El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad estimar el recurso de alzada interpuesto por una magistrada destinada en Canarias contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado 17 de febrero por el que se inadmitía su renuncia a la plaza obtenida en Galicia en un concurso de traslado, y ha dejado sin efecto la adjudicación de la plaza.

En un comunicado, el CGPJ explica que la magistrada, que participó voluntariamente en el concurso de traslado y obtuvo la plaza solicitada, pidió a la Comisión Permanente que, debido a circunstancias familiares sobrevenidas, se la tuviera por renunciada al destino, cuando la resolución del concurso ya había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 20 de enero.

Entonces, la Comisión Permanente acordó no admitir su renuncia a una plaza obtenida en un concurso de traslado al considerar que la solicitud iba contra una obligación, la de tomar posesión de su cargo, establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ahora, el pleno estima el recurso de alzada interpuesto contra esa decisión y revoca el acuerdo recurrido al apreciar, “de forma estrictamente excepcional y no generalizable, la concurrencia de circunstancias que permiten declarar la ineficacia de la adjudicación de la plaza obtenida, al no haberse producido el cese ni la toma de posesión y no haberse generado perjuicio a terceros ni alteración del servicio público”, concluye el comunicado.

Un hombre de 38 años acusado de vejar el 1 de noviembre de 2023 en un vídeo subido a la red social TikTok a un enfermo psiquiátrico fugado del Hospital Militar Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria, donde había ingresado en 2008, ha admitido los hechos y la Fiscalía ha rebajado la pena que pedía para él a 15 meses y un día de prisión.

En el juicio celebrado este miércoles en la sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, el acusado, Jacob H. D., ha reconocido que se burló de la víctima, Cristóbal R. R., fallecido en junio de 2024, cuando aún vestía el pijama del Servicio Canario de la Salud y pese a su evidente discapacidad del 78% por esquizofrenia paranoide, que tenía reconocida desde 1999.

Sobre las 13.04 horas del 1 de noviembre de 2023, el procesado subió a la citada red social un vídeo en el que, “con claro ánimo de humillación y burla”, según considera la Fiscalía, instaba a la víctima a imitar los ruidos que hacen diversos animales, es decir, que “hiciera el gallo, el cerdo, el caballo o el burro”, unas instrucciones que el enfermo siguió.

La grabación recibió 266 likes, fue reproducida por 16.000 personas y compartida 93 veces y fue retirada de Tiktok, como medida cautelar, en noviembre de 2024, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional.

Escrito que ha modificado este miércoles para rebajar de dos años a 15 meses y un día la pena de prisión que solicita para el acusado por un delito contra la integridad moral, cuya autoría ha reconocido, y de 8 a 3 años y un día la de inhabilitación que interesa para él.

Además, la Fiscalía ha instado este miércoles a que el procesado siga un programa de igualdad de trato y no discriminación.

En la sentencia dictada de viva voz por la magistrada Pilar Parejo, a petición de la acusación pública, con la que se ha conformado la defensa, también rebaja de 6.000 a 4.000 euros la cuantía que el procesado deberá abonar a los tres hermanos de la víctima, presentes en la vista oral celebrada este miércoles.

Cantidad que el condenado, que percibe un subsidio por desempleo en la actualidad, según ha dicho, se ha comprometido a pagar a razón de 170 euros mensuales.

Si incurre en algún impago, la magistrada le ha advertido de que se le aplicará la pena privativa de libertad, de la que puede quedar exento una vez que se estudien sus antecedentes, relacionadas con una sentencia firme dictada en diciembre de 2020 por un delito leve de vejaciones, otra de diciembre de 2019 por un delito leve de amenazas, una tercera de julio de 2013 por un delito de tráfico de drogas y una cuarta de abril de 2011 por un delito leve de amenazas, según detalla la Fiscalía. 

El magistrado Juan Avello Formoso ha sido designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la presentación de su proyecto semanas antes de la designación, Avello defendió un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago, la más alta del país.

Avello se ha impuesto a los otros dos candidatos, Jaime Borrás, y el hasta ahora presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado.

(Habrá ampliación)

Un migrante saharaui residente en Canarias ha denunciado ante los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria que su hermano fue asesinado a principios de mes por otros ocupantes de la patera con la que intentaba llegar a las islas, que presuntamente lo arrojaron al Atlántico tras una discusión.

En una denuncia fechada el pasado día 14 a la que ha tenido acceso EFE, Elouali El Houcini comunica al juzgado de guardia en la capital grancanaria la desaparición de su hermano Daha, que había embarcado en una patera que partió el pasado 7 de mayo desde Cabo Bojador.

Según la información que ha recabado, se trata de la neumática rescatada el 9 de mayo por la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo con 62 ocupantes que fueron trasladados a Arguineguín.

El Houcini comunica a la Justicia española que ha podido saber por varios testimonios e, incluso, por grabaciones remitidas desde teléfonos móviles de personas que viajaban en la patera, que durante la travesía su hermano fue arrojado al mar por otros ocupantes.

En la patera viajaban 62 personas de origen marroquí y subsaharianos, todos hombres excepto una mujer.

Según explica en la denuncia, un testigo le contó a El Houcini que se produjo un altercado entre varios ocupantes marroquíes y su hermano, saharaui como él, que acabó arrojado por la borda.

El denunciante, que previamente comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional, advierte de que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de asesinato o de homicidio y solicita al juez que dicte medidas de aseguramiento de pruebas y protección de los testigos.

Elouali El Houcini pide que no se expulse, devuelva o traslade a los posibles testigos o autores de los hechos, que se los localice y se les tome declaración o prueba preconstituida, en previsión de que más adelante pueda resultar imposible dar con ellos de nuevo.

Algunos de los ocupantes de la neumática aún se encontrarían alojados en el centro de primera cogida Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, detalla.

El desaparecido, Daha El Houcini, tenía 35 años y era padre de un niño de cuatro. Su familia asegura que se había significado como activista de la causa saharaui y que estuvo detenido tras participar en el campamento de Gdeim Izik en el año 2010. 

El consejero de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas (CC), estuvo investigado desde octubre hasta marzo por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias se iniciaron a raíz de una denuncia presentada a la Fiscalía por la Guardia Civil por el incendio que tuvo lugar el pasado 27 de mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a este periódico, la causa se archivó en marzo. Sin embargo, la imputación no se ha hecho pública hasta este martes, después de que el Cabildo firmara un decreto para pagar los servicios del abogado que asistió al consejero.

La Sección de Instrucción de la Plaza número 2 de Arrecife citó a Cejas, este declaró y después de que se realizaran diversas diligencias se archivó la causa, han explicado desde el TSJC. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico y que data del 6 de marzo, se recoge que ''los elementos de juicio que justificaron la apertura del procedimiento penal de instrucción se han debilitado hasta tal punto que no pueden servir de base para la apertura de juicio de acusación contra el investigado''.

Aunque la citación de Cejas para comparecer como investigado fue notificada al área de Residuos el 30 de octubre de 2025, no ha sido hasta este martes cuando se ha hecho pública la imputación, después de que este 21 de mayo el Cabildo resolviera por decreto la contratación de un abogado para el consejero.

En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico consta que Deprona Timanfaya, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, aportó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia y documentación relativa a los hechos acontecidos en el vertedero de Zonzamas y que pudieran ser constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el decreto del Cabildo insular, consultado por Canarias Ahora, se citan también informes ambientales de 2022 y 2024 que revelan la existencia de ''deficiencias operativas y de control interno'' en materia de gestión de residuos, almacenamiento, clasificación y vigilancia. La citación judicial en calidad de investigado se dirigía al representante legal del Complejo Ambiental, cargo que recae en el consejero de Residuos, Domingo Cejas.

El pago al abogado

Este periódico ha preguntado al Cabildo de Lanzarote por qué firmó la contratación del abogado Francisco Torres Stinga dos meses después del archivo de la causa. ''Lo que se firmó fue la aprobación del pago al letrado. Asumir el gasto por parte de la Administración porque la causa se archivó. La Administración asume el gasto de dirección letrada cuando el caso termina y se archiva por inexistencia de responsabilidad del representante público o funcionario'', explican.

Sin embargo, el decreto no recoge qué cantidad se le pagará al letrado. Sobre los honorarios, el documento concluye que están ''por determinar según presupuesto a presentar y siempre que sea acorde con el baremo oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, debiéndose facturar a través de su despacho''.

''Ocultación'' a la ciudadanía

Este martes, después de que se conociera a través de este decreto la imputación de Domingo Cejas, el PSOE exigió la comparecencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. El consejero socialista en la corporación insular, Benjamín Perdomo, denunció que ''lo más grave'' no era la existencia de una investigación penal, sino que se haya ''decidido ocultarlo durante meses a la ciudadanía''.

Para el PSOE, estos hechos obligan al presidente del Cabildo a comparecer y explicar ''desde cuándo conocía esta situación, por qué no informó públicamente, qué medidas se han adoptado desde entonces y qué evaluación interna se ha realizado sobre las condiciones de seguridad, vigilancia y control del Complejo Ambiental''.

El magistrado Íñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz (en Tenerife), ha sido designado juez de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

El nombramiento, adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional. 

La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos. 

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero. 

Herrero Elejalde compatibilizará esta nueva responsabilidad internacional con el ejercicio de su función como magistrado en Puerto de la Cruz, reforzando así la proyección exterior de la justicia autonómica y su conexión con los principales foros jurídicos internacionales.  

Su nombramiento, junto al de la magistrada Ana del Ser (presidenta del TSJ de Castilla y León), tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables, y surte efecto desde el día siguiente a su publicación en el BOE. 

Experiencia 

Íñigo Herrero es un magistrado con sólida experiencia jurisdiccional, especializado en cooperación jurídica internacional, Derecho de familia internacional y redes europeas. Acumula un conocimiento profundo de los mecanismos de la Conferencia de La Haya, amplia experiencia en auxilio judicial internacional y dominio avanzado de inglés, francés e italiano. 

Accedió a la carrera judicial en el año 2012 habiendo servido en Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz, interviniendo en comisión de servicio con relevación de funciones en las secciones 1ª, 3ª y 4ª (civiles) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Ha participado en congresos internacionales (Sevilla, Alicante, París) y es autor de publicaciones relacionadas con cooperación judicial internacional, menores y derechos humanos. 

El magistrado es docente desde el curso 2022-2023 en asignaturas del área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Público, Privado y Especial de la empresa de la Universidad de La Laguna. 

Ha ejercido labores de coordinación técnica en redes judiciales europeas e internacionales, como experto designado por España en reuniones de Comitología de la Comisión Europea). 

Es miembro activo de la REJUE (2019–actualidad) e integrante de la Comisión de actualización del Prontuario Judicial de Cooperación Internacional (desde 2024). 

Desde 2024, es representante en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling, y ha participado en proyectos internacionales y cooperación al desarrollo como experto judicial de corta duración en Serbia, Turquía o Colombia. 

El nombramiento de Herrero refuerza la presencia de España en los organismos internacionales y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíosglobales.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena de un año de cárcel y el pago de 25.200 euros de multa al administrador de una empresa por un delito contra la propiedad industrial, al haber intentado introducir 380 prendas falsificadas por valor de 9.500 euros.

En la fijación de la pena se tuvieron en cuenta las dilaciones indebidas y se ordenó también la destrucción de la mercancía intervenida.

La Agencia Tributaria paralizó en enero de 2020 la entrada en la isla de las prendas y, tras ponerse en contacto con las marcas y enviarles fotografías, se constató que los productos generaban confusión, por lo que se interpuso una denuncia al comprobar que eran falsificaciones.

La empresa se dedicaba al comercio al por mayor y por menor, importación y exportación de mercancías y a su responsable se le atribuye haber fabricado grandes cantidades de productos que se correspondían con prendas y objetos que imitaban marcas y signos protegidos por registros públicos.

De esta manera el acusado pretendió introducir a través del puerto de Santa Cruz de Tenerife 230 camisetas con las que hubiera obtenido casi 7.000 euros y 150 pantalones con los que ganaría casi 5.000 euros, por lo que descontados los costes el beneficio habría alcanzado lo mencionados 9.500 euros.

Ante la Audiencia el acusado alegó que se habían incumplido los plazos establecidos dado que la instrucción finalizó el 19 de diciembre de 2022 y no se le tomó declaración hasta septiembre de 2023, a lo que la Sala respondió que se establecieron sucesivas prórrogas.

Aunque se admitió que la última declaración como persona física se llevó a cabo fuera de plazo, sí lo hizo antes como representante legal y administrador único de la empresa condenada, momento en el que tuvo la oportunidad de conocer los hechos objeto de investigación.

Durante el juicio el procesado alegó que trabajaba con una marca con un nombre parecido a la falsificada pero luego se comprobó que en realidad había sido proveedor de ésta última y dijo que conocía el nombre por relacionarlo con una revista, no con prendas de vestir y de la otra nunca había oído hablar.

La Sala respondió que ambas eran firmas comerciales vinculadas a la moda y ropa que son de común y general conocimiento, lo que dejaría en evidencia que el acusado actuó con plena voluntad de engañar.

En cuanto a que era proveedor de una de ellas con nombre similar, se comprobó que la solicitud de registro se hizo cinco meses después de ser intervenida la mercancía.

Los informes periciales demostraron que las prendas intervenidas presentaban denominaciones, marcas gráficas y signos de similares características que las observadas en los elementos auténticos y en segunda instancia también se consideró que la multa impuesta era correcta. 

Miércoles, 30 de agosto de 2023. Pedro, vecino de Gáldar (norte de Gran Canaria), pinta la fachada del local de sus padres subido a una escalera. El establecimiento está abierto al público. Pueden verse en su interior algunas herramientas, cubos de pintura y sacos de cemento. También hay una barra, neveras y grifos de cerveza. Pero el negocio lleva meses sin actividad.

Aunque se aprecia un cartel con el nombre ‘Cafetería Piscolabis Daniel & Melo’, lo cierto es que nadie lo explota desde hace más de medio año. Pedro solo está realizando una pequeña reforma para volver a alquilarlo. Vive con sus padres en el mismo inmueble donde se encuentra el comercio, pero en la planta superior. Todo parece normal hasta que un subinspector de trabajo que paseaba por la zona se le acerca.

El agente, que no acude al local a raíz de una denuncia, sino que simplemente paseaba por ahí, le pide que se identifique. Está efectuando inspecciones en el marco de una campaña contra la economía irregular y el empleo de extranjeros en el sector de la construcción. Cree que Pedro es un trabajador, por lo que su intención es llevar a cabo un control laboral. Pero Pedro se niega. Y ahí comienzan los problemas.

El hombre le dice al subinspector que no es de su competencia exigirle la identificación y que el establecimiento pertenece a su familia. El agente le responde que debe colaborar y que tiene facultad para entrar libremente, en cualquier momento, en cualquier centro de trabajo. La discusión escala rápido. Pedro adopta una postura “violenta y amenazante”. Ni siquiera ante la presencia de un policía local de Gáldar, que le pide cooperar, se identifica. Continúa mostrando una actitud “nerviosa y dando voces”. Solo facilita sus datos ante el policía cuando el subinspector de trabajo se marcha.

Ocho meses más tarde, una propuesta de sanción llega a su buzón: multa de 12.001 euros por cometer una infracción “muy grave” de obstrucción a la labor inspectora. Daba igual que estuviera trabajando o no. Lo que se castigó fue su negativa frontal a cooperar.

Pedro recurrió por la vía administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas. También acudió a los tribunales, donde el juez, esta vez, se ha apiadado (solo un poco) de él.

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Gáldar recoge el relato anterior como los “hechos probados” del encontronazo entre Pedro y el subinspector, tras una “valoración conjunta” de la documentación incluida en el expediente.

El magistrado Ángel Miguel Martín Suárez defiende la “presunción de certeza” de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, establecida en el artículo 23 de la Ley 23/2015, del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, concluye que la conducta de Pedro vulneró varios preceptos de esa misma norma y también del Real Decreto 5/2000, por el que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

“No obstante”, agrega el juez, el hecho de que el establecimiento fuera de sus padres, que Pedro solo estuviera reformándolo para alquilarlo en un futuro y de que sufriera una “alteración nerviosa” ante el agente han llevado al magistrado a modificar el grado de la sanción de “muy grave” a “grave” y rebajarla a 3.750 euros, el mínimo posible.

El fallo admite que la conducta del hombre resulta “reprochable, rechazable e injustificada”. Pero aplica lo que se conoce como principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite reducir las sanciones al grado inmediatamente inferior después de analizar “la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes”.

El magistrado detalla en la sentencia que Pedro es demandante de empleo, vive con sus padres y cuida de su madre, a quien la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias reconoció en junio de 2023 el Programa Individual de Atención, consistente en una prestación económica de casi 300 euros para cuidados en el entorno familiar.

El fallo se apoya en doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida en una resolución fechada el 5 de junio de 2025, que establece cómo y cuándo la justicia debe aplicar el principio de proporcionalidad para evitar castigos desmesurados.

Ese caso se centró en las obras realizadas por un particular para construir una piscina en una parcela protegida por su inscripción como Bien de Interés Cultural. El ciudadano inició los trabajos sin haber obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó los hechos a la administración, que procedió entonces a abrirle un expediente sancionador por una infracción “grave”.

La normativa de patrimonio establecía que el castigo económico para este tipo de faltas debía oscilar entre los 100.001 y los 250.000 euros. Y la multa impuesta al vecino fue la mínima prevista para ese grado.

El afectado recurrió. Y el Supremo reconoció el “carácter desproporcionado” de la sanción por varios motivos. Primero, porque no hubo mala fe por su parte, ya que fue él mismo quien avisó a las autoridades. Segundo, porque quedó constatada la “falta de concreta afectación a ningún yacimiento” y la “ausencia de daño” a restos arqueológicos. Y, tercero, porque el ciudadano obtuvo finalmente la licencia para terminar la construcción de la piscina. La justicia rebajó la multa de 100.001 euros a 10.000.

“Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras”, indica el fallo del Juzgado de lo Social de Gáldar.

Pedro reconoce a Canarias Ahora que lo ha pasado “muy mal”. La multa ha supuesto una “presión añadida” en su vida, centrada durante los últimos años en el cuidado de su madre. Asegura que jamás habría podido pagar la sanción de 12.001 euros porque no dispone de ese dinero. La de 3.750, en cambio, sí. Pero “a duras penas” y recurriendo a “los pocos ahorros” que tiene.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y los cinco concejales que le acompañaron en el salto de Nueva Canarias a Primero Canarias han recibido un nuevo revés jurídico, esta vez de un órgano del Estado. La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha emitido un informe que da la razón al secretario del Ayuntamiento y a Nueva Canarias, que han mantenido desde el principio que deben ser considerados tránsfugas y, por lo tanto, pasar al grupo de no adscritos.

El informe, que no es vinculante, desautoriza también al emitido por la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, que sostenía la misma tesis que los tránsfugas: que bastaba su pertenencia a cualquier partido presente en la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, para mantener todos los derechos políticos. Para conseguir ese propósito, una vez expulsados formalmente de Nueva Canarias, el alcalde y su equipo de concejales se habían afiliado al Bloque Nacionalista Rural del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias, que en su día también formó parte del partido del que todos ellos se han marchado o han sido expulsados.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, se fundamenta en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que define como concejales no adscritos a quienes no se integren en el grupo político de la formación por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia. Y aclara que el régimen de concejales no adscritos es aplicable a las coaliciones electorales y que la única excepción legal que permitiría no limitar los derechos económicos y políticos en coaliciones sólo se aplica cuando un partido político decide abandonar la coalición, no cuando los concejales son expulsados de la formación que presentó la candidatura.

En definitiva, un concejal elegido por una coalición electoral ha de ser considerado no adscrito si es expulsado de dicha formación, siempre que la decisión cumpla con los requisitos formales esenciales y no haya sido anulada judicialmente, y no es el caso.

El paso a la condición de no adscritos hará que el alcalde y los concejales Minerva Pérez Rodríguez, Roberto Ramírez Vega, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González podrán mantener solamente sus derechos ligados al mandato representativo, es decir, participar en los plenos municipales con voz y con voto. No podrán ejercer con responsabilidades de gobierno.

Este revés jurídico, aunque no sea vinculante, supone un frenazo en las pretensiones de Primero Canarias de extender la fórmula a varios municipios grancanarios como San Bartolomé de Tirajana, donde paradójicamente la secretaria municipal ha mantenido una postura contraria a la de su homólogo en Santa Lucía.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el farmacéutico del sur de Gran Canaria investigado por acoso sexual a una trabajadora. La mujer denunció a su jefe en abril de 2023 asegurando que desde que comenzó a trabajar en la farmacia éste inició “un cortejo improcedente” que derivó en “tocamientos”, por lo que “se sentía intimidada”, lo que ha desembocado en que sufra ansiedad.

La acusación particular pide imponer al acusado la pena prevista para el tipo agravado del artículo 184.2 del Código Penal por acoso sexual que es de dos años de prisión y 24 meses de multa más otros tres años de prisión por lesiones psíquicas. También pide imponer al acusado la prohibición de aproximarse a una distancia inferior de 200 metros respecto a la denunciante, tanto de su domicilio como de su trabajo por un período de dos años. El Ministerio Fiscal, por su parte, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no existe base probatoria suficiente.

La denunciante narró que su jefe comenzó a invitarla a salir “para hacernos compañía”, que la instaba a acudir a su vivienda de Pasito Blanco “a abrir una botella de vino” y que le ofrecía acompañarla en comidas. Aquellas insinuaciones asegura que se repetían “desde el año 2013” y que, tras su negativa, el acusado “la trataba mal en el trabajo y, mediante gestos de desprecio, hacía como si no existiese”. En 2021, afirma, el acusado la llamó al despacho, la cogió por la cintura y empezó con tocamientos.

El farmacéutico, que responde a las iniciales J.M.P.T. declinó ofrecer su versión cuando este periódico le preguntó por esas denuncias. “Eso se tiene que dilucidar en los juzgados, no fuera”, comentó entonces. 

Según el escrito de la acusación particular, la denunciante relata que acudió al centro de salud con un grave estado de ansiedad, manifestando que sufría acoso laboral. La mujer “llegó a sentir cómo su intimidad estaba siendo violada por el acusado”. “En una ocasión cuando salió del despacho del acusado, la víctima se desplomó al suelo y fue auxiliada por los compañeros allí presentes”, asegura.

En dicho escrito de acusación se alude a que los tocamientos y la insinuación dentro del trabajo continuaron todos los años, si bien cuando el farmacéutico denunciado tenía novia no le hacía invitaciones a la denunciante fuera de la farmacia, “pero dentro de la farmacia sí continuaron”. “Dado que no accedía a sus peticiones y/o insinuaciones, le amargaba la vida”.

“Este patrón cíclico, de aproximación y rechazo, se mantuvo hasta nuestros días según la perito psicóloga que valoró los episodios”, apunta. “La perito psicóloga interviniente explica que ”la denunciante describe una pauta que se repite de manera invariable a lo largo de más de una década: un período de insinuaciones, cortes abruptos cuando la trabajadora se muestra firme, una aparente tregua mientras el empleador mantiene otras relaciones y, de nuevo, el reinicio de las propuestas en cuanto estas concluye“.

En el escrito de acusación se incluye que “el incremento del hostigamiento se sitúa en 2020”, cuando el acusado supo que esta mujer adeudaba dinero a la Hacienda pública y la habría dicho: “Nos podríamos hacer compañía, si accedes yo te pago la deuda de Hacienda”. “El ofrecimiento instrumentalizaba la precariedad económica de la trabajadora para coaccionarla”, señala la acusación particular.

Dicho escrito se acompaña de mensajes de WhatsApp en el que el acusado le habría expresado a la empleada que ella le gustaba y le insistiría en que podía ayudarla con la deuda con Hacienda.

“Estas comunicaciones, unidas a las notas médicas y a la constancia de cámaras de seguridad en el establecimiento, configuran un acervo probatorio sólido sobre la persistencia y el carácter coactivo de las conductas”, insiste la acusación particular.

De acuerdo con el escrito de esta parte en el procedimiento, las conversaciones incorporadas a los autos evidencian un “patrón de hostigamiento” de un superior que inicia los contactos con apelativos afectuosos como “gracias, preciosa”, “hola, guapa” y que habría ofrecido ayuda económica para resolver deudas con Hacienda a cambio de “compartir algo más”, que habría además pedido fotos y vídeos personales e insistido pese a la negativa de la mujer n mantener una relación de proximidad. “Lejos de ser ambiguas, tales manifestaciones revelan una expectativa de reciprocidad sexual sustentada en la posición de poder que el acusado ejercía sobre la trabajadora”, sostiene la acusación. También se han incorporado las declaraciones de trabajadores que aunque no presenciaron tocamientos sí que han manifestado que “circulaban rumores sobre el comportamiento inapropiado del titular”.

Sobre ello, la acusación particular dedica un apartado específico y señala que el Ministerio Público no otorga el debido relieve a un hecho que considera “de extrema gravedad: la instrumentalización de la deuda fiscal de la víctima como mecanismo de presión emocional y coacción encubierta”. Además, “el rechazo de la denunciante no quedó sin consecuencias: el acusado comenzó a despreciarla gestualmente, a ignorarla en el trabajo, a intensificar la vigilancia sobre sus tareas y a restringir sus horarios”.

A juicio de la acusación particular, también resulta desacertado el argumento fiscal sobre la ausencia de capturas completas o de pericial informática. “El acta judicial deja constancia de que la imposibilidad de acceder a todos los mensajes se debió a la avería del dispositivo de la víctima, extremo que no puede serle imputado. Además, el propio acusado no niega haber remitido los mensajes, sino que se limita a restarles importancia”, destaca.

“No puede pasarse por alto que las consecuencias del acoso no se agotan en el plano psicológico leve. La afectada ha sido diagnosticada de trastorno de estrés postraumático con ideación autolítica, episodio depresivo grave, alopecia por ansiedad y afectación funcional grave, lo que ha motivado la declaración de incapacidad permanente absoluta en el procedimiento 817/2024 del Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas”, incide la acusación.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido a seis inversores de la empresa Arbistar que fueron estafados el derecho a cobrar alrededor de 900.000 euros, después de haber optado por la vía civil en vez de la penal, como la mayoría de los miles de recurrentes.

Las cantidades se calculan según el valor que tenían las criptomonedas en septiembre de 2021, fecha en la que se presentó la reclamación en los Juzgados de Arona, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza los recursos de dos administradores de otras tantas empresas que representan a ocho inversores, al ratificar que deben acudir al juzgado de lo mercantil y no al civil, como ocurre entre particulares.

La abogada de Gran Canaria Conchi Viera, que representa a 1.800 estafados en la vía penal, ha indicado que las posibilidades reales de que estas personas lleguen a cobrar el dinero ahora reconocido son prácticamente nulas.

Según ha explicado, los pocos fondos que se han encontrado están embargados y los primeros en cobrar servirán para saldar deudas con Hacienda y las de quienes han recurrido a la vía penal, donde hasta ahora los tribunales les ha dado la razón.

En estos momentos son dos los directivos condenados por la Audiencia Nacional por estafa y organización criminal a 16,5 y 11 años de cárcel por estafar 200 millones a 32.000 personas, y a la vez se ha abierto otra pieza separada por blanqueo que involucra a los diez imputados de la primera causa.

En su momento, la Audiencia Provincial tinerfeña anuló el fallo de un Juzgado de Arona que se ponía del lado de la empresa de criptomonedas Arbistar frente a la petición de un inversor que reclamaba que le devolvieran cerca de medio millón de euros.

En segunda instancia se acordó no proceder a analizar el recurso del supuesto estafado, pero también revocar el fallo favorable a la entidad y dejar sin efecto todo lo actuado, al considerar que la competencia recae en el ámbito mercantil.

En este último fallo de la Audiencia Provincial se recuerda que en un principio se planteó una discusión, que llegó a ser de “relativa frecuencia” en estos procesos, sobre la acumulación de recursos en la vía civil y mercantil con el fin de evitar sentencias contradictorias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) determinó en 2012 que, cuando se trata de acciones promovidas contra administradores y reguladas por la Ley de Sociedades de Capital, la competencia corresponde a los Juzgados de lo Mercantil.

La conexión lanzaroteña del caso Plus Ultra, en el que figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, es Manuel Aarón Fajardo García, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama conocido este martes. Su rol en esta presunta trama, siempre según ese único documento conocido hasta el momento, es el de “lugarteniente”, lo que lo sitúa en el segundo nivel jerárquico dentro de la estructura de influencia, como una persona de confianza del expresidente y como interlocutor directo con los clientes.

Algunos de los interlocutores cuyas conversaciones se reflejan en el auto de Calama se refieren a Fajardo como “la pieza de Zapatero en Venezuela”.

Manuel Fajardo García, de 37 años, es hijo del senador del PSOE por Lanzarote Manuel Fajardo Palarea. Y la conexión con Lanzarote puede provenir de la vinculación de Zapatero con la isla, donde su familia es propietaria de una casa de vacaciones en Famara.

Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, el 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola (vicepresidente de Plus Ultra) contactó con Fajardo para concretar una llamada, tras la cual se le informó a Rodolfo Reyes que el propio Zapatero llamaría a Sola.

El 16 de mayo de 2020, Fajardo detalló la configuración de la supuesta red de influencia, indicando que el “equipo” estaba compuesto por “el amigo” (supuestamente en referencia a Zapatero), Julio Martínez Martínez y él mismo. En esa misma fecha, Fajardo indicó a Julio Martínez Sola que se pusiera en contacto con Julio Martínez Martínez, para lo cual le facilitó su número de teléfono, asegurando que este último le iría ayudando con las gestiones.

En otro momento de las conversaciones detectadas, Fajardo expresó haber firmado una alianza con una institución estatal para operar una planta empaquetadora, la cual generaría para la “boutique” (término usado para referirse a la presunta red de influencias) entre 6.000 y 10.000 euros mensuales.

Con estos indicios, el juez considera fundamental la participación de Manuel Fajardo García para apreciar los elementos del delito de tráfico de influencias, al formar parte de una trama organizada que proporcionaría contactos personales y capacidad de acceso a altos cargos al servicio de terceros para obtener decisiones favorables.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas (Sección Primera) ha declarado conforme a Derecho la resolución administrativa de 25 de julio de 2022 que exigió a la consignataria Cargo Lanzarote el abono de los gastos derivados de la retirada de varios buques hundidos en el puerto de Gran Tarajal con motivo de la tormenta Emma, el 28 de febrero de 2018, así como de los daños ocasionados en las infraestructuras portuarias. La cuantía total de los estragos asciende a 7.153.703,78 euros.

El Tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Puertos Canarios, y ha revocado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que había dado la razón a la mercantil, eximiéndola del abono de estas sumas. 

Los hechos se remontan al 28 de febrero de 2018, cuando, con ocasión del temporal Emma, se hundieron en el interior del puerto varios buques destinados a obras marítimas, pertenecientes a la flota explotada por K-Marine Co. Ltd., actuando Cargo Lanzarote como consignataria.

Según recoge la sentencia, la Administración portuaria había advertido previamente de la previsión de condiciones meteorológicas adversas y había requerido a los responsables de las embarcaciones para que adoptaran medidas preventivas, como el refuerzo de amarres. Sin embargo, tales medidas no fueron atendidas de manera eficaz y el hundimiento provocó, además, vertidos contaminantes y graves daños en las instalaciones portuarias.

Inactividad

Ante la inactividad de los responsables, Puertos Canarios asumió directamente las labores de retirada de restos, contención de vertidos y reparación de daños con el fin de restablecer la operatividad del puerto y proteger el dominio público portuario. Posteriormente, dictó la resolución de abril de 2018 que declaraba la responsabilidad de armador y consignataria, resolución que quedó firme al no ser recurrida por la empresa y que fue confirmada en vía jurisdiccional.

En su resolución, la Sala sostiene que la obligación reclamada no deriva de una responsabilidad extracontractual civil, sino de una obligación legal específica prevista en la normativa portuaria, que impone a los sujetos vinculados a la explotación del buque el deber de asumir los gastos de retirada y los daños causados. Por ello, descarta la prescripción apreciada por el juzgado de instancia y afirma que no resulta aplicable el plazo de un año del Código Civil.

El tribunal también subraya que las resoluciones ahora impugnadas no revisan la declaración de responsabilidad ya firme, sino que se limitan a cuantificar los importes debidos. En ese sentido, advierte de que no puede reabrirse indirectamente un debate ya resuelto en vía administrativa y judicial, por exigencias de seguridad jurídica.

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de fuerza mayor, al considerar que el temporal era previsible y que existían avisos meteorológicos y requerimientos previos de la Administración para adoptar medidas preventivas. También da por acreditados los daños y gastos mediante la documentación e informes incorporados al expediente.

La sentencia impone las costas de la primera instancia a la parte actora y también las de la apelación, con un límite máximo de 5.000 euros por todos los conceptos. 

El Juzgado de lo Penal nº1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de intrusismo profesional a una mujer que ejercía como podóloga en diversas farmacias de Tenerife sin poseer el título académico oficial habilitante ni estar, por tanto, colegiada en el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.

La sentencia, hecha pública por el Colegio Oficial de Podólogos de Santa Cruz de Tenerife, considera probado que la condenada realizó actos propios de la profesión podológica en distintos establecimientos de la isla, utilizando instrumental específico de podología como bisturís, micromotor e instrumental cortante y punzante, además de efectuar diagnósticos sobre patologías del pie, recomendaciones de plantillas y tratamientos a pacientes.

Entre los hechos acreditados por el juzgado figura la atención a pacientes en consultas instaladas en farmacias, donde llegó a medir el arco plantar, detectar alteraciones biomecánicas, recomendar tratamientos ortoprotésicos y tratar patologías como uñas encarnadas utilizando instrumental reservado a profesionales sanitarios titulados en podología. Además, emitía justificantes y facturas identificando los servicios prestados como “consulta de podología”.

La magistrada condena a la falsa podóloga a 20 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

La resolución judicial también recoge que la condenada era plenamente consciente de que no podía ejercer como podóloga en España, ya que había sido requerida y apercibida previamente por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias desde el año 2018 por carecer de la titulación necesaria para desarrollar esta actividad profesional.

El procedimiento judicial se inició tras la querella presentada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias en noviembre de 2021, después de recopilar pruebas documentales, grabaciones y testimonios que permitieron acreditar el ejercicio ilegal de la profesión sanitaria.

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias valora positivamente esta sentencia, que aún no es firme, porque refuerza la protección de los pacientes y la seguridad sanitaria, al reconocer la gravedad del ejercicio de profesiones sanitarias sin la formación, habilitación y colegiación obligatorias.

El Colegio recuerda que la podología es una profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del título universitario oficial correspondiente y estar colegiado. El intrusismo profesional supone un riesgo para la salud de los pacientes, especialmente cuando se realizan diagnósticos, tratamientos o procedimientos invasivos sin la cualificación legalmente exigida, advierte.

El Colegio recuerda a la ciudadanía la importancia de comprobar siempre que los profesionales sanitarios están debidamente colegiados antes de someterse a cualquier tratamiento podológico.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado estudiar si una abogada basó la defensa de su cliente, un octogenario condenado a 18 años por agredir sexualmente a una nieta y una nietastra, con datos “inventados” generados por inteligencia artificial (IA).

El alto tribunal canario considera que las sentencias y bibliografía citadas por la letrada “carecen de los mínimos de rigor y veracidad requeridos a cualquier escrito de naturaleza jurídica efectuado por un profesional del Derecho”.

El TSJC indica que los fallos judiciales aportados para fundamentar su defensa “son inventados, no correspondiendo ni su número, ni su fecha pues en el 99% de los casos es incorrecta”.

Las citas textuales son en su totalidad inexistentes, por lo que no se duda de que han sido obtenidas a través de la inteligencia artificial sin llevar a cabo comprobación alguna, “lo cual resulta sumamente reprochable”.

Más allá de las formas, el TSJC ha rechazado el recurso del procesado, a quien se atribuye haber agredido a una menor que tenía 7 años que era hija de la pareja de su hijo, a cuyo cuidado se quedaba y a la que en al menos tres ocasiones a lo largo de 2017 llevó a cabo tocamientos e incurrió en acceso carnal.

La otra niña era nieta suya y los episodios tuvieron lugar con 11 años en varias ocasiones en el mismo domicilio cuando llevaba a cabo también diversos tocamientos.

Pese a que en el primer caso no era abuelo directo de la niña, se considera probado que la relación que mantenían era similar a tener este rol, de lo que se aprovechó para llevar a cabo estos abusos que acabaron cuando trascendió lo que ocurría.

En el segundo, las agresiones tuvieron lugar en ese mismo año en al menos tres ocasiones aprovechando que estaban a solas, consistieron tocamientos y no hubo acceso carnal por lo que la pena es menor.

Ante el TSJC, el acusado intentó anular las declaraciones de las menores por no haberse pedido que fuera presencial sino mediante pruebas preconstitucidas e introducirse en la vista oral el testimonio de testigos sin ser acordados previamente.

A lo que el TSJC responde que además de las pruebas grabadas cuando eran menores de edad también pudieron intervenir en el juicio dado que entonces ya contaban con más de 14 años y lo hicieron tras un biombo.

El alto tribunal canario cree que las pruebas obtenidas por la Audiencia Provincial se han practicado cumpliendo el canon de legalidad, garantías legales y de inmediación, publicidad e igualdad de oportunidades hasta el punto de poder provocar “el decaimiento de la presunción de inocencia”.

Finalmente también ha quedado constancia que en primera instancia se cumplió con el deber de motivación, o sea, “explicaron los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia”.

El testimonio de la nietastra es calificado de “aplastante” al relatar que su madre, pareja del hijo del acusado, la dejaba en casa del acusado todos los días porque trabajaba en turnos de mañana y tarde según las semanas, de manera que el procesado era el encargado de llevarla al colegio.

El acusado por su parte ofreció un testimonio calificado de “no creíble, vacío de contenido”, contestando “con evasivas, diciendo que no recordaba y sin negar las acusaciones taxativamente”, y aportó un documento en el que figuraba que estaba bajo tratamiento por ser alcohólico desde que tenía 19 años.

Aceptó que llevaba a cabo tocamientos a las niñas pero dijo que lo hacía por cariño y que nunca hubo ninguna mala intención.

Aunque los hechos tuvieron lugar antes de la entrada en vigor en 2022 de la nueva ley que regula este tipo de delitos, la Audiencia considera que es de aplicación esta última al serle más favorable al reo de manera que pasó de estar inicialmente acusado de abusos a ser condenado por agresión. 

Un juzgado de Granadilla de Abona, en el Sur de Tenerife, tiene abierta una investigación por un presunto delito de acoso sexual y laboral tras la denuncia de una agente de la Policía Local de este municipio de 65.000 habitantes contra el jefe de ese cuerpo, Ricardo Rivero. El proceso se abrió en noviembre pasado y ya ha declarado el investigado (el pasado 26 de marzo) y diversos testigos, después de que, en septiembre, se cerrase una indagación emprendida por el consistorio al aplicarse el protocolo antiacoso tras las primeras quejas internas de esta policía, que ahora se encuentra de baja y en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que sufría poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura promovida por Coalición Canaria junto a Vox y el PP contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Entonces se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa y, tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar el proceso dentro del consistorio al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes.

Sin embargo, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió unas diligencias, que siguen activas en estos momentos, según ha dicho a este periódico una fuente del entorno de la víctima. La policía argumenta que los abusos se han venido cometiendo durante años, en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. 

La agente lamenta que el proceso abierto por el Ayuntamiento se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha venido produciendo desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otras secuelas, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia y ya investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024, aportado al juzgado. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña. 

Esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que ahora permanece apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”.

A juicio de la víctima, una agente de 47 años, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.

Canarias Ahora ha intentado en varias ocasiones obtener la versión del gobierno local de Granadilla y, siempre a través del gabinete de prensa municipal, la del jefe policial investigado de estos presuntos abusos, pero en todos los casos han declinado el ofrecimiento, remitiéndose en todo momento a la resolución judicial, cuando se produzca.

Este mismo viernes el jefe de la Policía Local de Granadilla de Abona, Ricardo Rivero, recibió en nombre de toda la plantilla la Cruz con Distintivo Blanco al Mérito de la Guardia Civil “por su colaboración y labores realizadas por el bien de la comunidad”, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

El Tribunal de Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado suspender toda actuación administrativa o material dirigida a la retirada o demolición de las instalaciones del Puerto de Santa Águeda, actualmente explotadas por CEISA, hasta que exista una sentencia firme en el procedimiento judicial en curso. El tribunal recuerda que no existe aún una resolución firme y otorga la medida cautelar solicitada paralizando así cualquier actuación de retirada o demolición.

El Auto judicial con fecha del pasado 12 de mayo destaca que la resolución de Puertos Canarios no tuvo en cuenta el fallo judicial de julio de 2025, que dictaba la nulidad y retroacción de las actuaciones.

El tribunal subraya que la ejecución material de la demolición antes de que exista un pronunciamiento judicial firme produciría daños irreversibles, lo que afectaría de forma definitiva a la controversia aún pendiente de sentencia. La resolución recuerda que la demolición genera perjuicios de imposible o muy difícil reparación, y que una eventual sentencia estimatoria perdería su funcionalidad si las instalaciones ya hubieran sido destruidas.

La resolución cita expresamente precedentes del Tribunal Supremo, que considera que la demolición supone una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada si finalmente se estima el recurso pendiente. Por ello, y como no existe una exigencia inmediata de interés público, debe evitarse cualquier actuación irreversible hasta que exista sentencia firme.

Por todo ello, el auto acuerda “la medida cautelar de suspensión interesada por la representación procesal de la parte actora, en cuanto al plazo de seis meses para presentar un proyecto de retirada y/o demolición de instalaciones en el Puerto de Santa Águeda y la posterior ejecución por dicha entidad sin que proceda imponer las costas de este incidente a ninguno de los litigantes”.

Claudio Piernavieja, coordinador general de CEISA, ha declarado: “Recibimos con gran satisfacción esta resolución judicial, que respalda nuestra postura y protege la continuidad operativa de CEISA en el Puerto de Santa Águeda. El tribunal actúa con máxima prudencia al suspender cualquier demolición, evitando así daños materiales irreversibles y una destrucción injustificada de riqueza antes de existir una sentencia firme. Esta decisión aporta tranquilidad a nuestros trabajadores y garantiza la continuidad de una industria estratégica para Canarias”.

La resolución se produce en un contexto en el que Puertos Canarios había asegurado este jueves que exigiría en los tribunales a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) que desmantele su cementera del puerto de Santa Águeda, como se le requirió en diciembre de 2025, cuando se le dio seis meses para comunicar cómo lo haría.

El ente público Puertos Canarios exigirá en los tribunales a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) que desmantele su cementera del puerto de Santa Águeda, como se le requirió en diciembre de 2025, cuando se le dio seis meses para comunicar cómo lo haría.

Cuando ha transcurrido ese plazo o está a punto de expirar, sin que esta sociedad haya presentado al Gobierno regional su “plan de desmantelamiento”, el director gerente de Puertos Canarias, José Gilberto Moreno, ha dicho este jueves que habrá que reclamárselo por la vía judicial, a la que la empresa también ha recurrido para oponerse al cese de la prórroga que le impide seguir operando en este puerto.

La empresa ha pedido medidas cautelares a la decisión adoptada por el consejo de administración de Puertos Canarios, que entiende que “no procede” que esta cementera continúe ocupando este emplazamiento portuario del sur de Gran Canaria, una solicitud a la que aún no se ha dado respuesta, según ha referido Moreno.

Por ello, ha considerado que el ente público va a tener que “entrar en un proceso judicial” para instar a esta empresa a entregar esta parcela, de forma que “todos” los implicados en este expediente administrativo queden “pendientes de una resolución judicial”.

El conflicto gira en torno a la renovación de una concesión para llevar a cabo su actividad industrial desde hace más de medio siglo, con informes técnicos y políticos en contra de su continuidad frente al desarrollo turístico planeado en el plan de ordenación del territorio. 

Hay que remontarse a octubre de 2022, fecha en la que venció la concesión de la cementera sobre el puerto de Santa Águeda. A partir de ese día, el Gobierno de Canarias, titular del muelle, debía decidir entre renovar o transformar el muelle previsto en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de 2003, que dictamina que deberá ser de uso recreativo y no industrial.

Con la toma de posesión del cargo de consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC) tras las elecciones autonómicas de 2023, y de la que depende el organismo autónomo, comenzaron a aparecer otros planes para Santa Águeda, más orientados hacia esa explotación turística y recreativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las mercantiles Lopesan, Asfaltos y Construcciones, S.L. e Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. contra el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria de 29 de diciembre de 2022 por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC). La Sala de lo Contencioso-Administrativo declara la nulidad del acuerdo por su disconformidad con el ordenamiento jurídico y condena en costas a la Administración insular.

La sentencia, dictada el 6 de mayo de 2026 en el procedimiento ordinario 47/2023, se refiere a la adaptación del PIOGC a la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. El tribunal parte de que, cuando se aprobó definitivamente la revisión, esa norma había sido en buena medida derogada por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que introdujo un nuevo marco legal y derogó gran parte de las Directrices de Ordenación General.

Como se recordará, ya la Sala había difundido a través de la Oficina de Comunicación del TSJC, el pasado 17 de abril, la primera sentencia estimando un recurso contra el plan y declarando este nulo de pleno derecho. Esta es una nueva resolución sobre el mismo asunto, en este caso dando respuesta a un recurso de la mercantil Lopesan.

Según razona la Sala, el régimen transitorio de la Ley 4/2017 permitía continuar la tramitación de instrumentos de ordenación en curso, pero no amparaba la aprobación de una revisión para adaptarla a una normativa ya derogada cinco años antes. El tribunal entiende que esa opción normativa carece de sentido porque conduce a un planeamiento abocado a una revisión inmediata para acomodarse a la legislación vigente.

La resolución también señala que el propio expediente incorporaba referencias a las Directrices de Ordenación General derogadas, pese a que debían haberse suprimido del documento por efecto del nuevo marco legal. En consecuencia, la Sala concluye que la revisión aprobada por el Cabildo mantenía elementos incompatibles con la normativa aplicable y no podía sostenerse jurídicamente.

El fallo estima íntegramente el recurso y anula el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria. La sentencia recuerda, además, que contra esta resolución cabe recurso de casación ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, siempre que concurra interés casacional objetivo y se cumplan los requisitos legales.