Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

A diferencia de lo que solemos asumir en Occidente, el sistema político chino cuenta con ocho partidos legales minoritarios que cooperan con el régimen bajo la dirección –y subordinación– del Partido Comunista de China (PCCh). Uno de ellos es el Liga Democrática de China, al que pertenece Jia Qingguo. Este partido enfoca su agenda principalmente en el desarrollo cultural, científico y educativo de la nación. Su base de afiliados (más de 340.000 miembros) está compuesta por académicos de alto nivel, científicos y educadores. Su propuesta principal es canalizar el conocimiento técnico y académico de este sector hacia la toma de decisiones del Estado.

Jia Qingguo (Wuzhi, Henan, 1956) es una figura destacada dentro de la Liga Democrática y, a través de esta afiliación, ocupa su influyente escaño en el Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). No es un parlamento con poder legislativo, pero sí el máximo órgano consultivo y de asesoramiento político del país. Este experto en relaciones internacionales es reconocido por haber sido el decano de la prestigiosa Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín.

En esta entrevista que concede a elDiario.es tras su participación en la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona en un debate sobre la reconfiguración del orden internacional, no rehúye a cuestiones políticas, sí bien el diálogo gira principalmente en torno a cuestiones económicas. Pero reconoce las “violaciones de derechos humanos” en Xinjiang, “que China debería aprender a evitar”, y no le duelen prendas en señalar a Estados Unidos y a la UE por no reconocer el “genocidio del Gobierno de Israel en Gaza” ni en admitir que la estrecha colaboración de China con Rusia “tiene mucho que ver EEUU”.

Europa se siente cada vez más atrapada entre Washington y Pekín. ¿Cómo cree que debería posicionarse la Unión Europea en este nuevo panorama internacional?

Europa debería desarrollar sus propias políticas en función de sus intereses y valores. Y sus intereses exigen que Europa continúe con las relaciones comerciales y económicas. Es la manera que tiene de aprovechar la ventaja comparativa en el comercio y de hacer a Europa más próspera. Europa puede vender su tecnología a China, pero también aprender y comprar tecnología de China. Debe ser un proceso bidireccional. Aprovechar la oportunidad para Europa es una decisión que los europeos tienen que tomar, pero no hay que desperdiciar esta oportunidad por la presión de EEUU.

La Comisión Europea sostiene que la actual relación comercial y de inversión con China no es sostenible. ¿Cree que Bruselas exagera?

No sé por qué dice que no es sostenible, se ha sostenido durante mucho tiempo. Comenzó cuando China era bastante débil, cuando las empresas chinas eran muy pequeñas y también atrasadas. China no la detuvo y se ha beneficiado del proceso. Las empresas chinas se han ido haciendo más grandes con el tiempo, más fuertes y más competitivas. Si las empresas chinas pudieron hacerlo cuando la situación estaba en contra de China, ¿por qué no pueden hacerlo las empresas europeas cuando están en una mejor posición que la que tenían las empresas chinas en el pasado? Decir que la relación económica no es sostenible demuestra que algunas personas no tienen confianza en las empresas europeas. En otras palabras, creen que no pueden aprender, adaptarse, ni que pueden tener éxito en el comercio y en la inversión con China.

¿Los productos Huawei no son seguros? Los teléfonos de Apple tienen vulnerabilidades demostradas por la propia inteligencia de EEUU. Es una decisión política, no de seguridad

Desde Europa se percibe una contradicción: China defiende la globalización y el libre comercio mientras mantiene importantes barreras en sectores estratégicos.

Las barreras comerciales y los aranceles de China han bajado a lo largo de los años. China tiene un acuerdo de libre comercio con los países de la ASEAN y ambas partes se han beneficiado de ello. ¿Por qué no pueden hacerlo China y Europa? Están obstaculizando su propio progreso en términos de desarrollo tecnológico. Uno de los problemas con Europa es que se preocupa mucho por la influencia estadounidense. Por ejemplo, EEUU dijo que los productos de Huawei no eran seguros. Tanto el Gobierno británico como el alemán realizaron todo tipo de pruebas en los laboratorios y no encontraron nada, y aun así siguieron su consejo. Usted habla de vulnerabilidades: el teléfono de Apple también las tiene. Hay evidencias proporcionadas de que la inteligencia de EEUU intervenía en los teléfonos de los líderes europeos. Pero en el caso de Huawei, después de tantas pruebas, todavía no confían en sus productos. Es una decisión política, no de seguridad.

China lidera la transición hacia el vehículo eléctrico, mientras Europa teme perder parte de su capacidad industrial. Los fabricantes europeos denuncian que las ayudas públicas han permitido a las empresas chinas construir una ventaja competitiva difícil de igualar.

Creo que tanto China como Europa subvencionan a sus empresas. El argumento de que las empresas chinas se han vuelto más competitivas gracias a las subvenciones es exagerado: son competitivas en general, no solo en un sector o producto. Si el Gobierno chino proporcionase subvenciones a todas las empresas para hacerlas competitivas en el mercado mundial, quebraría. El verdadero secreto es que están sometidas a mucha presión. En un inicio, había docenas de empresas de vehículos eléctricos en China enfrascadas en una competencia feroz. Todas perdían dinero, a pesar de las subvenciones. Entonces el Gobierno chino, por si no fuera suficiente, introdujo Tesla en China. Se construyó una fábrica en Shanghái enorme, lo que puso aún más nerviosas a las empresas chinas. Al final quedaron las más fuertes, como BYD o Geely. Las que intentaron mejorar y fueron capaces de ofrecer productos de mayor calidad a un precio menor. Esa es probablemente la razón por la que algunas empresas tuvieron éxito y otras quebraron.

El vicepresidente y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de dialogar con China “de igual a igual”. ¿Qué significa para usted una relación entre iguales entre Europa y China?

Durante mucho tiempo, el Gobierno ha defendido establecer una relación de igualdad y respeto mutuo hacia los países occidentales, en general, y con Europa en particular. Para China no hay ningún problema, la cuestión es cómo llevarlo a la práctica. Me pregunto, por ejemplo, ¿seríamos capaces de mantener una conversación real sobre cómo abordar cuestiones de derechos humanos o recurriríamos a la “diplomacia del megáfono” para decirlo a gritos sin llegar a un acuerdo? Creo que China, probablemente, prefiera el primer enfoque. Todos tenemos nuestras preocupaciones sobre los derechos humanos y todos podemos mejorar en esa materia. Así que es mejor que sentarnos tranquilamente a dialogar para compartir nuestras experiencias y que aprendamos mutuamente.

¿Qué otros errores está cometiendo Europa en su análisis de China?

Sobre todo en cuanto a la lectura que hay sobre su situación en materia de derechos humanos. Las decisiones de la UE en los últimos años respecto a China han estado muy condicionadas. Europa depende mucho de EEUU y le interesa mantener esa buena relación. A veces, hasta el punto de perjudicar sus propios intereses. Un ejemplo es el caso de Xinjiang. Los europeos aceptaron la narrativa estadounidense de que lo que ocurrió fue un genocidio. Para nosotros, en cambio, fue una gran campaña antiterrorista. Muchas personas fueron asesinadas y China tenía que responder. Es cierto que para combatir el terrorismo se tomaron decisiones que violaron derechos humanos. Pero si se mira el resultado final, Xinjiang se está convirtiendo en un lugar mejor y más seguro. De los medios para lograrlo hay que aprender para evitar llegar a esos extremos. Pero considerarlo un genocidio es demasiado. Un genocidio es lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza. Eso es un genocidio y, sin embargo, ni el Gobierno estadounidense ni la UE lo nombran como tal.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las grandes prioridades del liderazgo chino en los últimos años. ¿Qué balance hace de esos esfuerzos y cuáles son los principales desafíos pendientes para fortalecer las instituciones y la confianza ciudadana?

China ha estado librando una guerra contra la corrupción y hemos derribado a muchos funcionarios que malversaron dinero público. Creo que eso muestra la determinación del Partido Comunista Chino por hacer que el Gobierno sea honesto. Pero todavía queda mucho por hacer. La pregunta de cómo hacer que el sistema sea limpio y eficiente sigue sin ser respondida completamente. Pero al menos ahora los funcionarios acatan más las normas que en ningún otro momento de la historia china. En otras palabras, ahora operan dentro de las reglas, aunque siga habiendo corrupción.

China entiende las razones de Rusia: la expansión hacia el este de la OTAN ejerció una enorme presión (...), pero China no ha respaldado las operaciones militares especiales de Rusia, en Ucrania: viola el derecho internacional

China ha evitado condenar la invasión rusa de Ucrania y mantiene una estrecha relación con Vladímir Putin. ¿Dónde sitúa Pekín los límites de esa asociación? ¿Existe algún escenario en el que China pudiera distanciarse de Rusia?

Es cierto que la relación política de China con Rusia es bastante buena. Pero eso no significa que China respalde las operaciones militares especiales de Rusia, como ellos las llaman, en Ucrania. La razón es sencilla: es una violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Pero China también entiende las razones de Rusia: la expansión hacia el este de la OTAN ejerció una enorme presión sobre su país, y Ucrania era parte de la Unión Soviética. Estas dos cosas fueron las que probablemente llevaron al presidente Putin a tomar una decisión. Pero China nunca ha respaldado las operaciones militares de Rusia en Ucrania, en su lugar adoptó una política de neutralidad. China se ha abstenido incluso de vender armas a Rusia para apoyar sus operaciones militares. Esperamos que los dos países puedan alcanzar un alto el fuego lo antes posible y que puedan abordar sus diferencias mediante la negociación, en lugar de dejar morir a su gente en los campos de batalla.

Si la guerra de Ucrania terminase mañana, ¿seguiría siendo Rusia un socio estratégico indispensable para China o la importancia de Moscú depende en gran medida de su confrontación con Occidente?

Sin duda, China y Rusia mantendrían su nivel actual de cooperación si no fuera por la cuestión de Ucrania. Creo que la cooperación entre ambos países no puede, sino ampliarse y no va dirigida contra ningún otro país. Por supuesto, la razón por la que China está dispuesta, y Rusia también, a participar en este tipo de cooperación, creo que tiene mucho que ver con las presiones de EEUU sobre ambos. Pero creo que no podemos descartar la posibilidad de que, con el tiempo, China y EEUU, por un lado, y Rusia y EEUU, por el otro, mejoren su relación. Pero primero tenemos que poner fin a la guerra en Ucrania antes de poder alcanzar algún tipo de gran poder en la cima.

Hablemos de la economía doméstica de su país. Durante años se asumió que el crecimiento económico chino sería prácticamente ilimitado. Hoy el país afronta un envejecimiento acelerado de la población, una prolongada crisis inmobiliaria y una menor confianza de los consumidores. ¿Cuál considera que es el principal desafío económico de China para la próxima década?

Aunque no soy economista, creo que el nivel actual de crecimiento de China sigue siendo bastante sólido. Pero tenga en cuenta que la economía china se ha vuelto tan grande que niveles más altos de crecimiento son cada vez menos probables. Por supuesto, nos enfrentamos a muchos desafíos económicos, como los que usted cita: el problema inmobiliario, la falta de consumo interno, el problema del envejecimiento de la población. El Gobierno chino está intentando abordarlos. Lo primero es estimular, desarrollar políticas para estimular el desarrollo del sector de alta tecnología, la fabricación de alta gama, la inteligencia artificial, los robots, quizás también la maquinaria agrícola, el 6G, todas estas cosas. Y al mismo tiempo, por supuesto, el Gobierno chino ha estado diseñando políticas para ayudar a las personas que se han quedado atrás; es decir, las que están perdiendo sus puestos de trabajo y también a la población vulnerable, para garantizar que puedan llevar una vida digna. Estamos en un proceso de transición desde una economía centrada en productos de gama media y baja hacia una economía que tendrá una cuota cada vez mayor del mercado mundial en productos de fabricación de alta gama, así como en el ámbito de la ciencia y tecnología.

La IA y los robots destruyen empleo y hay que abordarlo. Se habla de recaudar impuestos a los empresas muy automatizadas para ayudar a formar a los afectados y, luego, tal vez deberíamos pensar en reducir la jornada laboral

El desempleo juvenil ha alcanzado niveles muy elevados y muchos jóvenes expresan incertidumbre sobre su futuro laboral y económico. ¿Le preocupa que este fenómeno pueda tener consecuencias sociales o políticas a largo plazo?

Bueno, sin duda es un tema al que el Gobierno chino ha prestado cada vez más atención, pero no solo al desempleo juvenil, sino también al desempleo en general, debido a la creciente aplicación de la IA. Por ejemplo, tenemos taxis robotizados, vamos a tener fábricas robotizadas, así que ¿cómo vamos a abordar la situación de desempleo que se derivará de ello? Pues estamos pensando en formas de abordarlo: una forma es ayudar a formar a la gente para que se adapte a nuevos puestos de trabajo, vale, no sé dónde estarán esos puestos, pero quizá más en el sector servicios. Hay quien habla de recaudar impuestos de los robots…

Aquí tenemos ese debate, también, aún muy embrionario

Creo que es una buena idea, pero luego resulta muy difícil de aplicar porque, en primer lugar, ¿qué es exactamente un robot? ¿Es una máquina, un robot? ¿A partir de qué nivel de automatización se puede considerar que es un robot? Quizá, con el tiempo, atacaremos a las empresas que tengan un alto grado de automatización, de modo que se graven a las que no empleen a mucha gente. Así, utilizaremos el dinero para ayudar a formar a las personas para nuevos puestos de trabajo y también para proporcionar asistencia social a las personas que no pueden encontrar trabajo. Y luego, tal vez deberíamos pensar en reducir la jornada laboral o los días de trabajo. Creo que en Europa también han estado circulando ideas similares, por lo que nos enfrentamos al mismo reto; deberíamos intercambiar opiniones, experiencias e ideas sobre cómo abordar estos problemas, ya que son retos comunes que ambas partes debemos abordar juntos.

Si tuviera que señalar una idea equivocada que hoy predomina en Europa sobre China, ¿cuál sería?

Creo que la idea de que China no se preocupa por el bienestar de la gente, desde una perspectiva de derechos humanos, y de que el Gobierno chino no responde a los intereses y demandas de la gente. Eso no es cierto. De hecho, que China haya llegado a este punto y que goce de un nivel tan alto de apoyo popular... Creo que la Universidad de Harvard realizó hace muchos años un estudio sobre el apoyo popular en China y este se mantuvo bastante alto. Hace muchos años estuve en Washington y pude comprobar como por cualquier gestión hay más colas e ineficiencias burocráticas que en China. A pesar de que nuestros líderes no son elegidos en unas elecciones competitivas son igual de receptivos, sino más, a las necesidades e intereses de la gente común. Así que tenemos que ser más comprensivos, necesitamos entendernos mejor unos a otros en lugar de descartar a la otra parte como moralmente inferior. Sí, deberíamos tratarnos de una manera más respetuosa y equitativa.

En la industria tecnológica, llegar el primero al restaurante no te asegura una silla en la mesa. La sociedad digital no se entiende sin Google, pero la realidad es que la herramienta que lanzó la revolución en el acceso a la información fue AltaVista, adquirida después por Yahoo. El caso de MySpace y su colapso justo antes de que Facebook reventara el mercado de las redes sociales es quizá uno de los más conocidos. Pero hay ejemplos allá donde se mire, como pueden atestiguar aquellos que aseguraban que los teléfonos inteligentes iban a cambiar el mundo con una blackberry en la mano, poco antes de que Steve Jobs presentara el primer iPhone.

El 30 de noviembre de 2022 la humanidad se asomó a ChatGPT y volvió a ver el futuro de la tecnología. El primer chatbot de inteligencia artificial se convirtió en la herramienta digital de más rápida adopción de la historia e impulsó a su creadora, la entonces fundación sin ánimo de lucro OpenAI, al foco mundial. Había empezado oficialmente la revolución de la IA generativa. La cara visible de OpenAI, Sam Altman, se convirtió en una de las personas más populares del planeta y estrechó las manos de decenas de líderes políticos y magnates mientras lanzaba vaticinios sobre el futuro de esta tecnología, el empleo o las relaciones personales.

Poco más de tres años y medio después la situación es muy diferente. El liderazgo de los de Altman, que un día fue incuestionable, ahora corresponde a Anthropic. Se trata de otra startup fundada por un grupo de extrabajadores de OpenAI que salieron de la empresa ante el temor de que esta hubiera dado de lado la seguridad en pos de lograr avances de la manera más veloz posible. Su líder, Dario Amodei, es ahora uno de los mayores evangelistas de la seguridad de la IA.

En cuestión de un par de años, la escisión ha superado a su antecesora. Todo ha sido gracias a superarla en las herramientas destinadas al ámbito corporativo, lo que ha producido un efecto cascada: el dinero de las empresas ha permitido a Antropic acercarse a la ansiada meta de lograr un modelo de negocio rentable para la IA, con unos ingresos anualizados de 47.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros), según sus datos de mayo. Es casi el doble que la última cifra oficial ofrecida por OpenAI, que se queda en los 24.000 millones.

Esto, a su vez, la ha llevado a superarla también en valoración, con una última ronda de financiación privada que la sitúa en unos 965.000 millones de dólares, unos 100.000 más que OpenAI. La consecuencia de todo ello ha sido otro hito clave: ha sido la primera gran startup de IA en iniciar los trámites para su salida a bolsa. El punto que marca que la era de las promesas ha terminado y arranca la de la presión de los inversores para que logren beneficios.

Una estrategia en tres pasos que ha servido para conseguir el primer cambio de liderazgo en el sector de la IA.

Paso uno: IA para todos con herramientas para unos pocos

Anthropic también tiene un chatbot de IA similar a ChatGPT, llamado Claude. Pero la primera clave del sorpasso no es haber centrado sus esfuerzos en robarle usuarios a OpenAI a través de él. Han sido una serie de herramientas paralelas, como Claude Code, pensadas específicamente para programar.

“Los modelos de IA se adoptan más fácilmente en determinados contextos. Las condiciones clave son que el coste de los errores sea bajo, que el resultado sea fácil de verificar y que el conocimiento esté mayoritariamente codificado. La programación cumple bastante bien con las tres”, explica a elDiario.es Sampsa Samila, profesor del IESE especializado en IA.

La IA es para todos, pero lo que ha llevado al éxito a Anthropic son sus herramientas para los especialistas en tecnología. Específicamente, para los desarrolladores, que han encontrado en la IA su mayor aliada: “El software es fácil de actualizar y, por tanto, los errores se pueden corregir con relativa facilidad. Hay muchas herramientas para probar y verificar programas. El conocimiento está en gran medida en documentación codificada y en el propio código”, continúa Samila, director académico de la Iniciativa sobre IA y Futuro de la dirección de la citada escuela de negocios.

La estrategia para arrebatar el trono a OpenAI no era doblegar a ChatGPT, sino hacerse fuerte en un nicho y crecer a partir de él. “Los chatbots genéricos son canales de distribución potentes, pero por sí solos no constituyen la fuente más sólida de ventaja duradera”, continúa el profesor: “Es demasiado fácil para los clientes cambiar de proveedor, por lo que el poder de fijación de precios es débil. Integrarse en flujos de trabajo y procesos hace que cambiar de proveedor sea mucho más difícil y, por tanto, es mucho más probable que sea una fuente de beneficios sostenidos”.

Paso dos: el ansiado modelo de negocio para la IA

OpenAI “ha tenido un éxito extraordinario en el mercado de consumo”, pero ha sido “esa ventaja técnica en propuestas de valor para el mercado empresarial” de Anthropic la que “ha favorecido una adopción pagada muy rápida en ámbitos profesionales”, coincide el profesor Esteve Amirall, del departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade.

En los comentarios de Amirall se esconce la segunda clave: “pagada”. ChatGPT lo usan cientos de millones de personas, pero muchas menos pagan por él. Diversas filtraciones apuntan a que OpenAI pierde dinero incluso con las suscripciones de 20 euros, puesto que el coste de la computación que requieren esos usuarios excede ese precio. Mientras, las empresas que han adoptado soluciones basadas en su tecnología están teniendo problemas para rentabilizar su inversión.

El enfoque de Anthropic, en cambio, es el que ha generado el primer modelo de negocio con visos de ser rentable para la inteligencia artificial. Las empresas están dispuestas a pagar mucho dinero por Claude Code y otras herramientas de la startup que les permiten automatizar y potenciar el trabajo de sus desarrolladores. “Proyectos en los que antes invertíamos meses ahora se pueden completar en días por equipos más pequeños. Es uno de los mayores saltos que he visto en los últimos 20 años”, expresaba en el último Mobile World Congress un alto ejecutivo de una de las mayores telecos de Europa.

Proyectos en los que antes invertíamos meses ahora se pueden completar en días por equipos más pequeños. Es uno de los mayores saltos que he visto en los últimos 20 años

“Han sido los que mejor han entendido que las empresas no solo necesitaban un chatbot de usuarios, sino un producto que se pusiera mucho foco en la seguridad, la privacidad y el control de los datos”, explicaba Diego Méndez, director ejecutivo de la firma de software española Tailor Hub, en un reportaje de este medio. “Lo interesante es que Claude Code no solo es un producto, sino una apuesta por una forma diferente de desarrollar software”.

Es una transformación en el sector de la programación que ha bajado rápidamente por toda la cadena, desde las grandes empresas a los aficionados. OpenAI, Google y xAI han sacado herramientas similares, pero Anthropic es la que ha conseguido hacerse con este negocio. “El hecho de que sus modelos funcionaran particularmente bien en tareas de programación, y que esa capacidad se extendiera después hacia entornos de trabajo colaborativo, ha sido un factor decisivo”, sostiene Amirall.

Esa revolución de la programación es la que ha catapultado los ingresos de Anthropic. En enero de 2025, la empresa estaba facturaba unos 1.000 millones al año. En febrero de ese año sacó al mercado Claude Code. A mediados de 2025, sus ingresos habían crecido hasta los 4.000 millones, según la cifra anualizada. Al cierre del ejercicio estaba ya en 9.000 millones. En abril de 2026 llegó a los 30.000 millones y en mayo alcanzó los 47.000.

OpenAI por su parte, no ha aprovechado esa ola por el momento. En 2025 facturó unos 13.000 millones de dólares, mientras que este año está en cifras de llegar a los 24.000. Es un crecimiento enorme, pero lejos de los porcentajes que necesita para sostener sus enormes inversiones en computación.

Desesperados por encontrar beneficios, los de Altman han virado hacia la publicidad basada en la extracción de datos de los usuarios. Es el modelo de negocio que impulsó la revolución digital, pero que da síntomas de agotamiento. Según la última encuesta de IAB, la patronal del marketing digital, solo el 16% de los usuarios afirma que le gusta recibir publicidad personalizada. El propio Altman afirmó que sería “el último recurso de la empresa” porque “la combinación de anuncios con IA” le resultaba “especialmente inquietante”.

Paso tres: impacto real con Mythos

Anthropic también ha sido la primera en lograr un impacto que ha trascendido por completo al sector de la IA. Lo ha logrado con el modelo Mythos, al que todas las empresas del mundo están intentando acceder en este momento. Se trata de una herramienta que mantiene en alerta al sector de la ciberseguridad internacional por su capacidad para localizar brechas en sistemas informáticos y atacarlas de manera autónoma.

Debido al riesgo de que se utilice con fines maliciosos, Anthropic decidió no distribuirla de forma abierta al público. En su lugar, facilita el acceso a grandes empresas tecnológicas y entidades bancarias para que evalúen sus infraestructuras y subsanen las vulnerabilidades antes de que sufran agresiones externas. Las primeras habían sido las estadounidenses y las británicas, lo que ha derivado en presiones a nivel internacional por parte de gobiernos e instituciones de ciberseguridad para lograr acceso al modelo.

Anthropic ha sido tema de conversación en los más altos despachos de las sedes de gobierno, los sectores financieros o de los gestores de infraestructuras críticas. España, que ha consiguido acceder a Mythos esta semana, lo ha celebrado como una muestra de su “influencia en el debate sobre gobernanza de IA de frontera”. “Y responde a la petición que en este sentido trasladaron representantes del Ejecutivo español en sus contactos con Anthropic”, añaden fuentes del Ministerio de Transformación Digital.

Es un techo de cristal que OpenAI no ha conseguido traspasar. Altman ha pasado tres años advirtiendo de que sus productos iban a poner el mundo patas arriba. Sin embargo, ese impacto real no ha llegado. En sus últimas declaraciones al respecto, el ejecutivo ha reconocido que “se equivocaron bastante” en cuanto a las implicaciones sociales y económicas de ChatGPT. “Pensaba que, a estas alturas, la supresión de puestos de trabajo de oficina para principiantes habría tenido un mayor impacto del que realmente ha tenido”, ha admitido, afirmando que se “alegra” de que el apocalipsis laboral que anunció no se haya cumplido.

La ironía es que el siguiente capítulo de esta historia puede repetir el anterior. Anthropic nació de la ruptura con OpenAI por considerar que esta había sacrificado la seguridad en favor de la velocidad y el crecimiento. Ahora, con los trámites de salida a bolsa en marcha, podría ser la primera gran startup de IA sometida a la presión trimestral de los inversores. Con todo, los especialistas consultados enfatizan que no hay que dar por muerta a la empresa que lo empezó todo. “Ambos actores están en niveles tecnológicos muy similares y todavía quedan muchos sectores por explorar. El mercado corporativo seguirá siendo, sin duda, uno de los grandes mercados de esta tecnología”, recuerda Esteve Almirall: “Estamos solo al principio”.

El secretismo sobre los sueldos, y en concreto sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, tiene los días contados en muchas empresas. Este 7 de junio despliega sus efectos la Directiva Europea de 2023 por la que se refuerza el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres, a través de más transparencia en los sueldos y mecanismos como mayores sanciones a los incumplidores. España llega tarde a su transposición, pero ya trabaja para aprobar una nueva normativa, que no debería retrasarse demasiado en el tiempo a riesgo de una importante multa por parte de Bruselas.

España ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

“La normativa española es bastante avanzada”, sostiene el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo, que explica que la directiva europea implicará “avanzar más” y “reforzar” ciertas obligaciones, especialmente en cuanto a la transparencia de los salarios y a la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Esta diferencia salarial ha aumentado en España según los últimos datos (de 2024) tras once años de descensos.

El Ministerio de Trabajo está elaborando el texto de un real decreto para transponer la regulación europea y que concretará los cambios para las empresas en España. “De manera urgente, culminaremos texto en los próximos días o semanas”, afirmó esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras lo que se recabará “la opinión de los interlocutores sociales” y se aprobará por parte del Consejo de Ministros, apuntó.

Las autoridades publicarán la brecha de miles de empresas

Una de las novedades más relevantes de la directiva es la transparencia que impone sobre la brecha salarial en las empresas a partir de 100 empleados. Estas compañías, con un periodo transitorio desde junio de 2027 a junio de 2031, deberán comunicar la información sobre la brecha retributiva de género en varios ámbitos (en la media, en los complementos, en la mediana...) a las autoridades y estos datos serán publicados.

En concreto, la regulación europea exige que estos datos se comuniquen a una autoridad competente –que España deberá concretar–, que se encargará de recopilarlos y publicarlos “sin demora” en un formato “de fácil acceso y de fácil manejo que permita la comparación entre empleadores, sectores y regiones del Estado miembro de que se trate”.

Por tanto, la brecha salarial de todas las empresas a partir de 100 trabajadores en España deberá quedar expuesta al público. Bruselas exige que esta autoridad garantice el acceso a los datos correspondientes “a los cuatro años anteriores”, si están disponibles.

Además, ahora España establece un umbral del 25% de brecha salarial para que las empresas tengan que justificar “que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”. La directiva europea rebaja ese nivel a un 5% en el nivel retributivo medio de las trabajadoras y los trabajadores en cualquier categoría, destaca Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

Ese 5% de diferencia implicará que “la empresa deberá realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores y establecer medidas correctoras”, explica Vidal. Y, “si estas no se corrigieran, se sancionaría a la empresa”, advierte la sindicalista.

Destaca también que Bruselas establece que los plazos de prescripción para las reclamaciones relativas a la igualdad de retribución “no serán inferiores a tres años”, mientras que la legislación española actual solo permite reclamar salarios del último año.

Más transparencia en todos los sueldos

El catedrático Eduardo Rojo destaca que esta nueva directiva combate la brecha salarial “desde cero”, porque como novedad exige una transparencia retributiva “previa al empleo” para las personas solicitantes de un puesto de trabajo, antes de ser contratadas. Las empresas estarán obligadas a facilitar la retribución inicial o una “banda retributiva inicial”, frente a las ofertas actuales en las que el salario no se concreta.

Además, se establece que “ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores”. Algo frecuente en la actualidad, ya que muchas empresas preguntan lo que venían ganando los trabajadores para ajustar el salario.

La regulación europea también exige que los empleadores pongan a disposición de su personal “de manera fácil” los criterios que se utilizan para determinar la retribución de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos existentes y, en empresas a partir de 50 empleados, “la progresión retributiva”.

También se concreta el “derecho a la información” de los empleados “sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo”. Este derecho ya existe en España con el actual registro por sexos, pero la directiva concreta que se deberá responder a los interesados en un plazo no superior a “dos meses”.

A la espera de la normativa del Gobierno que concrete todos estos cambios y cuándo entrarán en vigor en España, el hecho de haber llegado tarde a la transposición europea ha supuesto una “preocupación generalizada en los departamentos de dirección de personas” de las empresas, “que temen que pueda afectarles de manera negativa, generando responsabilidades y riesgos”, recoge el Periscopio Legal y Fiscal de la consultora PWC (PricewaterhouseCoopers).

No obstante, las reclamaciones contra las empresas en este momento –cuando es el legislador quien no ha cumplido con su deber– no tienen muchas opciones de prosperar. Puede haber alguna “demanda piloto” que trate de actuar contra el Gobierno de España “por no cumplir con la directiva”, apunta Eduardo Rojo, e impedir así la nueva protección a la población trabajadora desde este 7 de junio.

En CCOO apuntan que “habrá que ver” cómo se llevan estas novedades al ordenamiento jurídico español e insisten en que además se deben “adoptar otras medias en ámbitos de los cuidados –concretas sobre la corresponsabilidad tanto del Estado, como de los hombres y de las empresas– si se quiere acabar con la brecha salarial de género”, sostiene Carolina Vidal.

Durante décadas, las revoluciones tecnológicas siguieron un patrón reconocible. Primero llegaba la innovación, después el entusiasmo, más tarde el dinero. Sin embargo, la IA está alterando esta normal evolución de los acontecimientos, hasta el punto de constatar que las futuras batallas por el cetro tecnológico del planeta no se librarán en laboratorios ni en centros de investigación, sino en los mercados de capitales.

En cuestión de semanas, tres multinacionales de nuevo cuño, surgidas en el último decenio, pero a las que Wall Street les ha concedido un papel digital estelar y reservado un lugar en el club de las Siete Magníficas –Nvida, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla– las emblemáticas bigtechs estadounidenses, registrarán sus actas de nacimiento como empresas cotizadas. Pese a que SpaceX, Anthropic y OpenAI no acuden al mercado para acaparar unos flujos de capital que, por su tamaño, quedaban hasta ahora reservados a las partidas presupuestarias estatales.

La operación de SpaceX, por ejemplo, podría recaudar hasta 86.000 millones de dólares, según la compañía de Elon Musk asumidos por la práctica totalidad de firmas de inversión. Una cifra similar a las partidas anuales de ministerios de gasto como los que gestionan las infraestructuras en las potencias industrializadas y que supera con creces a los presupuestos anuales promedio de las naciones en desarrollo. Incluso de varios mercados emergentes. 

Si las planificaciones corporativas se cumplen, SpaceX debutará presumiblemente el próximo 12 de junio en el parqué neoyorquino. Después de fijar el precio de su oferta la jornada precedente, con una valoración que el consenso valora en 1,8 billones de dólares, cantidad algo por debajo del PIB español. Anthropic, que ha iniciado los trámites regulatorios ante la SEC, aspira a superar el billón de dólares, casi el calibre de la economía polaca. Mientras OpenAI prepara su operación, en meses, tras calcular un valor de 850.000 millones; algo más que el PIB irlandés.

Tomadas desde un prisma individual, cada una de estas salidas a bolsa sería histórica. Pero si se observa conjuntamente, ganan en relevancia, porque esta Triple Corona representa el gran salto transformador de la IA hacia una nueva clase de activos. La primera oleada de esta revolución tecnológica estuvo dominada por aplicaciones capaces de crear texto, imágenes o códigos. Pero la segunda exige construir la infraestructura que debe alimentar sus sistemas. Desde centros de datos gigantescos, hasta redes eléctricas reforzadas, chips avanzados con elevadas capacidades de almacenamiento y conectividades universales.

Triple salto bursátil y ¿primer billonario?

La magnitud de este fenómeno en ciernes deja, sin embargo, una profunda paradoja. Esta triada de potenciales bigtechs no busca liquidez porque carezcan de ella, sino porque los cientos de miles de millones de dólares de los que disponen no son suficientes para financiar la competitiva y más costosa carrera tecnológica de la historia moderna. De modo que sus inversores no desean avalar sus aplicaciones. Más bien, pretenden invertir en la nueva arquitectura económica global.

SpaceX saldrá a bolsa a un precio de 135 dólares por acción. De subir apenas un 1,2%, hasta los 136,6 dólares, la fortuna de Musk le convertiría en el primer billonario de la historia. Hay muchas opciones de que lo consiga. JP Morgan ha convocado a 2.500 grandes patrimonios para acordar una oferta excepcional de adquisición de valores SpaceX en sus carteras y fondos de inversión. Mientras Anthropic ha elegido a Morgan Stanley y Goldman Sachs para liderar su OPV, prevista para octubre, al tiempo que estrecha sus lazos con Nvidia a través de un acuerdo con SpaceX para usar unos 325.000 circuitos integrados de alta gama del fabricante de chips californiano en sus servicios de computación para IA.  

En paralelo, desde China también se mueven fichas. DeepSeek, la start-up que logró zarandear los mercados en febrero de 2025 por la calidad de su IA hasta generar una preocupación general de las bigtechs americanas con Trump recién aterrizado en la Casa Blanca, está en la fase final de un acuerdo para recaudar hasta unos 7.400 millones de dólares. La mayor ronda de financiación conocida en la historia bursátil del gigante asiático, informa Bloomberg.

Para Matthew Kennedy, estratega de OPVs (oferta pública de acciones, que es como se conocen las salidas a Bolsa) en Renaissance Capital, la cuestión central no gira en torno a cuánto dinero recaudarán, sino en sus plácets de mercado. Sus estrenos les darán impulso para marcar el rumbo y la velocidad que tomará Wall Street con los valores vinculados a la IA, y condicionará la narrativa de los inversores, inmersos en un mar de dudas sobre si sus billonarias inyecciones de capital recibidas justificarán las predicciones de productividad y rendimiento de sus proyectos. Estas cartas de navegación —asegura Kennedy— son relevantes porque, por primera vez desde el auge de Internet varias tecnológicas con unas capitalizaciones cercanas al billón de dólares accederán simultáneamente a los grandes centros de negociación de valores. En un momento en el que Wall Street rebosa apetito por el riesgo.

De Marte a los centros de datos orbitales

La más espectacular de estas operaciones será, previsiblemente, la de SpaceX. Fundada en 2002 por Elon Musk, forma parte de la mitología de Silicon Valley. A raíz de un viaje de Musk a Rusia para adquirir viejos misiles balísticos y convertirlos en lanzaderas espaciales de bajo coste. Pese a que la negociación fracasó, durante su vuelo de regreso calculó la factura de fabricar cohetes baratos. Varios años de pérdidas y lanzamientos fallidos después, la firma sobrevivió. Gracias a un contrato de la NASA en 2008, a la puesta en órbita de Starlink, el principal operador mundial de viajes espaciales y a la integración en su estructura de xAI, su firma de IA.

En la actualidad, a los ojos de los inversores, su emporio espacial combina satélites, IA y negocios vinculados a Defensa, telecomunicaciones y centros de datos orbitales. El mercado no sólo está comprando cohetes, sino la visión muskiana de la infraestructura tecnológica que reclaman los avances del Siglo XXI.

Sin embargo, la OPV también destila incertidumbre. El folleto preliminar no descarta posibles pérdidas multimillonarias asociadas al negocio de la IA y una concentración de poder corporativo sin precedentes. Musk conservará alrededor del 85% de los derechos de voto y recibir incentivos de hasta 760.000 millones de dólares, lo que limita la influencia de los accionistas minoritarios. Además de presuntos conflictos de intereses, ya detectados por Bloomberg, que apunta a varios altos cargos del Gabinete Trump que compraron participaciones en SpaceX o xAI mientras la firma acumulaba contratos federales millonarios. Por si fuera poco, el modelo que representan SpaceX, Anthropic y OpenAI acelera procesos de automatización que, para Boston Consulting Group, podrían reducir miles de empleos técnicos y profesionales en los próximos años.

OpenAI: el laboratorio que cambió la historia

Si SpaceX simboliza la infraestructura física, OpenAI es el icono de la IA como fenómeno masivo y global. La compañía nació en 2015 de la mano de Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever y... Elon Musk –entre otros– sin aparente pecado original. Porque se concibió como entidad sin ánimo de lucro. Con la misión de evitar que la IA avanzada estuviera en manos de un ramillete de firmas.

Pero el altruismo dejó paso a la ambición. El diseño de modelos sofisticados requiere recursos financieros imposibles de obtener con métodos tradicionales, justifican ahora sus ejecutivos. De ahí que OpenAI creara una estrategia de negocio híbrida capaz de captar miles de millones de dólares y atraer socios estratégicos. Hasta el 30 de noviembre de 2022, fecha del lanzamiento de ChatGPT. Ninguna aplicación había alcanzado una devoción social tan fulgurante. En cuestión de meses, la empresa pasó de ser un laboratorio tecnológico a personificar la revolución de la IA. Su salida a bolsa adquiere un significado especial. Será la primera vez que Wall Street valorará directamente a la firma que había provocado el cambio de paradigma de la IA. Aunque deberá demostrar que su liderazgo puede generar rentabilidades sostenibles.

Adrian Cox, analista de Deutsche Bank Research, y sus colegas de HSBC ponen el dedo en la llaga al señalar los pros y los contras de la maniobra bursátil de Altman. “Una valoración superior al billón convertiría a OpenAI en una de las 15 compañías más valiosas del mundo desde el primer día de cotización, un hito sin parangón”, admite Cox. Pero, al mismo tiempo –dicen en HSBC– OpenAI podría perder hasta 14.000 millones de dólares y precisar otros 200.000 millones antes de 2030 para sostener su expansión.

Anthropic: la escisión que desafió al líder

La historia de Anthropic también tiene ínfulas de grandeza. Surgida en 2021 por exingenieros de OpenAI liderados por Dario y Daniela Amodei, que defendían un enfoque de mayor prudencia en el desarrollo de modelos avanzados, su escisión de esta última se calificó de distanciamiento intelectual. Los Amodei no dudaron del potencial de la IA, pero sí de su celeridad.

Sin embargo, su apuesta cayó también en saco roto. Claude, su plataforma de IA de rendimiento inmediato, se propagó entre las grandes empresas, mientras Mythos, su nueva generación de ciberseguridad, ha despertado un inusitado interés de gobiernos y entidades financieras.

La reciente negociación para facilitar el acceso de Mythos a empresas e instituciones de la UE refleja hasta qué punto el valor de la compañía trasciende del ámbito comercial. Bruselas teme que las ciberamenazas no procedan solo de grupos criminales o servicios de inteligencia, sino de sistemas de IA capaces de identificar vulnerabilidades y explotarlas en tiempo real. Mandeep Singh, director de investigación tecnológica de Bloomberg Intelligence, alerta de que el principal riesgo reside en “la creciente interconexión entre sistemas financieros, infraestructuras digitales y modelos avanzados de IA”. En un escenario extremo, “un ataque automatizado sería capaz de dañar simultáneamente redes de pagos, energía y banca, en una especie de ”cascada de alcance universal“.

Jay Ritter, director de la IPO Initiative de la Universidad de Florida, considera que el verdadero examen para Anthropic y OpenAI se producirá cuando se analicen sus cuentas de resultados en sus fases de madurez. A su juicio, ambas ostentan estructuras de costes gigantescas y demandas permanentes de capital. Advertencia que comparte Harrison Rolfes, de PitchBook: “el mercado está valorando unos negocios sin arquitectura visible y apostando por ingresos futuros”, lo que rememora la crisis de las puntocom.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando información acerca de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público supuestamente por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida, como publicó El País. El departamento de Yolanda Díaz niega que ese sea el motivo de la investigación, pero indica que este es “confidencial”.

La institución presidida por Ángel Gabilondo ha consultado al SEPE sobre las informaciones que apuntan que el funcionario público fue expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Según explicó el trabajador a El País, realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda. El funcionario fue apoyado por un centenar de personas en una concentración el pasado miércoles.

El Defensor del Pueblo pide al SEPE “información sobre el eventual expediente incoado al trabajador”, sobre qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y “cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor”, informa en una nota.

También reclama información sobre el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en los años 2025 y 2026.

Trabajo niega que ese sea el motivo de la investigación

“La investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”, responden en el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, indican que el SEPE “está a total disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para efectuar las aclaraciones oportunas”.

“Los elementos que ponen en marcha este procedimiento son otros relacionados con la gestión de su trabajo, y son estrictamente confidenciales con el fin de salvaguardar los derechos del investigado. Todos los trabajadores y trabajadoras públicas están sometidos a los procesos de verificación del trabajo que son necesarios para garantizar el correcto desempeño de las funciones que realizan”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Además, precisan que “el SEPE no ha expedientado al funcionario de Mérida, sino que se ha abierto una investigación, que actualmente está en curso y en manos de una instrucción independiente”. Por lo tanto, en estos momentos “no se ha puesto sobre la mesa la imposición de sanciones de ningún tipo y, por supuesto, tampoco ha visto alterada su actividad laboral”.

“Las instituciones públicas que prestamos servicios a la ciudadanía tenemos un deber claro, que es el de atender a las ciudadanas y los ciudadanos de la manera más eficaz, rápida y eficiente. Por lo tanto, todo lo que favorezca prestar esta atención va a tener siempre nuestro apoyo, porque entendemos que es nuestro deber. Pero también tenemos el deber, la obligación, de que todos los procesos que dependan de la administración pública, que es la administración de todos y de todas, tengan las garantías y la seguridad jurídica y procedimental pertinentes”, responden en el Ministerio de Trabajo.

El Defensor recuerda las “numerosas quejas” de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo recuerda que en los últimos años ha venido recibiendo “numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.

Por ello, la institución ha venido formulando diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo –que dirige Joaquín Pérez Rey, 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz– para que se buscasen soluciones a dicha situación.

“Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone”, indica el Defensor. Esta falta de personal es una denuncia constante de los sindicatos del SEPE en los últimos años, que denuncian incluso oficinas que se han quedado completamente vacías.

Las demoras para lograr la atención presencial en el SEPE han supuesto incluso que proliferen negocios de venta ilegal de citas en los últimos años, contra los que el Ministerio de Trabajo puso hace unos meses una denuncia ante la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya. La práctica se remonta hasta 2020 y afecta a varias ciudades españolas.

El departamento de Yolanda Díaz manifiesta todo su “apoyo a los y las trabajadoras de las oficinas del SEPE y a todos los servidores públicos, sobre todo en aquellos momentos en los que puedan tener más dificultades para prestar los servicios que prestan”.

Los fabricantes de automóviles empiezan a asumir que el esperado Plan Auto+, el principal instrumento de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España, sufrirá un nuevo retraso y no estará operativo hasta julio para empezar a recibir solicitudes de matriculaciones efectuadas desde enero de 2026.

Fuentes del sector aseguran que la puesta en marcha de la plataforma digital necesaria para tramitar las ayudas, que pueden llegar hasta 4.500 euros para eléctricos fabricados en la UE, continúa encontrando obstáculos técnicos que están retrasando su activación. Un directivo de una de las marcas con mayor volumen de ventas en España explica que el programa “se retrasará un poco más” respecto al plazo previsto hasta ahora de junio debido a la complejidad de algunos de los requisitos exigidos por la nueva normativa.

Entre las principales dificultades figura la necesidad de verificar aspectos relacionados con el origen de los componentes y de las baterías de los vehículos, uno de los elementos diferenciales del nuevo sistema de ayudas diseñado por el Ministerio de Industria dentro del Plan España Auto 2030.

La demora preocupa especialmente a las marcas, que desde hace meses están adelantando a los compradores el importe de las ayudas mediante fórmulas de financiación a interés cero a la espera de que el Gobierno active definitivamente el mecanismo de compensación.

Temor a que los fondos se agoten rápidamente

Más allá del retraso, los fabricantes advierten de otro riesgo: que la dotación inicial del programa resulte insuficiente para cubrir la demanda. El presidente de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, considera que los 400 millones de euros anunciados inicialmente por el Ejecutivo podrían agotarse con rapidez una vez entre en funcionamiento el plan. “Esperamos que empiece a hacerse efectivo en julio”, señaló el directivo en declaraciones a La Razón, al tiempo que reclama una ampliación presupuestaria para evitar que las ayudas desaparezcan en pocos meses.

Una opinión compartida por buena parte de la industria. El director general de Kia España, Eduardo Dívar, ha advertido igualmente de que los fondos comprometidos podrían consumirse incluso antes de que comiencen a realizarse los pagos oficiales si se tienen en cuenta las operaciones que ya están siendo financiadas por las propias marcas.

La electrificación acelera mientras espera las ayudas

Las reclamaciones del sector coinciden con un momento de fuerte crecimiento de las ventas de vehículos electrificados en España. Según los últimos datos del mercado, en los cinco primeros meses de 2026 se matricularon 111.386 coches eléctricos e híbridos enchufables, un 43,6% más que el mismo periodo del año anterior y con una cuota del 21,4% sobre todas las ventas de turismos.

Desde ANFAC, su director general, José López-Tafall, ha insistido en que el Plan Auto+ constituye una herramienta “clave” para consolidar este crecimiento y acercar España a los niveles de electrificación que ya registran otros mercados europeos. “La electrificación continúa consolidando su crecimiento, pero el Plan Auto+ no debe demorarse más”, señaló el responsable de la patronal al analizar los últimos datos del mercado.

Tras el acto de inicio de producción en serie del nuevo eléctrico asequible Cupra Raval, el CEO de la compañía, Markus Haupt, lanzó un mensaje al Ministerio de Industria: “Entendemos que la puesta en marcha del Plan Auto+ tiene que ser inminente porque las cifras van creciendo”. El CEO del grupo Volkswagen, Oliver Blume, destacó la importancia de los incentivos públicos para impulsar las ventas de vehículos eléctricos, especialmente en el segmento de acceso y ante la fuerte competencia de marcas chinas.

Industria y Gobierno confían en una activación inminente

Hace apenas unos días, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, aseguró que Auto+ estará disponible “antes de verano” y destacó que la nueva herramienta pretende acelerar el paso de una cuota del 10% al 20% en las ventas de vehículos electrificados.

El programa sustituye a las anteriores ayudas del plan MOVES para la compra de vehículos y busca simplificar la tramitación, que pasa de las comunidades autónomas al Ministerio de Industria, con el fin de reducir los plazos de cobro y vincular parte de los incentivos al contenido industrial europeo de los modelos subvencionados.

La tasa de pobreza equivale a día de hoy a unos ingresos de 1.000 euros al mes en el caso de personas solas y a unos 2.000 en hogares de dos adultos y dos menores. Esa pobreza atraviesa a un 19,5% de la población, a un 44,7% de los migrantes y a un 24,5% de los jóvenes, pero esas cifras se agravan si se restan los gastos de la vivienda. Uno de cada tres hogares jóvenes está en situación de pobreza una vez se descuentan estos gastos, según un informe presentado este jueves por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

Una vez descontados los gastos en vivienda, la pobreza alcanza a un 23% de la población, a un 52,3% de los inmigrantes y a un 32,9% de la población joven.

Entre las personas con rentas más bajas, las que dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda alcanzan el 31,3%, mientras que esa cifra se reduce al 2% entre las rentas más altas. En Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, el porcentaje de población del primer quintil de renta que realiza un sobreesfuerzo en vivienda supera el 50%, mientras en Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Galicia no llega al 35%, apunta el informe.

Los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan por su parte casi un 29% de los gastos del hogar en vivienda, 10 puntos más que los mayores de esta edad, situación que se agrava aún más en las comunidades con precios más elevados, ya mencionadas anteriormente. 

La precariedad y el sobreesfuerzo en vivienda retrasan la edad de emancipación hasta los 30 años, muy por encima de la media de 26 en la Unión Europea. Un 45% de los jóvenes emancipados viven de alquiler, mientras que los jóvenes propietarios han caído tras el estallido de la burbuja inmobiliaria del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. 

Las personas que viven de alquiler presentan un esfuerzo económico un 10% superior a las que viven en un piso propio con hipoteca: del 34,2% de las primeras al 24,2% las segundas. En medio, se encuentran quienes viven en cesión o alquiler inferior al precio de mercado, que destinan un 17,7% de sus ingresos, y los que viven en propiedad sin hipoteca, que tan solo dedican un 9,9% de sus ingresos a la vivienda. Así, de media los españoles destinan un 18,8% de los ingresos a la vivienda. 

Existe un colectivo que está en peor situación que los jóvenes ante la vivienda y son los inmigrantes. Aunque los extranjeros no residentes concentran más del 50% de las compras de vivienda en la provincia de Alicante o el 27,2% en Málaga, la mayoría de extranjeros que vienen a trabajar viven de alquiler en condiciones complicadas. Un 63,4% de los inmigrantes viven de alquiler, frente a un 23,9% que han comprado su vivienda. 

Los inmigrantes cuentan con unos salarios un 23% por debajo de los nacionales y contratos menos estables y por ello su esfuerzo en vivienda es mayor. Así, el 25,8% de los inmigrantes residentes han de destinar más del 40% de sus ingresos a gastos en vivienda frente al 9% de media para el conjunto de la ciudadanía. 

El informe resalta también que en España tan solo se han construido entre 2021 y 2025 454.000 viviendas, un 45% de los hogares que se han creado, que son 965.000, en el mismo periodo. 

Y recomienda para subsanar este problema impulsar la construcción industrializada, agilizar la tramitación urbanística y facilitar la coordinación entre comunidades para acelerar los permisos y obras. Apunta a que es necesario aumentar tanto el parque privado como público de alquiler. 

El Papa León XIV ha sido uno de los primeros en ponerse al volante del Ferrari Luce, el primer y polémico eléctrico de la marca italiana. Fue una muestra más del interés mostrado por el Vaticano en los últimos años por la movilidad eléctrica. Sin embargo, el viaje del Pontífice a España será una excepción al haber preferido un 4x4 de gasolina y una 'pick-up' diésel como vehículos oficiales.

La joya del garaje del Vaticano es, desde 2024, un Mercedes Clase G 580 100% eléctrico, que se ha quedado en Roma. En su lugar, León XIV se moverá en Madrid, Barcelona y Canarias a bordo de un veterano Mercedes Clase G de gasolina y un Isuzu D-Max diésel. Los dos vehículos ya se encuentran en España bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Ejército del Aire y del Espacio y la Policía Nacional. Han sido trasladados desde Roma en aviones militares Airbus A400M y permanecerán custodiados hasta el inicio de la visita apostólica, prevista entre el 6 y el 12 de junio.

Dos coches de combustión y tres 'buggies' eléctricos

El Mercedes Clase G 500 que utilizará León XIV en Madrid esconde un motor V8 atmosférico de cinco litros y 296 caballos, asociado a un sistema de tracción total con reductora. Al estar adaptado con blindaje y acristalado, las emisiones son superiores a la de la versión de serie, que llegan hasta 290 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Demasiado como para esquivar la multa al no estar autorizado para acceder a la zona de bajas emisiones de Madrid Central.

El segundo vehículo principal será un Isuzu D-Max adaptado, una 'pick-up' diésel que León XIV utilizará durante su estancia en Barcelona y posteriormente en Tenerife. En este caso, se trata de un resistente y polivalente vehículo adaptado que en su versión de serie supera los 240 gramos de CO2 de emisiones.

El programa contempla también la utilización de tres vehículos eléctricos tipo buggy para desplazamientos en espacios cerrados y encuentros pastorales de menor tamaño. Uno de ellos se utilizará en el estadio Santiago Bernabéu, otro ha sido trasladado desde Roma a Barcelona y un tercero ha sido montado en Tenerife siguiendo planos facilitados por el Vaticano.

Del primer Mercedes a un Seat Panda

A lo largo de casi un siglo, estos vehículos se han convertido en una extensión de la imagen pública de cada pontífice y en un reflejo de las prioridades de cada época. El primer automóvil oficial del Vaticano llegó en 1930, cuando Mercedes-Benz entregó a Pío XI un Nürburg 460 especialmente adaptado para sus desplazamientos. Sin embargo, el concepto de papamóvil tal y como hoy se conoce no apareció hasta la década de 1970. Los crecientes viajes internacionales de Pablo VI y, posteriormente, de Juan Pablo II, obligaron a desarrollar vehículos que permitieran al Papa ser visto por grandes multitudes sin renunciar a la movilidad.

Los primeros modelos eran vehículos abiertos, concebidos para favorecer el contacto directo con los fieles. La filosofía cambió radicalmente el 13 de mayo de 1981, cuando Juan Pablo II sufrió un atentado en la plaza de San Pedro mientras viajaba en un Fiat Campagnola descubierto. Desde entonces, los papamóviles incorporaron blindajes, cristales antibalas y estructuras de protección que se convertirían en una de sus señas de identidad durante décadas.

Uno de los episodios más curiosos se vivió en España. Durante la visita de Juan Pablo II en 1982, el vehículo enviado por el Vaticano resultó demasiado grande para acceder a algunos recintos. La solución llegó de manera improvisada desde Seat, que transformó un Panda en apenas unas semanas. Aquel modesto utilitario se convirtió en uno de los papamóviles más recordados y en una de las imágenes icónicas de la visita papal. Sigue atrayendo las miradas como uno de los vehículos más singulares del museo de Seat, situado en una nave de la Zona Franca de Barcelona.

El despliegue del autoconsumo fotovoltaico no termina de remontar tras el boom de instalaciones de 2022; los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE) no invitan al optimismo y el sector está en alerta tras amenazar el gurú económico del PP, Alberto Nadal, con recuperar su impuesto al sol.

La amenaza la planteó hace unos días el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en una charla sobre su “visión alternativa” de la energía en la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles (Madrid).

“¿Qué es el impuesto al sol?”, se preguntó Nadal cuando le plantearon si pensaba recuperarlo. “Exactamente lo que acabo de describir: era que la instalación fotovoltaica de autoconsumo pagara también los costes de red”. “Lo que habría que hacer es reajustar el peaje”: “Reconstruir el peaje entero para que sea el consumo de red lo que determine el pago de los costes de red, y no el consumo de energía”, para que “los que fuerzan sobreinversión en la red porque tienen fluctuaciones de demanda paguen la diferencia”.

Su tesis es que “la mayor parte” de los peajes, “el 90%” de estos costes regulados del recibo que sufragan las redes (transporte y distribución) y fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pagan “en función de la energía consumida”, lo que “beneficia” a las segundas residencias, muy especialmente a las que tienen autoconsumo, en lo que calificó de “subvención”.

Según expuso, para ser rentable al autoconsumo se le tiene que “subvencionar” con la “variabilidad del peaje” porque los costes fijos del sistema los paga “fundamentalmente el consumo” y “el señor que pone unas placas paga menos por la red de lo que le corresponde, porque retira energía del sistema”. El que no autoconsume “le está regalando el coste de la red”. “Esa es la subvención”.

“Lo único que deberíamos cambiar es el peaje. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que el peaje se fije en función del consumo de energía y no en función del consumo de red”. Eso sí, “el que ha recibido las subvenciones se queda con sus subvenciones”.

Según Nadal, los bloques de apartamentos “no pueden hacer autoconsumo” en sus azoteas y solo pueden hacerlo “viviendas unifamiliares en las zonas ricas de las ciudades”, “drenando subvenciones” en “la política más regresiva que se ha inventado”.

El responsable de Economía del PP dijo en varias ocasiones no tener nada contra el autoconsumo, que “ni muchísimo menos” es “el problema más grave” de la política energética española. “Lo que me parece mal es subvencionarlo a costa del que no tiene capacidad de poner autoconsumo”. Con el sistema actual, aseguró, “el consumidor que entra a un Ikea lleno de placas fotovoltaicas y que no puede autoconsumir le está pagando al Ikea su electricidad. Siento ser tan burro”.

Hizo una analogía con el coste del Metro, que aseguró en “la mayoría de los países del mundo” es más caro “en la punta” de demanda.

Sí reconoció que esta solución energética reduce la necesidad de invertir en unas redes que, aseguró, no requieren “una inversión fuerte”; pero deslizó que “genera problemas de control” y “se ha vendido como la democratización, como el abaratamiento”, pero “no es más barato, de hecho es más caro”, porque es “evidente” que “llenar” los tejados de paneles solares “es mucho más caro” que poner una planta fotovoltaica de 400 MW en el campo, “en un sitio planito y de manera industrial”.

Mientras, PP y Vox acaban de pactar en Castilla y León poner coto a las grandes fotovoltaicas y eólicas, como ya acordaron en Extremadura y Aragón. Y prometen “fomentar el autoconsumo industrial delimitando una banda alrededor de los polígonos industriales en la que se autoricen instalaciones destinadas mayoritariamente al autoconsumo industrial”, dice el documento que acaban de firmar el partido de Nadal y la ultraderecha.

Alarma en el sector 

La propuesta del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo ha propiciado el rechazo de expertos como el economista Manuel Hidalgo, que en un artículo en Cinco Días recuerda que el autoconsumo “no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población”.

Hidalgo subraya que España ya soporta el término fijo de potencia más alto de la UE, “herencia de las subidas de 2012 a 2015”, y “quien autoconsume no esquiva ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red”. E imponer “cargos disuasorios para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un error de diagnóstico monumental, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual”.

Repescado hace menos de un año por Feijóo, Nadal fue secretario de Estado de Energía con José Manuel Soria como ministro de Industria, de diciembre de 2012 a noviembre de 2016, y responsable del impuesto al sol y el recorte retroactivo a las renovables que llevó a una catarata de condenas contra España que aún colea.

El impuesto al sol, cuya génesis se atribuyó en el sector a Iberdrola, lo defendió en 2015 la FAES de José María Aznar (entonces asesor de Endesa) en un estudio coescrito por un directivo de la eléctrica vasca, que en 2017 admitió que esta solución energética era un riesgo para su negocio. El denominado “cargo por autoconsumo” frenó durante años su despegue y provocó la mofa de la revista Forbes sobre cómo España iba a poner un “impuesto al sol”, con un conato de revuelta incluso en comunidades gobernadas por el PP.

Ahora el sector ve con preocupación la amenaza del gurú económico del PP, mientras admite cierto parón en la instalación de nueva potencia de autoconsumo. No obstante, el sector pone en cuestión los datos que publica desde diciembre REE, que apuntan a una fuerte caída en los últimos meses. 

A finales de 2025, el operador del sistema empezó a publicar información sobre la potencia instalada de autoconsumo, tras años en los que la única fuente de estos datos eran las estimaciones de las patronales del sector. Según sus datos provisionales, de diciembre a junio se habrían conectado menos de 500 megavatios (MW). Supondrían menos de 1.000 MW en un año, un mínimo desde 2020, cuando no se llegó a 600, y ahondaría las caídas de los últimos ejercicios.

En los dos últimos años se han instalado unos 1,1 gigavatios (GW) anuales, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación y de las deducciones en el IRPF, y ya son tres ejercicios seguidos de retrocesos en el ritmo de instalación tras el histórico 2022. Ese año, los disparatados precios de la luz que provocó la invasión de Ucrania propiciaron que se instalaran 2,5 GW, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Los datos de REE se basan en la información disponible en el Sistema de Medidas Eléctricas (SIMEL) remitidos por las distribuidoras y en estimaciones del operador del sistema con “la mejor información disponible en cada momento”. Como advierte el Ministerio para la Transición Ecológica, estos datos pueden tener “un decalaje importante” aunque el mercado haya aflojado en los últimos meses.

“Vemos una tendencia bastante plana”, de “caída en el sector residencial pero incremento en el industrial”, indica Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que apunta los problemas para conectar a la red nueva demanda como asidero del sector.

Javier Lázaro, director Técnico y de Regulación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), invita a leer con cautela los datos de REE, dado que tiene “muchas dificultades para tener toda la información fidedigna”, sobre todo de las instalaciones sin excedentes, que no vierten energía a la red.

El responsable de APPA admite que el arranque de 2026 ha sido el peor en años: “Lo que nos comentan las empresas del sector es que es verdad que ha sido un primer trimestre muy malo”, en el que “ha sido imposible trabajar por todas las lluvias y borrascas”. “Puede que el ritmo de las propias instalaciones sea inferior al de otros años, pero no hemos notado un feedback de que haya descendido muchísimo”, dice Lázaro.

REE, que actualiza diariamente sus datos, recoge que a junio habría instalados 9.194 MW de autoconsumo. UNEF estimaba en enero 9,3 GW al cierre de 2025. Y APPA estima que el año pasado se cerró con casi 9,6 GW, tras instalarse 368 MW en el segmento residencial y 846 MW del ámbito comercial e industrial, según sus datos.

Lo normal es que el Real Decreto-Ley 7/2026 (el de la guerra en Irán) impulse el autoconsumo, tras ampliarse hasta 5 kilómetros el radio para compartirlo en plantas de suelo (y no solo en cubiertas). Además, Transición Ecológica tramita desde hace meses un Real Decreto para impulsar el autoconsumo colectivo. No obstante, la CNMC ha expresado dudas sobre la propuesta ante “los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión en las redes”, un aviso a navegantes tras el apagón del 28 de abril de 2025, los problemas de observabilidad de estas plantas para REE y la desconexión de muchas instalaciones en ese histórico colapso energético.

Con todo, la situación actual del autoconsumo es radicalmente distinta al erial que vivió con Mariano Rajoy. El departamento de Sara Aagesen calcula que más de 600.000 hogares y empresas han apostado por él tras “un crecimiento exponencial del 1.600% desde 2018”. Recuerda que su hoja de ruta (de 2021) contemplaba un escenario base de 9 GW ya superado y de 14 GW en un escenario de alta penetración. Esta solución energética ya cubre el 4% del consumo eléctrico en España.

La última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 2023, contemplaba 19 GW para 2030. Un PNIEC que el último ministro de Energía de Rajoy, Álvaro Nadal, fue incapaz de aprobar pese a exigirlo la Comisión Europea. Su hermano gemelo (partidario de mantener las nucleares al menos 20 años) lo tacha de “literatura de ficción”.

En el Real Madrid no hay elecciones cada cuatro años. Florentino Pérez es presidente del club merengue desde 2009 –en su segunda etapa– y, desde entonces, ha ido renovando su cargo porque no ha tenido oposición. Sin embargo, este domingo, los socios y socias con derecho a voto –quienes llevan más de un año– tendrán que elegir si confirman al también presidente del grupo constructor ACS o si prefieren al presidente de la energética COX, Enrique Riquelme. Y el telón de fondo, junto a las promesas de fichajes de relumbrón, es si el Real Madrid va a vender un porcentaje de la entidad –y cómo lo haría– en un fútbol donde cada vez tienen más peso y poder los grandes fondos, los grupos 'multiclub' y los controlados por jeques de países petroleros y gasísticos. 

La posible venta de un porcentaje del Real Madrid la ha puesto sobre la mesa el propio Florentino Pérez, aunque esta no es la primera vez que habla de ello, y ese control sobre la propiedad del equipo blanco se ha convertido en uno de los argumentos de Riquelme, que ondea la bandera de que estas elecciones son un “referéndum” para decidir si el club tiene que seguir al 100% en manos de su masa social. 

“¿Quién dice que el club vale 10.000 millones? ¿Forbes? Eso no es una valoración. La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que fije el valor”, aseguraba Florentino Pérez en una entrevista con el diario El País. Y abrió la puerta a ir más allá de ese porcentaje. “Lo que quieran los socios y siempre por referéndum. Pero ese 5% no mandará”.

Días después, en su cuenta de la red social X, el primer accionista de ACS ahondó en esa argumentación. “El club puede crear una sociedad, 100% del club donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto” en la que “dar entrada a alguien de una forma simbólica, con un máximo del 5%. Esa marca global, o como sea, no va a mandar en el club, ni va a participar en ninguna de sus decisiones”. A cambio de esa inversión –de la que no dio ningún detalle de cómo se hará– el inversor en cuestión ganaría “la satisfacción y el honor de asociar su marca a la del Real Madrid”. También aseguró que, con ese movimiento “el carné” de socio “deja de ser un sentimiento, pasa a ser una propiedad que pase a los hijos o a los nietos”.

Mientras, Enrique Riquelme ha argumentado en diversas entrevistas en una misma dirección. “¿Por qué hay que meter capital urgente en el club? ¿Ha aumentado su deuda? Son preguntas para las que no tengo respuesta”, ha asegurado en una entrevista con El Mundo. “Nadie se cree que un fondo vaya a poner 1.000, 2.000 o 3.000 millones en el Real Madrid por el orgullo de ser el Madrid. Eso puede pasar a nivel personal, pero no a nivel de un fondo de inversión. Todos o muchos invertimos en fondos, también el señor Florentino Pérez. Los socios no son idiotas”, remarcó.

¿De quién es el Real Madrid y cómo crearía una sociedad?

Al margen de los argumentos que esgrimen uno u otro, el punto de partida es que, formalmente, el Real Madrid CF es de sus socios, en una fórmula similar a la que solo tienen otros tres clubes en España: FC Barcelona, Athletic Club y el CA Osasuna. Se trata de entidades de régimen asociativo y no de sociedades mercantiles. Este esquema quedó configurado en 1992, cuando todos los clubes de fútbol masculino se tuvieron que convertir en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En ese momento, se hicieron cuatro excepciones, las de los cuatro clubes citados, porque demostraron que sus cuentas, sus balances económicos, estaban saneados y su patrimonio neto era positivo. En resumen, eran solventes. Esos cuatro clubes, con sus diferentes divisiones –sean de fútbol o de baloncesto–, tienen que presentar sus balances anuales, como cualquier otra sociedad y rendir cuentas a sus socios y socias, pero no pueden hacer movimientos corporativos como otras empresas, por ejemplo, ampliaciones de capital. 

“El Real Madrid es el club con más ingresos [1.185 millones de euros en el último ejercicio], pero por su estructura no puede hacer ampliaciones de capital. Eso dificulta competir en un mercado global como el del fútbol”, explica Jorge Martín Magdalena, profesor de Gestión Empresarial de Comillas ICADE y experto en clubes de fútbol. “Ahí el Madrid tiene dos opciones, o se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, que no parece que sea lo que vaya a hacer; o crea una sociedad 100% del club y vender una pequeña parte de esta a un inversor. Este aportará fondos, pero también se quedará una parte de los dividendos”, añade. 

“Hay mucha ambigüedad respecto a lo que quiere hacer Florentino Pérez, porque no lo ha explicado”, indica Alberto Fernández Terricabras, profesor de la escuela de negocios IESE. “Puede crear una nueva sociedad que cuelgue 100% del club, una newco, a la que tendría que traspasar activos”.

En ella, argumenta el también director del Centro de Investigación Sport Management Center de IESE, puede realizar “una ampliación de capital donde el accionista [el club] se diluya, de modo que el inversor o inversores que entren se queden con un 5% o un 10%”, a cambio de 500 o 1.000 millones, según las valoraciones que se han apuntado en los últimos días. “Pero ese inversor o inversores querrá negociar un futuro dividendo, un puesto en el consejo o determinar cómo se hace la transmisibilidad de acciones”, donde el club puede guardarse un derecho prioritario de recompra. “Hay que recordar que la Ley de sociedades de capital, para proteger los intereses de los accionistas minoritarios, fija que cualquiera de ellos pueda reclamar un reparto de dividendo de hasta el 25%”. “Aquí hay mucho que no está explicado”, concluye.

El ejemplo a seguir, según diferentes fuentes consultadas, sería el del Bayern de Múnich. El FC Bayern München eV –controlada por los socios– es el accionista mayoritario de la sociedad FC Bayern München AG. Así, el club bávaro atesora un 75% de las acciones de esta última. El resto del accionariado se reparte a partes iguales (cada uno con un 8,33%) entre los patrocinadores del Bayern: Adidas, Audi y la aseguradora Allianz. Hay que recordar que en competición alemana, la Bundesliga, existe la Regla 50+1, por la que el 50% más un voto tiene que estar en manos del club y, por tanto, de los socios.

Un Real Madrid con beneficio y una deuda millonaria 

Las cuentas del Real Madrid ya reflejan que el club es propietario de varias sociedades: Real Madrid Estadio SL, que gestiona el estadio Bernabéu; Real Madrid Beijing Co Ltd, cuya actividad es la expansión del Real Madrid en China y otros países asiáticos; y Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL. De las dos primeras, el club controla el 100% del capital, pero no de la tercera, porque un 2% de esa empresa de gestión de los parkings –aún por construir por las disputas legales– es de SABA Aparcamientos SA.

Esas mismas cuentas del Real Madrid reflejan que cerró el último ejercicio con un beneficio de 24 millones de euros y unos ingresos de 1.185 millones. Es un equipo rentable, pero con una deuda millonaria por la renovación del estadio. El propio club explica en su balance que su deuda neta, excluido el proyecto de remodelación del estadio, es de 12 millones de euros. Sin embargo, la renovación del Bernabéu dispara la cifra real. “Los préstamos suscritos para la financiación de la remodelación del estadio totalizan 1.170 millones de euros, con vencimiento final en noviembre de 2053 y a un tipo de interés medio fijo del 3,2%”, detalla. “La deuda neta derivada del proyecto de remodelación del estadio a 30 de junio 2025 es un importe de 1.312 millones”, indica en las mismas cuentas.

“La deuda sobre Ebitda [resultado bruto, 243 millones] del Real Madrid es muy alta, pero no lo es tanto si se compara con el patrimonio neto”, que se sitúa cerca de los 600 millones de euros, apunta Alberto Fernández Terricabras. “Los equipos tienen que tener cuidado con los endeudamientos. Cuando uno se endeuda lo has de devolver y tienes que ver, cómo organización, si lo puedes asumir. La mayoría de clubes de España han ido a concurso de acreedores, por los fichajes o por los estadios que han conllevado grandes deudas”, recuerda el profesor del IESE. Ahí el FC Barcelona se ha comprometido a devolver su deuda prometiendo ingresos a futuro, como los derechos audiovisuales o por las entradas, en lo que ha denominado 'palancas' financieras. Según sus últimas cuentas, el club blaugrana debe 1.450 millones de euros, sobre todo, por las obras de su estadio.

Un fútbol dominado por fondos y jeques

A la espera de ver quién gana estas elecciones, la élite del fútbol masculino lleva tiempo dominada por inversores, magnates, jeques de Estados donde abunda el gas o el petróleo y grandes fondos de inversión. Entre estos últimos, el Atlético de Madrid que, desde hace unos meses está controlado por el fondo estadounidense Apollo, que aportó cerca de 1.300 millones de euros para convertirse en accionista de referencia. Hay otros magnates al frente de equipos españoles como Peter Lim en el Valencia CF; el inversor norteameticano Alan Pace. en el Espanyo;l o el polémico jeque Abdullah ben Nasser Al-Thani en el Málaga CF.

Fuera de España, esa realidad de jeques se multiplica. Por ejemplo, detrás del último ganador de la Champions League está Nasser Al-Khelaïfi, presidente de Qatar Sports Investments (QSI), que adquirió el club parisino hace una década. Otro de los grandes, el Manchester City está controlado por Abu Dhabi United Group (ADUG), controlada por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. En este tema, contamos quién es quién entre estos grandes magnates que dominan las principales ligas.

Además, en el fútbol actual se da otra realidad: los grupos 'multiclub', que poseen diferentes equipos en distintas competiciones, como contamos en este otro tema. Tras la pandemia se disparó esta multipropiedad. Por ejemplo, los dueños del citado City tienen equipos, además de en Manchester, en Nueva York, Melbourne, Palermo, Yokohama, Montevideo, Sichuan, Mumbai y Girona. Y el Crystal Palace, que ganó hace unos días la Conference League al Rayo Vallecano, jugó esta competición porque no pudo disputar la Europa League, al compartir propiedad con otro equipo que ya iba a jugarla, el Olympique de Lyon. Ambos están controlados por el estadounidense John Textor, que también es dueño del Botafogo brasileño.

Cuando a Sergio Montero, enfermero de 47 años, y a su pareja les concedieron el año pasado un piso de tres habitaciones del Plan Vive de Valdebebas por 900 euros, pensaban que les había tocado la lotería del alquiler asequible. La cosa se torció cuando vieron en el contrato que les obligaba a contratar dos plazas de garaje a más de 100 euros cada una y un trastero de 80 euros. Y fue a peor cuando el primer mes le cobraron 60 euros de IBI (que en teoría está bonificado) y unos 200 de comunidad que no sabe en qué se gastan porque la maleza no para de crecer y atrae hasta a las ratas. Total, una renta de unos 1.500 euros pagada a la gestora privada Avalon que se acaba comiendo el 50% de los ingresos de la pareja y no el 35% que recoge como requisito la normativa del Plan Vive y que inicialmente sí que se cumplía. 

Ante lo que consideran cobros excesivos y sin justificar, más de 100 vecinos de entre las 700 familias que viven en los tres lotes de Valdebebas con estos costes que llegan a duplicar el alquiler pactado han constituido la Asociación de Inquilinos del Plan Vive de Valdebebas, tal y como ha podido comprobar elDiario.es con los contratos y comunicaciones de cobros. Pero la gestora de los pisos, Avalon, socimi del fondo estadounidense Ares Management, cuyo accionista mayoritario es Blackrock, no les reconoce como tal y no se sienta a negociar ni individual ni colectivamente para solucionar una situación que desespera a muchos de los vecinos. La Comunidad de Madrid no ha respondido a elDiario.es sus preguntas sobre este problema.

El ejemplo más estrambótico de estas cláusulas, recogidas en las normativas del Plan Vive, que ya prevé cargar con IBI y comunidad y obligar a coger plaza de garaje a los inquilinos, es el de los pisos más pequeños, que aunque son para una sola persona están vinculados a dos plazas. Es el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Más surrealista es el caso de otro inquilino que prefiere mantener el anonimato y está en la misma situación pero ni siquiera tiene coche. Por contrato, tienen prohibido realquilarlas. 

Un esfuerzo de hasta el 50% del sueldo sin contar luz y agua

ElDiario.es ha podido comprobar con hasta cuatro contratos el mismo incremento de precios con las tasas añadidas (y de las cuales no se les avisó a los inquilinos, denuncian) que llevan a disparar la tasa de esfuerzo. Así, Núria pasa del 25% de ingresos que suponía su alquiler inicial al 46% con los gastos; Pedro, el inquilino anónimo, del 22% con los 530 iniciales al 44% de 1047 y Ruth, que vive con su pareja, del 21% por los 694 iniciales al 39% por los 1.247 que acaba pagando con los costes. 

O sea, que ni una persona con un sueldo de 2.400 euros puede pagar el alquiler de la vivienda unifamiliar asequible sin gastar menos de la mitad. Sería necesario cobrar más de 3.000 al mes para cumplir con el esfuerzo recomendado y estipulado una vez se suman los gastos. Y eso sin contar los gastos de luz, agua y gestión energética (calefacción y agua caliente), que pueden elevarse a entre 100 y 180 euros al mes según el gasto. 

En un breve paseo por Idealista, se encuentran en Valdebebas viviendas del mercado privado a precios inferiores a los del Plan Vive, con todos los gastos incluidos. Los garajes se ofertan mayoritariamente por 70 euros en los pisos privados, casi la mitad de lo que se llega a cobrar en los pisos supuestamente asequibles. 

Al encontrarse con el contrato y con las cláusulas, tanto Núria, como Sergio, como Pedro se plantearon no aceptar esas viviendas. “¿Pero adónde voy a ir? Mi exmujer vive aquí al lado con mis hijos y es la forma de estar cerca de ellos y el mercado está imposible”, dice Sergio. “Cuesta mucho encontrar piso, ya había dado la salida del otro y no tenía una alternativa”, aporta Núria. “Como llegué el primero al concurso, me dieron la vivienda. La asignación está bien y es algo que en el mercado privado no pasa, por lo que no pude rechazarlo”, dice Pedro. “Tal y como está la vivienda, 1.200 euros, aunque no es alquiler asequible, no me pareció una locura. Lo que es caro para mí es que pagas los gastos de comunidad pero no ves por ninguna parte en qué se van”, denuncia Ruth. 

Maleza, ratas y mala calidad

En efecto, en los precios no acaban los problemas de los inquilinos, que les acompañan desde la entrada y unas escaleras agrietadas que se tambalean aunque son nuevas hasta el interior de las cocinas por donde se les cuela el olor de lo que cocinan los vecinos a través de las campanas extractoras. “A veces en el grupo de Whatsapp bromeamos: ‘¡a ver quién invita a esos macarrones!'”, dice Sergio con humor. Han exigido que se detallen los gastos de comunidad, que, denuncian, les están cobrando al máximo permitido, el 18% del alquiler, pese a no cumplir con los servicios. Y no han recibido respuestas. 

“La maleza sigue creciendo”, denuncia Sergio apuntando a unos arbustos altos y secos que rodean y casi se cuelan en el patio del bajo donde vive. “Y eso atrae a las ratas, que ya se pasean por aquí, denuncia. ”Y a las garrapatas“, completa Núria, que también se ha quedado cinco veces sin agua caliente, una de ellas durante cuatro días por la falta de respuesta de mantenimiento.

La aerotermia, que según Pedro dispara los costes hasta los entre 40 y 100 euros de luz al mes, falla a menudo. El agua caliente también, cuentan, porque funciona todo con una caldera central que no tiene capacidad para todo el bloque. “Y las calidades son muy justas”, denuncia Sergio mientras golpea una pared que suena hueca. “Si le doy fuerte, nos vamos al piso de al lado”, completa. 

Según coinciden los vecinos de los bloques, las condiciones espantan a muchos adjudicatarios que acaban optando por no aceptar las viviendas. A ello atribuyen el cambio de pliegue del Plan Vive firmado a principios de abril, en el que se aprobó asignar las viviendas adaptadas a personas sin discapacidad si no entran perfiles así, flexibilizar el acceso en cuanto a los años de padrón permitido y elevar el lindar máximo de rentas hasta 7,5 veces el IPREM, una renta anual de 63.000 euros, en los paquetes asequibles. 

Los vecinos denuncian que tienen un “techo de cristal como inquilinos”, en palabras de Sergio, a la hora de negociar las condiciones de la vivienda. Al ser un solo propietario para todas las viviendas, estas se dividen a partir de la propiedad vertical. Los gastos de comunidad se calculan en todo el bloque y después se dividen en función de la superficie. Los 28.000 euros en suministros de áreas comunes, 47.000 de mantenimiento y 149.000 de servicios generales (limpieza, conserjes, jardinería) suman con seguros y gastos extraordinarios 229.626 en 2025, según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que no convencen a los inquilinos. 

“Nos aplican el máximo permitido del 18% sobre las rentas y, aunque luego nos digan que nos van a devolver una parte, les estamos financiando su negocio, porque no nos lo devuelven con intereses. Eso es un exceso de provisión de fondos y es ilegal”, denuncia Sergio. 

Aunque el caso de Valdebebas es el más llamativo por los elevados precios vinculados a un alquiler en teoría asequible, vecinos de Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes o Móstoles se están organizando, con problemas similares, para movilizarse ante la Comunidad de Madrid y la gestora. 

Un complejo entramado privado con apoyo público

Mientras la presidenta Ayuso presume de haber entregado ya 5.000 de las 15.000 viviendas del Plan Vive promovidas, los vecinos se encuentran en viviendas que acaban por no ser asequibles y que las gestionan grandes fondos internacionales que no responden ante los problemas, con graves problemas estructurales y de mantenimiento. 

Avalon, adjudicatario del Plan Vive, la constructora Sanjose y Aedas, como project manager, ya gestionan 3.400 de ellas en 22 promociones concluidas. Las viviendas se adjudicaron entre septiembre y noviembre de 2021 en cuatro lotes de hasta 5.200 y todas fueron a parar a Aedas y Ares, propietaria de Avalon y unida con la constructora Sanjosé en Dorsono, y a Culmia, que también está controlada por gran un fondo estadounidense, Oaktree. 

Ares Management, fondo estadounidense que gestiona más de 600.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, es la impulsora y propietaria de Avalon y es uno de los mayores caseros de España. A su vez, Avalon creó dos socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas) para la gestión del Plan Vive, a través de la filial Madrid Affordable Housing. 

Una socimi es Daria 323, que gestiona 1.118 viviendas del Plan Vive y salió a Bolsa el año pasado. La otra es Iante, que Ares Management vendió el pasado mes de abril a otro fondo internacional, Hoopp, según publicó El Periódico. Recientemente, Ares puso en venta toda su cartera de viviendas ya construidas del Plan Vive por 600 millones, según publicó Cinco Días. Un entramado de empresas, fondos y movimientos de capital complejos y tan difíciles de seguir como lo es entender la cantidad de gastos de sus inquilinos en Valdebebas o que se obligue a una persona que vive sola a tener dos plazas de garaje. 

El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del pasado martes, la operación por la que Turkish Airlines podrá formar parte del capital social de Air Europa, según han informado este jueves fuentes de la aerolínea española.

La decisión forma parte del recorrido administrativo establecido para estas operaciones por la Unión Europea (UE) y antecede, de manera preceptiva, a una próxima aprobación final por parte de las autoridades comunitarias, han explicado desde la aerolínea.

La operación, que se formalizó entre ambas compañías el pasado mes de noviembre, supondrá la adquisición del 26,5 % de la aerolínea española por parte de la empresa otomana.

El visto bueno del Gobierno español se produce tras el informe favorable emitido el pasado 19 de mayo por parte de la Junta de Inversiones Exteriores, formalizando así el cumplimiento de la normativa nacional sobre inversiones extranjeras.

Como establece la Ley 19/2003, requieren una autorización administrativa previa las operaciones de esta naturaleza en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 % del capital de una compañía española que opere en un sector clave para el país. De esta manera, el Consejo de Ministros reconoce, una vez más, el carácter estratégico de Air Europa para la economía nacional, destacan desde la empresa. 

El gigante de la inversión Blackstone ha establecido un límite en los desembolsos de su fondo de crédito privado Blackstone Private Credit Fund (BCRED) del 5%, después del incremento de las solicitudes en el segundo trimestre, que han alcanzado el 10% de los activos netos del fondo.

“En el segundo trimestre, las solicitudes de recompra representan aproximadamente el 10% de las acciones en circulación y, según lo previsto, BCRED atenderá solicitudes de recompra que representen el 5% de las acciones en circulación”, reza una carta dirigida a los inversores recogida por Europa Press. Hay que recordar que esta 'banca en la sombra' y las dudas sobre su liquidez ya han hecho saltar las alarmas del sector financiero.

El mayor grupo de inversión privada del mundo ha recurrido a este mecanismo siguiendo los pasos que otras grandes firmas como Apollo, Ares Management, KKR o BlackRock ya habían implementado en los últimos meses, ante una creciente presión sobre estos vehículos de inversión por el aumento de las solicitudes de retirada.

“El objetivo principal de BCRED es proteger el valor para los accionistas y generar excelentes resultados para los inversores. El marco de recompra del fondo proporciona liquidez a los accionistas, alineada con el ciclo de reembolso previsto de las inversiones, al tiempo que preserva el capital para su inversión en entornos de mercado favorables”, asegura el comunicado.

Además, Blackstone ha informado que el fondo mantiene una liquidez superior a los 15.000 millones de dólares (12.900 millones de euros) y una “sólida” capitalización. Asimismo, los reembolsos y las entradas de capital han superado las acciones recompradas.

La firma permitió durante el primer trimestre que todos los inversores que solicitaran retiradas del fondo pudieran hacerlas efectivas, a pesar de que incluso en este periodo ya se superó el umbral del 5%.

“BCRED está diseñado para generar distribuciones de ingresos estables y rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo a lo largo de los ciclos del mercado, con ingresos que brindan protección ante las pérdidas durante los períodos de volatilidad”, sostienen.

La dirección de Nestlé y los sindicatos han anunciado este jueves un preacuerdo que reduce la afectación del ERE planteado para diversas plantas de España a un total de 242 despidos, desde los 301 previstos inicialmente.

Además, al reconocer la empresa que existen 64 nuevas vacantes, que se podrán cubrir con las personas que pierdan su empleo por el expediente, “el impacto se reduciría a 178 puestos de trabajo, lo que supondría reducir el volumen del ERE en un 41%”, ha destacado CCOO en una nota. 

El preacuerdo, alcanzado a última hora de la noche de este miércoles, prevé indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, y será sometido ahora a consulta entre la plantilla.

Según han explicado los representantes de los trabajadores, el acuerdo también recoge la posibilidad de que determinados empleados puedan acogerse de forma voluntaria a la conversión de sus contratos en fijos-discontinuos en algunos centros, recoge la agencia EFE.

Se creará también “una bolsa de trabajo”, indica CCOO. “Si hasta finales de 2027 surgieran nuevas vacantes en las plantas, tendrán prioridad para cubrirlas las personas afectadas por este expediente”, explica el sindicato.  

Complementos económicos por edad y antigüedad

Las indemnizaciones pactadas computarán toda la antigüedad desde el primer contrato suscrito con la empresa y se han establecido complementos económicos adicionales en función de la edad y la antigüedad de las personas afectadas, han informado los sindicatos.

En concreto, los trabajadores menores de 31 años percibirán un complemento de 20.000 euros; los de entre 31 y 50 años, de 15.000 euros; y los mayores de 50 años, de 10.000 euros.

Por antigüedad, los complementos oscilarán entre los 15.000 euros para quienes acumulen hasta 15 años en la empresa y los 30.000 euros para aquellos con más de 40 años de vinculación laboral, pasando por importes de 20.000 y 25.000 euros para los tramos intermedios.

El preacuerdo contempla también planes de rentas para los trabajadores de mayor edad, con cobertura hasta los 63 años y revalorización anual; así como medidas de protección social que incluyen un plan de recolocación externa, el mantenimiento temporal del seguro médico y convenios especiales con la Seguridad Social.

Los sindicatos destacan la merma de afectados y condiciones

En un comunicado, el sindicato CSIF ha valorado el preacuerdo, ya que “ha logrado condiciones de salida dignas muy por encima de las parcas condiciones iniciales fijadas por la empresa”.

“Una empresa líder del sector debe dar valor a sus trabajadores y tras esta negociación se ha logrado. Debemos ser capaces de conciliar la dignidad de las personas trabajadoras y las necesidades empresariales”, ha señalado la organización sindical.

CCOO destaca que también se ha conseguido, fruto de la presión y de la negociación, “que queden excluidas del ERE los cónyuges y las parejas de hecho”. “Si los dos trabajan en Nestlé, una de las personas no estará afectada”, explica el sindicato. “Tampoco podrán perder su empleo con este ajuste quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%; las víctimas de violencia de género y las familias monoparentales”, añade desde la organización. 

El expediente afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.

La Comisión Europea vuelve a poner en duda la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer descarrilar la OPA que BBVA presentó para hacerse con el Sabadell. La Comisión Europea considera que dichas medidas son “incompatibles con el nuevo marco establecido para regular adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a entidades de crédito”. La operación del BBVA fracasó, ya que con las condiciones impuesta por el Gobierno solo logró el respaldo de poco más del 25% del accionariado de la entidad catalana.

Bruselas ya anunció el pasado 17 de julio de 2025 que abría un procedimiento de infracción contra España por las leyes en las que se basó el Ejecutivo para interferir en la OPA. Entonces el ejecutivo comunitario consideró que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestionó que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra.

Ahora la Comisión Europea ha enviado una nueva carta al Gobierno de España por incumplir el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre Requisitos de Capital y los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Ministerio de Economía: “Es una carta complementaria”

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que “no se ha abierto ningún nuevo procedimiento de infracción a España relacionado con fusiones bancarias. La carta de la Comisión no supone que el procedimiento ya existente haya avanzado a una nueva fase o escalado. Es una carta complementaria a la anterior”.

Bruselas argumenta que “la consolidación del sector bancario beneficia a la economía de la Unión Europea en su conjunto y resulta esencial para la consecución de la Unión Bancaria Europea. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de forma eficiente en toda la Unión y que ciudadanos y empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones”.

Con la entrada en vigor de la nueva directiva sobre requisitos de capital, que tenía que ser traspuesta en la legislación española antes del 10 de enero de 2026, la Comisión “ha actualizado la evaluación jurídica” del procedimiento contra España ya que considera que “las medidas españolas objeto de examen son incompatibles con el nuevo marco establecido” de dicha directiva. 

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que “está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI) para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC”.

Ante las medidas que sacó adelante el Gobierno de España para entorpecer la fusión entre BBVA y Sabadell, “la Comisión envía hoy esta carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas”. En caso de que España no corrija su actuación, la Comisión emitirá “un dictamen motivado, que constituye la siguiente fase del procedimiento de infracción de la Unión Europea”.

La Comisión Europea lleva analizando la legislación que rodea esta operación desde mayo de 2024, cuando dos días después del anuncio de la adquisición de Banco Sabadell por BBVA recibió una denuncia de un ciudadano que ponía en alerta a los técnicos comunitarios sobre la posibilidad de que varias normas españolas pudieran entorpecer esa operación.

El Gobierno dio luz verde a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell, pero exigió a los bancos que no se fusionen durante tres años, para que sigan operando por separado, y que no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Además, podrá ampliar ese tiempo hasta dos años más. Mantiene, también, las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes de esta decisión, el regulador del mercado bursátil, la CNMV, ha suspendido temporalmente la cotización de los bancos.

El grupo chino Chery se ha convertido en uno de los que crecen más rápidamente en Europa. Con el viento a favor de un aumento de las matriculaciones de más del 300%, Chery ha anunciado un acuerdo para producir sus vehículos en la planta de Nissan en Sunderland (Reino Unido), que se convertirá en la segunda factoría del grupo chino en Europa tras la que comparte con Ebro en Barcelona.

Chery ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante con Nissan para estudiar la producción de vehículos en la histórica planta de Sunderland, donde se producen los modelos Qashqai, Juke y el eléctrico Leaf. Nissan. El acuerdo contempla que Nissan fabrique vehículos de pasajeros de Chery International UK en sus instalaciones a partir del ejercicio fiscal 2027. Aunque las conversaciones siguen abiertas y no se han revelado detalles sobre los modelos que podrían ensamblarse, el movimiento supone un nuevo paso en la estrategia de implantación industrial del gigante asiático en Europa .

La operación permitiría además dar una nueva vida a una de las plantas más emblemáticas de la industria automovilística británica. Sunderland seguirá siendo propiedad exclusiva de Nissan y toda la plantilla continuará empleada por el fabricante japonés. Sin embargo, la llegada de producción adicional ayudaría a mejorar la utilización de las instalaciones después de que Nissan anunciara en mayo la consolidación de sus operaciones en una única línea de producción, dejando la segunda inactiva, para optimizar la actividad de la fábrica. En 2025, Sunderland alcanzó una producción de 273.174 vehículos, una cifra muy alejada de su máximo de más de medio millón de coches en 2019.

“Este es un importante paso adelante para nuestras operaciones”, afirmó Massimiliano Messina, presidente de Nissan en el mercado europeo. “Estamos deseando colaborar con Chery International UK en los próximos meses para ultimar una solución que sea óptima para ambas compañías”.

Respuesta a un crecimiento explosivo

La posible fabricación en Sunderland llega en un momento de fuerte expansión para Chery en Europa. Según los últimos datos de matriculaciones de ACEA correspondientes al periodo enero-abril de 2026, el grupo registró 94.456 vehículos en la UE, Reino Unido y los países de la EFTA, frente a las 21.567 unidades del mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 338%. Solo en abril, las ventas aumentaron un 322%, hasta las 24.398 unidades. En cambio, Nissan redujo sus ventas un 10% y se quedó con menos de 108.000 matriculaciones.

Este avance convierte a Chery en uno de los fabricantes con mayor crecimiento del mercado europeo y explica la necesidad de ampliar su capacidad productiva fuera de China para reducir costes logísticos, minimizar el impacto de los aranceles europeos a los vehículos importados y acortar los plazos de entrega.

La compañía ya cuenta con una plataforma industrial en España gracias a la reactivación de la antigua planta de Nissan en Barcelona, hoy operada junto a Ebro. Allí se ensamblan modelos de Ebro, basados en los de la marca Tiggo de Chery para otros países, y está previsto comenzar en los próximos meses el montaje de turismos de Omoda y Jaecoo para abastecer al mercado europeo.

Una constelación de marcas para conquistar Europa

La estrategia de Chery pasa por desplegar un amplio ecosistema de marcas capaz de cubrir distintos segmentos del mercado. En España ya comercializa Omoda y Jaecoo, mientras impulsa el renacimiento de Ebro. A ellas se sumará próximamente Lepas, su nueva enseña internacional con un posicionamiento más alto.

El primer modelo de esta marca será el Lepas L8, un SUV de gran tamaño desarrollado sobre la misma arquitectura que utilizan otros productos del grupo como el Tiggo 9, el Omoda 9 o el Ebro S900. El vehículo llegará con versiones híbridas enchufables y eléctricas y se posicionará como una propuesta de corte más premium dentro del universo Chery.

SpaceX ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros) en lo que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, otorgando a la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

En una actualización del folleto de la operación registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una semana antes de la fecha que se anticipa para el debut de SpaceX, la compañía tecnológica ha confirmado su intención de cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas, donde se negociará bajo el símbolo 'SPCX'.

En concreto, SpaceX ha precisado que tiene la intención de ofrecer 555,56 millones de acciones a un precio unitario de 135 dólares, lo que permitiría a la empresa levantar unos 75.000 millones de dólares, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la OPI a 86.250 millones de dólares (74.276 millones de euros).

De este modo, SpaceX se convertirá en la mayor salida a Bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.320 millones de euros). Con una valoración de más de 1,77 billones de dólares, la compañía pasará instantáneamente a formar parte de las diez mayores cotizadas del mundo.

Asimismo, el salto al parqué del conglomerado que, además de los servicios de lanzamientos espaciales, agrupa también negocios como Starlink y modelos de IA como Grok, abrirá la puerta a los esperados debuts bursátiles de OpenAI y Anthropic, que se prevé también superaran el billón de dólares de valoración.

En la documentación registrada ante la SEC, SpaceX advierte de que tras la finalización de la oferta, Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que SpaceX anticipa que será considerada una “empresa controlada” según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

De este modo, la empresa no estará obligada a tener una mayoría de consejeros independientes en su consejo ni a establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.

Además, adelanta que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía “en un futuro próximo”, sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque señala que la futura política de dividendos queda a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual crecieron un 38,1 % entre enero y marzo, y suman ya seis trimestres al alza.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de estadística (INE), en los tres primeros meses del año se produjeron 3.328 inscripciones, la cifra más alta para un primer trimestre desde 2022. Si sumamos las viviendas no habituales, se alcanza una cifra de 4.607 ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre que, aunque al alza, aún se encuentra lejos de las más de 14.000 que se producían en 2014.

El total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad creció un 20,1 % en el trimestre, y las de viviendas de personas físicas lo hicieron un 35,8 %.

El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el primer trimestre de 2026 fue de 6.602, un 20,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 69,8 % del total de las realizadas entre enero y marzo.

Un 50,4 % del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas, un 9,9 % de personas jurídicas y un 9,5 % otras viviendas de personas físicas, en tanto que las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas representaron el 23,3 % del total.

Si se tiene en cuenta el estado de las viviendas, el 10,5 % de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre fueron sobre viviendas nuevas, que subió un 98 %; y el 89,5 % sobre usadas, que se incrementó un 29,6 %.

Por el año de inscripción de la hipoteca, el 15,8 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre correspondió a hipotecas constituidas hasta 2004, el 13,4 % a hipotecas constituidas en 2007 y el 13,0 % a hipotecas de 2006.

De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 44,3 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.813), Cataluña (1.157) y la Comunidad Valenciana (920).

En el otro extremo de la tabla, La Rioja (30), la Comunidad Foral de Navarra (43) y Cantabria (44) registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.226), Cataluña (906) y la Comunidad Valenciana (657) presentaron el mayor número de ejecuciones; y los menores se dieron en La Rioja (24), la Comunidad Foral de Navarra y Cantabria, ambas con 29.