La resolución que dictó el juez José Luis Calama a finales de mayo ya apuntaba a que esto acabaría ocurriendo: Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional. Constan como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL, y la UDEF considera que ese fue uno de los instrumentos utilizados para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente en el marco de la presunta trama dedicada al tráfico de influencias que lideraba el exlíder socialista.

¿Pero qué indicios hay de la presunta actividad irregular de esa empresa 'nacida' para el marketing? El informe de la UDEF que dio pie al registro de su sede asegura que Whathefav habría generado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y que, analizado su trabajo, se percataron de que no aportaban “un valor técnico especial” porque, simplemente, ponían 'bonitos' informes que les llegaban de Análisis Relevante —la consultora de Julio Martínez, amigo de su padre— y los enviaban a un listado que era facilitado y elaborado por el propio Zapatero. La nada, en opinión de la Policía.

Calama, en el auto que trascendió este jueves —un día después de que Zapatero declarara como imputado— indica que concurren “indicios racionales” de que participaron en el entramado dada “su posición orgánica” en la empresa. Recordaba que en el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la conexión deriva de la propia estructura societaria. Y es que “quien ostenta la representación formal es el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”.

La UDEF, Anticorrupción y el juez tienen sobre la mesa pagos a Whathefav SL por un valor superior a 800.000 euros. Quienes les pagaban eran Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la sociedad vinculada a los hermanos Amaro Chacón. Ambas empresas estaban vinculadas a los negocios de Zapatero, y en su declaración del pasado miércoles el expresidente no logró dar explicaciones convincentes que justificaran ya no solo qué trabajo hizo realmente él para cobrar (por ejemplo) 490.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez, sino tampoco qué función cumplían las hijas para facturar por simples trabajos de maquetación.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, Zapatero en su interrogatorio reconoció que las había “apoyado” pero defendió su trabajo y recordó que esa empresa se creó en 2019. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó.

El magistrado también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Para la UDEF, Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” en el entramado y sustenta esta aseveración en que gran parte de los fondos de la agencia acababa en cuentas bancarias personales de ambas en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura ingresó 247.191,06 euros en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba se hizo con 199.904,25 en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Otro indicio que pesa en su imputación es un clásico en los casos en los que se investiga un delito de blanqueo: las facturas genéricas. Los investigadores explican que Whathefav SL emitía sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

Las cantidades de Whathefav

Si hubiera que dibujar un circuito del dinero, habría que empezar el trazo en la empresa epicentro de la trama, Análisis Relevante, una consultora que el juez considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 entre ambas sociedades para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos.

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox.

Pero los pagos de Análisis Relevante cobran otra dimensión después de que la fiscal del caso, Elena Lorente, haya apuntado a que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de la sociedad de Julio Martínez, de los pagos procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada y que presuntamente contó con los esfuerzos y la influencia del expresidente.

A los pagos de Análisis Relevante se suman los de Inteligencia Prospectiva, otra consultora con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial, y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. En cuatro años abonó a Whathefav 561.440 euros. El juez sacó a colación esa cifra, pero Zapatero dijo que no tuvo nada que ver con eso y que sus hijas les conocían porque eran de su edad: “Ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Y ya, en otra escala, los investigadores también ponen el foco en otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

Con estos datos, las hijas de Zapatero deberán afrontar una declaración que, como ya ocurriera con su padre, será capitalizada por el juez Calama. El magistrado ya demostró ante el expresidente que no le hace falta apoyarse en la fiscal del caso para sacar adelante los interrogatorios. Está por ver si, al contrario de lo que hiciera su padre, ellas optan por la vía de declarar solo a su abogado o la de acogerse a su derecho a no responder a nadie.

elDiario.es lleva publicando desde el pasado 14 de junio varias entregas con los resultados de la encuesta de Ateneo del Dato para este diario sobre los expresidentes y la corrupción a raíz de la imputación del exjefe del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La primera entrega se centró en la percepción de los votantes ante la inédita investigación a un expresidente y reflejó que la mayoría de los votantes del PSOE quiere que Pedro Sánchez agote la legislatura a pesar de la imputación de uno de sus grandes valedores.

En la segunda entrega, publicada el día 15, se mostraron los datos sobre qué opinan los votantes de las derechas sobre una posible moción de censura contra Sánchez a raíz del estallido del caso de Zapatero y la encuesta permitió concluir que la mayoría de votantes del PP apoya esa iniciativa parlamentaria y anima a presentarla al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aunque sus electores se dividen sobre si debe negociar o no con PNV y Junts. Y este lunes, en la última entrega, se reflejó la percepción ciudadana ante la actuación de los tribunales con la conclusión de que la mayoría de los españoles cuestiona la imparcialidad de la Justicia.

Coincidiendo con esta última publicación elDiario.es y Ateneo del Dato quieren realizar un ejercicio de transparencia poniendo a disposición de los lectores todo el trabajo interno que ha permitido realizar la encuesta. A continuación, se pueden consultar tanto el cuestionario como la base de datos que utilizó la compañía demoscópica:

La encuesta se realizó entre el 9 y el 12 de junio, a través de 1.500 entrevistas. El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos. Pulsando el siguiente botón puedes descargarte los microdatos utilizados para elaborar la encuesta:

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente, compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Vox.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha abocado este sábado a Begoña Gómez a ser juzgada ante un tribunal del jurado, a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes. Peinado imputa a la esposa del presidente del Gobierno delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Si todo sigue adelante por esa vía, serán nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si se creen a las acusaciones o a las defensas. En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular son condenatorias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década, 2016, el 92,3% del total (193 de 209) fueron condenatorias.

¿Cómo se forma el jurado?

La lista de candidatos a jurado −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cada vez que hay una causa, con una antelación de un mes con respecto a la primera vista del juicio, se hace un sorteo de entre los candidatos a jurados de la lista para elegir a 36 candidatos. Hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar en un cuestionario. La Fiscalía y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario que han respondido los candidatos a jurados, podrán formular recusación por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad o incompatibilidad. Y después de esto, si todavía quedan al menos 20 ciudadanos, se procederá a otro sorteo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes.

¿Qué delitos se pueden juzgar?

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Entre estos delitos está incluida la malversación de caudales públicos, como ocurre en este caso, aunque son pocos los casos de este tipo que enjuician.

¿Se puede recusar a los miembros elegidos?

Sí. Las partes, después de formular las preguntas que quieran (y que el magistrado que preside el tribunal declare pertinentes) podrán recusar sin alegar ningún motivo determinado hasta cuatro por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas, según recoge la Ley.

¿Qué ocurre durante el juicio?

Los miembros del jurado tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes o no, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

¿Qué ocurre en los casos mediáticos?

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que la realización de llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo.

Eso no quita que, en casos como este, los ciudadanos ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento: el juez Peinado lleva más de dos años investigando a Begoña Gómez y ha cerrado la instrucción cuando quedan un par de meses para su jubilación.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

La Dirección General de la Policía Nacional ha calificado de “injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta”. En un comunicado recogido por Europa Press, la Dirección General de la Policía Nacional ha reiterado “la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio” de sus funcionarios tras las consideraciones recogidas en el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte por riesgo de fuga en la que, según el auto, podrían participar sus escoltas.

El sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte como medida cautelar.

El organismo ha recordado que los miembros de la Policía Nacional desarrollan sus funciones bajo el mandato del artículo 104.1 de la Constitución Española, que les encomienda “la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” y que ese precepto se ejerce “bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”, como indica el comunicado emitido este domingo.

“La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella”, ha afirmado el organismo, al tiempo que ha rechazado “cualquier valoración especulativa que menoscabe el crédito de la institución”.

Asimismo, la Policía Nacional ha insistido en “el compromiso inquebrantable de todos sus agentes con la legalidad constitucional y la colaboración con los tribunales de justicia”. El comunicado concluye precisando que “la defensa de la honradez y honestidad de los funcionarios policiales en el ejercicio de su profesión no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial, pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.

A raíz de este auto, el Ministerio de Interior ya elevó este sábado una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, estas “sospechas injustificadas” alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

Ante esta queja, la comisión permanente del CGPJ ha decidido convocar una reunión el lunes para decidir si abre un expediente disciplinario al juez. Estaba previsto que este domingo se votase la propuesta de Perelló de incoar expediente disciplinario al magistrado. Pero finalmente, se ha decidido aplazar la votación con el fin de posibilitar un debate previo. La nueva convocatoria tendrá lugar este lunes a las 9.00 horas.

A esta queja de Interior se suma otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que remitió el sábado al Ministerio del Interior y al CGPJ. Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la noche del sábado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que el juez Juan Carlos Peinado pudo vulnerar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en su última actuación como instructor. Antonio Camacho, el abogado de Gómez, sostiene en su escrito que tuvieron conocimiento ayer sábado de la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y de la adopción de medidas cautelares —retirada del pasaporte y dos comparecencias al mes en el juzgado— “a través de los medios de comunicación”.

“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja”, señala el escrito, “radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos”. Los medios de comunicación tuvieron acceso al auto, firmado electrónicamente por Peinado a las 11.59, en torno a las 13.00.

Esta “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial”, señala Camacho, “es contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”. La defensa de Gómez denuncia en su escrito al Consejo General del Poder Judicial una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. El artículo 24 de la Constitución protege “el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan directamente al investigado”, destaca. La apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares son resoluciones de extraordinaria trascendencia “que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes personadas y a sus defensas técnicas”. “Los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen con claridad la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento. Dicha obligación no queda condicionada al día de la semana en que se dicte la resolución, y en todo caso debería haberse procedido a su comunicación en cuanto fue dictada o en el primer momento hábil posterior”.

Además, el escrito denuncia por su “especial gravedad” la adopción, sin comunicación previa y simultánea a la defensa, de medidas cautelares “que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada”. Y es especialmente grave, según el abogado de Gómez, porque “impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”.

El hecho de que la defensa de Begoña Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señala el abogado.

El escrito de queja solicita al Consejo General del Poder Judicial que “inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa”. También solicita que se adopten las medidas oportunas “si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aplazó hasta mañana la votación sobre la propuesta de la presidenta de este órgano, Isabel Perello, para abrir expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado a raíz de la queja presentada por el ministerio del Interior. Peinado justificó su decisión de retirada del pasaporte de Begoña Gómez en la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga. La defensa de Begoña Gómez espera que su escrito de queja contra Peinado por supuesta vulneración de su derecho de defensa también se trate en la reunión de los vocales que integran la comisión permanente del Poder Judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este domingo de urgencia para convocar otra reunión el lunes y decidir si abre un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado tras el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. La convocatoria de este domingo se ha producido después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase el sábado a última hora de la tarde la “más enérgica queja” al CGPJ y solicitase la adopción de “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

Estaba previsto que en la convocatoria de este domingo, que comenzó a las 10.00, se votase la propuesta de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, de incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial. Pero finalmente la presidenta del Poder Judicial decidió aplazar la votación con el fin de posibilitar un debate previo. La nueva convocatoria tendrá lugar este lunes a las 9.00 horas.

El sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se suma otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió el sábado al Ministerio del Interior y al CGPJ. Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

En un comunicado difundido este domingo, el SUP considera “profundamente injusto” que Peinado “proyecte sospechas sobre funcionarios policiales”, después de que, en el auto, apuntase que los escoltas de Gómez podrían colaborar con una eventual fuga de la esposa del presidente del Gobierno.

El SUP envió la queja a las 20:16 horas del sábado. Para este sindicato policial, “la coincidencia en la preocupación expresada desde distintos ámbitos institucionales” pone de manifiesto que no se trata de “una cuestión corporativa o sindical, sino ante la necesidad de preservar el prestigio, la credibilidad y la confianza pública en una institución esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho”.

“No habrá coalición. Es un compromiso”. Así se pronunció el pasado 7 de julio el entonces recién elegido secretario general del PP, Miguel Tellado, un día después del “histórico discurso” en el que su jefe, Alberto Núñez Feijóo, expuso su plan para gobernar España en solitario, sin compartir la mesa del Consejo de Ministros con Vox. Una estrategia que apenas duró seis meses y que el líder de la oposición ha liquidado públicamente antes de un año. Esta semana, en ‘prime time’, Feijóo asumió que hará lo que sea para gobernar tras las próximas elecciones. Incluido dar cabida en el Gobierno de España a la ultraderecha por primera vez en décadas.

“Solo hay dos opciones” tras las próximas elecciones, dijo Feijóo un día antes, en la clausura del congreso del PP que le reeligió como presidente. El líder de la derecha planteó un plebiscito: “O Sánchez o yo, no hay más”. “Y yo quiero un Gobierno en solitario”, añadió. El líder del PP aseguró que, para hacerlo, buscará “alianzas en el Congreso”. ¿Y con quién? También lo dejó claro: “No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”.

“El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado”, añadió Feijóo, que zanjó: “Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”.

Los escribas de Feijóo estaban contentos. Las palabras de Feijóo fueron calculadamente ambiguas. Sus lugartenientes remacharon después aquello que su jefe de filas prefirió no explicitar.

Primero lo hizo Tellado, con esa frase de “no habrá coalición” que pronunció en conversación con los periodistas. Tanto él como el director de Comunicación del partido dieron su visto bueno a publicar la rotunda afirmación.

Un día después, Tellado habló en los micrófonos de Onda Cero, donde aseguró: “Acuerdos con Vox, sí; pero Vox en el Gobierno, no”. Por si quedaban dudas, remachó: “El compromiso del PP es un Gobierno en solitario, único y unido”.

El martes, 8 de julio, fue la también recién estrenada portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien ratificó lo dicho por Tellado. “Nos comprometemos a que no habrá un Gobierno del PP con ministros del PSOE, como dice Vox; y no habrá un Gobierno del PP con ministros de Vox, como dice la izquierda”, aseguró en su primera rueda de prensa como jefa del grupo parlamentario.

El refrendo a la estrategia llegó de uno de los principales barones autonómicos del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró durante un acto informativo celebrado en Madrid: “Nosotros tenemos que gobernar en solitario. No creo que el señor Abascal, sabiendo la necesidad que hay de cambio, se atreva a no investir a Feijóo habiendo ganado las elecciones. Sería un suicidio político en prime time. Yo conozco a Santiago, y de política entiende. Estoy convencido de que favorecerá la investidura. Tiene que favorecerla porque, si no, se suicidará políticamente”.

Feijóo asume gobiernos autonómicos “proporcionales”

Vox y el PP pasaban por aquel entonces una de sus peores etapas en su fluctuante relación. Un año antes, en el verano de 2024, los ultras habían abandonado en bloque los gobiernos autonómicos que compartían. Un giro estratégico que no fue entendido en Génova, donde aplaudieron a rabiar el movimiento, pero que salvó electoralmente a los de Santiago Abascal.

En 2025 la euforia se había apoderado de un PP convencido de poder derribar al Gobierno de Pedro Sánchez y de estar al borde de un resultado electoral que le permitiría alcanzar, a la segunda, el Palacio de La Moncloa. Como en 2023, en la sede nacional echaban cuentas y los números les daban por encima de los 160 diputados. Con ese resultado, decían, era imposible que Vox se pusiera exigente.

Pero los números decían otras cosas. Por ejemplo, que Abascal acechaba a Feijóo en valoración ciudadana. La clave fue (y es) el discurso antimigratorio. Desde que salió de los gobiernos autonómicos, Vox imitó a otros partidos ultras de Europa y centró su discurso en el señalamiento a las personas migrantes. Una deriva xenófoba y racista que culpa de todos los males a los extranjeros, especialmente a los pobres, y que le está reportando beneficios electorales.

La primera grieta en la estrategia del PP llegó ese mismo verano. Un brote xenófobo en Torre Pacheco (Murcia) provocó disturbios y la caza de personas migrantes por parte de ultraderechistas llegados de toda España en una acción coordinada.

El pretendido discurso emancipador de Feijóo hizo aguas y cerró el mes de julio con un alegato que hubiera firmado Abascal: “Los españoles no se sienten seguros ni en su casa”. En esas circunstancias, el PP decidió forzar un miniciclo electoral autonómico para mostrar a toda España que podían ganar de forma tan holgada que Vox solo podría dejarles gobernar en solitario.

La primera cita en las urnas fue un jarro de agua fría. María Guardiola logró un muy buen resultado en Extremadura, pero Vox aumentó mucho su representación. Lo suficiente como para poder exigir cargos y políticas. Ante la plana mayor del PP, la Junta Directiva Nacional, Feijóo cedió y asumió “gobiernos proporcionales” con Vox. Eso sí, a nivel autonómico. De momento. Por delante quedaban las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía.

“Prioridad nacional”, la gran cesión

El partido de Santiago Abascal es una escisión del PP por la derecha fundada por algunos de sus exdirigentes o protegidos, y desde el equipo de Feijóo les acusan de haberle impedido alcanzar la Moncloa en las elecciones de julio de 2023 por sus imposiciones en gobiernos autonómicos y municipales.

Tres años después, Vox volvió a demostrar que su pericia negociadora es mayor. O que su miedo a no alcanzar acuerdos es menor. Sea como fuere, en plena gymkana electoral a principios de este año logró que el PP aceptara la gran cesión a la ultraderecha: la “prioridad nacional”.

Un concepto vacío y sin una traslación legal concreta que la mayoría social ha traducido como un “los españoles primero” que hace furor en redes sociales. Tras Guardiola, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León asumieron también esa “prioridad nacional” así como gobiernos de coalición.

La última esperanza de Feijóo estaba en Andalucía donde, pese al ambiente de mayoría absolutísima que quiso transmitir el aparato del PP, Moreno perdió el control total del Parlamento andaluz. Se quedó cerca, y aún aspira a gobernar en solitario. Vox juega al despiste y no ha deshojado la margarita. Pero todo apunta a que sí tendrá que asumir esa “prioridad nacional” que despreció duramente en campaña.

Y así llegó la esperada participación de Feijóo en ‘El Hormiguero’. Una hora larga de entrevista que el líder del PP preparó con sus asesores durante todo el día. En uno de los programas más vistos de la televisión y sin que se hubiera todavía cumplido un año de su discurso de entronización al frente del partido, Feijóo claudicó: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos”.

El líder del PP planteó, eso sí, unas “líneas rojas” que llegan además en plena negociación en Andalucía, por lo que afectan directamente a la negociación de Moreno. Estas son, según sus palabras, el “respeto a la Constitución”, el “respeto a la España de las Autonomías” y el “respeto a las políticas de igualdad, de género y políticas LGTBI”.

Dos días después, en Bruselas completó su giro. El suyo, dijo, “tiene que ser un Gobierno apoyado mayoritariamente por los ciudadanos, con una representación en el Congreso y el Senado muy sólida para tener un Gobierno fuerte que dependa exclusivamente de las urnas”. “Este es mi plan”, apuntó, para concluir: “Haré lo que los españoles me mandan. Si me mandan gobernar en solitario, lo pediré hasta el último minuto de la campaña. Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, asumiré el mandato de los españoles y daré estabilidad a la gobernabilidad”.

La reacción desde Vox no se hizo esperar. Dos de sus interlocutores con el PP en las negociaciones autonómicas, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, comparecieron ante los medios en el Congreso para advertir a Feijóo de que no puede “volver a 2023” y “vender la piel del oso antes de haberlo cazado”.

“No hemos ganado las elecciones todavía, y parece que ya se están repartiendo los ministerios”, dijeron. Y advirtieron: “Plantear líneas rojas, verdes o azules a estas alturas de la película es una tontería. No estamos en el momento, ni siquiera cerca, de formar gobierno”.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

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La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” después de que el juez Juan Carlos Peinado asegurase en su auto que los escoltas podrían “facilitar” la fuga de Begoña Gómez. El ministro Marlaska pone los hechos en conocimiento de Perelló para que adopte “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

El juez Peinado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

A todo ello el instructor le suma que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez “es algo efímero y, por tanto, transitorio” y esa protección de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado puede desaparecer en algún momento, “lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”.

Para el ministro del Interior, esas afirmaciones “representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Marlaska califica las sospechas de “injustificadas” y lamenta que afectan, además de a los agentes concretos, también a sus superiores jerárquicos, a quienes Peinado atribuye la posibilidad de que dicten “órdenes ilegales”.

Las palabras del instructor han provocado las quejas de los sindicatos policiales. Varias asociaciones lo han calificado de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. “Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales. Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, ha respondido el sindicato mayoritario, Jupol.

Más allá de esas palabras concretas, desde Moncloa ven una “persecución” en toda la instrucción del magistrado —que ha sufrido varios reveses de la Audiencia Provincial de Madrid a lo largo de estos dos años— y le acusan de emprender unas pesquisas “que sólo atienden a motivos políticos”. El PSOE ha emitido un comunicado para lamentar que se juegue “con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”. “Es una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña Gómez, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia”, sostienen.

Varias asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional han cargado este sábado contra el último auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez calificándolo de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. El magistrado argumenta en el texto que el hecho de que la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse.

Ante esto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha calificado de “auténtica barbaridad” esta hipótesis que hace el juez Peinado, ya que defiende que los profesionales que integran la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley”. “Garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”, han afirmado.

Además, ha señalado que poner en duda su actuación “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. Por ello, Jupol ha exigido una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, aseguran en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, también ha expresado su “absoluto rechazo” a cualquier manifestación que pueda poner en duda “la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades”. “Resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”, ha afirmado en un comunicado.

Además, el SUP también ha recordado que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley” ni están obligados a cumplir “órdenes manifiestamente ilegales”. Desde el sindicato han señalado que el “prestigio” de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales y que esa confianza “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas” que “proyecten” sobre los agentes “una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha criticado las hipotesis del juez Peinado y ha dicho que “ni ha ocurrido ni va a ocurrir” que “un solo policía pueda ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de la Justicia” ya sea “por voluntad propia ni cumpliendo órdenes (que serían ilegales)”. “Al revés: de saberlo, detenida y a disposición judicial”, han añadido en un tuit en el que comparten el fragmento del auto del magistrado.

Para la CEP, estas palabras del juez Peinado son “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable contra decenas de miles de profesionales”. “Suéltenos el brazo, señoría, y cobíjese en otra parte para armar sus resoluciones. Que aquí solo tenemos un Norte: cumplir y hacer cumplir la ley”, han apuntado.

La Unión Federal de Policía (UFP) también ha criticado esta afirmación de Peinado, que han calificado como “una salvajada fuera de lugar” que se impute un posible delito a “policías que precisamente se dedican a la prevención delictiva”. “Es un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública”, ha añadido este sindicato.

Además, a través de un mensaje en sus redes sociales, también ha apuntado que esta argumentación “carece de toda fundamentación”, ya que “la misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce”.

Ya a última hora de la tarde, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expresado su “más absoluto rechazo” al auto del juez en el que “cuestiona la integridad” de los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez, y ha exigido que dicha resolución “se elimine o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia”.

En un comunicado, el sindicato ha defendido que los funcionarios afectados “pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado”, y ha considerado que poner en duda su integridad “supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

El SRP ha recordado además que “las órdenes ilegales quedaron abolidas en España desde 1995” y que los policías “no son moneda de cambio” ni “se deben a políticas de ningún partido”, sino que actúan “con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad”.

“Señalamientos carentes de fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía”, ha advertido el sindicato al tiempo que ha reclamado que “cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional”. El comunicado concluye pidiendo que no se dude de los agentes encargados de la protección de Gómez y de que el SRP “seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece”.

Lo que dice Peinado en su auto

En su auto, Peinado apunta que “no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Begoña Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

Peinado ordena en este auto mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Dentro de las medidas preliminares que le impone se incluye retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días. Esta comparecencia no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. A Juan Carlos Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Desde Moncloa, afirman que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”.

Begoña Gómez presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado a la hora de enviarla a juicio por cuatro delitos, entre las que figura la retirada de su pasaporte, según han informado fuentes de su entorno a EFE. En el auto de apertura de juicio, difundido este sábado, el magistrado también impone como medidas cautelares a la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación a comparecer ante el juzgado quincenalmente. Esta comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

Todas estas medidas, agregan las mencionadas fuentes, serán recurridas por la defensa de Gómez, aunque la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse.

El magistrado ha tomado la decisión después de que durante la vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. Una argumentación que ya ha provocado que varios sindicatos policiales como Jupol o SUP lo hayan criticado y lo hayan considerado una “auténtica barbaridad”.

Peinado ha enviado a un juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos. Además, también irá a juicio el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Desde Moncloa, afirman que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado acepta la petición de la acusación popular de HazteOir y considera justificadas las medidas cautelares por la “gravedad de la pena” que se le solicita a la esposa del presidente por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

Entretanto, no han dejado de llegar reacciones al asunto. Moncloa afirma que la decisión de Peinado contra Begoña Gómez “constata la obsesión” de un juez que “solo atiende a motivos políticos”, mientras que desde el Partido Popular su secretario general Miguel Tellado pide abiertamente elecciones anticipadas. Entre los ministros socialistas en el Ejecutivo, la mayoría ha acudido a las redes sociales para defender a Begoña Gómez.

Moncloa ha afirmado este sábado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. Además de mandarla a juicio con un tribunal del jurado, Peinado ha ordenado que se le retire el pasaporte y la obligará a ir periódicamente a firmar a Plaza de Castilla.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el auto de “ignominia”. “Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ”, ha criticado. Se refiere a un fragmento del auto en el que Peinado asegura que los escoltas de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores” colaborar en “facilitar la fuga” que haga imposible “que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Fuentes del Gobierno apuntan a la existencia de “vínculos” del juez y su familia con Ayuso: “Es todo lo mismo. Casado, el fiscal general... todo para tapar la corrupción de Ayuso”, aseguran. Desde el PSOE, además, remarcan que “Begoña Gómez es inocente” y critican que “algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran y han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Para los socialistas la decisión conocida este sábado “es un paso más en esa estrategia”. “Las medidas cautelares adoptadas son desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar después de dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno”, sentencian. Fuentes de Ferraz consideran, de hecho, que las medidas “llegan dos años después de una persecución injusta contra una persona inocente. Dos años en los que se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”. Se trata, añaden esas fuentes de “una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia”.

El juez ha mantenido la tensión durante toda la semana. La vista para decidir sobre las cautelares tuvo lugar este lunes y este viernes Peinado abrió una segunda pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés, sembrando la confusión durante unas horas al emitir una providencia en la que salían los participantes de la investigación principal, sin aclarar a quién achacaba concretamente los nuevos delitos. Luego tuvo que aclararse a sí mismo para explicar que afectaba únicamente a Barrabés. El auto de apertura de juicio oral, de más de 80 páginas, ha llegado finalmente este sábado.

La decisión contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

La causa llegará a juicio dos años y medio después de que Peinado arrancase las pesquisas. En este camino, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado parte de la investigación, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. 

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

“En esta casa (la Audiencia Nacional) estamos todos los días con temas en los que una de las fuentes de fraude son los contratos vacíos de contenido que luego son una pantalla, se usa mucho a nivel tributario”. No había pasado ni media hora desde que el juez José Luis Calama iniciara su interrogatorio al expresidente José Luis Zapatero y ya le dejaba claro que su comparecencia no iba a ser fácil. Quien fuera líder socialista está imputado ante ese tribunal especial por liderar presuntamente un entramado orientado al tráfico de influencias, y los investigadores sospechan que el canal (o uno de ellos) para cobrar comisiones ilegales era la consultora Análisis Relevante.

Zapatero le había contado al juez que su relación con Julio Martínez había nacido en 2011 y que se había consolidado gracias a una afición común: hacer running por El Pardo. Ya en 2020, su amigo le propuso que trabajara para su compañía recién creada, Análisis Relevante, como consultor. Y él aceptó, pero no firmaron ningún contrato. Calama volvió y volvió sobre esa 'génesis', el pecado original de la relación laboral de dos amigos.

“Lo de no firmar contrato no es normal, en mi opinión, y normalmente en la de la Agencia Tributaria”, le dijo a Zapatero Calama, que le recordó desde un inicio que estaba sentado frente a él porque los investigadores sospechaban que había sido receptor de cantidades canalizadas a través de esa consultora a cambio de ejercer una influencia para que, entre otras cosas, Plus Ultra fuera receptora de un rescate público en 2021.

El juez puso sus cartas sobre la mesa desde el inicio: quería muestras de que realmente había hecho labores de consultor y pedía papeles, mails, informes concretos a clientes con nombre y apellido. Y Zapatero no le pudo satisfacer. “Al tema este formal yo le doy mucha importancia porque además son parámetros que maneja de manera similar la Agencia Tributaria para ver la realidad de los trabajos de consultoría”, insistía el magistrado ante un expresidente que se esforzaba por transmitir que no siempre tiene que haber un registro documental, que los encargos los recibía “verbalmente”, y que no usaba nunca el mail porque para eso estaba su secretaria, Gertrudis Alcázar.

“Es como funcionan buena parte de las consultoras por mi experiencia”, le dijo a un juez que estaba en el 'no'. “Normalmente en el contrato se determinan los honorarios, (…) hay trazabilidad hasta que se recibe informe del consultor. No soy mucho de dar 'bolos' pero desde inicio te dicen lo que se va a cobrar”, le respondió Calama.

Zapatero dijo que su comunicación con Julio Martínez era verbal y “marcada por la confianza” y que desconocía el tipo de relación contractual de Análisis Relevante con los clientes. También explicó que sus trabajos de consultoría consistían en la realización de informes, reuniones, viajes y asesoramiento que facturaba como autónomo: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes”, argumentó. Pero Calama quería saber si habían cerrado precio por su labor desde un inicio: “No, no, hay un acuerdo de que año a año se remitiría una cantidad anual global en torno a los 90.000 euros a partir de 2020-21”.

Preguntado por esas dudas contractuales del juez, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a elDiario.es que, de cara al Código Civil, tienen la misma validez un contrato escrito que otro verbal. “Es perfectamente entendible que sean contrataciones verbales porque Rodríguez Zapatero no tiene una consultora abierta para personas extrañas que vienen a pedirle cosas, sino que hay una relación de confianza donde ninguna de las partes se ata con un contrato escrito, pero las cosas se han hablado: qué importe se va a cobrar por los servicios y el trabajo que quiere que se haga”, valora, en conversación con este periódico.

En ese sentido, lo que sí podría pedir el juez es “una transcripción de los términos” de ese contrato verbal, para hacer las comprobaciones oportunas en el caso de que sospechara que las facturas presentadas estuvieran falseadas, bien en cuanto a importes, fechas o su contenido. “Lo que él habla es de su experiencia, me imagino que profesional en el ejercicio de su función de juez, que tiene muchas incompatibilidades. Pero cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, igual que el juez, sabe que los contratos pueden ser verbales o escritos”, opina Mollinedo.

El consultor principal o el único

Avanzaba el interrogatorio y Calama hacía recopilación de lo que estaba escuchando por voz del expresidente: no había contrato por escrito para los trabajos de Zapatero para Análisis Relevante, los encargos de Julio Martínez eran de viva voz, quien se lleva “la parte de león” en cuanto a los cobros era el expresidente y sus hijas, y parecía el único consultor de la compañía. A eso sumaba que los informes que preparó eran “genéricos” y que tenían por objetivo, entre otras cosas, “promocionar” la marca Análisis Relevante como consultora experta entre gente tan variopinta como filósofos o responsables de delegaciones extranjeras en España.

Así, el juez, en momento dado, le dijo a las claras a Zapatero que todo parecía indicar que esa empresa había sido creada para que él fuera consultor. Pero Zapatero negaba la mayor, su amigo “es empresario” y es quien se lo propone. Y añadía que en esa compañía “por supuesto que ha habido” otras personas en esas mismas tareas, aunque reconocía que él había sido “el principal”. Pero Calama volvía a exponerle que su tesis era que Análisis Relevante “se utilizó para canalizar comisiones por tráfico de influencias en los que él pudo haber intervenido”. “El dinero que entra en Análisis Relevante va a usted y a sus hijas, ¿lo ha visto?”, le llegó a indicar, para luego en otro momento deslizar que sin su labor esa compañía habría podido quebrar.

Zapatero, que negó por activa y por pasiva cualquier irregularidad (“no he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”), le explicó que si había cobrado casi medio millón de esa consultora en cuatro años era por el “trabajo intenso desarrollado” y que tenía “derecho a percibir” esos honorarios.

Pero el juez quería 'papeles', una “huella documental”, y Zapatero poco a poco perdía la paciencia: “Ya le he explicado que la relación era de quedar para reuniones, tengo la huella de las reuniones, puedo aproximar el contenido de las mismas, tengo los viajes, las fechas, lo que es una actividad de consultoría”. Calama le decía que no le valía que le contara su agenda: “Por hacer flashback no tenemos ni contratos escritos, ni hojas de encargo escritas, ni trasiego de correos electrónicos”.

Zapatero llegó a decirle que ha tenido consultorías “que consistían en un almuerzo al mes”, y que eso lo sabe “quien está en el sector y ve cómo funciona con muchos exmandatarios, expresidentes, diplomáticos y exgenerales”.

Whathefav, la propuesta de Zapatero

Otro asunto en el que no se pusieron de acuerdo fue en el papel de Whathefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según el juez, la empresa de ambas habría sido otra de las vías para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero. La UDEF cree que en realidad en esa empresa no se hacía ningún trabajo de valor.

Zapatero concedió que fue él quien le propuso a Julio Martínez que fuera la empresa de sus hijas la que prestara “una colaboración formal con Análisis Relevante” para realizar trabajos que incluirían labores de marketing, comunicación digital y apoyo. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son -sus hijas- nunca contrataron con la Administración Pública”, dijo.

Las explicaciones no bastaron. Un día después, Calama acordó que las hijas debían constar como investigadas en la causa al entender que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En cuanto a esa última sociedad, Inteligencia Prospectiva, el juez se interesó por los flujos dinerarios que destinó esa compañía de los hermanos Amaro Chacón hacia el entorno del expresidente. Calama puso el foco en que le parecía extraño que esa sociedad no tuviera sede y, por tanto, no se explicaba qué tipo de informes podía hacer él para esa compañía.

Zapatero explicó que dado que esa familia de origen venezolano tiene un grupo empresarial muy importante, Inteligencia Prospectiva era una suerte de “apoyo” para sus intereses. Comentó que él llevó a cabo “una intensa tarea de consultoría” con ellos para orientar en la vertiente política y económica. “Obviamente, el conocimiento que les aportaba podía servir”, indicó. Calama, una vez más, mostró sus dudas: “Pero es una sociedad rara, ¿no?, ha desaparecido”.

Pero Calama regresó a la tesis de los investigadores y le citó los pagos de Inteligencia Prospectiva hacia Whathefav, y él dijo que no tuvo nada que ver con eso, que sus hijas les conocían porque eran de su edad y “ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Sí que explicó que los hermanos Amaro Chacón conocían que él participaba con Análisis Relevante y que por eso, posiblemente, contrataron con esa consultora. Con todo, se desvinculó de cualquier negocio relacionado con el petróleo en el que estuviera implicada esa familia y una empresa china.

La causa que el juez Juan Carlos Peinado impulsa desde hace más de dos años contra Begoña Gómez se mantiene en tensión a la espera de una decisión clave del magistrado: si abre juicio oral contra ella y si le impone algún tipo de medida cautelar. El juez deshoja desde hace días la margarita después de que las acusaciones populares de corte ultra solicitaran que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o que le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Mientras tanto, y después de tener que aclarar su propia providencia, el magistrado abre una nueva investigación al empresario Juan Carlos Barrabés después de meses de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para un trámite que se ha visto obligado a repetir: la comparecencia previa a enviar su caso a un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid reprochó al magistrado el pasado mes de febrero que hubiera enviado a Begoña Gómez a juicio sin hacer ni siquiera una lista de los indicios que empujaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado en dejar todo en manos de un tribunal compuesto por ciudadanos, a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

Gómez acudió a una comparecencia a la que los imputados no suelen estar obligados a ir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de ser detenida si no acudía por su propio pie. Allí su abogado, Antonio Camacho, acusó directamente al juez de impulsar un “procedimiento fantasma” para “erosionar” al Gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, capitaneadas por el grupo ultracatólico HazteOir, hicieron la petición que el magistrado aún no ha contestado: retirar el pasaporte a Gómez, limitando de forma efectiva su movilidad internacional, y obligar a la esposa del presidente del Gobierno a fichar cada 15 días en los juzgados.

El magistrado mantiene la incógnita sobre si impondrá cautelares a Begoña Gómez después de haberlo rechazado en diversas ocasiones y después de que la esposa del presidente del Gobierno, como el resto de acusados, haya acudido a todas las citaciones judiciales. Por el camino sí ha tenido tiempo de anunciar la apertura de una nueva pieza separada del caso por un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte una empresa de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados del caso. Peinado necesitó una segunda providencia para aclarar que esa parte del proceso, llegado desde la Fiscalía Europea, se dirige solo contra Barrabés y no contra Begoña Gómez, que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso según se desprende de la documentación.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés— quedará ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Peinado. 

En los casi dos años y medio que ha durado la investigación, este tribunal ha avalado parte de sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, le advirtieron ya entonces los magistrados. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular.

De Barrabés a su asistente en Moncloa

Las diligencias arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en un bulo y diversas informaciones de prensa sobre Begoña Gómez. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional. Desde sus másters y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera siquiera alto cargo del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de Gómez.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos másters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El caso ha llegado a las puertas del tribunal del jurado –a la espera de lo que tenga que decir la Audiencia Provincial– con tres líneas de investigación abiertas. Una se centra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las “cartas de apoyo” de Begoña Gómez. Misivas vendidas por Manos Limpias en su denuncia inicial como una presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para que Barrabés consiguiera jugosos contratos públicos y que resultaron ser idénticas a las firmadas por 32 personas más, entre otras la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Peinado considera que Begoña Gómez usó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional y pone como ejemplo su labor en la Complutense, que llevaba en marcha desde 2012 y por la que cobró 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros por año. También entiende que, como parte de este plan, Begoña Gómez usó a su amiga y asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos privados como las gestiones de su trabajo en la UCM. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa. En paralelo, Peinado también acusa a Begoña Gómez de apropiarse de manera ilegal de un software que diversas empresas crearon para su cátedra extraordinaria.