La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, sufrió la explosión de uno de sus cohetes New Glenn durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Florida (EE UU), en un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

La explosión ocurrió la noche del jueves en Cabo Cañaveral durante una prueba de encendido estático ('hot fire test'), una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

“Todo el personal está localizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para averiguarla. Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena”, tuiteó Jeff Bezos.

Blue Origin confirmó que se registró una “anomalía”, aunque aseguró que todo el personal fue evacuado y no hubo heridos.

El cohete New Glenn estaba previsto para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que le ha puesto una multa de 200 millones de euros a Temu. Bruselas asegura que plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta es la multa más alta que se ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se había sancionado a la red social X con 120 millones.

La Comisión abrió el procedimiento formal contra Temu en octubre de 2024. Se adoptaron conclusiones preliminares en julio de 2025 y se cierra ahora con una decisión formal de incumplimiento y la correspondiente sanción.

Bruselas asegura que dispone de pruebas que indican que es los consumidores de la UE se van a encontrar artículos ilegales en Temu, especialmente en las categorías de cargadores, joyería y juguetes para niños y bebes. A principios de este año, la Asociación Retail Textil España (Arte), junto a las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España, acusaron las grandes plataformas de comercio electrónico del impacto sobre el mercado europeo y denunciaron que más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente.

Tras la investigación, los funcionarios europeos aseguran que las pruebas obtenidas mediante un ejercicio de “mystery shopping” mostraron que “un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó pruebas básicas de seguridad, mientras que una alta proporción de juguetes para bebés presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta por contener sustancias químicas que excedían los límites legales o por riesgos de asfixia debido a piezas desmontables”.

Una alta funcionaria de la Comisión ha comentado que “el 'mystery shopping' no fue la única fuente de datos. Hubo, por una parte, la investigación de 'mystery shopping' realizado por encargo de la Comisión Europea. También se hizo lo que se denomina una ”PCA exercise“ (Priority Customs Action), es decir, una acción prioritaria aduanera en la que las autoridades examinaron las mismas categorías de productos que se analizaron en el 'mystery shopping'. Además, se utilizó información de la base de datos ICSMS, gestionada por las autoridades de vigilancia del mercado. Estas tres fuentes arrojaron porcentajes elevados y muy elevados de productos ilegales”.

Además, Bruselas acusa a Temu “no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio, incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados, podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales”.

“La multa es desproporcionada”

Fuentes de Temu contactaron con elDiario.es para explicar que “respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

Según la plataforma china de comercio electrónico la decisión de la institución europea “no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma. Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles”.

Fuentes de la Comisión apuntan que Temu “tendría ya que haber dejado de vender esos productos en su plataforma”. Sin embargo, una alta funcionaria de la institución europea admite que “la investigación sigue en curso. Estamos evaluando si los medios que Temu está aplicando son eficaces, exitosos y suficientemente rigurosos en lo relativo a sanciones para los vendedores ilegales. Esta investigación en curso debería ya estar incentivando a Temu a cumplir las normas y a mejorar sus sistemas”.

“El elemento clave que hay que destacar es el enfoque sistémico de esta evaluación de riesgos. Queremos que las plataformas de comercio en línea que ofrecen productos en la Unión Europea dispongan de sistemas capaces de filtrar productos ilegales, de modo que los consumidores europeos estén protegidos”, según ha explicado una alta funcionaria de la Comisión.

Tensión comercial entre la UE y China

La multa a la plataforma de comercio electrónico llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. Un grupo de países europeos, encabezados por Francia, ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Este viernes hay una reunión sobre la estrategia que debería presentar el bloque europeo bajo la premisa de una “política de defensa comercial más firme y eficaz”. Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que dará prioridad a los fabricantes europeos en la concesión de nuevas licencias de proveedores de servicios móviles por satélite. La medida trata de frenar la expansión desmedida de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk, o la red satelital de Amazon.

Bruselas va a reestructurar el acceso y uso de la banda de frecuencias de 2 GHz para servicios móviles por satélite que sitúa la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica como pilares fundamentales. La Comisión Europea considera que la conectividad satelital es una infraestructura “vital para la soberanía tecnológica de la UE”, especialmente frente a “las rápidas evoluciones del mercado y la geopolítica mundial”. Hasta ahora los operadores estadounidenses han conseguido copar buena parte del mercado europeo.

La decisión de Bruselas beneficiará a compañías como la española Indra, que tras su compra de Hispasat, o con la joint venture Sateliot se puede convertir en uno de los líderes en este tipo de tecnología. Recientemente, PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador fue diseñado para poner pequeños satélites en órbita.

El sector de servicios de datos y telecomunicaciones satelitales a gran escala en Europa mueve alrededor de 9.200 millones de euros anuales, según la Agencia Europea del Espacio. Otras compañías europeas pujantes son Eutelsat, Telespazio o SES.

El objetivo de la medida es “reducir la dependencia estratégica de proveedores de terceros países”. Para proteger el orden público y diversificar el mercado, la normativa busca explícitamente incentivar y dar prioridad a nuevos operadores tecnológicos establecidos en la Unión Europea, evitando así que “los servicios comerciales dependan de un único operador extranjero”.

En la última concesión de 2009, dos empresas estadounidenses Viasat, que tiene como principales accionistas a los fondos The Vanguard Group y BlackRock, y EchoStar, propiedad del multimillonario estadounidense Charlie Ergen, ganaron las concesiones de servicios móviles por satélite. Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento, estas compañías podrán prorrogar por dos años sus servicios.

Concesiones exclusivas a empresas europeas

El nuevo reglamento establece que una parte dedicada a la banda de espectro de 2 GHz se asigne exclusivamente a un sistema satelital gubernamental seguro y resiliente (sistema MSS/híbrido). Para este servicio (comunicaciones críticas, militaresy de defensa) se seleccionará a un único titular para operar este sistema, que tiene que ser un fabricante europeo. A este operador se le asignarán dos bloques destinados principalmente a las comunicaciones gubernamentales.

Respecto a los servicios comerciales (desde servicios de internet a bordo de aeronaves ofrecidos a los pasajeros, internet rural, rastreadores personales de actividad física o sistemas de monitorización energética, entre muchos otros), se autorizará a uno o más operadores europeos nuevos para proporcionar servicios comerciales. Estos nuevos entrantes de la UE tienen prioridad para obtener dos de los cuatro bloques comerciales disponibles. Los otros dos bloques restantes estarán disponibles para solicitantes de un Estado miembro de la UE o de un tercer país. Es decir, aquí sí que los gigantes estadounidenses podrán optar a ofrecer sus servicios.

La Comisión Europea quiere “evitar monopolios y asegurar la competencia” con lo que se “imponen límites estrictos en las concesiones: ningún fabricante puede obtener más de dos bloques para la prestación de servicios comerciales y en caso de que un operador haya conseguido ser el seleccionado para el sistema gubernamental podría llegar a obtener un máximo de dos bloques adicionales para uso comercial.

Además, se exige a los operadores garantizar un nivel alto de seguridad en la cadena de suministro de los componentes clave, que deben fabricarse en la UE. En la búsqueda de la máxima seguridad, “se prohíbe explícitamente” que los solicitantes estén obligados por leyes de terceros países a reportar vulnerabilidades de software o hardware a gobiernos extranjeros antes de que la UE tenga conocimiento, con el objetivo de proteger a la UE de ciberataques.

“Una conectividad satelital de alta capacidad y ampliamente disponible es esencial para reforzar la resiliencia de las redes de comunicación de la UE. La conectividad satelital también es crucial para nuestros servicios gubernamentales y las comunicaciones críticas de Europa. Hoy damos un paso muy importante hacia adelante”, ha comentado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Durante la presentación de la medida, Virkkunen ha recordado como una compañía europea de satélites trató de entrar en Estados Unidos para dar servicios móviles y no pudo acceder por el veto del Gobierno de EEUU.

“Hemos visto que en Estados Unidos también se ha tomado una decisión sobre la asignación de su banda de estos servicios y decidieron que el operador estadounidense continuará utilizándola. También había un operador europeo interesado en obtener acceso, pero fue rechazado por parte de Estados Unidos”, ha concluido la comisaria europea.

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias (de hasta 35 millones de euros), trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) —como los desnudos generados por asistentes virtuales—, y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, un texto que va a dotar a España de un instrumento que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo' porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.

El texto fija los sistemas o las prácticas que están prohibidas, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la 'puntuación' de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para por ejemplo denegar subvenciones o préstamos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que España está demostrando “un ejemplo sobresaliente” en el despliegue y la adopción de la IA y ha citado la localización de dos 'fábricas' de IA de la UE, un proyecto de 'gigafactoría', varias empresas punteras en el sector, entre ellas Multiverse Computing o la existencia ya de un modelo de IA en español ('ALIA'), y ha aseverado que el país “abandera” la apuesta para que esta tecnología sea “ética y confiable”.

López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido, frente a los 'tecnoligarcas“ que están en contra de cualquier tipo de regulación, la posibilidad de compatibilizar la innovación y la competitividad con los derechos, y se ha mostrado convencido de que la ley responde a la inquietud de los españoles, ya que casi el 80 por ciento de la población pide más protección de los derechos digitales.

La nueva ley es “garantista y humanista”, ha manifestado el ministro, quien ha alineado los objetivos del texto con los fijados por el papa León XIV en su encíclica, y ha situado a España como uno de los líderes mundiales (el séptimo, ha dicho) en el desarrollo y el progreso de la inteligencia artificial, pero como “el más avanzado” del planeta en el caso de una tecnología “confiable”.

Respuesta a los desnudos creados desde la red social X

La ley fija responsabilidades a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos en Europa, impone la supervisión humana en casos que puedan afectar a derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas de protección a los menores, y atribuye competencias de supervisión a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a la Agencia Española de Protección de Datos, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El texto que ha aprobado este martes el Gobierno incluye ya las modificaciones al Reglamento Europeo que se han incorporado recientemente, y entre ellas la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que generen 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres creados por 'Grok', el asistente virtual de la red social X.

La Ley prohíbe por ejemplo el uso de 'chatbots' (asistente conversacional robotizado) que identifiquen a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego; los juguetes infantiles dotados con IA que puedan animar a los niños a completar retos que les pueden producir daños; o sistemas que clasifiquen con biometría a las personas (orientación política, sexual u otras) a partir del análisis de sus fotos en redes sociales.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio anual de una empresa en los casos más graves; y serán de 500.000 euros —o el 0,5 por ciento del volumen de negocio— en el caso de las más leves.

La ley española incluye detalles que no provienen del Reglamento Europeo de IA, y entre ellas medidas para impulsar el buen uso de estas tecnologías en el sector público, tras las numerosas sugerencias que se hicieron en ese sentido durante el trámite de audiencia pública.

Así, la norma española introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos; y establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública.

La trayectoria de Elon Musk está llena de hitos históricos, especialmente tras hacerse multimillonario tras vender su participación en Paypal. Fue el impulsor del primer fabricante de vehículos eléctricos a gran escala del mundo. El primer empresario que se compró una red social para usarla como un periódico personal, impulsando sus narrativas a nivel global. También es el fundador de SpaceX, la empresa que ha iniciado una nueva era de privatización de espacio y con la que espera dar su siguiente pelotazo: la mayor salida a bolsa de la historia.

SpaceX es la culminación del plan maestro del magnate. No es solo una empresa de cohetes y naves espaciales, sino que integra bajo su paraguas a Starlink, su red de minisatélites de comunicaciones; a xAI, el laboratorio de inteligencia artificial creador del chatbot Grok; a X, la red social que Musk quiere convertir en “la app para todo”; o los gigantescos centros de datos de IA Colossus 1 y 2 que está construyendo en EEUU. Según múltiples filtraciones, la próxima en unirse al conglomerado podría ser la propia Tesla, con el objetivo de añadir sus tecnologías de conducción autónoma y el androide Optimus a los viajes espaciales de SpaceX.

Se espera que la operación se produzca en torno al 12 de junio. Los analistas y todos los medios económicos estadounidenses coinciden en que la corporación podría recaudar entre 50.000 y 80.000 millones de dólares con la operación. Musk pulverizaría así el récord de Aramco en 2019, cuando la petrolera nacional de Arabia Saudí logró algo más de 25.000 millones en su llegada a los parquets. La jugada convertirá al magnate, con casi total seguridad, en la primera persona billonaria de la historia y a SpaceX en una de las 10 empresas más valiosas del mundo.

El hombre más rico del mundo es, de hecho, una de las musas de los mercados. Durante años no pocos analistas han criticado el valor bursátil de Tesla, indicando que el precio de sus acciones no podría entenderse sin la presencia de Musk en su dirección. En SpaceX ya ha ocurrido algo similar: con motivo de la salida a bolsa, la compañía ha publicado por primera vez sus cuentas para que los inversores conozcan su estado financiero. Estas muestran que la empresa está en números rojos, no los abandonará en un futuro próximo y su valoración tendrá más que ver con la fe de los inversores en Musk que en su negocio actual.

Un gigante no tan grande

Los documentos presentados ante el regulador bursátil estadounidense (SEC) muestran que SpaceX tuvo unas pérdidas netas de 4.900 millones de dólares en 2025. En el primer trimestre de 2026 se anotó pérdidas de 4.700 millones, quedándose muy cerca de igualar las de todo el año anterior en solo tres meses.

Detrás de este agujero están sus enormes inversiones en inteligencia artificial y centros de datos, en los que invirtió 12.700 millones de dólares. Con todo, el negocio de su división de IA no ha despegado aún, generándole unas pérdidas operativas de 6.400 millones para unos ingresos de 3.200. En este sentido, el reciente acuerdo al que SpaceX ha llegado con Anthropic para alquilarle potencia de cómputo a razón de 1.250 millones de dólares al mes ha sido un balón de oxígeno para los de Musk.

Desarrollar computación de IA orbital a gran escala, fabricar chips de IA a gran escala, establecer una economía lunar, desarrollar sistemas que potencien las capacidades humanas y transportar personas y carga a la Luna y Marte implica una complejidad técnica significativa. Es posible que dichas iniciativas no alcancen la viabilidad comercial

SpaceX — En su comunicación al regulador bursátil

En la práctica, es el servicio de internet por satélite Starlink el que sostiene financieramente a todo el grupo. Esta división aportó 11.400 millones de dólares de ingresos en 2025 y un beneficio operativo de 4.400 millones. La red de satélites alcanzó los 10,3 millones de suscriptores al cierre de marzo de este año.

SpaceX ha redirigido gran parte de sus esfuerzos hacia la creación de centros de datos de IA orbitales y en la Tierra, visualizando un mercado objetivo de 28,5 billones de dólares donde la IA representa el mayor porcentaje. Pero es un caso en el que, de nuevo, la rigurosidad que exigen las comunicaciones bursátiles oficiales son el principal némesis de las promesas grandilocuentes de Musk. “Desarrollar computación de IA orbital a gran escala, fabricar chips de IA a gran escala, establecer una economía lunar, desarrollar sistemas de aumento humano y transportar personas y carga a la Luna y Marte implica una complejidad técnica significativa”, avisa la documentación enviada a la SEC: “Es posible que dichas iniciativas no alcancen la viabilidad comercial”.

Cambio de estrategia

Las cuentas de la empresa han traído de vuelta a la actualidad unas declaraciones de Musk en 2023, en las que avisaba que SpaceX perdía dinero y que lograr sus objetivos supondrá “mucho más dinero perdido por el camino”. “Hay mucha presión, una presión inmensa, sobre una empresa que cotiza en bolsa para no tener un mal trimestre. Esto puede resultar en operaciones menos eficientes en la que haces todo lo posible al final del trimestre para no decepcionar a la gente”, añadía.

Esta situación era la que había alejado a la empresa de los parquets hasta ahora, ya que Musk y el resto de directivos pensaban que era mejor consolidar su negocio antes de dar el salto. ¿Y qué era, para ellos, consolidar su negocio? Según antiguos directivos de la empresa citados por The Wall Street Journal, enviar cohetes regularmente a Marte.

SpaceX no solo está muy lejos de empezar sus operaciones en Marte, sino que todavía no ha enviado ningún vehículo a la Luna. Es el motivo por el que los directivos citados por el prestigioso medio afirman estar “atónitos” de que la compañía haya decidido afrontar ahora esta operación.

Detrás de la decisión de Musk está ese giro hacia la IA orbital. Marte ha quedado en segundo plano para el magnate. Para financiar esa inversión, la compañía necesita el impulso que obtendrá sacando la compañía a bolsa.

Con todo, el control del magnate sobre SpaceX seguirá siendo férreo. Actualmente, posee el 50% de las acciones de la compañía, pero las características de estas le dan el 85% de la fuerza de voto. Musk no ha aclarado si piensa vender parte de su participación en la operación, pero debido a la naturaleza dual de las acciones de SpaceX, seguirá manteniendo el control del consejo directivo.

La Justicia australiana ha impuesto una multa de 650.000 dólares australianos, unos 399.000 euros, a la red social X. La plataforma ha incumplido parcialmente las obligaciones de transparencia vinculadas a la lucha contra el material de abuso infantil. La decisión supone el fin a un proceso judicial de más de tres años entre la compañía propiedad de Elon Musk y el regulador australiano de seguridad en Internet.

El Tribunal Federal de Australia falló contra la empresa tras considerar que no respondió adecuadamente a un requerimiento oficial emitido en febrero de 2023, cuando la plataforma todavía operaba bajo el nombre de Twitter. La autoridad australiana exigía información detallada sobre las medidas implantadas para detectar y frenar la difusión de contenido relacionado con explotación sexual infantil.

El caso se produce en un momento de creciente presión regulatoria sobre las plataformas digitales en Australia en materia de protección de menores. El procedimiento impulsado por la principal responsable del regulador australiano, Julie Inman Grant, ha concluido con un acuerdo que han aceptado ambas partes.

La defensa de X no convence al tribunal

Durante el proceso, X argumentó que no estaba obligada a responder a la petición porque Twitter había dejado de existir jurídicamente. Estó sucedió tras su integración en la Corporación X, en marzo de 2023, pocos meses después de la compra de la compañía por parte de Elon Musk. Sin embargo, en 2024 el tribunal ya rechazó esta interpretación al considerar que “las obligaciones se mantenían pese a los cambios corporativos”.

Posteriormente, la corte de apelaciones confirmó la decisión en julio de 2025. En la resolución, el juez federal Michael Wheelahan, subrayó que el deber de transparencia que prevén las normas australianas son “esenciales” para garantizar que las grandes plataformas tecnológicas cumplan las normas destinadas a proteger a los menores y combatir contenidos ilícitos.

La empresa estadounidense ha acabado reconociendo las infracciones, aunque alegó que se produjeron en un contexto de “importantes cambios corporativos” vinculados a la integración entre Twitter y X. Además de la multa principal, la compañía deberá abonar otros 100.000 dólares australianos adicionales (unos 61.000 euros) a la autoridad reguladora para cubrir los costes legales.

Australia endurece el control sobre las redes sociales

El pasado diciembre, el Gobierno australiano aprobó una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre acceso de menores a redes sociales. La norma, en vigor desde el 10 de diciembre, prohíbe el uso de plataformas como X, Instagram, TikTok o Facebook a menores de 16 años y obliga a las compañías tecnológicas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad.

La legislación contempla sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (cerca de 29 millones de euros) para las plataformas que incumplan las nuevas obligaciones y el caso de X asienta jusrisprudencia en protección a la infancia para el resto de plataformas en el país.

El Defensor del Pueblo ha abierto este jueves una investigación ante diferentes administraciones públicas “para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales”, ha informado la institución en un comunicado. La actuación se dirige ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

La investigación se origina a raíz de la queja del progenitor de una menor con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, que recibía sistemáticamente publicaciones sobre prácticas suicidas en la red social X. Antes de acudir a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el padre denunció la situación ante la propia plataforma tecnológica, pero la empresa rechazó eliminar las publicaciones tras considerar que su contenido era acorde con la legalidad.

“Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”, detalla el Defensor del Pueblo.

Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido. Posteriormente, es el propio algoritmo el que proporciona información nociva de forma automática

Defensor del Pueblo

Esta situación puede inducir a los menores “a riesgos para su integridad física e incluso para su vida” como “consecuencia del uso de las redes sociales”, ya que quedan “expuestos a contenidos nocivos”, avisa la institución.

Para determinar los mecanismos de control institucionales, Gabilondo ha requerido a Telecomunicaciones detalles sobre las actuaciones previstas para evitar estas situaciones. El Defensor del Pueblo solicita saber si existe la posibilidad de informar de estas circunstancias a las plataformas tecnológicas para proceder a la supresión del contenido y controlar las publicaciones futuras. Asimismo, al Comisionado de Salud Mental le pide que aclare si dispone de medios de asistencia inmediata para que los menores o sus familiares reciban información sobre el protocolo a seguir. Por último, la Fiscalía General del Estado deberá detallar las acciones penales emprendidas en relación este tipo de hechos y aclarar si las empresas que gestionan las redes sociales adoptan las medidas dictadas por los órganos judiciales.

Se suma al debate sobre redes y menores

Este requerimiento coincide con el debate parlamentario en el Congreso sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una propuesta normativa que plantea elevar la edad mínima para el uso de redes sociales de los 14 años actuales a los 16. El Gobierno ha fijado esta medida como una de las prioridades para este 2026 y ya tiene lista una aplicación móvil que forzaría a todos los usuarios a verificar su edad para acceder a las redes con el objetivo de bloquear completamente su uso por menores de 16.

La iniciativa del Ejecutivo está inspirada en Australia, que prohibió el uso de plataformas digitales a los menores de 16 años bajo multas millonarias para las empresas tecnológicas. No obstante, los primeros informes oficiales del regulador australiano constatan que el 70% de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat ha logrado mantener el acceso mediante herramientas de anonimización como redes privadas virtuales o identidades falsas.

El debate sobre la aplicación de la Ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso, se prevé acalorado. Las principales patronales del sector tecnológico recelan de los planes del Gobierno. Lo consideran “un control duro” que añade un proceso de identificación desproporcionado para los adultos, defendiendo en su lugar soluciones flexibles basadas en la concienciación y las herramientas de control parental.

El fabricante de semiconductores Nvidia anunció la madrugada de este miércoles que obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210% más interanual. La tecnológica haincrementado además su facturación un 85% con respecto al mismo tramo del año pasado, hasta 81.615 millones de dólares, según un comunicado divulgado por la compañía.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destaca en la nota que la empresa ocupa “una posición única” en el campo de la inteligencia artificial agéntica, puesto que “es la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de vanguardia y de código abierto y se adapta a cualquier lugar donde se genere IA”.

En este sentido, la tecnológica, especializada en diseño y fabricación de unidades de procesamiento que se utilizan en los nuevos centros de datos especializados en inteligencia artificial, destaca el lanzamiento de la plataforma Nvidia Vera Rubin, que incluye la CPU Nvidia Vera, “el primer procesador del mundo diseñado específicamente para la IA agéntica”, y Nvidia BLlueField 4 STX, una infraestructura de almacenamiento acelerado para fábricas de esta IA.

En el primer trimestre de su año fiscal 2027 (no sigue el calendario natural) la empresa obtuvo 75.200 millones de dólares en ingresos procedentes de sus centros de datos, un 92% más en términos interanuales. La empresa también destacó que en estos tres meses inició la producción de Nvidia Dynamo 1.0, un software de código abierto, y que amplió su colaboración con la plataforma en la nube Google Cloud para impulsar la IA física y automatizada.

De cara al futuro, dijo que espera que sus ingresos alcancen los 91.000 millones de dólares durante el segundo trimestre de su ejercicio, pero anotó que no prevé “ningún ingreso por computación de centros de datos procedente de China”. En el primer trimestre de su ejercicio 2026, la empresa ya anotó un cargo de 4.500 millones de dólares por el impacto de la licencia para exportar a China sus chips integrados H20, impuesta por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Nvidia, que publicó sus resultados tras el toque de campana en la bolsa de Wall Street, bajaba un 0,4 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre del mercado, después de terminar la jornada con una subida del 1,3%. Las acciones de la tecnológica, que actualmente es la empresa más valiosa del mundo (con una capitalización de 5,41 billones de dólares) han subido un 20% en lo que va de año.

Un nuevo contexto requiere nuevas alianzas. Es la política que ha puesto en marcha el Gobierno para adaptarse al panorama internacional que está dibujando la carrera de la inteligencia artificial: una búsqueda de una “tercera vía” para esta tecnología con otros países que no quieren subirse al barco ni de EEUU, donde la IA avanza de la mano de los grandes magnates de Silicon Valley con cada vez más poder en la política pública; ni de China, un modelo en el que la IA se integra en un sistema de control político y social alejado de los estándares democráticos occidentales.

Esta búsqueda de un espacio de los países no alineados está convirtiendo en “aliados” a socios que hasta ahora habían sido lejanos. Este miércoles, España ha firmado “una alianza tecnológica en inteligencia artificial” con uno de esos países. Se trata de Canadá, que se ha replanteado por completo su relación con Estados Unidos después de que Donald Trump la amenazara con convertirla en el “estado 51” o apoyara el movimiento independentista de Alberta, la principal provincia petrolera del país.

El pacto “impulsará la inversión, el acceso a infraestructuras de IA, la formación de talento y la colaboración entre gobiernos y empresas, con especial atención a las pymes”, ha explicado el Ministerio de Economía. Su responsable, el vicepresidente Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de rubricar el memorando en un viaje oficial en el que también ha estado presente el rey. Según han detallado fuentes del Ejecutivo, el componente tecnológico del encuentro es fundamental, además del obvio interés por las vastas reservas de hidrocarburos y materias primas en el territorio canadiense.

No es casual que España encabece esta búsqueda de aliados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha situado la regulación de la inteligencia artificial en el centro de su agenda desde el principio de la legislatura. Además, Sánchez ha convertido la confrontación con los grandes magnates tecnológicos, a los que denomina “tecnoligarcas”, en una de las señas de identidad de su perfil internacional, con la idea de que los poderes públicos deben recuperar la soberanía que las plataformas y sus dueños les han ido arrebatando. Tejer una red de países que compartan esa visión se convierte así tanto en política exterior como económica y tecnológica.

La coalición de las “potencias medias” y el sur global

El pacto con Canadá tiene lugar solo cinco meses después de que su primer ministro, el liberal Mark Carney, causara sensación en Davos con su apuesta por una coalición de “potencias medias”. Es una idea que el Ejecutivo español ha hecho propia y que el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, repitió en varias ocasiones en el primer Encuentro por los Derechos Digitales, celebrado la semana pasada en Barcelona con la asistencia de más de un centenar de expertos internacionales en este ámbito.

“Hay un camino maravilloso que nosotros vamos a recorrer, que es el de las potencias medias. Hay muchos países en el mundo con los que estamos hablando, desde Canadá hasta México, pasando por Brasil o la India, que ya es una gran potencia, para definir ese tercer camino. Es el modelo de construcción de una vía que va a ser confiable en el futuro”, aseguró López.

Hay muchos países en el mundo con los que estamos hablando, desde Canadá hasta México, pasando por Brasil o la India, que ya es una gran potencia, para definir ese tercer camino. Es el modelo de construcción de una vía que va a ser confiable en el futuro

Óscar López — ministro para la Transformación Digital

Aunque el Ejecutivo se ha acercado primero a Canadá, como impulsora de esa coalición de países que no quieren quedar absorbidos por la esfera de influencia estadounidense o china, su punto de mira principal está en el sur global. De hecho, el primer acuerdo de este tipo que se rubricó fue con Brasil.

Ese memorando, firmado a mediados de abril, aterrizó el plan en proyectos concretos. La iniciativa más destacada es el desarrollo conjunto de un gran modelo de lenguaje (LLM) entrenado en portugués y español. La alianza con Brasil, no obstante, hace especial hincapié en impulsar una IA “segura, ética y, sobre todo, centrada en las personas”, con “mecanismos de supervisión humana, gestión de riesgos y transparencia en sistemas”. En el acuerdo también tuvo un gran peso el impulso de las redes de telecomunicaciones entre los dos países, especialmente los cables submarinos, considerados “estratégicos” en la colaboración.

En el caso de Canadá, en cambio, el Gobierno apuesta por acercarse al país por las empresas punteras en el ámbito de la ciberseguridad y de la IA, no tanto por el desarrollo de modelos de lenguaje, sino por la aplicación de estas tecnologías al modelo productivo, algo en lo que el país norteamericano ya cuenta con ventaja. Representantes de Indra, a la que el Ejecutivo quiere convertir en un gigante tecnológico de la defensa; y Multiverse Computing, una de las startups de IA y computación cuántica más prometedoras de España; han viajado a Canadá para firmar acuerdos de colaboración con empresas canadienses.

“Más allá de la Unión Europea”

Este movimiento del Ejecutivo en política exterior evidencia una realidad: el camino se ha emprendido al margen de la UE, buscando formar un bloque de intereses alternativo. “Estoy completamente convencido de que, o hacemos algo a escala internacional, más allá de la Unión Europea, o el sur global se va a convertir en una casilla para engordar las cuentas de las tecnológicas megamillonarias”, enfatizó López en Barcelona.

Aunque la UE fue el primer gran bloque en aprobar una regulación a gran escala de la inteligencia artificial a finales de 2023 (en una negociación liderada por España), la diferencia entre los diferentes enfoques se han acrecentado desde entonces. Los Veintisiete está negociando una reformulación de la ley, con algunos países presionando muy fuerte, como Alemania, para reducir las restricciones de los sistemas de “alto riesgo” como una vía para “favorecer la innovación”.

España, por su parte, se sitúa en el extremo contrario: partidaria de la “simplificación” de las normas, pero no de la “desregulación”, explican desde el Ejecutivo. Es un debate abierto en el que de momento no hay consenso sobre cuál debería ser la posición del bloque respecto a la inteligencia artificial y que ha empujado a España a buscar sus propios aliados.

“Somos socios de la UE, pero la política exterior es una cuestión nacional. Nosotros no tenemos por qué esperar a que haya un consenso de la UE para llevar a cabo una política buscando otros socios que piensen lo mismo que nosotros: que la regulación no tiene por qué estar reñida con la innovación”, detallan fuentes oficiales: “También es una manera de ejercer influencia, tanto en el exterior como en la propia UE, mostrando que nuestra posición tiene el aval de potencias medias fuera de la UE”.

Regulación e innovación, las claves de la “tercera vía”

Esa unión de innovación y regulación para la inteligencia artificial es la clave de la red de nuevas alianzas que está tejiendo el Gobierno. Ante la carrera entre las dos superpotencias, en las que se están derribando las barreras para crear armas completamente autónomas o sistemas de vigilancia masiva apoyados en inteligencia artificial, la “tercera vía” es un desarrollo tecnológico “centrado en las personas”, defiende el Ejecutivo.

Tal y como anticipaba López, al acuerdo ratificado este miércoles con Canadá podría seguirle México, con quien ya han empezado las conversaciones. La India, que se ha configurado como una tercera vía en sí misma, también es otro de los objetivos del Gobierno para seguir ampliando la alianza de “potencias medias”.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa e Industria, va a lanzar un programa para financiar el desarrollo de Iris², el plan de la UE para lanzar una constelación de 290 minisatélites de órbita baja para asegurar las comunicaciones y dotar al bloque de soberanía espacial. “Algunos piensan que el espacio es patrimonio de un puñado de millonarios excéntricos jugando a ser dioses y fundar colonias privadas en Marte. Eso no es lo que hace Europa, ni España”, ha declarado el presidente durante la clausura del primer Congreso del Espacio que se ha celebrado esta semana en Madrid.

El programa Iris² nació a finales de 2024 como una respuesta europea a la expansión de Starlink, la red de minisatélites privada dirigida por Elon Musk. La iniciativa persigue evitar que las comunicaciones de seguridad nacional europeas dependan del magnate, que ya ha mostrado su voluntad de tomar partido en los conflictos del continente. El ejemplo más sonado ocurrió en 2022, cuando Musk frenó un contraataque ucraniano sobre Crimea apagando el servicio en el momento clave, alegando el riesgo de una escalada nuclear.

El episodio puso de manifiesto que el curso de una guerra y la seguridad europea podían quedar a merced de una decisión unilateral de un solo magnate, un riesgo que el Ejecutivo lleva tiempo verbalizando. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de “preocupante” que la inmensa mayoría de los satélites de órbita baja sean propiedad de Musk, que durante un tiempo formó parte del Gobierno de Donald Trump. El proyecto Iris², rebautizado en medios y redes sociales como el “Starlink europeo”, aspira a ser una red de alta seguridad para comunicaciones gubernamentales y militares.

Iris² está financiado con 10.600 millones de euros, de los que un 60% provendrán de fondos comunitarios. El 40% restante saldrá de las arcas del consorcio SpaceRISE, formado por la francesa Eutelsat, la española Hispasat y la luxemburguesa SES. El 90% de Hispasat es propiedad de Indra, que a su vez está participada en un 28% por el Estado. La española liderará el desarrollo del segmento terreno gubernamental y de los satélites de la capa orbital más baja. Los primeros lanzamientos están previstos para 2029 y se espera que red entre en operación durante la década de 2030.

En su comparecencia, Sánchez no ha aclarado a cuánto ascenderá la participación española en el proyecto. Esta se articulará a través de un Programa Especial de Modernización como los que se están desarrollando con otras empresas de armamento y ciberseguridad. “La industria espacial es crucial para la autonomía estratégica de Europa”, ha declarado Sánchez: “Europa no puede ser sierva ni esclava de nadie. Europa debe ser dueña de su destino y esto requiere de empresas europeas fuertes, con capacidad de competir con los gigantes de otras potencias”.

Facturación de 1.500 millones

El presidente también ha defendido que el sector espacial español es ya una realidad económica. En este sentido, ha recordado que esta industria facturó 1.500 millones en 2025, ha generado “8.000 puestos de trabajo altamente cualificados” y que España fue el segundo país que logró atraer una mayor inversión de capital riesgo el año pasado, solo por detrás de Alemania.

“España puede ser un referente europeo en el sector espacial”, ha asegurado, manifestado que “la única carrera espacial que merece la pena es la que mejora la vida de la gente, aquí en la tierra”. Como ejemplo de ello, ha citado los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus, “que salvan vidas”.

El líder del Ejecutivo defiende que la participación en Iris² “va a suponer también una gran oportunidad para el desarrollo y consolidación de la cadena de valor industrial nacional, tanto en la fabricación de satélites, como en su segmento terrestre”. Para ello se ampliarán las capacidades del Centro Europeo de Astronomía Espacial en España.

Google ha anunciado el rediseño más significativo de su emblemática barra de búsqueda en un cuarto de siglo, transformándola en una interfaz preparada para las consultas más amplias a través de inteligencia artificial. En la conferencia de desarrolladores de Google I/O, el gigante tecnológico ha detallado que el nuevo buscador está diseñado para “expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario”, permitiendo describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo.

“La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas”, ha destacado Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search, desde Shoreline Amphitheatre, un anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California.

El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas basadas en IA. Además, aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas combinando texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome.

Como parte de este “nuevo capítulo para el buscador”, Google unificará las funciones de Resúmenes de IA y el Modo IA en una sola pantalla, disponible globalmente tanto para dispositivos móviles como para computadoras de escritorio.

En una mesa redonda con periodistas, el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, ha declarado que “lo extraordinario de la Búsqueda es cómo sigue evolucionando para cumplir con las expectativas del usuario”. En ese sentido, Pichai ha apuntado que en los últimos tres años, con el bum de la IA, los usuarios hacen consultas más largas, más consultas de voz, o usando imágenes e incluso consultas de video.

“Para mí, la Búsqueda es el producto de IA más usado en el mundo y se está usando más que nunca, y evolucionamos para mantenernos un paso adelante de donde los usuarios quieren que estemos”, ha continuado Pichai. El despliegue de esta nueva caja de búsqueda inteligente comenzará a implementarse a nivel global en todos los países e idiomas donde el Modo IA se encuentre disponible, entre los que se encuentra España.

'YouTube Ask', una herramienta de IA para interactuar con los vídeos

Otra de las presentaciones de su conferencia anual de desarrolladores ha sido 'YouTube Ask' ('pregunta a YouTube'), una nueva herramienta impulsada por IA que permite a los usuarios interactuar de forma directa con los vídeos, realizar preguntas complejas sobre su contenido y obtener resúmenes automatizados en tiempo real.

“La gente viene a YouTube todos los días a hacer muchas preguntas; hay muchos videos geniales, pero puede ser difícil saber por dónde empezar. 'Ask YouTube' reimagina por completo la experiencia, haciendo que la información sea mucho más digerible y fácil de navegar. Verás videos que se adaptan mejor a tus intereses y, lo más importante, salta directamente a la parte del video más relevante para ti”, ha detallado Pichai.

La expansión de esta nueva herramienta comenzará este verano en EEUU. Esta nueva función conversacional para la plataforma de vídeo en 'streaming' llega pocas semanas después de que la compañía estadounidense implementara una tecnología similar en Google Maps. Además,Google ha lanzado otra herramienta de “experiencia conversacional” llamada 'Docs Live', que permite a los usuarios redactar textos, realizar análisis conjuntos y automatizar actas de reuniones de forma simultánea, extrayendo datos contextuales externos sin necesidad de abandonar la interfaz de trabajo.

Unas nuevas gafas

Por último, la multinacional ha anunciado el lanzamiento “este otoño” de sus primeras gafas inteligentes de audio equipadas con su sistema de IA, desarrolladas en colaboración con Samsung y las firmas ópticas Gentle Monster y Warby Parker. Estas no incluirán pantalla y centrarán su experiencia en la interacción por voz de forma manos libres.

Google no ha anunciado el precio de salida de estos productos, que competirá directamente con las populares Ray-Ban de Meta, que ofrecen funciones similares. El nuevo dispositivo, que se conectará tanto a teléfonos Android como iOS, forma parte del desarrollo de Android XR, la nueva plataforma de realidad extendida creada de forma conjunta por Google, Samsung y Qualcomm.

El vicepresidente y director general de Realidad Extendida (XR) de Google, Shahram Izadi, ha sido el encargado de mostrar por primera vez los dos primeros modelos de la colección y ha asegurado que habrá más. A través de comandos de voz (que se activa cuando el usuario dice: “Hey Google”) o mediante un toque en el lateral de la montura, los usuarios podrán comunicarse con el asistente Gemini de manera privada a través de altavoces integrados, sin que el entorno pueda escuchar la respuesta.

Entre las funciones principales que incorporará el dispositivo de audio destacan la traducción de voz y texto en tiempo real, la navegación guiada por GPS orientada según el campo de visión del usuario y la gestión de tareas complejas en segundo plano.

Uno de los momentos más aplaudidos de la jornada ocurrió durante la demostración en vivo, cuando una empleada de Google usó sus gafas para tomar una instantánea del público del anfiteatro y le pidió a la IA de Google Nano Banana que transformara la foto en un dibujo animado personalizado y añadir un gran globo flotante en el cielo con el texto conmemorativo “Google I/O 2026”.

Google confirmó que, tras el despliegue de los modelos de audio este otoño, la empresa continuará trabajando en un segundo tipo de gafas inteligentes que sí incorporarán una pequeña pantalla integrada para mostrar información visual directamente en el campo de visión del usuario. Los asistentes de Google I/O esperaban que se presentara también hoy el modelo final de estas vanguardistas monturas, ya que en el I/O de 2025 se enseñó el prototipo. 

Este lunes un jurado de Oakland (California) otorgó una rotunda victoria a Sam Altman y OpenAI en su larga y enconada batalla judicial contra Elon Musk. El jurado federal determinó que Altman, OpenAI y su presidente, Greg Brockman, no son responsables de las acusaciones de Musk, quien afirmaba que se habían enriquecido injustamente y habían quebrantado el contrato fundacional firmado con él al crear la startup de inteligencia artificial.

El veredicto unánime, emitido tras menos de dos horas de deliberación, supone un duro revés para Musk y la tesis de su abogado, que sostenía que Altman había “robado una organización benéfica” a través de su liderazgo en OpenAI. La decisión del jurado, ratificada de inmediato por la desestimación de todos los cargos por parte de la jueza, otorga a la empresa el visto bueno para sus planes comerciales con fines de lucro, ya en marcha, y despeja el camino para salir a bolsa a finales de este año con una valoración cercana al billón de dólares.

Las exigencias de Musk de destituir a Altman como consejero delegado y de que la rama con fines de lucro de la empresa transfiriera unos 150.000 millones de dólares a la rama sin ánimo de lucro habrían puesto en peligro su multimillonaria salida a bolsa. Retrasar el boom financiero de OpenAI podría haber sido uno de los objetivos de Musk. Según se ha filtrado, SpaceX —la megacorporación del magnate que combina una destacada empresa de lanzamiento de cohetes, el servicio de internet satelital Starlink y la competidora de OpenAI, xAI— tiene previsto salir a bolsa en junio.

Ahora, los planes de OpenAI parecen prácticamente garantizados, dado que el hombre más rico del mundo no ha podido frenarlos. Es probable que Wall Street, siempre receloso de los sobresaltos y la incertidumbre, esté respirando aliviado, señala la profesora Sarah Kreps, directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell. Kerps califica la sentencia como un reflejo de la dura realidad: desarrollar inteligencia artificial de vanguardia es extremadamente costoso y mantener el estatus de organización sin ánimo de lucro resulta inviable frente a una competencia feroz que requiere una enorme inversión de capital.

Es probable que la decisión tranquilice a los inversores y al sector de la IA en general, ya que evita un resultado potencialmente caótico que podría haber puesto en jaque la estructura comercial de OpenAI

Sarah Kreps — directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell

“Es probable que la decisión tranquilice a los inversores y al sector de la IA en general, ya que evita un resultado potencialmente caótico que podría haber puesto en jaque la estructura comercial de OpenAI, su alianza con Microsoft y sus planes futuros de recaudación de fondos”, afirmó. “Los modelos puramente sin ánimo de lucro son difíciles de sostener en la primera línea tecnológica”.

La seguridad de la IA

Sin embargo, lo que el juicio no aportó fueron respuestas a las grandes preguntas sobre seguridad, gobernanza y empleo que plantea el auge de la IA. Musk apenas podía presentarse como el defensor de la seguridad de la IA, dadas las numerosas y flagrantes negligencias de su propia empresa a la hora de frenar los excesos de su chatbot.

“No confundamos el veredicto del jurado con la justicia o la rendición de cuentas para los ciudadanos de California”, avisa Catherine Bracy, consejera delegada de la organización Tech Equity. Esta experta expone que Musk ha perdido por “un tecnicismo”, en alusión al plazo de prescripción de la demanda, y pide al fiscal general del estado que revise el acuerdo con OpenAI que permitió su conversión en una empresa con fines de lucro.

El jurado determinó que la demanda de Musk, presentada en 2024, no se ajustaba a los plazos legales para abrir el caso. Uno de los principales argumentos jurídicos del juicio giró en torno a si los daños alegados por Musk —incluida su demanda por incumplimiento de un fideicomiso benéfico— se produjeron antes de determinadas fechas. OpenAI argumentó que Musk era plenamente consciente de los planes de la empresa de adoptar una estructura con fines de lucro ya en 2017 y que, por tanto, la demanda se presentó fuera del límite de tres años.

Kreps coincide con el punto de vista de Bracy: “El hecho de que el juicio girara en torno a una cuestión procesal sobre los plazos deja muchas preguntas y debates sin resolver, como el modo en que deben gobernarse estos sistemas, quién se beneficia económicamente de ellos y si el ritmo de implantación se está desconectando de la comodidad del público general con esta tecnología”.

El hecho de que el juicio girara en torno a una cuestión procesal sobre los plazos deja muchas preguntas sin resolver, como el modo en que deben gobernarse estos sistemas, quién se beneficia económicamente de ellos y si el ritmo de implantación se está incomodando al público general

Los abogados de Musk adelantaron que recurrirán la sentencia. A pesar de la derrota, afirmaron haber logrado su objetivo de exponer los engaños de Sam Altman. El abogado Steve Molo aseguró que el testimonio fue “valioso para que el mundo lo viera” y que la decisión del jurado fue puramente “técnica”.

El comunicado de OpenAI entona una proclamación de victoria mucho más directa: “El señor Musk puede contar sus historias”, sentenció el abogado William Savitt. “Lo que el jurado ha determinado hoy es justo eso: son historias, no hechos”. Añade que el veredicto del jurado “no es una decisión técnica; es una decisión de fondo”.

Independientemente de quién haya vencido, el juicio demostró que un pequeño grupo, compuesto en su mayoría por hombres, domina la industria de la IA. El elemento central de este litigio no fue una disputa sobre los beneficios de la IA para la humanidad, sino la venganza personal que Musk emprendió contra Altman.

“El juicio también sirvió como recordatorio de hasta qué punto el futuro de la IA sigue dependiendo de un grupo notablemente reducido de poderosas figuras tecnológicas y de sus rivales personales”, concluyó Kreps. “Puso de manifiesto una desconexión más amplia entre las personas que construyen estos sistemas y muchos de los ciudadanos de los que se espera, cada vez más, que vivan y trabajen junto a ellos”.

Es la caída más pronunciada en el uso de una plataforma de toda la serie histórica. La protagoniza la red social X y el punto de inflexión es evidente: 2022, el año en el que Elon Musk compró Twitter, le cambió el nombre y empezó una serie de cambios en la experiencia de usuario que han terminado dinamitando su base de miembros. La plataforma de publicaciones cortas, en la que casi la mitad de los usuarios de Internet españoles tuvieron una cuenta activa a principios de la década, ha caído hoy a cifras cercanas al 30% y es la red social más abandonada, según dos estudios independientes publicados este martes.

Según el estudio de redes sociales de IAB, la patronal de la industria publicitaria, solo un 26% de los usuarios de Internet visitaron X en abril de 2026. La cifra representa una caída de 16 puntos porcentuales desde el 42% que la misma red, entonces aún llamada Twitter, registraba en 2019.

El segundo informe que refleja esta tendencia es el Navegantes en la Red, elaborado por la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), que lleva encuestando a los usuarios de Internet desde 1996. En la actualización de 2026 hecha pública este martes, el índice de penetración de la red social de Musk se sitúa en el 32%, 17 puntos menos que 2022, cuando llegó al 50%. Ambos estudios cifran el porcentaje de usuarios de redes en un 86% de la población española.

Las dos encuestas evidencian que el batacazo más pronunciado produjo en 2025. Ambas muestran un desplome de siete puntos, que coincide con las campañas para abandonar la plataforma organizadas tras la entrada de Elon Musk en el Gobierno de Donald Trump, la celebración con el brazo alzado imitando un saludo nazi, o los cambios en los algoritmos de la red para favorecer sus propias publicaciones y los discursos de extrema derecha.

Twitter nunca llegó a ser una plataforma mayoritaria, pero sí consiguió reunir una comunidad de usuarios muy fieles alrededor de su conversación político-social y el consumo de información. Esta característica aparece en cifras como el número de usuarios de Internet que la consideraban su red social preferida en 2022 en la encuesta de AIMC. Entonces la cifra llegó al 18%, casi uno de cada cinco usuarios. En 2026 ese dato ha caído al 8%, menos de uno de cada diez.

Musk oculta los datos oficiales

Antes de que Elon Musk comprara la empresa por 44.000 millones de dólares (unos 38.000 millones de euros al cambio actual), Twitter cotizaba en bolsa y tenía la obligación de informar a sus inversores de sus métricas clave. En sus últimas cuentas públicas, correspondientes al primer trimestre de 2022, la compañía afirmó que tenía 229 millones de usuarios activos, como se denomina a aquellos que entran en la plataforma al menos una vez al mes.

Tras la adquisición, el magnate sacó a la empresa de bolsa y dejó de publicar sus cuentas de resultados. Desde entonces, ha asegurado en varias declaraciones que la plataforma ha doblado su número de usuarios activos, llegando a los 600 millones. Las aseveraciones contrastan con los resultados de estudios independientes como los de AIMC y IAB, pero también con las cifras que la propia X se ha visto obligada a revelar por imposición de la UE.

Las cifras que X se ha visto obligada a publicar ante Bruselas, en virtud de la Ley de Servicios Digitales, cuentan la misma historia. La plataforma perdió 11 millones de usuarios en el mercado comunitario entre agosto de 2024 y 2025, un descenso del 10,5%. Un millón de esas bajas correspondieron a España.

La mayor caída en términos absolutos se registró en Francia, con 2,7 millones de usuarios menos, seguida de Polonia (1,8 millones) y Alemania (1,3 millones). En términos porcentuales, los descensos más pronunciados se dieron en Lituania y Luxemburgo, donde el uso total de X cayó un 25%, y en Polonia, con un 20%. Aunque Musk oculta los datos concretos en el resto del mundo, estas cifras equivaldrían a que la tendencia internacional debería haber sido inversamente proporcional a la europea para acercarse a los datos de uso que afirma el magnate.

Caída de los ingresos publicitarios

Durante 2024, en medio de los despidos masivos a través de email de trabajadores de la red social, la mayoría de grandes anunciantes decidieron abandonar X. Análisis sectoriales más recientes apuntan a que buena parte de ellos han vuelto, pero con inversiones mucho más pequeñas que antes.

Según un análisis de la revista Fortune, en 2025 los ingresos publicitarios de X fueron de unos 2.500 millones de euros, una caída significativa respecto a los 4.000 millones que obtuvo en 2022.

La mejor red para hacer redes sociales desde una marca ha sido históricamente Twitter y luego X con diferencia. Eso ya no existe

Fernando Siles — responsable de marketing digital de Worten

Fernando Siles, responsable de marketing digital de Worten, ha explicado la situación en una mesa redonda posterior a la presentación de la encuesta de IAB: “La mejor red para hacer redes sociales desde una marca ha sido históricamente Twitter y luego X, con diferencia”, ha expuesto: “Los mejores casos de éxito, los mejores premios de comunicación en redes sociales se han ganado todos apalancándose sobre grandes campañas de redes sociales partiendo de X, para desde ahí salir al resto”

“Eso ya no existe, desapareció con el proceso de venta”, ha revelado Siles. “Ahora esa función la desempeña TikTok, que es la que tiene más palancas en su algoritmo, aunque, como antes X, no sea la que tiene más audiencia”.

Bluesky no logra recoger el testigo

Bluesky, la plataforma que se erigió como gran alternativa a X durante las campañas de protesta de 2025, no logra recoger el testigo de la gran caída de uso de la red social de Musk. La encuesta de AIMC ni siquiera llega a recogerla, mientras que la de IAB muestra que solo un 1% de los usuarios de Internet españoles la visita habitualmente.

El dato contrasta con el 4% que afirma que la conoce o que la ha usado alguna vez. La plataforma, que surgió como un proyecto interno de Twitter para descentralizar la red social y se independizó poco antes de la compra de Musk, atraviesa un punto de inflexión. Su consejera delegada, Jay Graber, dimitió en marzo ante las dificultades para escalar la plataforma tras ese éxito inicial anti-Musk. Actualmente, cuenta con un CEO interino a la espera de que la junta elija al nombre definitivo que lidere la plataforma en su siguiente etapa.

Un jurado ha fallado a favor de Sam Altman, tras una larga batalla legal entre el hombre más rico del mundo y uno de los referentes del auge de la IA.

El jurado federal de Oakland, California, ha declarado a Altman y a Greg Brockman, presidente de OpenAI y su mano derecha, no responsables de enriquecerse ilícitamente ni de incumplir los contratos firmados con Musk al fundar la startup.

El veredicto supone un claro revés para Elon Musk y su abogado, quienes sostenían que Altman había “saqueado una organización benéfica” a través de su dirección en OpenAI. Y da vía a la salida a bolsa de la empresa.

Musk había acusado a sus antiguos socios de traicionar la visión de la empresa de guiar el desarrollo de la inteligencia artificial como una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad.

El jurado, compuesto por nueve personas, dictaminó por unanimidad que Musk tardó demasiado en presentar su demanda y que la acción había prescrito.

Musk, el hombre más rico del mundo, fue cofundador de OpenAI, la empresa que se lanzó en 2015 y que posteriormente creó ChatGPT.

Tras invertir 38 millones de dólares en sus primeros años, Musk acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su principal adjunto de buscar lucrarse a sus espaldas.

El veredicto del jurado es consultivo y no vinculante, lo que otorga a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers la potestad de emitir su propia resolución, si bien Gonzalez Rogers ha declarado estar de acuerdo con la decisión del jurado.

El juicio que comenzó el 27 de abril en Oakland, California, arrojó luz sobre la amarga ruptura entre los dos titanes de Silicon Valley y los inicios de OpenAI, una empresa valorada ahora en 852.000 millones de dólares.

Altman y OpenAI afirmaron que nunca habían prometido que OpenAI seguiría siendo una organización sin fines de lucro. De hecho, argumentaron que Musk lo sabía y presentó la demanda porque no podía ejercer un control unilateral sobre la empresa.

Musk exigía una indemnización para las iniciativas del brazo benéfico de OpenAI, así como la destitución de Altman del consejo de administración de OpenAI, informa AP.

La decisión de Musk de dejar de financiar la empresa contribuyó a una profunda ruptura entre los antiguos aliados.

Musk afirma que respondía a una conducta engañosa, que el consejo de administración de OpenAI detectó cuando despidió a Altman como CEO en 2023, aunque este recuperó su puesto días después.

Cualquiera que haya utilizado YouTube entiende cómo funciona su algoritmo de recomendación. Ves un vídeo, termina, y el sistema ofrece otros “relacionados”. En 2018 varias investigaciones revelaron que un comportamiento totalmente neutral por parte del usuario le llevaba en cuestión de unos pocos vídeos hacia contenidos extremos. Después llegó la pandemia, con YouTube volviendo a quedar señalado como uno de los grandes focos de desinformación sobre el virus, las vacunas o los intereses oscuros que promovían los confinamientos.

Investigaciones posteriores han intentado profundizar mucho más en las consecuencias de esta una espiral de radicalización, que terminó conociéndose como “el agujero de conejo” algorítmico. El problema es que no han podido.

“Lo que es realmente interesante es que demostramos que YouTube no recomendó contenido más extremo a nuestros perfiles de prueba. Sabemos que anteriormente era uno de los peores en cuanto a sus motores de recomendación. Aunque no podemos probarlo de forma absoluta, otros estudios muestran lo mismo, lo que sugiere que empezaron a ajustar sus algoritmos cuando quedó expuesto que estaban conduciendo al extremismo”, explica Yaël Eisenstat.

Eisenstat es ex jefa de integridad electoral de Facebook, ex analista de la CIA y coautora de uno de esos estudios sobre YouTube. Actualmente, es una de las voces más reconocidas contra los incentivos algorítmicos perversos de las redes sociales. Este miércoles fue la primera en tomar la palabra en el I Encuentro por los Derechos Digitales que se ha celebrado en Barcelona.

La elección del ejemplo de YouTube no fue casual. Eisenstat intentaba mandar un mensaje que han compartido el más de un centenar de expertos que han subido al escenario tras ella. Sí, las redes y los gigantes digitales están rompiendo la democracia. Pero no todo está perdido: se las puede obligar a cambiar y lo harán si reciben la presión adecuada.

Todas las recetas de la esperanza

Las principales voces que han acudido a Barcelona para hablar de los derechos digitales llevan años diagnosticando los problemas de las redes. Quizá por ello, todas se han esforzado en que las soluciones sean una parte muy importante de su discurso en este evento. Ha habido propuestas técnicas, políticas, sociales, geopolíticas y filosóficas para defender la revolución contra el statu quo digital.

La ponente que ha arrancado más aplausos entre los 3.000 asistentes es la que ha atacado el problema desde el este último campo, la filósofa Carissa Véliz. “El ingrediente fundamental del tirano es crear desconfianza entre los ciudadanos. No hay que dejar que eso pase”, ha expresado sobre la creciente polarización: “Para tener confianza hay que cultivar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de comunidad de amistad ciudadana”. En la era de las pantallas, la conversación cara a cara es revolucionaria, ha defendido.

La autora mexicana acaba de publicar su segundo libro, Profecía. Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción, desde los antiguos oráculos hasta la IA (Debate), en el que explica las amplias conexiones conceptuales entre los adivinos de la corte que susurraban al oído de caciques, monarcas y emperadores, con los actuales sistemas de predicción de la inteligencia artificial.

“Es muy revelador volver al pasado y preguntarnos cómo se ha utilizado antes la predicción”, ha explicado Véliz, profesora en la Universidad de Oxford. “Te darás cuenta de que, por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval. Un rol que se está oscureciendo con esta tecnología, disfrazándose de conversación tecnológica cuando en realidad es una conversación política y social”.

Por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval

Carissa Véliz — profesora de Filosofía de la Universidad de Oxford

Por eso para la autora es tan importante analizar críticamente esas predicciones. “Parte del desafío cuando preguntamos cuál es el futuro de la democracia no es tratar de predecirlo como si hubiera ya un guion escrito que hay que descubrir. No, la pregunta es qué guion vamos a escribir nosotros, porque la democracia está en la mano de la ciudadanía, en parte”.

“La tecnología es poder”

“La tecnología es poder” ha sido una de las ideas fuerza repetidas por muchos de los ponentes, incluido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ha compartido una charla con Véliz. Su Ministerio y la organización Mobile World Capital Barcelona han sido los organizadores principales del Encuentro.

Para hacer valer los derechos digitales no vale presionar a las multinacionales tecnologías. Es necesario poder en todos los sentidos, incluido el más clásico de todos: el poder geopolítico, la capacidad de obligar a otras naciones a tomar determinados caminos. “Si nos fijamos en los tres imperios digitales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, vemos grandes diferencias”, explica Anu Bradford, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia (EEUU). “Por eso los llamo imperios, porque ninguno de sus modelos regulatorios se limita a sus propias jurisdicciones, sino que todos exploran proactivamente extenderlo a otras zonas”.

Sí, también la UE lo ostenta. Bradford, finlandesa, es la autora del término “efecto Bruselas”, que explica cómo muchas de las leyes de los 27 terminan aplicándose a nivel global porque las multinacionales prefieren adoptar un mismo estándar normativo en todo el mundo, aunque sea el más estricto, antes que cambiar su operativa en función de múltiples contextos diferentes.

Economías de escala y eficacia juegan aquí en favor de muchos países que consiguen la protección legal europea sin la capacidad de presión de su potente mercado interior, de 450 millones de personas. Por ello, la profesora ha recalcado en Barcelona que la UE no debe dejarse llevar por los discursos que aseguran que su modelo basado en derechos la lleva al desastre en la carrera de la IA con EEUU y China.

“Los europeos deberían tomar el camino [...] de cómo hacer que la IA mejore nuestras vidas. Que aumente nuestra riqueza, nuestra productividad, las oportunidades para nuestros individuos, sociedades y empresas”, ha defendido Bradford: “Aprovechar el potencial en la vida diaria para muchas de nuestras industrias: atención médica, educación, etc. Y ahí es donde realmente no hay una desventaja inherente”.

Pero, para que eso funcione “no basta con multar”, sino que hacen falta “reguladores que estén dispuestos a desplegar los poderes que tienen”. Tanto para “exigir cambios en los modelos de negocio” de los gigantes tecnológicos extranjeros como para potenciar la capacidad de innovación europea.

Sobre esto último, la profesora también ofrece una hoja de ruta: desplegar un mercado único digital real, que permita a las empresas competir en toda Europa desde un único país; facilitarles el acceso a capital y desestigmatizar el fracaso con una ley de quiebras europea que no hunda a los que lo intentan y no lo consiguen.

Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global. Ahora se están alejando de eso y es una oportunidad tremenda para los europeos

Anu Bradford — profesora de Derecho en la Universidad de Columbia

Todo esto tendría como consecuencia otro de los puntos que la experta menciona como claves: la atracción de talento extranjero que quiera emprender en Europa. “Pensemos solo en los nombres tan conocidos de los fundadores de empresas tecnológicas... Elon Musk, el fundador de Tesla, nació en Sudáfrica. Sergey Brin, el cofundador de Google, en Rusia. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, es brasileño. Jensen Huang, el cofundador de Nvidia, nació en Taiwán”, ha enumerado.

“Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global”, ha recordado, “pero ahora se están alejando de esos rasgos tradicionales del país. Esto es una oportunidad tremenda para los europeos”.

Mientras, ¿qué hacemos con este Internet roto?

Hubo un tiempo en que Internet era “un directorio de cosas maravillosas”, ha recordado la periodista y escritora Marta Peirano, una de las expertas de referencia en el contexto español sobre tecnología y poder. Ese era también el lema de Boing Boing, pionero de la blogosfera digital.

Su director era Cory Doctorow, el activista que mejor ha mapeado cómo y por qué la red se ha estropeado desde entonces, a través de su concepto de “mierdificación”. “En veinte años todos nuestros problemas estarán relacionados con Internet”, decía en 2015 en una entrevista con elDiario.es. La velocidad a la que ha ocurrido todo ha terminado sorprendiendo hasta a los más críticos.

Como entonces, Doctorow ha exculpado a los usuarios en su conversación con Peirano en Barcelona. Si Internet se ha convertido en “un enorme montón de mierda” es porque se transformó “en un entorno político donde las peores decisiones de las peores personas generan la mayor cantidad de dinero”. “Entonces llegamos a la pregunta más importante: ¿qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política”, ha acusado.

¿Qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política

Cory Doctorow — activista y autor de 'Mierdificación'

La tesis de Doctorow es que “todos estos productos digitales que todos usamos son obviamente defectuosos. Nos espían, se quedan con nuestro dinero, nos manipulan”. “Lo último que cualquiera de nosotros debería hacer es permitir que nuestra vida social sea controlada por un multimillonario, y mucho menos por alguien que nos está espiando”, ha enfatizado durante el evento.

Para arreglarlo, el autor pide un nuevo Internet, pero rechaza la utopía de una red perfecta. “Lo que queremos es un sistema nervioso digital que nos ayude a adaptarnos al cambio. Un sistema nervioso que nos ayudará a sobrevivir al genocidio, la emergencia climática y el creciente fascismo. Tendrá que ser dinámico, porque tendrá que ser receptivo a las necesidades de los usuarios”. Es lo que el autor denomina “el Internet post-americano”, una red que pueda escapar de las lógicas mercantilistas que este ha impuesto.

Tocándoles la cartera

Frances Haugen, casi cogiendo el testigo de Doctorow, ha puesto encima de la mesa un método para forzar a los gigantes digitales a adoptar prácticas más éticas. Se basa en tocarles la cartera. Sin boicots, solo con una fórmula que apunte a su punto débil.

La ingeniera sabe cómo diseñarlo. Haugen expuso en 2021 las prácticas internas de Facebook ante el Senado de Estados Unidos, filtrando documentos de la compañía que probaron que está priorizaba sus propios beneficios a la seguridad de sus usuarios, incluidos niños y adolescentes. Sus revelaciones han terminado desembocando en las recientes sentencias que condenan a las redes sociales de Meta a pagar los daños que han causado a sus usuarios.

La ingeniera propone obligar a las grandes marcas que se anuncian en plataformas como Facebook e Instagram a destinar el 10% de su gasto en publicidad digital a plataformas dispuestas a publicar cinco métricas concretas sobre su impacto en los menores: cuántos niños reciben mensajes sexuales no deseados; la calidad de su sueño; el rendimiento escolar; la capacidad del usuario para detener el uso de la aplicación a voluntad y si la herramienta fomenta realmente las conexiones en el mundo físico.

¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?

Frances Haugen — Filtradora de Facebook

“¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?”, se ha preguntado Haugen en Barcelona.

Es una más de las múltiples propuestas que el centenar de voces internacionales han arrojado a la política y la sociedad civil en el I Encuentro por los Derechos Digitales, que nace con la voluntad de que haya muchos más. El diagnóstico lleva años sobre la mesa. Lo que Barcelona ha demostrado esta semana es que las recetas también existen: ¿habrá voluntad para aplicarlas?

El pasado viernes, Nintendo anunció una subida de precios de la Switch 2, su última videoconsola. Se trata de algo excepcional: el fabricante japonés nunca había encarecido una de sus consolas ya en el mercado sin añadir nuevas funcionalidades. La tendencia general de estos dispositivos es la contraria: abaratarse a medida que pierden novedad y ampliar así la base de compradores de juegos. En España, la consola pasará de 469 a 499 euros.

Pero no ha sido la única. La PlayStation 5 también va al alza, a pesar de que es un modelo que salió a la venta en 2020 y se acerca al final de su generación. Sony aplicó en abril una subida de 100 euros, que deja la configuración más cara en 899 euros y la más barata en 599 euros. Esa configuración básica acumula un encarecimiento del 50% desde su lanzamiento, cuando se vendía por 399 euros. Una política de escalada a la que se ha sumado Microsoft, cuyas Xbox salidas en 2020 también son más caras ahora que entonces.

Comprar videoconsolas baratas esperando a que pierdan novedad ha dejado de ser una opción. Ninguno de los tres fabricantes da demasiados detalles. Se produce “debido al aumento de los costes, incluidos los precios de los materiales”, ha justificado Nintendo, y “dado que se prevé que el impacto de los diversos cambios en las condiciones del mercado se extienda a medio y largo plazo”.

Estos aparatos son un ejemplo muy visible de una tendencia que afecta a todos los dispositivos de consumo, como ordenadores, portátiles o teléfonos móviles, y que amenaza con llevarse por delante toda la gama baja. “Prevemos que el segmento de PC de gama de entrada de menos de 500 dólares (unos 450 euros) desaparecerá para 2028”, expresan desde la consultora Gartner, especializada en análisis de mercado y tecnología.

La IA acapara la memoria

Esta situación tiene múltiples causantes, pero hay uno que destaca sobre los demás. Es el precio disparado de las memorias RAM (siglas en inglés de memoria de acceso aleatorio), indispensable para todos estos productos, debido a un aumento ingente de la demanda proveniente de los centros de datos de la inteligencia artificial.

La IA generativa exige un tipo de memoria muy específica llamada HBM (memoria de alto ancho de banda, en inglés). Dado que los fabricantes operan fábricas con una capacidad limitada de obleas de silicio al año, han reasignado su producción hacia estos chips para la IA, a expensas de la memoria RAM estándar que utilizan los dispositivos de consumo, menos rentables. Antes del actual auge de la IA, los centros de datos representaban el 30% de la demanda de memoria; hoy están absorbiendo entre el 60% y el 70% de la producción mundial.

La tendencia empezó a percibirse a finales de 2025, con la desaparición progresiva de las memorias RAM vendidas como componentes sueltos para quienes ensamblan su propio ordenador. Sin embargo, la situación se ha agravado en esta primera mitad del año. La consultora TrendForce pronostica que los precios de los contratos de memoria RAM aumentarán entre un 58% y un 63% tan solo en el segundo trimestre, lo que supone el mayor incremento registrado en una década. Gartner pronostica que para final de año la cifra podría haber llegado al 130%.

Eso se está comiendo los márgenes de los fabricantes en la gama baja de cualquier dispositivo que utilice RAM. “Este fuerte aumento limita la capacidad de los proveedores para absorber los costes, lo que hace que los portátiles de gama de entrada con bajos márgenes de beneficio dejen de ser viables”, continúa Gartner.

Los teléfonos más baratos también están subiendo de precio, con varias marcas discontinuando sus anteriores modelos básicos sin lanzar un sustituto. Esto “llevará a los compradores a optar por modelos reacondicionados o de segunda mano, o a conservar sus teléfonos durante más tiempo”, continúa la misma consultora: “los compradores de smartphones básicos abandonarán el mercado cinco veces más rápido que los compradores de modelos premium en 2026”.

La gama media y alta, más caras

Los dispositivos más caros podrán asumir el golpe debido a que trabajan con mayores márgenes, pero los analistas avisan que este aumento de costes terminará repercutiendo en los consumidores. Microsoft, por ejemplo, ha aumentado los precios de los portátiles y tabletas convertibles Surface entre 150 y 400 euros, dependiendo del modelo.

Tradicionalmente, la memoria y el almacenamiento representaban en torno al 15% del coste total de un portátil, pero la firma TrendForce estima que la cifra superará el 30% en este primer semestre de 2026. Sumando que fabricantes como Intel también planean subir el precio de sus procesadores más de un 15%, solo la memoria y la CPU podrían pasar a representar casi el 58% del coste total de fabricar un ordenador.

Como resultado, TrendForce advierte que los portátiles que ahora cuestan entre 800 y 900 euros podrían registrar incrementos de precio cercanos al 40% y situarse en rangos cercanos a los 1.200 euros.

Todos estos incrementos tendrán un impacto directo en el consumo. Gartner calcula que las ventas mundiales de PC caerán un 10,4% y las de teléfonos inteligentes un 8,4% respecto a los niveles de 2025.

A la espera de nuevas fábricas

Los principales fabricantes de RAM, como Samsung, SK Hynix, Micron o Kioxia, han empezado la construcción de nuevas fábricas para satisfacer la alta demanda de memoria. Sin embargo, estas factorías son extremadamente complejas de poner en marcha y su impacto en el mercado podría tardar años en llegar.

Micron ha iniciado ya la construcción de megafactorías en Estados Unidos, con varias plantas proyectadas en Nueva York cuya plena capacidad no se alcanzará antes de 2030. SK Hynix avanza en la ampliación de sus instalaciones en Yongin, en Corea del Sur, y espera que una parte entre en producción en 2027. También en Corea, Samsung ha adelantado el calendario de su una megaplanta orientada tanto a memoria convencional como a HBM para centros de datos de IA.

Sin embargo, estos fabricantes son conservadores en el desarrollo de estas infraestructuras. Tal y como han explicado a sus inversores en sus últimas presentaciones de resultados, no dan de lado un escenario en el que la demanda de la IA se estabilice o incluso se derrumbe abruptamente. Esto las abocaría a un escenario de sobrecapacidad en unas factorías extremadamente caras y complejas que quieren evitar a toda costa. Es por ello que la mayoría de previsiones apuntan a que la tensión en los precios se mantendrá al menos hasta 2028.

La inmensa mayoría de la ciudadanía española apoya el establecimiento de una “identificación obligatoria” para participar en redes sociales o foros de Internet, según un estudio publicado este viernes elaborado por la Universitat de Barcelona a partir de una encuesta a una muestra representativa de 2.500 personas y un análisis cualitativo a partir de sus respuestas.

La investigación muestra que la defensa del anonimato digital ha quedado reducido a una posición minoritaria en la sociedad española. “Solo uno de cada cuatro ciudadanos defiende la participación anónima”, explica el estudio, que avisa que “existe cierta polarización en la posición frente al anonimato: mientras unos lo defienden como un derecho básico que garantiza la libertad de expresión, otros lo identifican como una fuente de inmunidad para difundir información falsa y discursos de odio”.

La rotundidad de las cifras en este sentido ha sorprendido a los propios autores. “Lo que observamos, y que nos han sorprendido bastante al equipo de investigación, es la demanda de regulación de contenidos en las redes, como los discursos de odio, a través de medidas como la identificación obligatoria para participar públicamente en redes y foros de Internet”, ha confesado el investigador principal, Jordi Muñoz.

Una sorpresa quizá motivada porque estos hallazgos coinciden con un momento de creciente alerta por el avance del análisis masivo de información a través de la inteligencia artificial. Empresas que se han colocado en el foco público, como Palantir, se han especializado en cruzar datos personales y estructurales para identificar a personas y objetivos militares. Su plataforma es utilizada por organismos como el ICE para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes irregulares en EEUU. La encuesta, de hecho, destaca que el principal derecho que la ciudadanía pide para Internet es la privacidad y la protección de datos (96%).

Muñoz, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, ha sido el encargado de presentar los resultados durante el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que ha arrancado este miércoles en Barcelona. La iniciativa ha reunido a más de un centenar de académicos y representantes de la sociedad civil especializados en este área en unas jornadas de debates y conferencias que concluirán mañana.

La desinformación y el acoso, principales problemas

Muñoz ha destacado que la identificación obligatoria surge como respuesta a los principales problemas que la ciudadanía identifica en Internet. El 88% de los encuestados identifica las redes sociales y los medios digitales de forma general como el entorno más propicio para la difusión de noticias falsas, mientras que un 77% opina lo mismo sobre los discursos de odio.

Como vía de solución, el 65% de los ciudadanos se muestra a favor de regular la difusión de información en estas plataformas. A la hora de definir quién debe asumir el freno a la información falsa en Internet, la sociedad apunta hacia los poderes públicos.

El 48% de la población considera que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar que no se publiquen este tipo de noticias en la red. Las plataformas tecnológicas ocupan la segunda posición, señaladas por el 39% de los encuestados, seguidas de los propios medios de comunicación con un 35% Un 14% de las personas encuestadas traslada la tarea de control y actuación a la Unión Europea.

Otra de las cifras más rotundas del estudio es el 95% de ciudadanos que piensa que los niños deberían estar más protegidos en la red. “En consecuencia, se detecta un fuerte consenso social en torno a la necesidad de implementar medidas de protección como el control parental (96%), la edad mínima para el uso de smartphones (91%) y la regulación de la publicidad dirigida a menores (96%)”, señala el estudio.

“A pesar de que existe una clara demanda de regulación dirigida a las autoridades, el 80% identifica a las propias familias como una de las principales entidades responsables de la protección de los menores en redes”, continúan los investigadores.

En este sentido, el Gobierno ha anunciado que ya tiene lista una aplicación de identificación digital para evitar que los menores por debajo de la edad recomendada accedan a las redes sociales. Se trata de Cartera Digital Beta, que emplea un mecanismo, asegura el Ejecutivo, que no recaba datos sobre la navegación de quienes la utilizan y hace imposible su identificación posterior.

Actualmente, la edad legal para el acceso a redes está fijada en los 14 años, pero el Gobierno espera aprobar una nueva ley que la eleve a 16 y habilite el empleo de sistemas como Cartera Digital Beta para asegurar su cumplimiento. Países como Australia han impuesto recientemente prohibiciones similares, pero su aplicación está dejando algunas incógnitas sobre su efectividad real.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los Estados miembros pueden exigir a las plataformas digitales como Facebook, Google o Instagram que paguen una remuneración equitativa por utilizar sus contenidos.

“El derecho a una remuneración equitativa de las editoriales de publicaciones de prensa es admisible, siempre y cuando esta remuneración constituya la contrapartida económica de la autorización concedida a los prestadores para reproducir estas publicaciones o para ponerlas a disposición del público, y estas editoriales puedan denegar dicha autorización o concederla a título gratuito. Además, no puede exigirse ningún pago a los prestadores cuando no utilicen las mencionadas publicaciones”, señala en un comunicado el alto tribunal europeo.

La sentencia responde a una cuestión judicial planteada en Italia por el gigante estadounidense Meta,  la compañía matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, contra una ley que obliga a las empresas digitales a negociar con las editoriales de prensa una compensación económica por el uso en internet de sus publicaciones. Dicha normativa encomienda a la Autoridad Garante de las Comunicaciones (AGCOM) la tarea de fijar los criterios de la remuneración, proceder a su determinación en caso de desacuerdo y asegurar el cumplimiento de la obligación de información, incluso mediante la imposición de sanciones.

Meta llevó a los tribunales esta normativa italiana al cuestionar su compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular, con la Directiva y con la libertad de empresa garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Unión Europea aprobó la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital para reconocer a las editoriales de prensa un derecho afín específico por los usos en internet de sus publicaciones por las plataformas.

El Tribunal de Justicia señala que la finalidad de la Directiva es “conferir a las editoriales derechos exclusivos de reproducción y de puesta a disposición del público de sus publicaciones de prensa, si bien deja a los Estados miembros un margen de apreciación para garantizar su aplicación”.

Los magistrados aseguran que con esta sentencia “se refuerza la protección de las editoriales y permite establecer un equilibrio justo entre la libertad de empresa, por una parte, y el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, por otra”.

Australia tiene un largo historial a la hora de salirse del carril internacional e intentar regular el negocio de las grandes tecnológicas sin pedirles permiso. Su última gran iniciativa en esta línea ha sido la prohibición de que los menores de 16 años utilicen las redes sociales, una medida que está dejando algunas incógnitas en su aplicación, pero que está inspirando regulaciones similares en todo el mundo, España y la UE incluidas.

Menos de seis meses después de la entrada en vigor de esa medida con la que quiere atajar uno de los grandes debates de la sociedad digital, el Gobierno australiano se ha lanzado a legislar sobre otro: asegurar la supervivencia de los medios de comunicación en una era en la que la inteligencia artificial puede resumir sus noticias sin necesidad de que los lectores visiten siquiera sus webs.

A finales de abril, el Ejecutivo liderado por el laborista Anthony Albanese sacó a consulta pública una nueva ley para forzar a las grandes tecnológicas a llegar a acuerdos de retribución con los medios por el uso de sus contenidos. El objetivo de la norma es que ambas partes establezcan sus propios términos de compensación. Sin embargo, en caso de que los gigantes de la IA se nieguen a colaborar, la ley les impondrá un impuesto del 2,25% de su facturación anual en Australia.

La tasa nace de la experiencia. Otro de los últimos grandes intentos de Camberra de forzar a las tecnológicas a compensar su impacto social fue precisamente en relación con los medios de comunicación, pero salió mal. En 2021, Australia aprobó una norma para impulsar la misma retribución, pero dejó un agujero legal. Plataformas como Facebook optaron simplemente por eliminar cualquier rastro de noticias de su plataforma en Australia para evitar el pago.

El intento regulatorio terminó perjudicando a todos: la red social suprimió también páginas y grupos que compartían enlaces de noticias habitualmente, como las de sindicatos, ONG, webs meteorológicas, avisos de personas desaparecidas, de incendios o incluso perfiles oficiales de las administraciones australianas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo privado entre News Corp, la multinacional de medios australiana dirigida por la familia Murdoch, y Mark Zuckerberg.

Para evitar que eso pueda ocurrir de nuevo, la nueva intentona australiana incluye ese impuesto del 2,25%. Albanese cuenta con mayoría absoluta en el parlamento, por lo que es muy probable que la ley salga adelante. Sin embargo, es en los detalles que el Gobierno ha sacado a consulta donde pueden radicar algunos de los aspectos más innovadores de la ley. Uno de ellos es cómo se repartiría esa tasa recaudada a las tecnológicas que no colaboren.

Pago por periodistas contratados y su producción

Para repartir esos fondos recaudados, Canberra propone la creación de un modelo basado en una fórmula matemática sencilla: su núcleo es la cantidad de periodistas a tiempo completo contratados por cada medio.

La asignación exacta se calcularía dividiendo los periodistas de una organización entre el total de periodistas de todos los medios inscritos, y multiplicando ese resultado por los ingresos totales recaudados con la tasa a las tecnológicas. Es decir, se basa en las personas y no en las cuentas de los medios de comunicación.

“La financiación podría determinarse en función de los costes laborales o de los costes de producción. Estas opciones permitirían ajustar mejor la asignación de fondos a los gastos reales de las empresas. Sin embargo, esto podría dar lugar a que una mayor parte de los pagos se destinara a empresas con mayores presupuestos para atraer talento (lo que supondría un riesgo de consolidación del sector), a una distribución más costosa o a una menor eficiencia; o bien podría fomentar el abuso del sistema”, justifica el texto.

Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)

Gobierno australiano — sobre la distribución de la tasa a las tecnológicas

Pero la propuesta no se queda ahí. En un negocio mediático experto en tácticas trampa como el clickbait, los contenidos vacíos de información o la contratación de periodistas que no se dedican realmente a hacer periodismo, el Ejecutivo propone que solo cuenten aquellos que produzcan “core news” o “contenidos informativos fundamentales”: “Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)”.

Aquí entrarían tanto los redactores tradicionales como “fotoperiodistas, videógrafos y diseñadores gráficos que producen contenidos informativos fundamentales en formato visual”. Pero, no “los directivos no editoriales” ni “los diseñadores gráficos y los profesionales del marketing que producen materiales de marca, elementos estilísticos y otros contenidos que no sean de noticias o informativos”.

Una remuneración exclusiva para aquellos que contraten a personas que se dediquen al periodismo, para lo que se propone pedir pruebas o bien del contenido generado o declaraciones juradas, cuando eso no sea posible. Además, los medios que reciban la compensación por este motivo estarán obligados a mantener, como mínimo, la misma cantidad de periodistas a tiempo completo por la que ha recibido la financiación.

Luces y sombras

Aunque la nueva normativa ha sido bien recibida en Australia, algunos analistas avisan de riesgos sobre un apagón informativo o de que acabe perjudicando a los medios más pequeños.

Para los profesores Monica Attard y Derek Wilding, codirectores del Centre for Media Transition de la Universidad de Sídney, el plan actual supera las carencias del anterior: “El diseño sugiere que será más efectivo porque incluye un mecanismo para fijar una cantidad mínima que las plataformas tendrán que pagar, y a menos que abandonen Australia por completo o haya una impugnación legal exitosa, no podrán evitar pagarla (como ha hecho Meta con el anterior código)”, dicen en declaraciones a Crikey, un medio australiano especializado en la industria mediática.

El riesgo es que la ley siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto

Alexandra Wake — Profesora de Periodismo del Instituto de Tecnología de Melburne

Otros creen que la posibilidad de que los gigantes tecnológicos decidan abandonar el mercado o bloquear las noticias, como hizo Meta en Canadá, sigue siendo la gran amenaza. Andrea Carson y Diana Bossio, profesoras de la universidad La Trobe y del Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), escriben en The Conversation que es “el mayor riesgo de todos”: “El resultado no deseado [en Canadá] fueron audiencias más pequeñas a largo plazo para el periodismo profesional. Australia no puede arriesgarse a sufrir efectos contraproducentes en un momento en que el periodismo de calidad nunca ha sido más crítico para salvaguardar la democracia”, afirman.

Alexandra Wake, profesora de periodismo en el RMIT, señala que otro riesgo es que la ley “siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto o ser incapaces de negociar acuerdos adecuados, que es lo que ocurrió bajo el plan anterior”.

En esta línea, la Asociación de Noticias Locales e Independientes ha denunciado que los requisitos de la ley “crean barreras a la participación para los pequeños editores y los medios comunitarios basados en el voluntariado, afianzando aún más el statu quo en un panorama mediático que ya es uno de los más concentrados del mundo”.

Las tecnológicas no están contentas

A estas dudas se suman las críticas de las grandes tecnológicas afectadas. La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia, aquellas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.

elDiario.es ha consultado a varias de las que cumplen esos requisitos. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, indica una portavoz de Google.

Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI

Google

“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.

Una portavoz de Meta, por su parte, ha compartido una publicación en redes sociales del director de comunicación de la multinacional. “Esto no es más que un impuesto sobre servicios digitales”, ha afirmado el ejecutivo sobre la ley australiana: “Las organizaciones de noticias optan por publicar contenido en nuestras plataformas porque obtienen valor de ello. No tomamos su contenido. Sin embargo, el impuesto se aplica independientemente de si el contenido de noticias aparece o no en nuestras plataformas”.

Australia lleva años tropezando con las mismas piedras y aprendiendo de los golpes. Esta vez ha puesto números a las consecuencias de no colaborar y ha atado la compensación a las personas que hacen el trabajo, no a las empresas que se lo quedan. Si funciona, otros gobiernos ya tienen el borrador. Si no, el debate sobre la relación entre los periodistas y las grandes tecnológicas en la era de la IA tendrá más datos para avanzar.

Este viernes 8 de mayo, Instagram deja de ofrecer cifrado de extremo a extremo en sus mensajes privados. En la práctica, esto permite a Meta acceder libremente a los chats de los 2.500 millones de usuarios de esta red social.

La compañía asegura que el cambio se debe al bajo uso del cifrado, que debe ser activado por los usuarios. Sin embargo, la decisión coincide con la entrada en vigor de una ley estadounidense que presiona para que las compañías eliminen este protocolo de seguridad, el más eficaz para proteger las comunicaciones digitales. También con la mejora de las capacidades de análisis de datos masivos de la inteligencia artificial.

Las organizaciones de derechos digitales y privacidad han criticado la decisión de Meta, propietaria también de Facebook y WhatsApp. “Este cambio de rumbo expondrá a millones de usuarios a riesgos graves y concretos”, avisa la Global Encryption Coalition, en la que participan la Fundación Mozilla, el Centro para la Democracia y la Tecnología o la Internet Society.

Protección básica

El cifrado de los mensajes digitales es un proceso que convierte su contenido en un código ilegible, excepto para quien tiene la clave adecuada (el destinatario original). “Muchos usuarios de Instagram utilizan los mensajes directos para tratar asuntos personales, políticos o profesionales delicados”, destaca la Coalición. Abandonar el cifrado “aumentará el riesgo de que estos usuarios sean vigilados e interceptados por agentes malintencionados, gobiernos y otros que intenten acceder a sus comunicaciones privadas”, alertan.

Los críticos recuerdan, además, que incluso el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha defendido el valor de esta protección digital básica. “Creo que el futuro de la comunicación se orientará cada vez más hacia servicios privados y cifrados, donde las personas puedan tener la seguridad de que lo que se dicen entre sí permanece protegido y sus mensajes y contenido no se almacenarán indefinidamente. Este es el futuro que espero que podamos ayudar a construir”, declaró en 2023.

Entonces, ¿a qué se debe el cambio? “Muy pocas personas optaban por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses. A partir del 8 de mayo de 2026, dejaremos de proporcionar cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos”, comunicó la compañía en marzo, invitando a los usuarios a usar WhatsApp, que seguirá manteniendo esta protección.

Aunque Meta no ha llegado a dar una cifra oficial, algunos analistas hablan de porcentajes de uso en torno al 2%. Esto implicaría que 50 millones de personas en todo el mundo habían cifrado sus mensajes de Instagram, una cifra considerable teniendo en cuenta que debía activarse voluntariamente. “Es una función que está escondida, poco promocionada, es complicada, que la gente no conoce y que no está por defecto; no porque la gente decida que prefiere no estar protegida”, destaca Elena Gil, abogada especialista en nuevas tecnologías.

Conversaciones al descubierto

Contactada por elDiario.es, una portavoz de Meta ha compartido una publicación de 2023 de su blog oficial en la que afirma que no utilizará los mensajes privados para entrenar a su IA. Sin embargo, esto no aparece claramente definido en su política de privacidad, que es el único documento vinculante a nivel legal sobre el uso de datos personales de la compañía, avisa Elena Gil.

Al contrario, tras repasar estas claúsulas legales de 140 páginas, la abogada expica que Meta hace un uso extensivo y poco definido de un concepto legal denominado “interés legítimo”. Se trata de una fórmula que permite a las compañías utilizar los datos de los usuarios sin necesidad de pedirles permiso explícitamente.

“Es la figura que más se utiliza en el mundo digital para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial o sistemas automatizados”, recuerda Gil, cuya investigación sobre cómo las empresas usan resortes legales como el “interés legítimo” para analizar datos de sus usuarios fue premiada por la Agencia Española de Protección de Datos. “Con muchos matices, básicamente quiere decir que no necesitan pedir consentimiento si las consecuencias de lo que hacen son leves”, detalla.

Además, no utilizar los datos de los mensajes para el entrenamiento de la IA, como asegura Meta, implica que estos no se añadirán a sus bases de datos. No que no pueda analizarlos. Uno de los usos de los que habla específicamente su política de privacidad es la inferencia: “La inferencia es la deducción de más información sobre ti. Esta información inferida es como el Santo Grial de la economía digital: aparte de recoger muchos datos sobre ti, intentan adelantarse y adivinar datos que tú nunca has llegado a dar”, continúa la jurista.

Esta información inferida es como el Santo Grial de la economía digital: aparte de recoger muchos datos sobre ti, intentan adelantarse y adivinar datos que tú nunca has llegado a dar

Elena Gil — abogada especialista en nuevas tecnologías

Al retirar la protección de extremo a extremo, la plataforma tiene vía libre para acceder a todos los mensajes de sus usuarios. “Imagínate que el cartero, que es Meta, pudiese parar a leer todas las cartas que tú escribes”, ejemplifica: “Si hablas de tus finanzas, de enfermedades, de a quién votas, de detalles que revelan tu condición sexual incluso en un país donde eso pueda estar perseguido, de lo que ganas, lo que te pasa. Si estás teniendo una relación extramatrimonial. De tus logros, de tus alegrías. Imagina que todo eso en vez de ser secreto, como se legisló hace décadas, ahora se pudiera leer”.

Gil aclara que esto no implica que sean personas quienes lo lean. Es “un algoritmo que siempre está aprendiendo de todo lo que tú haces dentro y fuera de los mensajes privados” el que podrá encargarse de ello.

“Todo esto es el caldo de cultivo de la manipulación masiva, entrenamiento de nuevos sistemas de IA, creación de sistemas que cada vez parezcan más humanos, etc. Y todo con la excusa de que se está informando de manera transparente en un texto que ya te digo que tiene más de 140 páginas, sabiendo que nadie se entera, porque ni siquiera una persona experta es capaz de enterarse de lo que ahí pone”, asevera la abogada sobre la política de privacidad de la red social.

Una ley contra el cifrado en 11 días

Existe otro telón de fondo tras la retirada de esta protección digital de los mensajes. El fin del cifrado en Instagram llega justo 11 días antes de que entre en vigor la llamada Take It Down Act, la primera ley estadounidense que ilegaliza la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluyendo aquellas generadas con inteligencia artificial.

La Take It Down Act fue ratificada por Donald Trump en mayo de 2025 como reacción a los primeros escándalos de creación de imágenes sexualizadas con IA, en el que se vieron afectadas desde personalidades como Taylor Swift hasta políticas, así como profesoras y alumnas de colegios e institutos.

Además de castigar a los que difundan estos contenidos, la ley también estipula un período de 48 horas para que las plataformas retiren este tipo de contenidos. Instagram es uno de los principales espacios donde se dan este tipo de ataques, y el cifrado de los mensajes dificultaba a Meta su cumplimiento. Su retirada permitirá a la red social analizar los mensajes privados en busca de este y otros tipos de contenidos.

Se trata de una de las consecuencias perniciosas de este tipo de leyes, como alertan múltiples organizaciones de derechos digitales y expertos por todo el mundo. “Las plataformas podrían responder abandonando por completo el cifrado para poder monitorear el contenido, convirtiendo así las conversaciones privadas en espacios vigilados”, avisó durante la negociación de la Take It Down Act la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las organizaciones de referencia en este ámbito.

Pese a ello, la tendencia de imponer la posibilidad de revisar los mensajes cifrados de los usuarios se extiende a nivel internacional. En este momento, la UE está negociando una ley contra la difusión de pornografía infantil cuyos críticos avisan que podría tener el mismo efecto que la Take It Down Act. La Comisión Europea asegura que el texto no dificultará el cifrado, pero cientos de tecnólogos enviaron una carta a Bruselas para discrepar: “Es una amenaza enorme”.

Reino Unido o la India están impulsando legislaciones similares. Es por ello que la decisión de Instagram “es un precedente peligroso”, denuncia la Global Encryption Coalition: “En un momento en que los gobiernos de todo el mundo están considerando activamente medidas que debilitarían o eludirían el cifrado, el sector privado debe priorizar la privacidad y la seguridad en el diseño de sus productos”.