro lado, el PP. Desde el lunes de la semana pasada, las sesiones del juicio del caso Kitchen no se ha podido seguir en YouTube. Declaraba el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Esos días, se reproducían horas del policía ante el juez Manuel García Castellón, con audios de Villarejo que incluían datos que afectan a la privacidad de terceros. Te ofrecemos una muestra de los audios que se han reproducido estas dos semanas.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido un escenario político a prueba de conmociones. Las causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez parecían no dejar hueco a un nuevo escándalo. Pero el presidente Zapatero es un símbolo de la izquierda, un referente en tiempos de resistencia para el espacio progresista, asediado por noticias negativas para el Ejecutivo y casi resignado al mantra del cambio de ciclo en España. 

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, el juicio y condena al exfiscal general por la filtración de una información o las ventajas para Víctor de Aldama, investigado por graves delitos, por colaborar en la investigación a dos secretarios de Organización del PSOE, mantienen en guardia a un sector de los ciudadanos que asisten a la celebración del juicio de Kitchen sin que nunca se investigara a Mariano Rajoy ni se sentara en el banquillo a María Dolores de Cospedal. 

Con estos precedentes, la imputación de Zapatero ha encendido las alarmas sobre la proporcionalidad de la medida. El auto de investigación al expresidente, guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, mezcla indicios de unos ingresos poco claros de Zapatero y sus hijas con un salto argumentativo que convierte al político en presunto jefe de una trama criminal dedicada al tráfico de influencias. 

El levantamiento del secreto del sumario permite conocer qué indicios han llevado a la imputación de Zapatero, surgida de una complicada investigación por blanqueo de capitales a nivel internacional. A continuación, elDiario.es recupera y desgrana los indicios contra el expresidente del Gobierno y las lagunas de la acusación. 

El rescate público de Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Otras comunicaciones incautadas por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Esas conversaciones exponen a directivos de Plus Ultra mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

Por el momento, el sumario no sitúa a Zapatero en ninguna cita “institucional” en relación con ese rescate. Aunque tanto el juez como la Fiscalía otorgan relevancia a dos reuniones de alto nivel mantenidas por el expresidente de las que la investigación no recoge ningún detalle. Una fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda. 

Los abultados ingresos de la familia

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. No obstante, sí suscita más dudas el millón de euros que la aerolínea pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Y el hecho de que, en ese mismo período de tiempo, este empresario al que otros investigados apodaban “el lacayo” o “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente.  

El sumario repite de modo incesante Whathefav, el nombre de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Puesta en marcha en 2019, su primer ejercicio fue deficitario por 3.000 euros. Eso cambió al año siguiente. Dos consultoras de reciente creación comenzaron a solicitar los servicios de la agencia de marketing y comunicación. Una de esas consultoras era la de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. La otra consultora pertenece a dos hermanos venezolanos. Las dos sociedades comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez, pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2020 y 2025. 

La conclusión provisional de los investigadores es que la empresa de las hermanas era utilizada por el presidente y el resto de la trama para disimular los pagos por el tráfico de influencias como encargos de marketing a Whathefav. El sumario recoge los indicios de un pago de 20.000 euros a la sociedad de las hermanas realizado por un venezolano vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La sede de la agencia fue registrada el martes y los correos electrónicos de Laura y Alba Rodríguez, incautados. El análisis de esa información confirmará las sospechas sobre una actividad ficticia o permitirá justificar sus ingresos. 

La UDEF sí ha analizado ya las agendas que Julio Martínez Martínez guardaba en su domicilio y que revelan que el empresario mezclaba negocios y gestiones políticas en Venezuela. Las crípticas anotaciones que el amigo de Zapatero hizo en sus documentos personales muestran, según la Policía, su “posible intervención” en “decisiones estratégicas”, como la liberación de presos en Venezuela; pero también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. 

En base a esas agendas, la Policía apunta al posible rol de Martínez Martínez como “asistente” de un tercero con “capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. Además, Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

El presunto blanqueo de capitales

Las instrucciones judiciales se desarrollan con una imputación genérica hasta que en una fase posterior se concretan los delitos de los que deben responder los acusados en un caso, si antes no se archiva la causa contra ellos. El juez Calama explica en el auto de imputación que está investigando una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que enmarca a Zapatero. 

En el escrito describe hechos que encajan en ambos delitos y en otros que no incluye en la calificación jurídica. Es el caso de la organización criminal. La descripción de una trama asentada en el tiempo para delinquir, en cuya cúspide estaría el presidente Zapatero, encaja en este tipo penal. 

El blanqueo de capitales en el que habría incurrido el expresidente es uno de los puntos más polémicos de ese auto de imputación. El juez asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez argumentan que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente.

Al día siguiente, Guerrero remitió un correo a Martínez Martínez aludiendo a lo “conversado ayer” y facilitando datos para la creación de la offshore. La Policía suma a esto el hecho de que la secretaria de Zapatero coordinó el encuentro en unos correos con un ayudante de Martínez Martínez y que un escolta del expresidente se acercó al restaurante porque el teléfono de reservas no funcionaba. No hay más en la acusación a Zapatero por blanqueo. 

Estos días, releyendo las memorias de Ben Bradlee (Boston, 1921-Washington, 2014), quien fue director del Washington Post entre 1968 y 1991, me he topado con una reflexión que sigue siendo igual de vigente. No solo en Estados Unidos.

“Y a decir verdad, la misma verdad era cada vez más difícil de encontrar. Vietnam y el Watergate habían animado a la gente a mentir siempre que la verdad resultase incómoda. Y nadie estaba inmune. Gente buena, gente con sentido moral, se corrompía por circunstancias sobre las que ejercían un control sustancial, pero ninguna responsabilidad. Cuanto más buscaba la verdad en los nuevos personajes detrás de la noticia, mayor era la ofuscación y más preguntas me hacía”, escribe Bradlee en La vida de un periodista (El País Aguilar, 1995).

Confieso que, a menudo, en las entrevistas a políticos me interesan casi más las preguntas que las respuestas, demasiado previsibles en muchos casos. Por eso se echarán tanto de menos las de Carlos Alsina. Y también por eso tuvo y sigue teniendo tanto interés la que le hizo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 23 de marzo.

“A mí me lo propusieron [trabajar para Análisis Relevante], acepté como otras consultoras con las que he trabajado (...) Yo sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y la amistad que tenía con él [Julio Martínez Martínez, su amigo detenido en diciembre]. Análisis debía tener clientes, evidente, pero el detalle de la relación con cada cliente no lo tenía. No me definió su relación con Plus Ultra; sé que conocía gente, pero yo no, por ejemplo”, aseguró en Onda Cero.

En el sumario aparece un documento Excel que, presuntamente, habría remitido a su amigo Julio Martínez, con el nombre, el correo electrónico, la empresa y el cargo de varias personas. Por tanto, podría ser cierto que no supiese qué clientes tenía Análisis Relevante, pero deberá aclarar si es cierto que envió ese listado y el motivo por el que habría mandado parte de sus contactos a la empresa de su amigo.

Otra de las preguntas que tendrá que responder es si su amistad con Julio Martínez incluía compartir gestiones políticas en Venezuela, por ejemplo, las referentes a la “repatriación de Edmundo González a España”, según consta en las agendas del empresario. 

En esa misma entrevista con Alsina, el expresidente sostuvo que se estaba intentando menoscabar su trayectoria. Y, de forma contundente, pronosticó que su crédito no se vería afectado: “No lo van a conseguir porque tengo una trayectoria impecable y también debe ser objeto de debate que a la democracia no le sienta bien la falsedad”.

Ahora mismo, esa trayectoria está bajo sospecha. Puede que todas sus actuaciones hayan sido legales. Ojalá. Pero que hayan sido impecables (por utilizar su propio término) empieza a resultar más discutible. La verdad judicial y la verdad periodística no siempre coinciden, aunque ambas puedan contener elementos de verdad. Incluso algo puede ser legal, informativamente relevante y, aun así, no ser un comportamiento correcto. Pero ahí ya entraríamos en el terreno de la ética.

No hace falta repetir aquí la difusa frontera que existe entre el lobby y el tráfico de influencias. Tampoco sirve el argumento de que, si otros expresidentes han hecho negocios más cuantiosos, las labores de consultoría de Zapatero resultan automáticamente defendibles. Unas prácticas no convierten en más justificables las otras. En definitiva, determinados negocios -aunque sean legales- no deberían valorarse en función de si el expresidente cae mejor o peor.

De todas las preguntas abiertas, la que desde el primer día parece más difícil de responder es la vinculación de la empresa de las dos hijas de Zapatero con la consultora Análisis Relevante y, sobre todo, con Inteligencia Prospectiva: una empresa con un solo empleado declarado, sin actividad conocida y que pagó más de medio millón de euros a la sociedad de las hijas del expresidente.

Los investigadores de la UDEF sospechan que la empresa de marketing de las hijas de Zapatero era utilizada para “canalizar fondos de los clientes y de la propia red organizada”. De ser así -y siempre en condicional- estaríamos ante una relación que iría mucho más allá de redactar informes u organizar los viajes de su padre.

Los compañeros Pedro Águeda y Javier Lillo han explicado en una de sus crónicas que una fuente conocedora del origen de Análisis Relevante aseguró a elDiario.es que la idea de “ayudar a las hijas” de Zapatero estuvo presente desde el principio. Es un propósito comprensible e incluso loable. La cuestión que debe aclararse es cómo las ayudó.

El calvario dura ya una semana y le quedan, al menos, tres más. El aplazamiento de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, prevista en principio para el 2 de junio y fijada ahora para dos semanas más tarde, alarga la agonía de un Ejecutivo atrapado entre la defensa pública de uno de sus principales referentes y la urgencia de que sea él mismo quien contribuya a aclarar cuanto antes las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama.

Desde el estallido del escándalo hace justo ocho días, en la Moncloa contienen la respiración a la espera de las explicaciones de Zapatero y ante el aluvión de informaciones sobre sus negocios privados, e incluso su vida familiar, procedentes del sumario del caso y de los informes de la UDEF. Para preparar su defensa a conciencia, el equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente este martes retrasar la citación del 2 de junio, una fecha a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político. Algo para lo que ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el 17 de junio.

“Da igual si nos gusta o no nos gusta, tenemos que respetar su estrategia de defensa”, se limitan a comentar en la Moncloa sobre el retraso de la comparecencia. Aunque el mensaje oficial no ha variado y asegura el Ejecutivo que Pedro Sánchez mantiene su respaldo al expresidente, los mensajes públicos empiezan a impregnarse de una cautela mayor a la del propio Sánchez cuando, hace una semana, defendió explícitamente a Zapatero. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, le contestó a Feijóo en la sesión de control. Una contundencia que sorprendió incluso entre algunos ocupantes de la propia bancada socialista.

Una semana después, y ante la crisis política desatada por el caso, todo el mundo mide sus palabras. El ministro Óscar López, muy cercano al expresidente, aseguró a preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros que mantiene la confianza en su inocencia, aunque trasladó cierta distancia al negar haber sido capaz de contactar con él durante la última semana. “Hace 26 años que conozco a Zapatero, confío en su inocencia. No he tenido oportunidad de hablar con él”.

Más escueta incluso fue la ministra portavoz, Elma Saiz, que apenas se movió del respeto a la justicia, a la presunción de inocencia y al legado político de su compañero de filas. “Este Gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Ahí está su legado incuestionable: avances en derechos, en igualdad. Pero no me voy a pronunciar sobre un procedimiento que está en marcha”.

Lo previsto es que este miércoles sí vuelva a pronunciarse en público sobre el caso Zapatero el presidente del Gobierno, que tiene prevista una rueda de prensa con turno de preguntas de los medios de comunicación durante su viaje oficial a Roma. Según las fuentes consultadas en su equipo, Pedro Sánchez mantendrá, salvo sorpresa, la postura ya defendida la semana pasada en el Congreso de respaldo explícito al expresidente, uno de sus principales apoyos políticos y personales desde las generales de 2023.

Sin embargo, y aunque todo el mundo en Moncloa y en Ferraz se cuida mucho de no pronunciarse ni en público ni en privado contra el expresidente, todas las alarmas se mantienen encendidas y nadie descarta a estas alturas que la situación se complique tanto en las próximas semanas como para que sea necesario un volantazo al que, por ahora, se resisten.

“No hay prueba documental”

“Con lo que sabemos a día de hoy, mantenemos nuestra postura: no hay prueba documental que corrobore la implicación del presidente Zapatero en ningún hecho delictivo. Entendemos que esto genera titulares y entendemos el interés mediático, pero el Gobierno tiene que adaptarse a los tiempos judiciales y ahora, la siguiente frontera temporal es el 17 de junio”, alegan desde el Ejecutivo.

En lo que sí redoblan su énfasis en la Moncloa es en defender el rescate de Plus Ultra, epicentro para la UDEF y el juez Calama del presunto tráfico de influencias de Zapatero. “El procedimiento fue impecable, transparente y riguroso. Se miró con lupa. No cabe arbitrariedad ni discrecionalidad porque se encarga un consejo gestor con técnicos de la SEPI que se mueven por criterios exclusivamente técnicos. Hubo un control exhaustivo, y no solo de la administración”, volvió a defender la ministra portavoz para subrayar la estrategia del Gobierno: proteger la acción del Consejo de Ministros de cara a complicaciones futuras y dejar la puerta abierta del recurso a los “comportamientos particulares” que ya sirvió para protegerse del escándalo de Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

Lo que asumen en las filas socialistas es que hasta que el propio expresidente no se encargue de intentar tumbar las acusaciones que se ciernen sobre él, la iniciativa política del Ejecutivo se mantendrá absolutamente ahogada por los detalles del caso. Con Pedro Sánchez en el Vaticano de viaje oficial para preparar la visita del papa a España, el debate público nacional lo monopolizan las joyas de la pareja de Zapatero, la empresa de las hijas de Zapatero, los amigos de Zapatero o los pagadores de Zapatero. Un goteo de sobresaltos que en las últimas horas ha intentado taponar su portavoz autorizado, Luis Arroyo, un viejo conocido en las filas socialistas cuyas declaraciones públicas han generado cierta inquietud en algunos sectores del partido.

La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.

La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.

Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.

En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.

Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.

Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.

PP y Vox amenazan con cerrar el grifo

Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.

Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.

Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.

El ya conocido como caso Zapatero salpica, gracias a la investigación realizada por la UDEF, a una quincena de sociedades. Una de ellas es Summerwind SL. Los investigadores indican en sus informes que esa empresa radicada en Madrid y dedicada a ser representante comercial de diversas aerolíneas y operadores turísticos pudo ser utilizada por Plus Ultra para canalizar pagos a Julio Martínez Martínez, el empresario amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En esta causa se indaga, principalmente, si la compañía Plus Ultra abonó cantidad alguna a Zapatero y su entorno a cambio de que influyera en que prosperara su rescate público de 53 millones en marzo de 2021.

El auto del juez José Luis Calama reflejaba que Summerwind SL pudo ser la vía para que se abonaran parte de esos cantidades. Explicaba que en 2023 Summerwind SL recibió ingresos de Plus Ultra por importe de 3,9 millones de euros y efectuó pagos a Afitta SL, sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez, por un importe total de 213.202 euros.

Esta empresa no está personada en la causa porque no consta como investigada. Pero aparece en un auto judicial en el que se le incluye en una presunta trama de tráfico de influencias, y esto supone un daño reputacional de envergadura. Los clientes ya piden explicaciones. Por eso, han presentado por medio de su representación legal un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitan que consten como personados para poder aclarar que todo es fruto de “un error” de los investigadores.

Subrayan que “es rotundamente falso que Summerwind recibiera 3,9 millones de euros de Plus Ultra para actuar como sociedad canalizadora” y que la realidad documental que aportan a Calama prueba que el flujo del dinero fue exactamente el inverso: “Summerwind cobró 4.195.685 euros de su cliente final (Cubana de Aviación) y abonó 3.245.000 euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. por operar los vuelos fletados”. Subrayan que la empresa, con casi treinta años de experiencia en el sector, era cliente de Plus Ultra y no receptora de fondos de esa aerolínea.

Además, explican que los pagos al proveedor Afitta SL (de Julio Martínez Martínez) se sustentan en un contrato comercial real firmado el 1 de julio de 2023 por asesoramiento. “Lejos de tratarse de facturación falsa para ocultar fondos, Summerwind declaró voluntariamente esta factura a la Agencia Tributaria” en tan solo cuatro días a través del Suministro Inmediato de Información (SII) y liquidó íntegramente su IVA.“No somos una sociedad pantalla”, asevera.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se acompaña de pruebas documentales, bancarias y fiscales, para desmentir categóricamente su participación en cualquier operativa irregular. Y la compañía, en un comunicado, explica que deben defender su honorabilidad y restaurar el prestigio reputacional de la compañía, “dedicada en exclusiva y con total rigor al brokerage aeronáutico”.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero madrileño Francisco Granados y otras 40 personas y 79 empresas en la pieza 8 del caso Púnica. Esa ramificación del caso se centra en las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral en la pieza 8 de Púnica en la que se ha investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.

Además de a Granados, el instructor sienta en el banquillo a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid. Granados se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.  

En el auto de procesamiento que dictó el antiguo instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, se detallaba la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. 

“Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica. Entre las obras investigadas se encuentran en Metro Sur el tramo 1C, en Metro Norte el tramo 1 A y en el Metro Ligero la nueva línea a Boadilla.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de posponer su declaración como investigado en el denominado caso Plus Ultra y ha señalado el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio, a las 9 horas.

En una providencia, el magistrado indica que procede el aplazamiento, inicialmente señalado para el día 2 de junio, tras la solicitud del expresidente del Gobierno. Su defensa había esgrimido la extensión de la causa, a la que no tuvo acceso hasta este lunes.

El magistrado le imputa en una trama de tráfico de influencias por el caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.

La petición de Zapatero se produce tan solo un día después de que se conociera el sumario del caso que recoge documentos que estrechan el cerco sobre sus hijas. A los más de 800.000 euros que la agencia de marketing de ambas cobró en un lustro de dos sociedades bajo sospecha vinculadas con los negocios de su padre, se sumó una nueva acusación: la de que su empresa no aportaba ningún “valor técnico” y que su propósito era encubrir los pagos obtenidos a través de la supuesta influencia ejercida por Zapatero. 

La investigación debe establecer ahora cómo justifica la empresa de las hijas de Zapatero y el resto de las sociedades que pagan al expresidente los ingresos de las empresas Inteligencia Prospectiva y Análisis Relevante. Para eso será determinante la documentación incautada en los registros del martes de la semana pasada. 

Los dos grandes contratistas de la empresa de las hijas de Zapatero aparentaban en sus conversaciones tener negocios entre ellos. En esos intercambios de mensajes aparece señalado de forma “velada” Zapatero, según expresión de la Fiscalía Anticorrupción. La Policía se incautó el pasado noviembre del teléfono de Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante. Allí aparecieron las alusiones a un negocio de compraventa de petróleo y a una “carta de intención” que envió una empresa china a la oficina del presidente del Gobierno. 

La Mesa del Congreso acordó este martes la suspensión temporal por un plazo de tres meses de la acreditación de prensa utilizada por el agitador ultraderechista Vito Quiles en la institución. El órgano considera probado que Quiles cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales, como revela el informe elaborado por los letrados del Congreso que adelantó elDiario.es. La decisión llega un par de semanas después de que el órgano acordase su expulsión cautelar —junto a la del también activista ultra Bertrand Ndongo— por los reiterados altercados que han provocado y, en particular, por el incremento de su agresividad en los últimos meses.

La retirada de la acreditación a Quiles es la primera sanción que recibe en firme el agitador ultraderechista, que tiene más de una decena de procedimientos abiertos por la presunta comisión de diferentes infracciones del reglamento del Congreso en los últimos meses. La Mesa ha optado por el castigo más grave de los que recoge la normativa para las infracciones graves, atendiendo, según fuentes de la Cámara, a la reiterada conflictividad de Quiles, que en las próximas semanas y meses recibirá —previsiblemente— nuevas sanciones por comportamientos ilícitos, que van desde grabar en zonas sin permiso a torpedear desarrollo de las ruedas de prensa y dificultar el trabajo de los periodistas. La imposición de varias sanciones graves en los próximos meses podría suponer la aplicación de una sanción muy grave, que está castigada incluso con la retirada indefinida de la acreditación de prensa.

El informe del letrado en base al cual la Mesa ha sancionado a Quiles considera probado que, tras un acto institucional en la sala Constitucional del Congreso, el agitador ultra utilizó un teléfono móvil y un micrófono para grabar y perseguir a Zapatero hasta el ascensor, a pesar de que las personas acreditadas como redactores no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo. Asimismo, el informe relata que una funcionaria de la Dirección de Comunicación indicó al activista minutos después de su seguimiento a Zapatero que no podía grabar imágenes y que, en caso de que lo hubiera hecho, no podía publicarlas, a lo que él respondió que solo había tomado un audio. Esa afirmación es falsa, puesto que el letrado señala que Quiles publicó esas imágenes “obtenidas ilícitamente” en su perfil de X, “y no solo eso, sino que las ha comentado y apostillado”.

Además, el informe también considera “claro” que Quiles incumplió la normativa que establece que “las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y que “los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado lo haya decidido”. Esta conducta, señala el instructor, “no está tipificada como infracción en el reglamento del Congreso”, pero sí en uno de los documentos que desarrollan la reforma del mismo que se llevó a cabo el año pasado —con el voto en contra de PP y Vox— para atajar las actividades de los agitadores de extrema derecha, y “su incumplimiento no puede ignorarse en este procedimiento”.

Ndongo, a las puertas de una sanción

Asimismo, este martes la Mesa ha concedido un último plazo de alegaciones a Bertrand Ndongo para que ofrezca sus últimas explicaciones en relación al primero de los procedimientos que tiene abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario. Fuentes de la Mesa explican que, una vez transcurrido este plazo de alegaciones —que durará 15 días—, Ndongo también recibirá una sanción firme de, presumiblemente, tres meses de retirada de su credencial de prensa.

La Mesa ha concedido este último plazo para dar explicaciones a Ndongo en atención al informe del letrado que ha instruido su caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Hasta que se tome la decisión en firme, al agitador ultraderechista se le seguirá aplicando la expulsión cautelar impuesta hace tres semanas, a diferencia de lo que ocurrirá con Quiles, al cual se le levantará esa sanción para aplicarle la expulsión en firme en cuanto esta última se le notifique oficialmente. Fuentes de la Mesa del Congreso explican que también se está barajando vetar por motivos de “seguridad” la entrada de Quiles y Ndongo en las jornadas sobre “libertad de expresión” organizadas por Vox para el próximo 1 de junio en sede parlamentaria, en las que la formación pretende congregar a representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el pasado 11 de diciembre el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Zapatero que pagó miles de euros al expresidente del Gobierno y a sus hijas por supuestos trabajos de consultoría. En la vivienda, los agentes se incautaron de 286.070 euros en efectivo y abundante documentación, entre la que destacan sus agendas. 

Unos documentos que, según la Policía, revelan su “posible intervención” en “decisiones estratégicas” como la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en el traslado a España del opositor Edmundo González. Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

La UDEF sostiene que de las anotaciones y reseñas se desprende que el papel del empresario pudiera ser el de “un representante operativo, actuando en reuniones del más alto nivel como lo que parece ser un asistente directivo de una tercera persona que ostenta la verdadera capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. 

Las agendas incluyen apuntes crípticos, en las que el empresario incluye anotaciones como “Que EG se venga” que, según la UDEF, “pudiera corresponder con la repatriación de Edmundo González a España”. En la parte superior de esa misma página puede leerse: “Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI (sic)”. La detención de dos ciudadanos españoles en una zona remota de Venezuela pero de interés geoestratégico desataron las especulaciones sobre la pertencia de los dos individuos al servicio de Inteligencia español, sin que nunca llegara a comprobarse públicamente.

En varias páginas se hace una “reflexión” fechada en mayo de 2025 sobre personas que se encuentran en prisión por asuntos políticos. Figuran nombres como Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, o el “yerno”, en referencia a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia.

En la agenda se anota “Hace mucho daño al Gobierno” y, más adelante, “salida yerno antes”, que pudiera corresponder con su “solicitud de la liberación”. La UDEF apunta que, como conclusión, Julio Martínez Martínez escribe: “Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza”.

Las anotaciones también incluyen una anotación con siglas que la Policía dice que podrían pertenecer a la líder opositora María Corina Machado. “Consulta con un equipo en Venezuela. MCM”, anotó Martínez.

Además, las agendas incautadas también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. Así, en una hoja denominada “Temas de interés” refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. En color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje (10%).

En línea con lo anterior también constan anotaciones sobre la compraventa de oro, con expresiones tales como “Bandes debe estar disimulado”. Otras hojas contienen la expresión “trading gold” acompañada de “-%- fees”, lo que los investigadores traducen como el cobro de honorarios basados en un porcentaje.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alentado de nuevo a que “el que pueda hacer, que haga” en mitad de la polémica desatada por la imputación de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. “En esta situación insostenible en España, la frase cobra más sentido que nunca”, ha defendido.

El exlíder del Partido Popular considera que “más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Las palabras de Aznar llegan una semana después de la imputación de Zapatero dentro del caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La decisión fue acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación estrechan el cerco sobre sus hijas.

El pasado martes, horas después de la imputación del ex secretario general del PSOE, Aznar aseguró no tener “nada que decir”. “Nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario”, añadió en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional. “La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto”, subrayó.

La frase “el que pueda hacer, que haga” tiene su origen en noviembre de 2023, tras el fracaso en la investidura de Alberto Núñez Feijóo y en plenas negociaciones para la votación que permitiría a Pedro Sánchez revalidar su cargo en la Presidencia tan solo unos días más tarde. Una situación “extraordinariamente grave” derivada de la amnistía de los delitos del procés, culminada en 2024.

“El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, aseguró el expresidente. “En esta situación la inhibición no tiene hueco. ¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda moverse que se mueva, cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación”, reclamó.

El expresidente 'popular' mantiene su ofensiva constante contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En 2024, hizo un llamamiento a los españoles a una “movilización” permantente contra “la coalición de ultraizquierda”. En noviembre de 2025, consideró que el motivo por el que Sánchez no adelanta eleccione eran las “cuestiones judiciales”: “No hay más razón para estar en el Gobierno que las cuestiones judiciales. ¿Y cómo se afrontan mejor las cuestiones judiciales? Parece que se afrontan mejor en el Gobierno”.

El PP presiona a Junts y PNV

El Partido Popular trata de hacer. Pero, por ahora, no hace: no prevé presentar de forma inminente una moción de censura. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova. Los de Feijóo no confían en que salga adelante y temen “regalar” un triunfo político a Sánchez. El PP pretende que sean los socios del Ejecutivo los que empujen la moción, pero Junts y PNV enfrían las opciones de apoyar un cambio en Moncloa, pese a las advertencias de Aitor Esteban.

El predecesor de Aznar, Felipe González, comparte la tesis de los 'populares': no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar sobre el caso de Plus Ultra y la imputación. En cambio, cree que “debería haber elecciones” este año, con lo que insta al Gobierno a adelantar los comicios.

Sobre Zapatero, no le ve “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a [saber] lo que es una sociedad offshore... No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...”.