La historia de la computación, y ahora también la de la IA, se cuenta con una narrativa de éxito, incluso de manera triunfal. En cuanto a la capacidad de cálculo de las computadoras no es para menos, habida cuenta de que el crecimiento ha sido y sigue siendo exponencial y de forma ininterrumpida durante más de medio siglo, algo que no tiene parangón en la historia de la tecnología. Es tan ingente la capacidad de cálculo que hoy tenemos, que si hace unas décadas nos la hubiesen garantizado de por vida quizás la habríamos considerado más que suficiente para resolver todos los problemas computables de interés. Pero no es así, ni así será, por mucho que siga creciendo. Bien al contrario, a medida que ha ido aumentando la capacidad de las computadoras nos las hemos ingeniado para necesitar más y más. El aumento de su capacidad nos ha abierto la puerta a ámbitos, problemas y escalas nuevos y mayores, en una ambición que no tendrá nunca ni límite ni respuestas definitivas. 

Al principio parecía suficiente con que las computadoras se encargasen de hacer los censos, las nóminas y los cálculos más largos y tediosos que venían realizando las personas. No se pensaba en general en problemas cuya resolución no nos planteásemos resolver “a mano”, digámoslo así. Pero pronto se vio que eran aún más interesantes estos problemas imposibles para las capacidades humanas y comenzó a desarrollarse la simulación por computadora, la optimización, la representación y procesamiento de gráficos, la criptografía y hasta el aprendizaje automático. Y así seguimos avanzando hasta simular con gran precisión una explosión nuclear, predecir el tiempo atmosférico o el plegamiento de proteínas. Lo computable puede en general mejorarse con más computación, aumentando la precisión de los resultados, escalando el tamaño de los problemas o aproximándonos más a la mejor solución posible. 

La mejora igualmente exponencial de la eficiencia energética de los chips -consumo por operación realizada- se convirtió probablemente en el paradigma de la paradoja de Jevons: los procesadores más rápidos, más baratos y con menor consumo no hacen más que aumentar el deseo de ir más allá, de modo que no deja de aumentar la demanda de cómputo, incluso por encima de las ingentes capacidades que nos ha ido aportando el avance tecnológico. Hoy, por ejemplo, la demanda de cálculo para el entrenamiento y uso de los modelos de IA crece tres veces más rápido que la capacidad de cálculo de los chips, aunque esta sigue cumpliendo la archiconocida ley de Moore, duplicándose cada año y medio aproximadamente. 

El software se vuelve más complejo, los conjuntos de datos se agrandan más y más y las expectativas de negocio aumentan sin freno, aunque de momento son más expectativas que realidades. Los usuarios y clientes esperan respuestas instantáneas, mejores resultados, una mayor personalización y todo ello barato o incluso gratis, aunque de un modo u otro acabaremos pagándolo. Nuestras exigencias también aumentan más rápido que la ley de Moore. 

Quienes piensan que la computación cuántica será la solución a cualquier necesidad de computación, se equivocan. No es aplicable a cualquier problema, ya que ni todos los problemas son computables, ni entre los que lo son todos van a beneficiarse de lo que la computación cuántica aporta. Es más, son muchos los problemas más importantes de la informática que resultan extraordinariamente complejos y su coste computacional resulta inabordable a medida que crece el tamaño del problema, incluso para la computación cuántica. Son los problemas denominados NP-completos. Por ejemplo, saber cuál es el camino más corto que une N ciudades a través de una tupida red de carreteras que las conecten entre sí puede resolverse calculando todas las rutas posibles, comparando después sus longitudes y quedándonos con la de menor distancia. El algoritmo para obtener la solución es trivial, pero el número de rutas posibles es del orden de magnitud de factorial de N (N!), de tal modo que con 21 ciudades hay más posibilidades que el número de neuronas en un cerebro humano y con 100 ciudades el número resultante es inmensamente más grande que el número de átomos del universo. Sería más grande que un universo de universos, de hecho. 

Es muy improbable, aunque no está formalmente demostrado, que la computación cuántica llegue a cambiar esta realidad fundamental. Si bien las computadoras cuánticas prometen aceleraciones espectaculares para ciertas clases de problemas (factorización, simulación de sistemas cuánticos, optimización combinatoria...), no hacen que la computación sea gratuita o ilimitada. Además, la existencia de la ventaja cuántica fomentará la formulación de problemas aún más ambiciosos: simulaciones moleculares más precisas, análisis criptográficos más profundos, modelos físicos más sofisticados y optimización a mayor escala. La computación cuántica amplíará el espacio de lo abarcable computacionalmente, pero no cubrirá el espacio de lo computable. 

Con la inteligencia artificial pasa algo parecido, pero quizás aún más acentuado que con el avance de las computadoras. Arrancó el campo de la IA abordando problemas que hoy nos parecen ridículos, por sencillos, como reconocer números escritos a mano o distinguir objetos de distintos colores y formas. Algo parecido a aquello que aprendimos a hacer en la infancia, pero en nuestro caso con capacidades de percepción y manipulación muy superiores a las de las primeras inteligencias artificiales y, en muchos sentidos, incluso a las actuales. Después logramos que las máquinas resolviesen juegos cada vez más complejos, hasta llegar a ganarle al campeón del mundo de ajedrez, algo que salió en las portadas de los periódicos del mundo en mayo de 1997. Hoy comienza a hablarse incluso de la proximidad de la IA general, que tendría una competencia comparable a la humana en el aprendizaje y la resolución de problemas de todo tipo. Yo no lo creo, pero ciertamente no veo argumentos para negar la posibilidad de que algún día llegue a ser realidad. Si así fuese, no sería difícil ir más allá del referente humano de inteligencia, alcanzando la denominada superinteligencia. 

Sin irnos tan lejos, lo cierto es que a medida que mejoran los sistemas de IA y sus capacidades, aumentan nuestras expectativas respecto a la inteligencia de las máquinas. Del reconocimiento elemental de patrones sobre imágenes hemos pasado al razonamiento visual; de sistemas de consulta en lenguaje natural limitados a dominios muy acotados y con un diálogo extraordinariamente encorsetado hemos pasado a no saber si estamos hablando con una máquina o con una persona, salvo por el hecho de que no hay personas que sepan tanto de tantas cosas; comenzamos poniendo cámaras traseras en los coches para facilitar las maniobras marcha atrás y ahora tenemos coches autónomos. El razonamiento lógico elemental pronto se nos quedó escaso, y buscamos formas de razonamiento inductivo, abductivo, causal o de sentido común en las máquinas, aunque todavía los progresos son escasos. Las inteligencias artificiales, antes encerradas en las computadoras o en robots muy simples, han comenzado a desenvolverse en el mundo real, a manipular casi todo tipo de objetos y a colaborar entre sí y con nosotros en el mundo físico. Han comenzado a encarnarse: la IA se ha hecho “carne” y ha comenzado a habitar entre nosotros. Queremos incluso máquinas con creatividad, con agencia y con juicio moral. Nunca será suficiente mientras pensemos que podemos llegar aún más lejos. 

Los avances son constantes y algunos, como los modelos grandes de lenguajes, han marcado el que hasta ahora es el logro más grande de la IA. Pero con seguridad el camino recorrido es más fácil que el que resta hacia una hipotética IA general. La inteligencia humana está profundamente entrelazada con el cuerpo, las emociones, los sentimientos, las normas sociales, el aprendizaje general, la experiencia permanente y la consciencia, y las máquinas carecen de todo ello, aunque simulen groseramente algunas de esas realidades humanas. 

La demanda de computación e inteligencia no responde a un problema concreto o a un conjunto de ellos, sino que cada nuevo paso que damos no hace más que ampliar el espacio de posibilidades y de objetivos. Es como cuando insuflamos aire en un globo y con cada soplido crece aún más su superficie. El aumento de la capacidad de cálculo y de la inteligencia de las máquinas es como el aire que entra en el globo y a medida que lo hace aumenta el espacio de lo posible. Por eso nunca llegaremos al non plus ultra, ni tiene cabida un supuesto finis terrae. Pero hemos de tener cuidado al soplar, ya que a veces los globos explotan. 

Después de tres meses y medio del comienzo de la guerra innecesaria, ilegal, y criminal que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó contra Irán, junto con su amigo y aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; tras casi 40 anuncios de que el conflicto había terminado y la paz era cuestión de horas, o como mucho de días, porque Irán había perdido y aceptaba todas sus demandas; después de 67 días de un teórico alto el fuego lleno de incidentes armados, durante el cual la República Islámica ha continuado bloqueando el estrecho de Ormuz sin ceder a ninguna exigencia; por fin, en la noche del domingo día 14, se ha logrado consensuar un acuerdo de principio entre Washington y Teherán en forma de Memorando de Entendimiento (MOU) que deberá dar paso a una negociación en los siguientes 60 días para lograr un acuerdo de paz definitivo. El documento se firmará el viernes 19 en Suiza, y entrará en vigor ese día, si Trump logra sujetar hasta entonces a Netanyahu, que ha hecho, está haciendo y hará todo lo posible por boicotear un acuerdo que le deja aislado y sin conseguir ninguno de sus objetivos.

Por el momento, el único resultado tangible del MOU será la reapertura del estrecho de Ormuz, que ya estaba abierto sin ningún problema antes de la guerra. Con una diferencia: que este conflicto ha permitido a Irán demostrar su capacidad de cerrar a voluntad, y sin que nadie pueda impedirlo, uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del planeta, causando una grave crisis económica global de la que solo hemos visto el principio. Porque después de que el Estrecho de Ormuz se abra, cuando pasen las semanas o meses necesarios para normalizar el tráfico, incluso una vez que los países del Golfo hayan reparado y recuperado sus infraestructuras dañadas o destruidas por la guerra, las consecuencias se seguirán sufriendo durante meses o años, tanto en los precios de los combustibles -y por tanto en la inflación- como en el de los fertilizantes nitrogenados, con la consiguiente reducción y encarecimiento de la producción agrícola mundial, que provocarán probables hambrunas. Pero, además, Irán pretende ahora -veremos si lo consigue en la negociación que seguirá- tener un cierto control sobre Ormuz que no tenía antes de la guerra, quizá no mediante el pago de peajes puesto que se trata de una vía internacional de acuerdo con el derecho del mar, sino mediante algún tipo de prestación obligatoria de servicios o suministros a los buques que lo transiten, que le produzcan ciertos beneficios económicos. De cualquier forma, Irán sale de esta guerra reforzado, con un poder -al menos potencial- que no tenía antes de ser atacado.

Si finalmente se consigue una reapertura total y sin incidentes de Ormuz, lo que todavía está por ver, en los 60 días siguientes se deberían resolver los temas más importantes, que aún están abiertos, para llegar a un acuerdo definitivo de paz que según Trump debería ser mejor que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA). Un plan promovido por el presidente Obama y firmado en 2015 por los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea, que Trump abandonó en 2018, durante su primer mandato, por presiones de Netanyahu -que era primer ministro de Israel por cuarta vez-, sin que hubiera ningún incumplimiento por parte de Irán.

El acuerdo definitivo no parece nada fácil, incluso si aparentemente EEUU ya ha renunciado a dos de las exigencias con las que pretendía mejorar el de 2015: la limitación del programa de misiles iraníes y el cese del apoyo de Teherán a las milicias afines enemigas de Israel, incluyendo a Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, grupos chiíes en Irak y Siria, y Hezbolá en Líbano. Aunque los negociadores estadounidenses han afirmado en algún momento que Irán aceptaba cortar la financiación a estos grupos, lo cierto es que la República Islámica mantiene al menos sin fisuras su apoyo a Hezbolá hasta el punto de condicionar cualquier acuerdo definitivo de paz al cese de las acciones militares de Israel en Líbano. Así, los dos asuntos importantes que quedan por resolver son el levantamiento de las sanciones a Irán y el desbloqueo de sus fondos depositados en el extranjero, y el futuro del programa nuclear iraní. Aunque ambos deben ser negociados en el plazo subsiguiente de 60 días, su formulación de principio en el MOU ha sido la causa principal del retraso en su aprobación, junto con los disensos políticos internos en EEUU y sobre todo en Irán -donde la facción más radical está muy descontenta- que todavía pueden dar lugar a diferencias de interpretación muy graves.

De hecho, lo que nos llega de fuentes estadounidenses sobre el primero de esos puntos es que el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de los fondos iraníes congelados estarían condicionados al resultado, o al menos al avance, de las negociaciones definitivas de paz, mientras los negociadores iraníes han declarado que el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní será inmediato y que el plazo de 60 días empezará a contar cuando Irán reciba la mitad de los fondos congelados, que ascendería a 12.000 millones de dólares. Trump criticó severamente que Obama entregara en 2015 a Irán 1.700 millones, que eran parte de una deuda sancionada por el Tribunal de La Haya por una compra de equipo militar realizada por el gobierno del Sha antes de 1979 que nunca se suministró, y lo hizo además después de que se firmara el acuerdo que permitía el control del programa nuclear iraní. Si ahora Trump acepta que se entregue una cantidad siete veces superior antes de que haya un acuerdo en el tema nuclear, además de renunciar a limitar el programa de misiles iraní y a que Irán corte sus relaciones con las milicias antiisraelíes, será más que evidente que el acuerdo al que llegue será bastante peor que el JCPOA, aunque él insista en sostener lo contrario.

Finalmente, el asunto más importante sigue siendo -al menos oficialmente- el control del programa nuclear iraní. Aquí Trump, y el vicepresidente J. D. Vance que ha promovido el acuerdo, se agarran a un clavo ardiendo, el único que tienen, afirmando con mucho énfasis que Irán no tendrá nunca un arma nuclear, como queriendo hacer ver que no la tendrá gracias al providencial liderazgo del presidente, que se concretó en un ataque a la República Islámica cuando precisamente se estaba negociando -con buenas perspectivas- esta cuestión. Pero ni las fanfarronadas infantiles de Trump, ni los intentos de su secretario de Estado, Marco Rubio, de tergiversar sus declaraciones para hacerlas menos estridentes, pueden ocultar el hecho de que para conseguir eso no hacía falta ninguna guerra. El régimen iraní ya había renunciado a producir armas nucleares cuando suscribió JCPOA, en el que se comprometió a limitar el enriquecimiento de uranio al nivel del uso civil, disminuir radicalmente sus reservas y reducir en dos terceras partes sus centrifugadoras, además de autorizar al Organismo Internacional de la Energía Atómica el acceso a todas sus instalaciones para verificar el cumplimiento de lo pactado. Y mantuvo esa renuncia cuando Trump dinamitó el acuerdo, si bien reanudó como respuesta el enriquecimiento de uranio hasta alcanzar -según estimaciones del OIEA- 441 kilos con una concentración del 60%, menor de la necesaria para fabricar bombas (> 90%) pero muy por encima de la utilizable en plantas de generación eléctrica (3-5%) o incluso para plantas experimentales o investigación (<20%). 

El anterior líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de octubre en los primeros bombardeos, había emitido una fatwa, un decreto religioso de obligado cumplimiento en un Estado teocrático como Irán, prohibiendo el desarrollo de armas nucleares. Apenas tres días antes del ataque, en la ronda de negociación que tuvo lugar en Ginebra entre EEUU e Irán, los representantes iraníes habían aceptado ya, según declaraciones del mediador -Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán-, no sólo reiterar su renuncia a fabricar o adquirir armas nucleares, sino el compromiso de degradar el uranio altamente enriquecido que poseía, reducir las reservas del resto, y someter su programa nuclear civil al control no solo al OIEA sino incluso de inspectores de Estados Unidos. Un acuerdo muy similar al JCPOA que debía firmarse a la semana siguiente en Viena. Finalmente, en la propuesta de 10 puntos que presentó Irán el 8 de abril, y que dio lugar al alto el fuego, figuraba explícitamente su renuncia a poseer armas nucleares y su compromiso de negociar el programa de enriquecimiento. 

En este contexto, intentar vender como un éxito, o un logro de la guerra, que Irán no vaya a tener armas nucleares es absolutamente ridículo y no tiene ningún sentido, pero es lo único que le queda a Donald Trump para poder presentar algún éxito, por débil que sea, en una guerra que incluso dentro de su país no ha sido comprendida ni apoyada por una mayoría de la población. A lo máximo que puede aspirar es a reproducir las condiciones del JCPOA, o las que ya se habían acordado en Ginebra. No se va a llevar el uranio altamente enriquecido de Irán, como había asegurado muchas veces, aunque es muy probable que los iraníes acepten degradarlo -lo que es tan fácil como mezclarlo con uranio natural-, así como reducir sus reservas y someter su programa de enriquecimiento a inspecciones internacionales como han hecho en ocasiones anteriores.

Para Netanyahu sería un drama que la República Islámica tuviera un arma nuclear, pero no porque piense que la emplearía, ya que él podría responder con su gran arsenal destruyendo completamente Irán, sino porque su supremacía militar se vería disminuida si otro país de la región adquiriera esa capacidad, con las consiguientes consecuencias políticas. Pero aunque ese peligro se aleje ahora un poco más, eso no va a ser suficiente para garantizar una paz duradera. Porque la cuestión nuclear no es el verdadero problema. Netanyahu empezó a advertir de que Teherán estaba a semanas o meses de tener armas nucleares en su primer mandato como primer ministro, en 1996, y de eso hace 30 años. Cuando se materializó, en el JCPOA, el mecanismo de control del programa nuclear iraní que garantizaba que no llegara a tenerlas, Netanyahu instó a Trump a abandonarlo, porque prefiere correr un riesgo que él minimiza con bombardeos selectivos o asesinatos de científicos, que aceptar que el régimen islámico se consolide. Irán es el único enemigo existencial que le queda a Israel en la región, y el único apoyo de otras amenazas como Hezbolá. El gobierno de Israel quiere la eliminación total del régimen islámico, incluso la destrucción completa y la disgregación del país, con lo que tendría las manos definitivamente libres para terminar de anexionarse Palestina, y partes del Líbano y de Siria. Y no va a parar sus agresiones militares hasta conseguirlo.

El acuerdo alcanzado hasta ahora es el resultado de la necesidad que tenían de él ambas partes: Trump, por razones de política interna, y los dirigentes iraníes, por el deterioro económico de su país. Pero es enormemente frágil y puede romperse incluso antes del viernes, o cuando se intente poner en marcha la negociación propiamente dicha. Las diferencias de interpretación del Memorándum, las líneas rojas de cada una de las partes, la continuidad de los ataques de Israel en Líbano, una reanudación mínima de la violencia por un error o por una provocación pueden dar al traste con la iniciativa, una vez más. Y también puede romperse cuando los negociadores entren en los asuntos esenciales, tanto económicos como del programa nuclear, porque las posiciones son muy distantes. Pero también se abre una ventana de oportunidad para la paz, a despecho de Netanyahu, que tal vez tenga éxito y que en todo caso es mejor que los bombardeos.

Ojalá el proceso que ahora empieza prospere y llegue a una paz estable y duradera; es difícil creer en ello, pero no imposible. Lo que es incontrovertible es que esta guerra, además de ilegal y criminal, era innecesaria e inútil, y no va a lograr ningún avance en la estabilidad de Oriente Medio, ni ninguna ventaja para sus iniciadores -salvo para las empresas de armamento y las grandes petroleras-, sino solo un enorme gasto que pagaremos de uno u otro modo los de siempre, la destrucción de infraestructuras industriales y civiles, y la muerte de miles de personas, incluidos niños. Para conseguir nada. Como siempre, millones sufren por la megalomanía, la estupidez o los intereses espurios de algunos. Como siempre, se impone la fuerza sobre la razón, la violencia sobre el diálogo, el egoísmo sobre la solidaridad, ante la indiferencia de muchos y la pasividad de casi todos los que podrían hacer algo para evitarlo. Y como siempre, los que no tenemos poder ni capacidad para detener estos crímenes seguiremos levantando la voz, lo único que tenemos, con la esperanza de que se vayan uniendo otras y algún día sean tantas que su grito de paz pueda acallar el siniestro estallido de las bombas.

Junio de 2008. Apenas llevo 3 meses como ministro de Industria, Turismo y Comercio (además de Energía y Telecomunicaciones), pero la agenda es enloquecida. Mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores (MAE) español me pide que vaya a Arabia Saudí el fin de semana, para asistir a una reunión internacional de ministros de energía en Jedah. No era un viaje previsto en la agenda, era fin de semana y me resistí porque mi equipo estaba muy tensionado. El ministro me insistió, porque se trataba de un deseo personal del rey Abdalá, importante para las relaciones de Estado y me ofrecía uno de los Falcon para ese viaje, poder estar de vuelta el domingo por la noche y no tener que alterar más la agenda. Y allá que nos fuimos.

El rey, en efecto, estaba muy contento con mi presencia y, cuando íbamos a despegar de vuelta, un emisario real trae a pie de pista un regalo envuelto en papel de seda. Se trataba de una bonita cartera de piel. Como yo tenía varias, le ofrecí el regalo a los miembros de mi equipo, que se habían sacrificado tanto o más que yo con este viaje. El asesor que se quedó con la cartera, cuando ya estábamos en vuelo, descubrió que la cartera no estaba vacía. Contenía diversas joyas: una pulsera, unos pendientes, un anillo, todos de esmeraldas y brillantes, así como un reloj de brillantes. Todos ellos aparecen en la foto que encabeza este artículo.

Nuestro avión aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón, donde me esperaba el coche oficial, también a pie de pista, para trasladarme a mi domicilio, pues ya era una hora bastante intempestiva. Pedí a mi equipo que las joyas las llevaran al Ministerio al día siguiente, para ver qué hacía con ellas. Y ahí surgió el debate. Mi equipo estaba dividido sobre qué hacer con el obsequio, las secretarias me señalaban que todos los ministros se llevaban sus regalos, pues eran personales.

Consulté a mi oficiala mayor, la recientemente fallecida Laura Morso, que me indicó que lo habitual era que los obsequios se los quedaran los ministros, pues se trataba de regalos a la persona y, más en mi caso, cuyo motivo era satisfacer un empeño personal del monarca saudí. Me dijo que no había un protocolo establecido, que no se trataba de renta en especie, porque no era remuneración por ningún trabajo (los ministros nunca cobramos por ningún servicio, dentro o fuera de España), por lo que no se tenía que declarar y que era una decisión personal mía.

Nunca pudimos sospechar el valor de esas joyas, a nadie se le ocurrió pedir una valoración a Ansorena ni a ningún joyero. Tampoco quise elevar el tema al resto del gobierno y, discretamente, mandé construir una vitrina en la sala de espera de las visitas al Ministerio, donde iríamos colocando todos los regalos de un cierto valor y ahí siguen, propiedad de Patrimonio Nacional y convenientemente registrados.

Nunca he considerado que dejarlos en el Ministerio en vez de llevármelos a mi casa, fuera una decisión “moralmente superior”. Detesto la moralina puritana que se ha instalado en nuestro país y nunca he sacado pecho de este gesto. Tampoco lo he mantenido en secreto, pues las joyas están a la vista del que quiera verlas. He guardado un discreto silencio sobre este episodio hasta hoy, en que ya no puedo soportar más las barbaridades que se están diciendo, en medios y redes, sobre las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de Zapatero.

Me repugna escuchar que las joyas estaban “ocultas”. Curioso lugar para “ocultar” unas joyas: guardarlas en un despacho. Siempre he considerado “ocultar” el dárselas a otra persona, enterrarlas, esconderlas en un altillo o, si me apuran, llevarlas a una caja de un banco. Pero ¿tenerlas a la vista en una caja fuerte de un despacho es “ocultar”? Es el lugar habitual para guardar, y eso es lo contrario a “ocultar”.

Lo segundo que me repugna es apelar al “origen turbio” de las joyas. No hay ningún origen turbio. No lo hubo en mi caso y, con toda seguridad, no lo habrá en el caso de Zapatero. Se tratará de un regalo de algún país árabe con motivo de alguno de sus viajes. En cuanto vi sus fotos en la prensa, por cierto, un secreto revelado a toda la población, pese a tratarse de muchas joyas familiares, violentando su derecho a la privacidad, vi que algunas de ellas guardaban una semejanza con las que yo había recibido en 2008 y que adjunto en la foto. Ni turbio ni remuneración por ningún servicio.

Y lo tercero que más me repugna es la hipocresía de la clase política española con respecto a este tema. Sobre todo, del Partido Popular, que ha gobernado 15 años en España, algunos de ellos con importantes negocios bilaterales con Arabia Saudí, como, por ejemplo, el AVE de La Meca a Medina. ¿Es que hemos sido Zapatero y yo los únicos ministros, presidentes de gobierno, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas que hemos recibido joyas o regalos valiosos de los países árabes? Por mis sesgos cuantitativos, sé que la probabilidad de ese suceso es cero. No hemos podido ser los únicos. Por otra parte, ¿en serio se puede considerar “contrabando” aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿Por qué no se ha llenado entonces la vitrina ya habilitada en el Ministerio? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban? Es posible que en la actualidad lo sea, lo desconozco, porque llevo 15 años fuera de la política. Pero no lo era en 2008. E insisto, no me parece “moralmente superior” el dejarlo en una vitrina en el ministerio correspondiente. Es una opción personal tan aceptable como la otra.

Para terminar, por mis sesgos estadísticos, considero imposible que España haya sido el único país al que los monarcas del Golfo hayan hecho regalos. Pero no conozco ningún otro Estado en el que esto haya sido motivo de escándalo nacional y de vapuleo personal de una familia. Esta hipocresía no nos la merecemos como país.

Tres historiadoras han sacado a la luz, en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, la documentación necesaria para entender cómo se ocultó la violencia del Patronato de Protección a la Mujer. Su libro, Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato, muestra las maniobras burocráticas con las que el Estado intentó tapar su propio pasado.

El 5 de agosto de 2025, Esther López Barceló lanzó un mensaje en un grupo de WhatsApp de historiadores y archiveros: no llegaban a tiempo con Inmaculada y se habían topado con un callejón sin salida. Junto a Marta García Carbonell y María Palau Galdón, buscaba documentación sobre la muerte de Inmaculada Valderrama en el reformatorio de San Fernando de Henares en Madrid.

A la desesperada, preguntaron dónde se custodiaba el fondo del Consejo Superior de Protección de Menores.

La respuesta llegó enseguida: el fondo está en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los técnicos recomendaron formalizar la solicitud cuanto antes, porque una primera búsqueda ya arrojaba varios resultados vinculados al caso. Con la normativa de acceso en la mano, era posible consultar los expedientes relativos a Inmaculada.

Pero aquí no se trata solo de localizar expedientes. Sin nombres y apellidos es imposible reconstruir una historia, especialmente cuando se trata de hacer visibles trayectorias históricamente invisibilizadas.

El derecho de acceso no puede aplicarse de forma restrictiva. En ese punto, el papel de los técnicos de archivo resulta decisivo: no se trata de aplicar reglas de forma mecánica, sino de ponderarlas para garantizar el acceso a nuestro Patrimonio Documental. Las resoluciones que permitieron a estas investigadoras acceder a los datos no son simples actos administrativos; son los instrumentos que hacen posible, o impiden, el Derecho a la Verdad. Hoy pueden consultarse en el recién inaugurado Repositorio de Resoluciones del Archivo Central, una iniciativa pionera en el sistema de archivos de la Administración General del Estado.

Cuando por fin aparece la documentación, no emergen solo papeles, sino también el relato oficial de lo ocurrido. La muerte de la joven, tras caer por una ventana de la Torre B en circunstancias extrañas, apunta a una posible negligencia y a responsabilidades no aclaradas. Los expedientes localizados revelan, sobre todo, la prisa del Patronato por encerrar el caso en la lógica administrativa y apartar cualquier exigencia de responsabilidad.

Ahí es donde entra el libro. Inmaculada funciona como una investigación con ritmo de thriller, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo la cuenta. Las tres historiadoras convierten la investigación en una narración precisa y tensa, que arrastra al lector y lo obliga a enfrentarse a los hechos. No hay distancia cómoda: hay avance, sospecha y una indignación creciente.

El libro ilumina las continuidades del franquismo en los primeros años ochenta a través de tres ejes. El primero es una visión punitiva y moralizante, profundamente arraigada en el nacionalcatolicismo, dirigida sobre todo contra mujeres y menores de clase trabajadora. El segundo es una represión institucional apoyada en estructuras externalizadas, como las Cruzadas Evangélicas. Y el tercero es una constatación difícil de ignorar: la historia de Inmaculada y la de sus compañeras también habla del destino de clase y de género, de vidas marcadas desde el origen por la falta de salida.

La Torre B de Nuestra Señora de la Almudena concentra todo eso. El libro logra algo poco frecuente: convertir el espacio en experiencia. El lector recorre sus escaleras con una sensación constante de opresión. Aun así, este lugar sigue fuera del mapa reconocido de la memoria democrática.

De aquella conversación inicial en WhatsApp nació la necesidad de ampliar el foco. De ahí se desprende el monográfico que publicará próximamente Nuestra Historia (n.º 22, 2026), coordinado por María Palau y por el propio autor de estas líneas: “Patronato de Protección a la Mujer. El universo carcelario para niñas y jóvenes del franquismo a la democracia”. El proyecto pretende diseccionar un sistema de represión que siguió activo entre 1941 y 1985. También busca romper un silencio sostenido por la impunidad y sacar a la luz dinámicas marcadas por la explotación económica, la psiquiatrización y la coerción moral. Al incorporar los testimonios de las supervivientes como fuente documental de primer orden, el dossier aspira a situar este legado en el centro del debate sobre nuestro pasado reciente.

Porque abrir esas cajas y revisar esos expedientes no es solo leer el pasado: es la única forma de evitar que la historia de estas niñas siga escribiéndola quienes las encerraron y tiraron la llave.

En 2013 todavía existían cámaras de video y teléfonos públicos. Desde uno de ellos, un ladrón llamó a la policía para decirles que en el botín robado en una casa del vecindario le había aparecido una cámara de video y unas cintas de material pornográfico con menores, que dejaría, a disposición de los agentes, bajo un coche allí aparcado, junto a la dirección del robo. La policía fue al domicilio y detuvo al dueño, quien ingresó en la cárcel y meses después fue condenado.

En estos tiempos que corren, a veces se hace difícil sostener que las pruebas obtenidas de forma ilícita son siempre malas, pero es necesario hacerlo: lo son. El procedimiento penal es un sistema de normas que nos hemos dado para buscar el esclarecimiento de la verdad y el castigo del culpable, respetando siempre los derechos fundamentales, pero no porque estos sean un capricho de garantía versallesca, sino porque son precisamente el bien jurídico a proteger con el castigo del delito. Es probable que violentando estos derechos pudiéramos castigar a más culpables, pero el precio que pagaríamos sería devastador: si permitiéramos a la policía escuchar todas las conversaciones que mantenemos, se descubrirían más delitos, pero perderíamos el derecho a la reserva y al secreto; si se permitiera que los ladrones que entran a robar en nuestra casa, después de quedarse con el dinero, llevaran nuestros papeles y archivos a la comisaría, para que se analizara si somos o no unos delincuentes, viviríamos en una pesadilla orwelliana.

Entiendo que es un tema para el debate. ¿Se pueden hacer trampas para condenar a un culpable manifiesto? ¿Qué hacemos ante una prueba ilícita pero singularmente contundente? Muchos dimos un respingo de incredulidad cuando vimos a Hervé Falciani robar datos bancarios de miles de personas, poniendo en la picota una larga lista de defraudadores fiscales; pero, seamos sinceros, lo que hizo no se puede hacer. La ley es muy clara: las pruebas obtenidas violentando directa o indirectamente los derechos fundamentales no surtirán efecto. La aplicación por los jueces de esta previsión legal, recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es sin embargo mucho más confusa y oscura, tan inextricable, alambicada y perpleja que uno termina por concluir que los jueces van matizando su jurisprudencia según el caso concreto. Así, sin atreverse a establecer unas reglas que pudieran explicarse con sencillez y generalidad, se rinden a la ponderación de los intereses en juego, que viene siendo tanto como decir que el proceso admitirá más o menos trampas dependiendo de si el acusado es culpable de algo leve o de algo grave.

Los argumentos de la jurisprudencia, cuando quiere dar validez a una prueba irregular, pueden venir en filigrana: se debate si la vulneración del derecho fundamental tiene que producirse en el momento de obtener la prueba o en el momento de incorporarla al procedimiento; se debate si la aportación de documentos recabados en un registro ilícito lesiona el derecho a la inviolabilidad del domicilio o más bien el derecho a un proceso justo... Para dar validez a la lista Falciani, el Tribunal Supremo aportó la creativa respuesta de que la prueba era lícita porque el ladrón era un particular; si la policía hubiese robado los datos del HSBC, la prueba sería ilícita. Hay siempre una tensión latente en el proceso penal y todos estos vericuetos jurisprudenciales, más ahora que nos adentramos en una instrucción policial, van en la línea de restringir las garantías procesales en favor de una supuesta eficacia.

En este contexto general hay que situar lo sucedido en el procedimiento que afecta a Zapatero, donde se ha dado una situación muy particular: en 2021 una agencia policial estadounidense, la HSI, requisó el móvil de un ciudadano venezolano, Rodolfo Reyes, extrayendo y volcando su contenido en el marco de una investigación por contrabando. No consta que esta requisa y volcado de datos hubiera contado con permiso de ningún juez. Cinco años más tarde, la HSI facilitó el material a las autoridades policiales españolas, que lo incluyeron en su investigación y en las conclusiones del famoso atestado que, meses más tarde, fue transcrito por el juez Calama en el auto de imputación a Zapatero. Tres semanas después de dictar aquel auto, el juez inicia ahora un proceso de cooperación jurídica internacional interesando que las autoridades americanas autoricen que se pueda usar como prueba en el proceso español la extracción telefónica del móvil del ciudadano venezolano.

En una primera lectura, llamarán la atención dos cosas, tal vez conectadas entre sí: la primera, que el juez pida autorización para usar como prueba algo que ya ha sido usado como prueba: el atestado policial que implica a Zapatero, y consiguientemente el auto que lo copia, está plagado de referencias al móvil de Rodolfo Reyes. A todos los efectos, el contenido de este móvil ya ha sido incorporado al procedimiento y usado como prueba, no ciertamente en un juicio, pero sí como elemento para extraer del mismo la prueba indiciaria que ha provocado la imputación de una persona. Si ahora los Estados Unidos denegaran la autorización solicitada, toda la instrucción quedaría herida de muerte y la imputación en el aire. La policía, a través de sus portavoces habituales, se ha apresurado a aclarar que antes de recibir el contenido del móvil tenían muchas pruebas contra Zapatero, señal de que el tema les preocupa.

La segunda circunstancia de interés, nada inocente, es que Calama dirija su petición de cooperación a las autoridades de Estados Unidos sin indicarnos exactamente a qué autoridad en concreto remite su petición; en particular, no la está dirigiendo específicamente a una autoridad judicial, con lo que cabría deducir que se remite a la propia HSI. De confirmarse este dato, para entendernos, el juez estaría pidiendo a la policía estadounidense permiso para usar el material obtenido, con lo que podemos dar el permiso por ya concedido. Claro que cuando se conceda, tal vez se nos quede esa mirada de no entender nada que ponemos ante un juego de trile.

Lo normal, o lo que entendería cualquiera, es que las garantías procesales que exigimos para la obtención de pruebas en España sean las mismas que exigimos a las pruebas que vengan del extranjero: si aquí no admitimos la confesión bajo tortura, será lo propio no admitirla tampoco cuando sea obtenida fuera de España, aunque sea lícita en el país del que provenga. En nuestro país, la extracción y volcado del contenido de un terminal móvil requiere siempre autorización judicial; por tanto, también el volcado que afecta a Rodolfo Reyes debería pasar por esta exigencia, sin que pedir permiso a la policía local, a mi humilde entender, pueda sustituir la necesaria autorización judicial que, en este caso, no parece que se haya concedido.

Sin embargo, no apostaría a que la Audiencia Nacional vaya a anular esta prueba, por nula que parezca. En la línea de lo señalado, la ponderación de los intereses en juego, la valoración de las circunstancias del caso concreto, la definición del juicio ponderativo o cualquiera de los circunloquios con los que los jueces resuelven los casos dudosos, hacen muy improbable que excluyan esta prueba estrella contra Zapatero. Cuando la justicia toma una decisión tan grave como imputar a un expresidente, cualquier alternativa a la condena sería un baldón en el prestigio de unos jueces que, ahora mismo, no tienen crédito para desperdiciar; si la imputación se demuestra apresurada o inconsistente, sería un verdadero desastre para Calama.

Para mantener la validez de esta prueba, la Audiencia podría explorar alguna teoría imaginativa, en la senda comentada. Por ejemplo, como han hecho en otros casos, señalando que el secreto de las comunicaciones es un derecho que solo tenemos mientras hablamos, de tal forma que acceder al contenido de una conversación ya concluida, como pueden ser unos mensajes de WhatsApp, no atentaría al secreto de las comunicaciones sino al derecho a la intimidad, cosa que tiene su miga porque estos expertos en damasquinado jurídico se han dado cuenta de que la Constitución requiere en todo caso autorización judicial para escudriñar conversaciones pero no siempre para invadir la intimidad. A ver por dónde salen.

El abogado de Zapatero ha incidido en estas carencias solicitando más información al juez; sin duda, parece una baza relevante para que la defensa obtenga el descargo de su imputación. En todo caso, la eventual anulación de las pruebas ilícitas no anulará el daño causado por una imputación precipitada. Al igual que sucede con la prescripción, esta eventual nulidad dejaría en el aire el resquicio de un efecto nocivo: aunque provocase el derrumbe de la acusación y la anulación de la causa, dejaría imprejuzgada la insidia, condenando al acusado a soportar sobre su cabeza una sospecha perpetua. Dirán de él que lo salvó la campana de unas bagatelas formales; nunca será juzgado y nunca será inocente.

El magistrado instructor del proceso penal iniciado contra el expresidente del Gobierno tuvo un giro insólito el pasado 5 junio. En esa fecha, el juez dicta un auto en el que solicita a la Homeland Security Investigations (HSI) de EEUU, “autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso” del volcado que este organismo hizo del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, con ocasión de su detención en un aeropuerto estadounidense.

Debe explicarse, en primer lugar, que la HSI no es ningún juez, sino un organismo del ICE, es decir, del servicio de inmigración y aduanas que Trump decidió hacer tristemente famoso durante los últimos meses por delitos que tal vez nunca sean juzgados, pero que en otro contexto y país hubieran sido considerados indudablemente crímenes contra la humanidad. Connotaciones de esta realidad al margen, lo cierto es que este organismo no es ningún juez, y opera a los fines de seguridad y prevención de propia autoridad, sin autorización judicial, cabe insistir, haciendo estos volcados rápidos y otras medidas de investigación por razones, diría que excepcionales, de seguridad nacional.

Pues bien, algo así simplemente no es posible en nuestro país. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, muy claramente, permite estas intervenciones de terminales y memorias de almacenamiento masivo solamente bajo autorización judicial. No hay ningún matiz al respecto a esta estricta y, por otra parte imprescindible, norma. Lo que EEUU haya decidido hacer en su legislación por razones de seguridad nacional, es cuestión solamente de los EEUU y sus poderes públicos, entre ellos su Justicia, si lo consiente. Pero el hecho de que en ese país un clonado semejante sea legal, no lo convierte en admisible en España. Piensen que no hubiera sido EEUU, sino Corea del Norte, quien hubiera practicado ese volcado, y entenderán que en ningún caso un juez español aceptaría una vulneración semejante del derecho fundamental a la intimidad. Los datos que provinieren, por esta vía, de Corea del Norte, serían considerados prueba ilícita y, por tanto, enteramente nula.

Y por si acaso lo están pensando, tampoco podrían utilizarse esos datos para practicar diligencias legales en España a partir de los mismos, y de esa manera sanar, de algún modo, la nulidad inicial. Justamente semejante martingala es la que intentó la policía estadounidense a principios del siglo XX, encontrándose con dos sentencias que sancionaron con la nulidad, la prueba derivada de datos obtenidos ilícitamente. Son las sentencias Silverthorne Lumber Co. vs. U.S. (1920) y Nardone vs. U.S. (1939). Es en esta última en la que se acuñó esta teoría como la “doctrina de los frutos del árbol envenenado”, siendo el árbol envenenado la prueba ilícita inicial, y siendo los frutos incomestibles las ulteriores diligencias que se intentaran practicar partiendo de los datos extraídos con la inicial prueba ilícita.

Con esa jurisprudencia, en EEUU ha estado vigente la llamada “regla de exclusión” desde el caso Weeks v. U.S. (1914), que precisamente prevé la expulsión del proceso de las pruebas ilícitas. Esa jurisprudencia ha conocido matizaciones y excepciones, algunas conocidas por la jurisprudencia española y otras no, a pesar de que en los últimos años ha recibido un par de varapalos que, desde luego, son coherentes con la deriva autoritaria que, por desgracia, están teniendo muchos sectores del país y que han infiltrado al Tribunal Supremo, pero que también han provocado algunos de los votos particulares más vehementes de toda la historia del tribunal, precisamente para reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales, que son nuestro principal escudo protector en democracia frente a los abusos de las autoridades.

En EEUU, esa jurisprudencia no se inauguró sólo porque a muchas mentes bienpensantes y, por lo demás, prudentes, les gusten los derechos fundamentales, sino porque intentó el Tribunal Supremo crear un efecto disuasorio en la policía de aquella época, brutal y corrupta, con el fin de que dejaran de hacer barbaridades. Pensó el Tribunal Supremo que si la policía se encontraba con la nulidad de sus investigaciones tras haber vulnerado un derecho fundamental, se abstendrían de proceder a semejantes atropellos. Hay que decir que la eficacia de la regla ha sido, por desgracia, titubeante y desigual, pese a que mejoraron, sin duda, los usos de la policía.

Sin embargo, hay otra razón por la que no aceptamos en los procesos pruebas que vulneren derechos fundamentales, o que sean derivadas de las mismas. El problema es que cuando un policía vulnera un derecho fundamental, crea en torno a sí en espacio de clandestinidad e impunidad en el que, literalmente, puede hacer lo que le dé la gana, entre otras cosas, manipular el contenido de lo investigado, incluso de manera que no quede rastro. Por eso no solamente es prudente, sino que en términos probatorios es imprescindible declarar nulas esas pruebas.

Honestamente, no sé lo que va a hacer la justicia española en este caso. La vulneración del derecho a la intimidad es absolutamente evidente, tanto que sería imposible en España. Y el hecho de que los datos del terminal de Rodolfo Reyes jamás podrán ser comprobados en cuanto a su autenticidad –el volcado es de hace cinco años, además–, hacen que partir de estos datos sea, al menos, una imprudencia, cuando no una inconstitucionalidad. Confiemos, por tanto, en el buen criterio de la justicia española, sea quien sea el beneficiado. Incluso aunque sea Rodríguez Zapatero.

La experiencia histórica de los conflictos armados entre 1990 y 2025, ofrece una lección contundente y difícilmente rebatible: de las 60 guerras registradas en ese período, el 35% concluyeron con un acuerdo de paz formal, y en todos y cada uno de esos casos, el éxito o el fracaso posterior del proceso estuvo directamente vinculado a la existencia o ausencia de garantías sólidas de cumplimiento. Esta evidencia empírica no es un dato menor ni anecdótico; es una verdad estructural que debería guiar cualquier proceso negociador serio, especialmente en una región tan volátil y compleja como Oriente Medio.

Las palabras, las declaraciones de intenciones y hasta las promesas solemnes firmadas ante la comunidad internacional, han demostrado ser insuficientes cuando no van acompañadas de mecanismos concretos y verificables que obliguen a las partes a cumplir lo acordado. Por ello, en cualquier negociación, no basta con definir la agenda temática ni con alcanzar un entendimiento provisional sobre los puntos de fricción; es imprescindible construir simultáneamente una arquitectura de garantías que dote al acuerdo de credibilidad, durabilidad y eficacia real. Sin esa arquitectura, la desconfianza entre las partes no solo persiste, sino que se agrava. La negociación auténtica no termina cuando se rubrica un acuerdo; empieza precisamente en ese momento, cuando comienza la ardua tarea de transformar compromisos formales en realidades verificables sobre el terreno.

Los tres conflictos actualmente activos en Oriente Medio más mediáticos (Irán, Gaza y el Líbano), presentan agendas negociadoras distintas, pero comparten el mismo déficit estructural, que es la ausencia de garantías creíbles de cumplimiento que permitan avanzar desde el regateo posicional hacia una negociación genuina y transformadora. En el caso de Irán, la agenda es deliberadamente corta pero extraordinariamente densa en implicaciones estratégicas: la apertura del estrecho de Ormuz, el establecimiento de un alto el fuego permanente, la definición del papel que Irán podría desempeñar en el control de esa vía marítima esencial para la economía global, la garantía verificable de que Teherán no producirá armas nucleares, el acceso a los activos financieros congelados y la consolidación de un cese de hostilidades duradero en el Líbano.

Lo que se observa en esas negociaciones no es un diálogo basado en intereses comunes, sino un regateo posicional en el que cada parte trata de maximizar sus ventajas sin ceder en lo esencial, lo que hace aún más urgente la introducción de mecanismos externos de verificación y presión. En Gaza, el problema inmediato es diferente pero igualmente bloqueado, ya que se trata de implementar y completar la primera fase del acuerdo propuesto por la administración Trump, pero esa implementación choca contra una realidad política incontestable, la de que Hamas no procederá a su desarme mientras las Fuerzas de Defensa de Israel permanezcan desplegadas en territorio gazatí. En el Líbano, la lógica es simétrica e igualmente circular. Hezbolá no suspenderá su actividad militar mientras Israel continúe ocupando y bombardeando territorios libaneses.

En los tres escenarios, Israel emerge como el principal obstáculo para cualquier avance sustantivo, ejerciendo una formidable capacidad de bloqueo que convierte al primer ministro Netanyahu en un spoiler, es decir, un actor con incentivos y capacidad para sabotear acuerdos que no se alineen con sus intereses políticos inmediatos. Ante esta realidad, Estados Unidos no tendrá más remedio que ejercer una presión decidida y sostenida sobre su aliado israelí, una presión que hasta ahora ha brillado por su intermitencia y ambigüedad, pero que se ha vuelto imprescindible si Washington aspira a desempeñar un papel mediador creíble y efectivo en la región.

Comprender la paz duradera exige distinguir con precisión entre dos dimensiones complementarias, pero conceptualmente diferentes: los mecanismos de seguimiento y las garantías de implementación. Los primeros sirven para saber si un acuerdo se cumple; observan, registran, certifican y dan constancia pública de las desviaciones. Las garantías de implementación, en cambio, tienen una función más profunda y transformadora: sirven para que el acuerdo pueda cumplirse realmente, creando las condiciones institucionales, jurídicas, diplomáticas y económicas que hacen posible la transición del compromiso formal a la realidad concreta.

El seguimiento mira y certifica; la implementación transforma la realidad. Los acuerdos de paz más sólidos y duraderos de la historia reciente, han combinado ambas arquitecturas: una estructura jurídica protegida internacionalmente y un sistema de seguimiento capaz de mantener presión política durante años, incluso cuando la atención mediática se desvanece y la voluntad política de los gobiernos flaquea. Esta distinción es especialmente relevante para los conflictos de Oriente Medio, donde la historia reciente está plagada de acuerdos que nunca superaron la fase declarativa, precisamente porque carecieron de mecanismos de presión externos suficientemente fuertes y eficaces. Aunque los gobiernos signatarios son siempre los responsables finales de la correcta implementación de lo acordado, resulta igualmente imprescindible diseñar una arquitectura externa de presión política, diplomática y económica que sea aplicable con igual rigor tanto a Israel como a Irán, sin excepciones ni dobles raseros que socaven la credibilidad del sistema.

Esta arquitectura debe incluir mecanismos de supervisión internacional con capacidad de intervención efectiva, incentivos positivos vinculados al cumplimiento progresivo de los compromisos y costes reales y predecibles asociados a cualquier violación del acuerdo, de modo que los actores más reticentes comprendan que el incumplimiento tiene consecuencias tangibles e inevitables. En este marco, existe además una solución técnica potencialmente viable para uno de los nudos gordianos del expediente nuclear iraní. El problema del stock de uranio enriquecido ya en posesión de Irán podría resolverse si potencias como China o Rusia acordasen adquirir ese material, retirándolo del territorio iraní bajo supervisión internacional, lo que reduciría drásticamente el riesgo de proliferación sin que Teherán tuviese que percibir esa cesión como una rendición unilateral, dado que recibiría a cambio compensaciones y el reconocimiento implícito de sus derechos en el marco del Tratado de No Proliferación.

Esta fórmula, ya explorada en versiones anteriores de la negociación nuclear, tiene la virtud de conjugar los intereses de seguridad de Occidente con los intereses económicos y de prestigio de Irán, ofreciendo además a Moscú y Pekín un papel constructivo que podría alinearlos con el proceso de estabilización regional, en lugar de mantenerlos en una posición de obstaculización estratégica.

Más allá de las soluciones inmediatas y los mecanismos puntuales de verificación, la sostenibilidad de la paz en Oriente Medio exige una visión de largo alcance que trascienda la gestión de los conflictos individuales para abordar la arquitectura de seguridad regional en su conjunto. Los países del Golfo, ahora ya lo tienen claro. A corto y medio plazo, deberá comenzar a discutirse seriamente la creación de un sistema de seguridad colectiva para Oriente Medio, inspirado en el modelo que Europa construyó a partir de 1975 con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa —la CSCE, hoy convertida en la OSCE—, un instrumento que, en plena Guerra Fría y en un contexto de desconfianza mutua profunda entre bloques antagónicos, logró establecer normas de conducta compartidas, mecanismos de verificación militar, compromisos sobre derechos humanos y canales de diálogo político multilateral que contribuyeron decisivamente a la distensión y, eventualmente, a la transformación pacífica del orden europeo.

Un sistema análogo para Oriente Medio tendría que incorporar a todos los actores relevantes de la región, incluyendo Israel, Irán, los países árabes del Golfo, Egipto, Turquía y los actores no estatales con representación política reconocida, bajo el paraguas de las Naciones Unidas y con el respaldo activo de las grandes potencias. Este sistema proporcionaría garantías de seguridad colectiva para todos sus miembros, establecería normas vinculantes sobre el uso de la fuerza, la proliferación de armamentos y el respeto a la soberanía territorial, y crearía mecanismos de gestión pacífica de controversias que redujesen la tentación de recurrir a la violencia como instrumento de política exterior. La lección fundamental que la historia del conflicto en Oriente Medio impone con brutal claridad es que ningún acuerdo bilateral, por bien diseñado que esté, puede garantizar una paz sostenible en una región donde las interdependencias de seguridad son tan complejas y donde los incumplimientos de unos tienen consecuencias inmediatas sobre todos los demás. Solo una arquitectura de seguridad regional multilateral, dotada de instituciones permanentes, mecanismos de verificación independientes y capacidad real de presión política y económica, podrá ofrecer las garantías estructurales que los conflictos de Gaza, el Líbano e Irán requieren para ser no solo gestionados, sino definitivamente resueltos. El momento para comenzar a construir esa arquitectura es precisamente ahora, mientras los conflictos aún están activos, porque solo así las garantías podrán ser integradas desde el origen en cualquier acuerdo que aspire a ser duradero y creíble.

Bombardeado por las informaciones que recibo sobre el bautizado como Caso Leire, he llegado a la conclusión de que lo más razonable para llegar a una conclusión más o menos ajustada a la realidad es alejarse de la maraña informativa y sentarse tranquilamente, como ante un puzle (rompecabezas), tratando de encajar las piezas para conseguir una figura identificable. Las numerosas anotaciones de la agenda de Leire Díez contienen un verdadero torrente de percepciones y objetivos ilusorios que son el producto de una mente llena de imaginación e inventiva. Lo más desconcertante es que el PSOE, partido centenario que en estos momentos dirige un gobierno de coalición, le comprase semejante quimera y que no se parase a pensar que era irrealizable y peligrosa. En estos momentos está sufriendo las consecuencias de tan descabellada decisión. Las actuaciones del juez Pedraz que hemos conocido recientemente se centran en investigar  una trama que buscaba “desestabilizar” procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno.

De todos es conocido que, al producirse la investidura de Pedro Sánchez (23 de julio de 2023) y frustrarse las expectativas de Alberto Núñez Feijóo, se desencadena una ofensiva judicial y mediática sin precedentes con el objetivo de derribar al Gobierno y, concretamente, a su presidente, al que insólitamente se le augura en sede parlamentaria que entrará en prisión. 

La ofensiva judicial se centra estratégicamente en su ámbito familiar, su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David. El detonante de la que pudiéramos llamar “operación desprestigio” se incentiva cuando el juez Peinado, en un Auto de 24 de abril de 2024, declara a Begoña como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lógicamente, Pedro Sánchez, como persona, se sintió impactado emocionalmente. Y como presidente del Gobierno tomó una decisión inédita en nuestra democracia: se reservó un periodo de reflexión de cinco días sin descartar su posible dimisión. Finalmente decidió continuar.

Esta situación desencadenó una reacción a todas luces disparatada en un sector del PSOE encabezado por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, con la participación estelar de Leire Díez, que presumía de tener información comprometedora sobre miembros de la judicatura y la Fiscalía relacionados con asuntos que afectaban al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. Esta descabellada idea, que necesariamente se podía volver contra el propio PSOE, no se valoró en su verdadera dimensión, lo que demuestra la escasa agudeza mental de los promotores. Si alguien sensato hubiera desaconsejado seguir con esta atrabiliaria idea, estaríamos ante un acto inocuo desde el punto de vista penal.

No obstante, pusieron en marcha sus delirantes estrategias, tomando una serie de decisiones con tantas ramificaciones que es difícil encajarlas para completar el puzle. En la primera pieza que manejo aparece la jueza Beatriz Biedma, que ha instruido la causa contra el hermano del presidente por estimar que un acto administrativo -la decisión de adjudicar una plaza relacionada con actividades musicales a una persona que, entre sus méritos, había trabajado en la Ópera de San Petersburgo y dirigido orquestas- es un hecho delictivo en lugar de una posible reclamación contencioso-administrativa. Como es lógico, se presentaron otras personas, 10 en total, para optar a la plaza que se le adjudicó el 30 de junio de 2017. El juicio se está celebrando en estos momentos con siete acusaciones populares, a las que se les ha permitido duplicar las peticiones de pena sin ninguna actividad procesal que lo justifique. Malos augurios.  

Entre los muchos dimes y diretes que han surgido en las sesiones del juicio oral destaca el testimonio del teniente coronel Balas, perteneciente a la UCO, grupo orgánico de la Guardia Civil especializado en la investigación de la delincuencia organizada de alto nivel. Un inciso: si era público y notorio desde 2017 que la adjudicación de la plaza había sido un apaño, no se explica que los afectados, algún buen ciudadano o la misma juez Biedma permaneciesen impasibles ante semejante crimen. La jueza y sus antecesores nos deben una explicación.   

En la siguiente pieza aparece de nuevo la Guardia Civil. La conexión con la Benemérita alcanza su máxima cota cuando se conocen las entrevistas entre “Antoñita la fantástica” (ella misma reconoce que es una bocazas) y la Directora General de la Benemérita. La UCO no tenía que ponerse de perfil, porque en ningún caso debió intervenir. Cualquiera que se mueva en el mundo del derecho sabe que al cabo de un año se pueden tramitar miles de reclamaciones judiciales por estimar que se han adjudicado irregularmente las plazas públicas que salen a concurso público. Me parece necesario y urgente que la Guardia Civil nos informe en cuántos asuntos de esta naturaleza la UCO se ha dedicado a investigar su tramitación administrativa. 

Fijo mi atención sobre la pieza que se dedica a la Fiscalía General del Estado (FGE). Es un tema que no se ha aclarado y me parece urgente que la Fiscalía nos informe. Desconozco si se han celebrado reuniones en la sede de esa institución y su contenido. En todo caso tienen que ser confirmadas, aclaradas o matizadas por la Fiscalía y las personas que se mencionan. La cuestión es grave.

Una pieza que no sé dónde encajar se refiere a la jueza Alaya. No está claro cuáles son las presiones que trataban de utilizar para disuadirla de inculpar a Chaves y Griñán por el asunto de los ERE. Por su parte, el Tribunal Constitucional le ha recordado que sus conocimientos de derecho constitucional y del principio de la división de poderes son escasos. En ningún país democrático una ley aprobada por un Parlamento puede ser delictiva; en su caso, pudiera ser inconstitucional. Por supuesto, si se llegó a presionarla debe ser investigado.

Aparecen más personajes, pero no debo abusar del lector. La serie sigue. Por mi afición al cine, toda la trama desestabilizadora me recuerda a la película italiana de Mario Monicelli, conocida en España como 'Rufufú'. Se inspira en un cuento de Italo Calvino, 'Robo en una pastelería'. El plan era disparatado y fue un fracaso. De momento no consigo completar el puzle. Habrá que esperar acontecimientos.   

La visita de León XIV a España constituye un acontecimiento político tan sugerente como revelador. El Papa ha llegado a un país constitucionalmente aconfesional y cada vez más secularizado, en el que la práctica religiosa se ha convertido en una opción minoritaria. Según los últimos estudios demoscópicos, apenas uno de cada seis españoles se considera católico practicante, mientras crece el número de quienes se declaran no creyentes o indiferentes.

Y, sin embargo, pocas visitas internacionales son capaces de generar hoy una expectación comparable.

La explicación no reside únicamente en la importancia histórica de la Iglesia en la tradición política de un país en el que hasta hace no tanto (apenas 50 años) el catolicismo era religión oficial. Porque para entender el significado político de esta visita es necesario tener muy en cuenta las incertidumbres de una sociedad que busca respuestas en medio de profundas transformaciones económicas y sociales.

La tensión entre autoridad religiosa y autoridad política forma parte de la propia construcción de la modernidad democrática. Desde Locke hasta Tocqueville y Max Weber, la teoría política ha señalado que el nacimiento del Estado moderno comportaba, casi necesariamente, diferenciar claramente poder civil y religioso. La Constitución de 1978 intentó resolver esa cuestión mediante una fórmula singular: España no tendría religión oficial, pero tampoco adoptaría el modelo de laicidad militante francés. El artículo 16 estableció un Estado aconfesional que garantizaba la libertad religiosa. Un siglo antes, la libertad de culto establecida por la Constitución canovista de 1876 levantó una agria controversia social y política, a pesar de proclamar la confesionalidad del Estado.

Así que puede decirse que la España que recibe al Papa es probablemente la más secularizada socialmente y la más laica institucionalmente de los últimos siglos. Los gobiernos de Pedro Sánchez han ido ampliando el principio de neutralidad religiosa del Estado. Sin romper los acuerdos con la Santa Sede ni abrir un conflicto frontal con la jerarquía eclesiástica, se han producido avances que hace apenas unas décadas habrían resultado impensables: la celebración de ceremonias civiles de Estado, la reducción del peso académico de la asignatura de Religión, la resignificación de Cuelgamuros, la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia o la recuperación de bienes inmatriculados.

Pero, al mismo tiempo, algunas de las grandes promesas del laicismo político han quedado pendientes. No se han revisado los acuerdos con la Santa Sede, tampoco se ha aprobado una Ley de Libertad de Conciencia y la financiación de la Iglesia sigue siendo objeto de debate. El resultado es una secularización institucional progresiva, pero incompleta, marcada más por la negociación que por la confrontación.

Sin embargo, reducir la visita del Papa a una cuestión de relaciones Iglesia-Estado sería insuficiente. Hay otros elementos contextuales que resultan decisivos.

León XIV aterriza en una sociedad atravesada por incertidumbres crecientes. La guerra en Europa, la crisis climática, la revolución de la inteligencia artificial, la precariedad económica de las nuevas generaciones, la polarización política o la sensación de pérdida de control sobre el futuro configuran un escenario de inseguridad colectiva que trasciende fronteras e ideologías.

Y es precisamente aquí donde aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: mientras disminuye la práctica religiosa, aumenta la necesidad de referentes morales y de relatos capaces de ofrecer sentido. El filósofo alemán Jürgen Habermas aludió a esta situación mediante el concepto de “sociedad postsecular”, en la que la secularización no ha eliminado la relevancia pública de la religión, sino que la ha transformado.

Pero la secularización impulsada por la modernidad no ha conseguido paliar la antropológica necesidad de orientación existencial de los humanos. La ciencia no despacha verdades canónicas como la religión, así que las buscamos en otras parte: identidades políticas, comunidades digitales, nacionalismos, discursos tecnológicos o nuevas formas de espiritualidad individual. Y por eso precisamente la audiencia potencial de León XIV va mucho más allá de los creyentes. Su capacidad de influencia no depende tanto de la autoridad doctrinal de la Iglesia como de su condición de referente moral global en debates que preocupan al conjunto de la ciudadanía: las migraciones, la desigualdad, la guerra, el deterioro democrático o la crisis ecológica.

La paradoja es evidente. El Papa visita una España menos católica que nunca, pero también una España que, como buena parte de las democracias occidentales, parece más necesitada de sentido que hace una década.

Y es que las democracias liberales han demostrado una extraordinaria capacidad para garantizar derechos y gestionar intereses. Mucho menos éxito han tenido, sin embargo, a la hora de construir horizontes compartidos en sociedades cada vez más fragmentadas, polarizadas y desiguales. De ahí que figuras con una fuerte autoridad simbólica sigan conservando capacidad de convocatoria incluso entre quienes no comparten sus creencias religiosas.

Así que la cuestión no es si España vuelve a ser un país católico. No lo es. Tampoco si la Iglesia recuperará la centralidad social que tuvo durante décadas. Probablemente tampoco. La pregunta relevante es quién proporciona hoy marcos de interpretación compartidos en sociedades atravesadas por la incertidumbre y la desconfianza. Y hay que reconocer la habilidad política y comunicativa de Robert Prevost, cuyos mensajes están perfectamente construidos para trascender límites confesionales y postulados doctrinales para convertirse en puntos de referencia éticos globales, y por eso mismo también político, de unas sociedades ahítas de comodidades materiales pero ayunas de sentido. Quizá esa sea la verdadera clave política de la visita de León XIV.

El profesor Levitsky, célebre profesor de Harvard y autor del superventas Cómo mueren las democracias (Levitsky et al., 2018), profirió lo siguiente en una conferencia magistral a la que fui invitado en 2025 en la Universidad Cornell: “A pesar del contexto internacional desfavorable, las democracias persisten”. Esta frase debería tenerse en cuenta en todos los análisis sobre la crisis actual de la democracia y los procesos que han venido a denominarse de autocratización, a fin de no caer en el tipo de fatalismos que hoy prolifera y que capta más fácilmente la atención de las audiencias.

Las democracias están en crisis, sí. Pero esta crisis no supone una teleología negativa que conduce a la inexorable caída de un régimen democrático tras otro —al igual que la afirmación de Fukuyama del fin de la historia no implicó un avance ininterrumpido de los procesos de democratización (Fukuyama, 1992) en el mundo—. Esta crisis, según V-Dem, una de las tres organizaciones cuyos indicadores sobre calidad democrática son más reconocidos —junto con Freedom House y The Economist—, se asocia con tres fenómenos. 

El primero es que la democratización mundial experimentó tres olas que llegaron a su pico en 2016, con 95 países democráticos; en cambio, en 2025, hay 87. El segundo es que, a lo largo del siglo XX, también hubo dos olas de autocratización; y el siglo XXI parece que está sufriendo una tercera ola, puesto que en 2004 había 82 autocracias y, en 2025, 92 (Limberg et al, 2026). El tercero es que esta tercera ola, a diferencia de las dos primeras —que impactaron sobre sistemas políticos ya algo autocráticos—, está afectando a las democracias occidentales principalmente (Lührmann et al, 2019). 

Las causas del deterioro democrático son menos fáciles de identificar que sus manifestaciones. Los signos de autocratización pueden ser múltiples: la politización de las instituciones que menoscaba la separación de poderes; la reducción de las libertades individuales; los intentos de modificar las leyes para ampliar el tiempo en el gobierno; el ataque a la prensa libre y a la libertad de expresión; el recurso excesivo del decreto ley o de las órdenes ejecutivas; la realización de elecciones sin medidas de seguridad que blinden la libertad de voto; el ejercicio del gobierno bajo el estado de excepción; la corrupción y la poca transparencia; el debilitamiento de los contrapesos; la erosión del Estado de derecho; la persecución de las minorías; o el auge de la polarización, del populismo y de la demagogia. 

Las causas, en cambio, de acuerdo con algunas de las teorías más consolidadas en la materia (Ziblatt et al., 2024), no son tantas, y tienen mucho que ver con tres compromisos tácitos entre los partidos: a) respetar a la oposición como adversario legítimo, b) comprometerse a no usar las instituciones, cuando se llega al poder, con fines partidistas e interesados, y c) no recurrir a candidatos con tintes autoritarios, aunque supongan un gran tirón electoral. 

Uno de los signos de este deterioro, la polarización, brota principalmente como estrategia de movilización política inducida por los partidos, que recurren a todo tipo de narrativas para encontrar nichos de votantes —explotando el potencial de las redes—, tal como la del rechazo a la migración, desdeñando el conocimiento y la verdad y azuzando las emociones más básicas y las identidades primarias. Sin embargo, hay un contexto cultural e ideológico más sutil y profundo que favorece esta tendencia.

Las sociedades modernas occidentales han adoptado, principalmente, sistemas políticos democráticos liberales. Incluso aquellos Estados que abogan por una democracia social se han fundido con un tipo de liberalismo que coloca a la libertad individual —en contraposición al pueblo, la nación o la comunidad— como el valor más importante alrededor del cual se ha de vertebrar la organización política y social. Vinculada a la libertad individual, además, se ha consolidado una noción de excelencia que plantea que la competición logra extraer lo mejor de la sociedad en su conjunto. Es decir, se parte de la base de que los individuos, libres, buscando sus intereses propios, y compitiendo en condiciones de igualdad, logran generar la mejor sociedad posible para todos.

Sin entrar en los tipos de desigualdad que ha propiciado esta ideología, especialmente en ausencia de regulación estatal y moral —los dos marcos que Adam Smith consideraba esenciales para que la mano invisible operara beneficiosamente—, estos planteamientos han engendrado una dinámica cultural propia: el antagonismo normativo.

Este tipo de antagonismo normativo relacional, que no solo describe, sino que prescribe comportamientos, tiene diferentes ramificaciones. Por un lado, los diferentes subsistemas sociales han asumido la competición y el conflicto como principios articuladores de su funcionamiento: el sistema jurídico enfrenta acusación y defensa, así como partes enfrentadas, para lograr la verdad y la justicia; la economía se basa en la competencia por los mejores precios, productos y servicios; la política de los partidos, tanto la interna como la externa, nutre la competición entre facciones para supuestamente lograr las mejores ideas y propuestas; los medios de comunicación compiten por audiencias y explotan el conflicto visceral para conectar con el gran público; la academia se vertebra sobre la competencia para plazas, proyectos y becas; incluso los movimientos sociales hacen de la lucha y la confrontación su estrategia central para lograr derechos (Karlberg, 2004; García-Magariño, 2017).

Por otro lado, este clima cultural se ha convertido en un caldo de cultivo propicio del que emergen ciertas tendencias que amenazan la convivencia y debilitan la democracia, tales como la xenofobia y otras formas de prejuicios, la desinformación, la radicalización violenta, los discursos de odio y la misma la polarización. 

Por último, desde la década de los 60, las estrategias de márquetin político han incluido una suerte de polarización inducida para encontrar nichos electorales diferenciados. Esta estrategia, cuando las campañas políticas eran algo que ocurría cada varios años por un período corto antes de las elecciones, se podía absorber como un residuo sin demasiada importancia que el cuerpo social metabolizaba. Sin embargo, desde que, por un lado, se televisan y graban los debates parlamentarios y, por el otro, se reducen los períodos entre elecciones y se alargan los períodos de campaña, la polarización dejó de poderse asimilar.

Las campañas basadas en la polarización, además, utilizaban los canales de los medios de comunicación de masas para ampliar las audiencias. Sin minusvalorar su impacto en la opinión pública y su poder de influencia, estos medios, a partir del siglo XXI, han sido desbordados por dos nuevos instrumentos que amplifican casi infinitamente la capacidad de persuadir y de propagar mensajes: las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Las primeras enganchan intencionalmente a las personas en entornos de resonancia donde la sugestión crece con el tiempo dedicado a ellas. Los segundos multiplican exponencialmente los mensajes y aumentan quirúrgicamente la puntería para llegar a quien se pretende. 

El diagnóstico parece claro. Ahora es necesario un debate público racional y sosegado para encontrar soluciones. Probablemente, el tono ecuánime en sí sea parte de la solución. 

Bueno, pues lo han hecho. Ya han firmado el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que Elon Musk construya el túnel submarino más largo del mundo, cruzando los 88 kilómetros que separan ambas potencias en “conflicto”. Cabe recordar que el Estrecho se ha cruzado históricamente a pie en invierno, cuando el mar se congela, aunque es extremadamente peligroso e ilegal. Por tanto, hace falta este túnel. 

¿Para intensificar las amigables relaciones entre Trump y Putin? Pues va a ser que no. ¿Recuerdan el empeño de Trump en comprar Groenlandia para ampliar su acceso al Ártico?. Bueno, pues ya lo tiene más fácil. Lo que verdaderamente interesa es el intercambio comercial de recursos, especialmente, minerales y energéticos, de los que Siberia -ergo, Rusia- va sobrada. Porque la compañía de ingeniería civil de Musk, The Boring Company -que sí, que es así como se llama-, también va a construir un gasoducto y un oleoducto por el mismo precio. ¿Cómo? ¿Pero no nos habíamos comprometido a sancionar a Rusia no comprándole petróleo ni gas? ¡Ah!, que eso queda para los europeos… 

Ya lo adelantamos hace meses en este periódico, cuando comentamos la jugada maestra de la Unión Europea prohibiéndonos a nosotros mismos la compra de crudo ruso y sus derivados a Rusia y a otros terceros países. Excepto a los amigos, claro. Porque, en el Consejo Europeo del 17 de julio de 2025, sancionamos a Rusia con la decisión de que sólo compraríamos petróleo ruso a nuestros amigos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y Noruega. Al resto del mundo, no, que nos lo vendía más barato. 

Se trataba de una más de los centenares de sanciones individuales y colectivas aprobadas entre los 20 paquetes legislativos -en preparación, el 21º- que el Gobierno de Bruselas aplica al Kremlin desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. No somos los únicos, claro, también Estados Unidos o Canadá, Corea del Sur y Japón están entre los países aliados que condenan con sanciones políticas y económicas la “operación especial” rusa. Pero unos lo saben aprovechar mejor que otros. Es el caso de Estados Unidos.

Bajo una lluvia de drones, Kirill Dmitriev confirmó la firma de este proyecto en el Foro Económico Internacjonal de San Petersburgo, donde, pese al incremento de las sanciones estadounidenses a Rusia 48 horas antes, la presencia de enviados de Trump no pasó desapercibida. “Funcionarios rusos y estadounidenses firmarán mañana un acuerdo para la construcción de un túnel bajo el estrecho de Bering, entre Chukotka y Alaska”, comentó el enviado del Kremlin.

Mis fuentes en Moscú me acaban de pasar la información, que en el mundo occidental tarda en llegar por la censura europea a los medios rusos: “El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI, por sus siglas en ruso) informó sobre la firma de un acuerdo para el diseño de un túnel a través del Estrecho de Bering, que conectaría Rusia y Estados Unidos. No proporcionó detalles sobre el proyecto. Esta ambiciosa idea ya había sido considerada hace más de cien años”, según informó RBC. 

La historia es muy bonita. Las ideas para conectar Rusia y los Estados Unidos por una carretera de transporte a través del Estrecho de Bering surgieron a finales de los siglos XIX y XX. Según publicaba The Telegraph en 1890, el gobernador de Colorado, William Gilpin, propuso construir un puente sobre el estrecho de Bering. The New York Times lo recogía también en 1906, cuando el emperador ruso Nicolás II permitió que el sindicato estadounidense, representado por el francés Loic de Lobel, comenzara a trabajar en un proyecto para crear una conexión ferroviaria de Siberia a Alaska con la construcción de puentes y túneles a través de este Estrecho.

Pero el proyecto se puso sobre la mesa en octubre del año pasado, tras reanudar ambos países las relaciones durante la visita de Putin a Alaska. La siguiente etapa es la preparación de un estudio de viabilidad del proyecto, al que se ha invitado a los representantes de los países asiáticos para participar en el diseño. No creo que haya ningún problema con Elon Musk, dada la ilusión que le hizo visitar China con su hijo pequeño, como parte de la comitiva comercial de Trump en su encuentro institucional con Xi Jinping.

Además, fue el mismo Dmitriev quien propuso la construcción de un túnel a Elon Musk, a través de un twit en X: “Imagina que el túnel Putin-Trump conecta a Rusia y Estados Unidos (sic). ¡Construyamos el futuro juntos!”. Efectivamente, el sueño de Donald Trump cuando llegó de nuevo a la Casa Blanca con una original propuesta para Vladimir Putin: “Te ayudo a reparar el Nord Stream -al parecer, sabían por dónde se había ‘roto’- y, cambio, yo me ocupo de distribuir tu gas por toda la Unión Europea”. Es que no tenemos memoria, pero en las hemerotecas podemos hallar esta feliz idea, alrededor de marzo del año pasado. Aunque parezcan mil años. 

Seguimos con el ambicioso túnel. Según el jefe de RDIF, “el proyecto puede implementarse en menos de ocho años, y su coste no superará los ocho mil millones de dólares”. Una minucia si, con ello, Estados Unidos consigue el petróleo y el gas que necesita Europa. Es decir, cumplirá su promesa de convertirse en el distribuidor de los recursos energéticos que tanto necesitamos desde que decidimos “auto sancionarnos” no comprándole el petróleo y el gas -barato- directamente a Rusia. Aunque, para ello, el gas ruso tenga que dar la vuelta al mundo…

En los últimos meses he publicado en este diario digital dos artículos sobre el pontífice que nos visita en España.

El primero se llama 'Los desafíos geopolíticos de León XIV'. Se refiere a tres acontecimientos dramáticos que adquieren una naturaleza global: las guerras que arrasan el planeta; la cuestión migratoria en nuestro invierno demográfico y la herida en el orden internacional infligida por Trump y Putin.

El segundo de los artículos lleva por título: 'El Papa americano contra la arrogancia del dinero“. Se centra en la posición nítidamente opuesta de Robert Prevost a su némesis, Donald Trump, un presidente que ha deteriorado el sistema constitucional de Estados Unidos.

En ambos artículos late una actitud de León XIV que se ha hecho aún más explícita y elocuente en su reciente encíclica 'Magnifica Humanitas'. Me refiero a la personalidad del Papa que afronta directamente una misión política y, a la vez, moral: la absoluta defensa de la democracia. Ello convive con las críticas que cabe hacer a una institución, la Iglesia católica, a la que le cuesta reconocer conductas como la pederastia o la discriminación interna a la mujer.

El alma democrática de los mensajes de León XIV tiene diferentes dimensiones. La más contundente, su discurso contra las guerras permanentes que se desencadenan en un mundo “devastado por tiranos” (Camerún, 16 de abril de 2026). No existe la “guerra justa” para León XIV, que considera sobrepasado ese viejo concepto, resucitado absurdamente por el vicepresidente de EEUU Vance.

El discurso del Papa contra la violencia le lleva a expresar en la encíclica la necesidad de “desarmar” la Inteligencia Artificial, una tecnología que puede debilitar la democracia misma.

La democracia en la que cree el pontífice se extiende más allá de la dinámica electoral. Lo dice así: “Tiendo a pensar que cuando la Iglesia habla acerca de la moralidad, el único asunto es el sexual. En realidad, creo que hay muchos más grandes e importantes asuntos, como la justicia, la igualdad, la libertad de religión, que deberían tener prioridad”. León XIV enuncia, pues, transformaciones más allá de la economía, a la que no considera ineluctable. Tampoco a la “idolatría del beneficio” en el orden postliberal.

La democracia no se desarrolla solo en el interior de la nación. León XIV propugna el multilateralismo ahora en asedio, entre otras cosas para que pequeños grupos no condicionen los procesos democráticos.

León XIV piensa en una democracia en la que tienen cabida los inmigrantes, “símbolo de los rechazados de la sociedad mundializada”. Se sitúa así en confrontación con la racista y creciente ultraderecha. Su interpretación de las migraciones recuerda al Papa Francisco, que la entendía como un resultado de la política colonial de los países occidentales.

En un mundo hambriento de autoridad moral, el Papa americano, opuesto explícitamente al presidente americano y a MAGA, deviene, sin pretenderlo, un líder global, precisamente cuando el planeta evoluciona de un modo preocupante, retrocediendo desde el orden liberal de la segunda mitad del siglo XX.

Es paradójico que la auctoritas papal tenga hoy un liderazgo internacional que transciende a los 1.400 millones de católicos, convirtiéndose en referencia de los valores democráticos para todas las personas, con independencia de su adscripción ideológica.

Ese liderazgo es hoy necesario. Sucede que, por vez primera en el último siglo, hay más autocracias que democracias en el mundo (datos del informe de 2025 de V-Dem), y que solo un 7% de los habitantes de La Tierra viven en lo que V-Dem llama “democracias liberales”.

Las democracias retroceden y el líder de la Iglesia Católica alza una voz supranacional para ponerse del lado de los derechos humanos. Así que León XIV llena ese espacio ahora vacío, que está siendo aprovechado por la política más reaccionaria e involucionista.

En un mensaje a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (14 de abril de 2026) León XIV afirmó que la concentración de poder tecnológico es una amenaza a la democracia y a la participación ciudadana.

Esa posición tan definida le ha conducido de modo natural a plantear, como dijimos antes, una deliberación crítica sobre la Inteligencia Artificial, cuya utilización incontrolada ve como una amenaza (posible, no determinante) a la propia democracia. Su encíclica expone el peligro que conlleva una concentración de poder tecnológico como la que ya hay en grandes corporaciones privadas.

En 'Magnifica Humanitas' no critica la tecnología basada en Inteligencia Artificial, sino la ausencia de responsabilidad en la propiedad en manos privadas de esa disruptiva tecnología. Es una cuestión de poder. No de tecnología.

León XIV lo dice así: “La tecnología tiene el poder para sanar, conectar, educar y proteger nuestra casa común; pero también puede dividir, excluir y generar nuevas formas de injusticia”. La tecnología nunca es neutral.

Cuando tecnologías digitales están en poder de un número limitado de actores privados, se requieren contrapesos poderosos, que protejan los datos personales y fortalezcan los procesos democráticos.

Nunca un pontífice de una monarquía electiva, la Iglesia, había teorizado de esa forma tan actual lo que es una verdadera democracia. Y ocurre cuando el retroceso de esa democracia en el mundo necesita de una fuerza ética que transcienda una concreta religión o creencia.

Ese rol lo ejerce de facto en estos momentos León XIV, nuestro visitante.

El verano pasado publiqué un artículo similar (El País, 26/26/2025).Tomo de nuevo la pluma para, sin asomo de espíritu acrítico, defender los principios que encarna el PSOE. Entonces nos encontramos con hechos graves protagonizados primero por Ábalos y después por Cerdán (ambos expulsados del partido). Hoy, otros asuntos, de distinto nivel, afectan a mi partido.

Conviene recordar que quienes delinquen (presuntamente) son personas y que las organizaciones sólo pueden ser declaradas penalmente responsables si sus dirigentes cometen delitos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto (del partido), lo que, hasta ahora, en modo alguno ha ocurrido.

En todos estos casos, lo que se juzga son conductas individuales, no el conjunto de ideas, creencias y valores fundamentales que estructuran la forma en que una persona o un grupo interpretan el mundo. Es decir, la ideología, que es como la ciencia política denomina a los valores descritos. Y la socialdemocracia, que encarna el PSOE, visto el estado del mundo, es más necesaria que nunca.

Por importantes y llamativos (mediáticamente) que resulten algunos casos, si la responsabilidad es individual, sobre el individuo debe recaer, sean situaciones que tienen más de cómicas y chapuceras (caso Leire, que parece, según el auto del juez, una prolongación del caso Cerdán dirigida a protegerse a sí mismo), o de distinto nivel, como el que afecta al presidente Zapatero (que tiene derecho a su defensa y los tribunales la obligación, en su caso, de mostrar de forma fehaciente su culpabilidad, lo que, visto el sumario, no creo que ocurra).

Sólo, pues, en el caso de que la organización hubiera obtenido un beneficio directo o indirecto, podría exigirse responsabilidad al PSOE. En todo caso, deben sus dirigentes colaborar estrechamente con la justicia e investigar a fondo las acusaciones para demostrar que jamás han sido cómplices de esas conductas presuntamente delictivas. En ello, como en tantas otras cosas, nos diferenciamos de las prácticas que utiliza la derecha española.

Se habla a menudo de lawfare, contracción de law ('ley') y warfare ('guerra') y que se traduce habitualmente como la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En este sentido, no creo que los tribunales españoles hayan caído en esa práctica, a pesar de instrucciones muy defectuosas, casualidades contrarias a la razón o condenas, algunas del máximo órgano jurisdiccional, muy discutibles. Y ello porque la Justicia es un conjunto, con mecanismos para depurar los excesos, arbitrariedades e injusticias.

De otra parte, conviene recordar que  el diccionario de lengua inglesa de Oxford define el lawfare como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. En este sentido, es evidente que ello ocurre en España. Desde hace ocho años, las fuerzas conservadoras (PP y Vox) han negado la legitimidad del actual Gobierno y han procurado, con artes dudosamente democráticas, incluyendo denuncias falsas ante los tribunales, derribarlo.

Hay demasiado en juego como para mirar hacia otro lado y adoptar una actitud pasiva. Y a quien afecta es al conjunto de la sociedad española. Las ideologías iluminan nuestra comprensión del mundo y la nuestra resulta esencial para la misma. Escribió Borges en un famoso poema: “No nos une el amor, sino el espanto”. A millones de españoles nos une el amor a unos principios que, de forma muy resumida, serían estos: queremos la paz, no la guerra; defendemos la radical igualdad de mujeres y hombres; luchamos por una mejor distribución de la riqueza a favor de la inmensa mayoría; queremos cuidar nuestro planeta para que no se extinga, ante las alarmantes muestras que ofrece el cambio climático. En todos estos campos, la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha arrojado resultados muy positivos, a pesar de los problemas que aún enfrentamos. Y no habría sido así con un Gobierno PP-Vox, como se encargan de recordarnos todos los días.

Si tuviera que elegir una sola imagen en la defensa de la gestión del presidente del Gobierno, que mereciera, por sí misma, el ejercicio del poder durante estos ocho años, sería esta: las portadas de los diarios nos han mostrado a todos los efectos trágicos de la guerra, injusta e ilegal, en Palestina: varias personas, presumiblemente sus padres o familiares, sostenían en sus brazos pequeños sudarios blancos de niños inocentes asesinados. Más de 50.000, según Naciones Unidas, han muerto así. Confieso, como Neruda, que he llorado, contemplando esa tragedia. Soy padre, soy abuelo, y cualquiera de nuestros niños podría haber sufrido esa suerte. No ha sido así, pues no nacieron en el lugar equivocado, como los niños de Gaza. En la terrible oscuridad del dolor, sólo queda un consuelo: la voz, primero única, luego con otros acompañamientos, clara, valiente, de Pedro Sánchez en defensa de los principios universales, los derechos y dignidad del ser humano. Sólo por ello merece mi reconocimiento permanente.

También nos une el espanto, que diría Borges. El espanto ante lo que puede venir de la mano de la derecha española, la que gobernó (PP) y ha abandonado sus principios relativamente moderados y reformistas, para abrazar los radicales de Vox y pretende, de nuevo, gobernar con ellos. La de quienes apoyaron descaradamente la guerra ilegal de Trump y Netanyahu o adoptaron posiciones tibias cuando vieron el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles a la misma. La de quienes se oponen a los derechos de la mujer o al freno al destructor cambio climático. En fin, la de quienes imponen eso que llaman la prioridad nacional, lo que nos llevaría a ser expulsados de la Unión Europea, pues deberían decirnos si restringir derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, Sanidad o Educación, o a ayudas vitales para el desarrollo de la personalidad, de carácter social o acceso a la vivienda, se negarán a ciudadanos europeos que residen en España, pues la prioridad sólo afectará a ciudadanos españoles.

Quienes así se comportan, no pueden gobernar España. Recuerdo los versos melancólicos del soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados”. Los muros de mi patria son la Constitución y la democracia, sometidos hoy a la continua tensión de quienes no aceptaron el resultado de las urnas, y se comportan en el Parlamento, ágora sagrada de la palabra, como artilleros que, primero disparan y después preguntan. Debemos impedir que esos muros se desmoronen y lo haremos con determinación. No piensen que bajaremos los brazos, sino todo lo contrario, en defensa de las creencias que profesamos.

Y, si en relación a las responsabilidades de mi partido yerro, seré el primero en exigirlas con voz clara y contundente.

Mientras las imágenes de destrucción de Palestina ocupan portadas y titulares, otra violencia continúa creciendo imparable lejos del foco mediático. La violencia sexual y de género contra niñas y mujeres palestinas aumenta exponencialmente en Gaza y Cisjordania. No es un daño colateral ni una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es una grave violación de derechos humanos que en este caso adquiere una gravedad especial por el contexto de genocidio, ocupación ilegal, desplazamiento forzoso, detención y colapso institucional.

Lo más preocupante no es solo que esta violencia exista. Es que el mundo sigue sin responder con la contundencia que exige. Y cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y del Derecho Internacional, cuando ignora la violencia sexual y de género, el silencio deja de ser neutral para convertirse en complicidad.

Las organizaciones palestinas, particularmente las feministas y las de derechos de las mujeres, llevan años documentando esta realidad con evidencias y testimonios. Gracias a ello, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU denunció, en marzo de 2025, que la violencia sexual (incluida la tortura sexual) se ha convertido en “una herramienta de la ocupación israelí, perpetrando genocidio y perpetuando el sistema de opresión mediante la intimidación de la población palestina y su desplazamiento forzoso”.

Esta violencia atraviesa toda la arquitectura de la ocupación, y se manifiesta en centros de detención, puestos de control, incursiones militares y ataques constantes. Es ejercida a diario por las fuerzas de seguridad y por los colonos israelíes, en un contexto de total impunidad. La violencia sexual es empleada sistemáticamente para aterrorizar, sobre todo, a mujeres y niñas y perpetuar, un sistema genocida y de opresión de toda la población palestina. Un engranaje integral que infunde miedo, vergüenza, castigo, aislamiento de las supervivientes, para fracturar y desplazar forzosamente a las comunidades palestinas tanto en Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Se trata de una de las expresiones más extremas de violencia.

Las cifras son devastadoras. Según ONU Mujeres, más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza desde octubre de 2023 hasta finales de 2025 y más de un millón han sido desplazadas. La destrucción deliberada de infraestructuras sanitarias y de protección ha dejado a cientos de miles de ellas sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva o de atención psicosocial. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500.000 mujeres carecen actualmente de atención básica. Al mismo tiempo, los refugios improvisados y los espacios superpoblados multiplican los riesgos de violencia sexual y de género. Un reciente estudio de ActionAid España señala que el 78% de las mujeres encuestadas en Gaza afirmó haber sufrido al menos una forma de violencia sexual o de género.

Un mismo patrón en muchos lugares

Sin embargo, Palestina no constituye una excepción. Lo que ocurre allí forma parte de un patrón documentado desde hace años en numerosos conflictos. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra, mecanismo de dominación y herramienta de represión política.

El último informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, presentado en abril de 2026 por la Representante Especial Pramila Patten, verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025. La cifra supone más del doble de la registrada el año anterior y la ONU advierte de que está muy lejos de reflejar la verdadera dimensión del fenómeno. Violaciones, esclavitud sexual y secuestros siguen utilizándose como arma de guerra y represión política en países como Sudán, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y República Centroafricana. Los casos documentados se caracterizan por una brutalidad extrema y afectan mayoritariamente a mujeres y niñas.

En Ucrania, la ONU documentó al menos 310 casos atribuidos a fuerzas rusas, incluidos abusos contra personas detenidas y prisioneros de guerra. En Sudán, la violencia sexual se utiliza de forma generalizada para aterrorizar y desplazar comunidades, con casos de violaciones masivas, esclavitud sexual y matrimonios forzados. En Haití, las bandas armadas emplean las violaciones y agresiones sexuales como mecanismo deliberado de dominación y castigo colectivo en los territorios que controlan.

El informe incluye además una lista de 77 entidades gubernamentales y no gubernamentales responsables de perpetrar violencia sexual en conflictos, entre ellas las fuerzas armadas y de seguridad rusas, israelíes, así como militantes de Hamás.

En el este de la República Democrática del Congo, entre enero y septiembre de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) denunció más de 80 000 casos de violación, lo que supone un aumento del 32 % con respecto al mismo periodo de 2024. Personal militar y grupos armados perpetran ataques contra grupos étnicos concretos; secuestros y raptos con fines de esclavitud sexual; y violaciones en granjas y otros lugares de trabajo o mientras las mujeres y las niñas se encontraban en tránsito. Además, los recortes repentinos de la ayuda internacional de Estados Unidos interrumpieron bruscamente la atención sanitaria de urgencia y otras formas de apoyo a miles de supervivientes de violencia sexual. Muchas contrajeron el VIH o quedaron embarazadas porque las clínicas y los hospitales del este del país se quedaron sin existencias de kits de profilaxis postexposición.

No son, por tanto, casos aislados; responden a un patrón de violencia muy específico que requiere una respuesta política igualmente sistemática. La violencia sexual no es exclusiva de un conflicto ni de un único actor armado. Está presente allí donde la guerra destruye instituciones, garantías jurídicas y mecanismos de protección.

La urgencia de un enfoque feminista

La aplicación de un enfoque integral de paz feminista implica ir más allá de la lógica de conflicto militar, exige medidas claras que garanticen la protección de la vida, la justicia y los derechos humanos. Exige investigaciones independientes, rendición de cuentas, garantía de financiación sostenida para organizaciones feministas, de mujeres y jóvenes. Y por supuesto, su participación efectiva en todos los espacios de negociación, reconstrucción y construcción de paz.

No puede olvidarse tampoco que explicar la violencia sexual en conflictos exige responsabilidad. Las mujeres y niñas palestinas, sudanesas, ucranianas, yemeníes o haitianas no son solo víctimas; son defensoras de derechos humanos, periodistas, sanitarias, estudiantes, lideresas comunitarias y sostén de sus familias en condiciones extremas. Frente a la violencia que sufren de forma sistemática, es imprescindible escuchar sus voces, proteger su dignidad y evitar narrativas que las revictimicen. Pero también lo es acabar con la impunidad: la justicia y la acción política deben actuar de manera urgente. La respuesta internacional no puede seguir dependiendo de intereses geopolíticos o ciclos mediáticos. La protección de mujeres y niñas frente a la violencia sexual debe ser una prioridad política global y nacional, y una obligación ética innegociable.

España tiene una oportunidad para demostrar ese compromiso. La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, que se celebra en Madrid bajo el lema “Construyendo Paz y Democracia”, no debería limitarse a declaraciones genéricas sobre igualdad. España y los Estados participantes en este encuentro deben abordar de manera explícita la prevención y respuesta a la violencia sexual en conflictos armados, incorporándola como una prioridad en sus presupuestos y en su acción exterior, humanitaria y de cooperación internacional.

Frente a crímenes que destruyen vidas, comunidades y generaciones enteras, el silencio alimenta la impunidad. Cuando la violencia sexual se utiliza como instrumento de guerra, callar no es una opción. No actuar tampoco.

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos. Y sería pernicioso que muchos los dieran” (Francisco Tomás y Valiente).

Hablamos de la tortura. Y ello nos lleva a recordar, como dijo Josep Fontana, que de las investigaciones realizadas se deduce “la brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos”. Desde este presupuesto analizamos lo siguiente.

Como, lamentablemente, acaba de ocurrir, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto rotundamente a la instalación de una placa en la actual sede de la Comunidad de Madrid en memoria de las víctimas de la dictadura, que tanto dolor sufrieron por su internamiento en los calabozos de dicha sede cuando era la Dirección General de Seguridad. Con la particularidad de que ha sido apoyada por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Una particular muestra y expresión de la “parcialidad” que vemos en ciertos sectores de la judicatura.

Parece que ni la presidenta ni los magistrados hayan leído el Acuerdo de 20 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En ella, el Gobierno acordó instalar una placa en dicha sede que mantuviera la memoria de unos de los espacios más violentos de la dictadura, la Dirección General de Seguridad. Acuerdo que pretende actualizar el papel central de dicha sede en la “represión política y social durante la dictadura franquista”. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas”, señala el texto, añadiendo que “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo”, hasta el punto de “extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar” a los detenidos por medio de una “extrema brutalidad”. “La represión desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española” y se convirtió en un “símbolo del terror estatal” que “evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”. Esta inmensa y dolorosa realidad es la que la presidenta Ayuso y los magistrados tratan de evitar que se difunda.

Para justificar, aún más, la necesidad de instalar en dicha sede la placa que abra a toda la ciudadanía la memoria de aquella tragedia, basta recordar las palabras contenidas en el informe del Consejo de Europa -marzo de 2006- que expresó con toda claridad y detalle lo que en uno de sus capítulos se denomina: 'Balance de los crímenes del régimen de Franco'. Informe que subraya que “la conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de los jóvenes”. Parece que las citadas autoridades ignoran este informe.

Para complementar lo expuesto, considero necesario rememorar lo que significó la Brigada Social y Política de la dictadura.

Es una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación relevante de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al fin de la contienda militar. La institucionalización de la represión, primero contra las personas fieles a la República y luego contra toda la oposición democrática, disponía de varios instrumentos básicos y necesarios para el ejercicio de su función. Entre ellos, estaban los diversos Cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada una de las Jefaturas Superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes Gobernadores Civiles.

Sin el concurso, primero, de las Comisarías de Investigación y Vigilancia y, después, de dichas Brigadas, los Consejos de Guerra y los Tribunales Especiales -como el TOP- no hubieran podido llevar a cabo su cometido. Para ello, contaban con una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la Dictadura a la que servían y protegían con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la Dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por Ley de 2 de septiembre de 1941, concentrando, con los servicios de Información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta -o no- a la autoridad militar o al TOP, detenciones arbitrarias e indefinidas en Comisarías o Centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Deben tenerse presente dos datos que reflejan el permanente hostigamiento policial de la oposición durante la dictadura. El primero, las detenciones políticas en España en 1961 fueron 1.335 y, en 1962, llegaron a 2.438. Segundo, el total de presos políticos en España al iniciarse el 1961 era de 15.202, entre ellos 1.596 mujeres. 

Debe destacarse la trascendental importancia que llegó a tener, entre otros medios violentos de investigación, la práctica de la tortura, tal como ha quedado ya reflejada en numerosas investigaciones históricas. Basta acceder a las fuentes documentales de quienes, como espina dorsal del régimen, la practicaron gravemente. Ciertamente, tenemos constancia de ello por el testimonio de sus víctimas. Así resulta del de Marcos Ana, Elena Cuartero García, María Salvo Iborra, Heriberto Quiñones, Vicente Cazcarra, Pedro Vicente, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Moisés Hueso Mateo, Francisco Díaz Iniesta, Carles Vallejo y tantos otros miles. Todos, sin excepción, según el gran luchador por la democracia, Miguel Núñez, “quedaron destrozados física y moralmente”.

Las actuaciones de estas Brigadas se mantuvieron activas hasta el periodo final de la Dictadura y la Transición; así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico en la que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaban en esa etapa bajo la dirección de Saturnino Yagüe González “que trabajaba desde 1958 en estos menesteres” y la constante y durísima actuación de Pedro Polo, Eduardo Quintela, Juan Estévez, del “Comisario Ballesteros en Valencia”, el Jefe de Policía de Tenerife José Matute, de González Pacheco, de Carlos Domínguez, de Eleuterio Fernández-Girón, del Inspector Pena, de los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix, Eugenio Nicolás, etc.  Basta examinar las detenciones policiales por razones políticas y sindicales producidas durante el periodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976-un total de 2.815- para valorar el verdadero alcance de la represión. (Fuente: Gabinete Técnico del Ministerio de la Gobernación). A partir de dichos datos, es razonable asumir la hipótesis de que 53.500 personas aproximadamente sufrieron represión en el último periodo del franquismo. Actividad que exigía una amplia y diversificada organización que era similar en toda España. Como la de Catalunya, la VI Brigada Regional, que disponía en 1974 de la siguiente estructura. Grupos: “Jefatura, Secretaria, Servicio de Guardia-Grupo VI, Servicio de Universidad-Grupo VII, Servicios Extraordinarios Prolongados, Asuntos laborales-Grupo I, Actividades catalanoseparatistas -Grupo II, Actividades comunistas-Grupo III, Actividades Anarquistas, Trotskistas y sociales-Grupo IV y Escoltas y Sectas-Grupo V”, disponiendo para esos fines, en dicho año, de 120 funcionarios de plantilla. Y, desde luego, la relación directa de dichas Brigadas con los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, reunión y manifestación. Basta con citar los cinco cometidos en Vitoria en 1976.

En 1975, “continuaban a buen ritmo los apaleamientos y las vejaciones a base de palizas con la porra, con cuerdas o con toallas mojadas, quemaduras con cigarrillos, contusiones generalizadas o cortes con cuchillas de afeitar”. Torturas que determinaron en su día los Manifiestos contra la misma de 1963 (sobre la tortura en Asturias), de diciembre de 1968 (Documento suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976. En la obra de N. Sartorius se contiene una reflexión, tomada de Antoni Batista, sobre la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan los atestados e informes de dichas Brigadas, porque, lo que hoy puede hacer sonreír, “por la propia redacción macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu”, ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no puede ni debe olvidarse.

La organización de la policía política contó desde siempre con colaboradores externos, particulares, funcionarios y agencias privadas de información, además de la extrema derecha, para vigilar, informar y, sobre todo, las delaciones, dados los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Datos que las autoridades policiales aprovecharon al máximo.  

Pese a la enorme gravedad de lo expuesto, la Transición, concretada en la Ley de Amnistía, impidió la persecución procesal y consiguiente sanción penal de tantos y tantos delitos de tortura. Y, hoy, la Justicia, continúa cerrando el paso a una investigación rigurosa de dichos delitos invocando, erróneamente, la prescripción de los mismos, cuando no la Ley de Amnistía, como así ha ocurrido, injustamente, ante la denuncia formulada por Carles Vallejo ante el Juzgado de Instrucción 18 y la Audiencia Provincial de Barcelona, por los 21 días de internamiento en las celdas de la Comisaria de Vía Layetana, sufriendo toda clase de durísimos malos tratos y torturas.

Estimo necesarias las palabras de Guy Aurenche. “La tortura institucionalizada no es solamente la negación misma del hombre, sino también la negación misma del papel que ha sido confiado al Estado por las sociedades humanas.De ahí, el carácter particularmente tortura institucionalizada”. Una gravísima realidad que la Presidenta y los magistrados parece que quisieran olvidar.

Y una observación necesaria. El art.2.3 de la Ley de Memoria Democrática dispone lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretaran y aplicaran de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Basta ya de excusas vacías para no perseguir los crímenes de la dictadura.

A lo largo de mi trayectoria, he sido testigo de numerosas transformaciones sociales e institucionales. Sin embargo, pocas han planteado una oportunidad y un desafío tan profundos a nuestras estructuras de convivencia como la actual revolución de la Inteligencia Artificial. En este escenario de cambio acelerado, la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV irrumpe con fuerza como un lúcido tratado de gobernanza y una brújula estratégica y moral para nuestro tiempo.

En LLYC solemos decir que las organizaciones se enfrentan constantemente a su “momento de la verdad”. El texto del Papa sitúa a la sociedad entera ante uno de esos momentos: una elección histórica y decisiva entre levantar una nueva torre de Babel tecnológica, cimentada en la uniformidad y el dominio, o asumir la tarea de reconstruir los muros de nuestra Jerusalén compartida, mediante el esfuerzo conjunto, el diálogo y la responsabilidad.

La Inteligencia Artificial es una herramienta extraordinaria con un inmenso potencial para aportar grandes beneficios, mejorar los servicios, curar y abrir nuevas posibilidades para la humanidad. No obstante, la encíclica recuerda que la tecnología no es moralmente neutra, ya que refleja las prioridades y valores de quienes la diseñan y entrenan. Uno de los grandes retos de esta transición es cómo afecta al debate público. Si bien la IA puede dinamizar el conocimiento, también puede actuar como un potente multiplicador de desinformación, difuminando la frontera entre los datos objetivos y las opiniones. En un entorno donde los algoritmos a veces premian el antagonismo y la confrontación, se corre el riesgo de polarizar a la sociedad y exponer a las instituciones a crisis de legitimidad. La democracia es un ecosistema frágil que se nutre de la confianza, y el conflicto perpetuo bloquea los consensos necesarios para que la innovación rinda sus mejores frutos. He repetido muchas veces que la democracia no se defiende sola, que no hay una ley natural que obre en favor de la igualdad, la justicia y la verdad, que nos corresponde a todos defenderla todos los dias, a todas las horas y en todos los lugares. También en el espacio digital.

Ante la complejidad de estos retos globales, desde el sector privado estamos llamados a ejercer un liderazgo constructivo. El propio León XIV nos interpela a las organizaciones a ir más allá de la transmisión de información para impulsar una verdadera “ecología de la comunicación”. La legitimidad social de las empresas en el futuro dependerá en gran medida de su capacidad para actuar como agentes de cohesión. Debemos asegurar que las tecnologías y las plataformas digitales sirvan para

crear espacios que fomenten la argumentación serena, protejan el pensamiento crítico y defiendan la verdad de los hechos como un bien común irrenunciable.

Ante este escenario, el desarrollo de la IA requiere un marco ético claro que maximice su potencial con criterios de inclusión. La encíclica apela directamente al sector empresarial para ir más allá del cumplimiento normativo, aplicando una rigurosa debida diligencia (due diligence) en sus desarrollos. Las empresas e inversores líderes deben adelantarse mediante sistemas de verificación ética que protejan los derechos fundamentales, asumiendo una transparencia total (accountability) en el uso de decisiones automatizadas. El objetivo es asegurar que la tecnología cumpla su propósito más noble: ayudar y potenciar verdaderamente a las personas y hacer, como dice León XIV que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable

Para ilustrar el camino a seguir en esta transformación, el Papa utiliza la potente imagen del líder bíblico Nehemías: frente a una ciudad de Jerusalén en ruinas, él no impuso soluciones desde arriba ni actuó en solitario; al contrario, convocó a las familias, coordinó los esfuerzos y confió a cada sector de la sociedad un tramo de la muralla para su reconstrucción.

Esta es la visión estratégica que necesitamos hoy para gobernar con éxito la Inteligencia Artificial. Ningún actor puede resolver la complejidad de estos desafíos por sí solo. En este sentido, como señala mi amigo y profesor Diego S. Garrocho en otra tribuna sobre este texto, “hablar con todos, negociar con todos, dialogar con todos en nombre de la vulnerabilidad humana es el primer paso indispensable para reconstruir un mundo que, a ojos de todos, se encuentra irremediablemente herido”.

En definitiva, es el momento de actuar como auténticos constructores de puentes, tendiendo lazos firmes entre el sector público y el sector privado. Porque sólo mediante una colaboración estrecha, una regulación inteligente y una innovación empresarial responsable podremos levantar, como en tiempos de Nehemías, esa muralla compartida que proteja la convivencia y garantice que la revolución tecnológica esté verdaderamente al servicio de las personas y del bien común.

La sucesión de alertas epidemiológicas ha terminado por normalizar lo que hasta la fecha considerábamos excepcional. Hemos vivido cómo brotes de enfermedades infectocontagiosas, los más recientes de hantavirus o ébola, ocupaban los titulares durante unos días para después diluirse, aunque la advertencia que contienen siga ahí. Existe la percepción errónea de que estas patologías son propias de otros países geográficamente lejanos y no del nuestro, pero debemos tener en cuenta que con relativa frecuencia se atienden en nuestro país casos de enfermedades de este tipo como la fiebre del Nilo, el Chikungunya o la infección por el virus Zika. Todas estas alertas son síntomas de un cambio mucho más profundo. Debemos aceptar que las enfermedades emergentes han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una amenaza real. La pandemia por COVID-19 no fue un accidente aislado, sino el gran aviso de un nuevo paradigma sanitario. 

Durante años, muchos sistemas de salud se han diseñado pensando fundamentalmente en el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y la mejora progresiva de la esperanza de vida. La idea de una crisis infecciosa global capaz de paralizar países enteros parecía pertenecer más al terreno de la ficción que a la realidad cotidiana. Hasta que todo cambió. 

La pandemia tensionó los hospitales, agotó a sus profesionales y puso frente al espejo las debilidades de sistemas sanitarios que, pese a su desarrollo tecnológico, no estaban preparados para responder a una emergencia de semejante magnitud. Se puso de manifiesto la falta de recursos materiales, pero también de planificación, coordinación y capacidad de adaptación. Y aunque la emergencia más aguda haya quedado atrás y ahora la percibamos como lejana, las sucesivas alertas epidemiológicas demuestran que la amenaza sigue vigente. 

Vivimos en un mundo globalizado donde un brote localizado puede extenderse rápidamente a escala mundial. El cambio climático, la deforestación, la movilidad humana y el contacto cada vez más estrecho entre personas y animales favorecen la aparición de nuevos patógenos o la expansión de otros ya conocidos. La consecuencia es evidente, las necesidades sanitarias están cambiando. Hoy ya no basta con disponer de buenos hospitales, sino que es imprescindible contar con sistemas sanitarios flexibles, capaces de anticiparse, resistir y responder con rapidez ante crisis sanitarias complejas. 

En ese escenario, hay un ámbito que se ha convertido en un auténtico termómetro de la fortaleza sanitaria de un país: la medicina intensiva. Durante la pandemia por COVID-19, las unidades de cuidados intensivos dejaron de ser espacios desconocidos para la mayoría de la población y pasaron a simbolizar, no solo la esperanza de la supervivencia, sino también el límite entre el colapso y la resistencia del sistema sanitario. Las cifras diarias de camas de UCI ocupadas se transformaron en un indicador colectivo del estado de la emergencia. 

Sin embargo, reducir la medicina intensiva a un conjunto de respiradores, EPIs y tecnología sería un error. Detrás de cada unidad de cuidados intensivos hay profesionales altamente especializados que trabajan bajo presión constante y están entrenados para tomar decisiones críticas en cuestión de minutos. Médicos intensivistas, personal de enfermería, auxiliares, fisioterapeutas y otros especialistas sostuvieron durante meses una presión asistencial inédita, muchas veces en condiciones extremas y con un enorme desgaste físico y emocional. 

La experiencia reciente debería haber dejado una lección clara, reforzar la medicina intensiva no es únicamente prepararse para futuras pandemias, sino fortalecer la capacidad global de respuesta del sistema sanitario. Porque las UCI no solo atienden infecciones graves, también representan la última línea de defensa ante múltiples emergencias médicas y catástrofes colectivas. 

Pese a ello, existe una tendencia colectiva a olvidar rápidamente las crisis una vez desaparece la sensación inmediata de amenaza. Pasado el impacto social de la COVID-19, el debate sanitario ha vuelto en muchas ocasiones al redil de la urgencia presupuestaria, de las listas de espera y del corto plazo político. Y, sin embargo, todo apunta a que las enfermedades emergentes  seguirán formando parte de nuestro horizonte durante las próximas décadas. 

La gran cuestión ya no es si volverá a producirse otra emergencia sanitaria global, sino cuándo ocurrirá y cómo de preparados estaremos. La respuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad para entender que la sanidad del siglo XXI necesita nuevas prioridades: inversión sostenida en salud pública, en la formación de sus profesionales, en investigación biomédica y en el desarrollo de sistemas hospitalarios resilientes donde la medicina intensiva ocupe el lugar estratégico que realmente tiene. 

Las nuevas amenazas sanitarias han cambiado las reglas del juego. Ahora falta decidir si los sistemas de salud también están dispuestos a cambiar con ellas. 

Estos días España acoge, en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la V Conferencia de Política Exterior Feminista. Madrid se convierte así en capital mundial de la igualdad y el feminismo, valores que se encuentran en el centro de nuestra política exterior.

Una cita en la que más de 60 países, ministras y ministros de Exteriores, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil nos reunimos para reflexionar y avanzar en igualdad de género en todo el mundo. Para decir bien alto que la igualdad es la causa más justa de la humanidad y que la democracia no está completa si no lo es para todos y para todas.

La celebración de esta edición de la Conferencia de Política Exterior Feminista en nuestro país es una muestra del compromiso de España con la promoción de la igualdad de género. España es uno de los países del mundo más avanzados en igualdad de género y nuestra política exterior feminista es ya referente en el mundo. Nuestra voz en favor de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo inspira a otros a seguir nuestros pasos.

Esta Conferencia tiene lugar en un momento internacional marcado por la inestabilidad, la conculcación del derecho internacional, el regreso de la violencia y la guerra como forma de resolver conflictos, y el retroceso en derecho. Por ello, es una cita imprescindible. Porque necesitamos espacios para unirnos y trabajar juntos por la paz, por el diálogo, por la igualdad, y por los derechos humanos. Somos muchos más los que estamos comprometidos con estos valores, y nuestra voz y nuestra acción es más necesaria que nunca.

Hoy más que nunca necesitamos una política exterior feminista porque derechos que nos ha costado décadas conseguir vuelven a ser cuestionados, y porque en muchas regiones del mundo mujeres y niñas no tienen garantizados sus derechos más básicos: la salud, la educación, la seguridad, la participación en la vida pública.

Necesitamos una política exterior feminista para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar más pacífico, más democrático y más justo. Precisamente, esta Conferencia lleva por título “Paz y Democracia”, porque esos valores tan básicos están cuestionados y debemos defenderlos más que nunca.

España sitúa estos principios en el centro de su política exterior. Lo hacemos a través de nuestra cooperación internacional para el desarrollo, de nuestra acción humanitaria, de nuestra participación en las organizaciones multilaterales, y de nuestro diálogo con nuestros socios en todo el mundo. Asumimos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo con acciones concretas: situando la Política Exterior Feminista como una prioridad de nuestra acción exterior; manteniendo el apoyo al Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria de Naciones Unidas en este momento crítico porque sin financiación suficiente resulta difícil impulsar nuestra agenda; con la creación, junto a otros países iberoamericanos, de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras para fortalecer la presencia de mujeres en los ámbitos diplomáticos y de resolución de conflictos; con la adopción de la primera Estrategia de Cooperación Feminista y de un nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad.

España recoge hoy el testigo de esta Conferencia tras Berlín, La Haya, Ciudad de México y París para consolidar el paso de una fase declarativa de la Política Exterior Feminista a una fase de aplicación, de financiación y rendición de cuentas. Es el momento de ampliar la base política y geográfica de la política exterior feminista, alejándola de percepciones excluyentes o regionalizadas. Abordaremos asuntos como la financiación para la igualdad, un multilateralismo más inclusivo, cómo contribuir a mejorar la situación de las mujeres en Afganistán, el papel de los hombres y los niños como agentes de cambio y también como beneficiarios de sociedades más igualitarias, el papel de las mujeres y las niñas en la construcción de la paz, cómo la política exterior feminista debe contribuir también a la gobernanza democrática del espacio digital y al desarrollo ético de la inteligencia artificial

En definitiva, Madrid será estos dos días mucho más que la sede de una conferencia de ministras y ministros de Exteriores. Será el lugar desde el que juntos y juntas reivindiquemos seguir avanzando en política exterior feminista. Porque la igualdad y la inclusión son fundamentales para construir un presente y un futuro más pacífico, justo, democrático e igualitario.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

Cuando el martes 19 de mayo se conoció la imputación de Zapatero, con la formidable repercusión política que provocó, hubo a quien extrañó que el magistrado retrasara su convocatoria a declarar hasta el 2 de junio lo que, como era imaginable, ha mantenido en un limbo insoportable la agonía mediática del expresidente, condenado a sufrir los insultos de Fortuna y los golpes y dardos diarios de la prensa, en silencio. El plazo parecía fiado muy largo si la intención era únicamente permitir que el implicado pudiera tomar conocimiento de las actuaciones. Pasados unos días, se vislumbra una hipótesis bastante plausible de esta demora: dando estas dos semanas de margen, el magistrado habría querido dar tiempo a que la UDEF terminara un análisis preliminar del material requisado en las entradas y registros realizados el mismo día 19, de tal manera que Zapatero no solo afrontaría en su declaración preguntas sobre los supuestos indicios que justificaron su imputación inicial sino también por todo aquello que la policía hubiera encontrado, en su caso, en los registros de los despachos.

Esta circunstancia acreditaría tres cosas: la primera, mirando hacia el pasado, que la gestión del gotero mediático que marca nuestra vida pública y la manija de la Justicia siguen estando en manos de las fuerzas de seguridad. Instruyen procedimientos, redactan resoluciones, llaman a declarar a testigos... Ya no hay jueces en Madrid. Tomémoslo con humor: cuando se han conocido los atestados de los que se nutrió Calama al redactar su auto, me resultó inevitable recordar a Borges, quien nos diría que el juez no copió ni transcribió el original; su admirable ambición habría sido el producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con el atestado, asumiendo el misterioso deber de reconstruir literalmente una obra espontánea. Es probable que, como Pierre Menard, el juez haya multiplicado los borradores, corregido tenazmente y desgarrado miles de páginas manuscritas para elaborar un auto verbalmente idéntico pero casi infinitamente más rico que el atestado.

La inicial decisión del juez de fijar la declaración de Zapatero para el 2 de junio tendría una segunda lectura, mirando al presente. Y es que anticipa un asombroso cambio de enfoque en la investigación. De repente, el rescate de Plus Ultra parece haber quedado en un segundo plano para convertir el procedimiento, sin mayor sorpresa de nadie, en una causa general contra Zapatero. Las noticias que se van sucediendo, en buena medida mediatizadas por su origen, nos ofrecen un escenario dantesco que incluyen el sondeo de toda la actividad profesional del expresidente en los últimos años, dejando flotar en el aire interrogantes sobre la totalidad de sus clientes, ingresos y haberes, sin excluir collares, con dudas que se extienden a la empresa de sus hijas. El hecho investigado, en principio, resultaría bastante concreto y delimitado en sus perfiles, pero en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto en la picota toda la vida mercantil del expresidente y sometido todos sus contratos, comunicaciones, reuniones y llamadas al cedazo de la indagación policial, no tanto para ver qué ha pasado, sino más bien para ver qué pasa, en expresión de un lúcido magistrado.

En este contexto, donde ya no se investigan hechos, sino que se investiga a una persona, el contenido del escrutinio se desboca y durará años, como asume sin alarma la prensa otrora sensata. ¿Cómo podrá prolongarse tanto tiempo si la ayuda a Plus Ultra es un simple expediente administrativo? Quizás tenga millones de folios, no lo he visto, pero no da esa impresión. Durará años porque se investigarán otras cosas. Y no solo eso: tengo el pálpito de que, como en todas las causas generales, cuanto menos encuentren, más durará, porque a medida que pasa el tiempo más insufrible será asumir por la Justicia el desastre de un proceso vacío, condenado a realimentarse con más y más iniciativas que servirán únicamente para justificar las anteriores.

Por el contrario, si llega a haber pruebas sólidas contra Zapatero, cosa que no descarto en absoluto (siempre estamos a un suspiro de que se descubra un mensaje revelador), no duden de que la investigación será bastante breve. En definitiva, y si me permiten la tontería, las causas generales son como el coseno de un ángulo: al irse reduciendo, tienden al infinito yéndose por la tangente.

La consecuencia derivada de ello es que Zapatero, lógicamente, ha tenido que pedir un aplazamiento de su declaración con la idea --presumo sin saber-- no solo de estudiar la causa con detenimiento, sino sobre todo de valorar lo que va llegando y lo que está por llegar, para declarar solo cuando pueda saber con un cierto margen de concreción los hechos por los que se le preguntará. Mientras tanto, la torrentera de información que a diario nos cae sobre la cabeza con reuniones, facturas, relojes, llamadas, radiadores, cacheos, joyas, dimes y diretes va minando una opinión pública espantada y reduciendo irremisiblemente el margen de maniobra político. Porque esperar en un portal a que escampe, como bien sabemos los compostelanos, tiene un serio riesgo: a medida que llueve, se multiplican los charcos que tendremos que sortear cuando finalmente nos decidamos a dar el paso y levantarnos en armas contra el océano del mal.

Por último, la decisión del juez mueve a otra reflexión, ya enfocada al futuro. El cambio de perspectiva de la instrucción, para convertirse en una causa general, ofrece la paradoja de vaciar el objeto procesal que le es propio, de tal forma que, al abarcarlo todo, deja sin apretar el hecho que lo originó. Por ello, es previsible que el procedimiento vaya olvidándose poco a poco del expediente de Plus Ultra, que habría servido de anzuelo para descerrajar el proceso, y siga su derrota sobre aspectos que nada tienen que ver con aquella ayuda. Se admiten apuestas, pero las recientes informaciones que nos van llegando, y que nos alertan de las graves deficiencias del auto de Calama, con errores de fechas, saltos argumentales y contradicciones internas, apuntarían en esa dirección: el procedimiento puede estar preparándose a dejar caer esta imputación concreta, de tal forma que aun cuando se demuestre que Zapatero no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea, ni influyó en nadie con poder de decisión para concederlo, no servirá de nada. La bomba de racimo de una causa general ya se ha activado --era inevitable-- a través de la decisión del juez de abrir piezas separadas, ese fascinante artilugio que funciona a modo de cambio de agujas procesal que permite acomodar la investigación, desviarla de lo que vas encontrando y centrarla en lo que quieres encontrar.

El auto de este Pierre Menard ya anticipaba parte de esta deriva. En particular, en lo relativo a la empresa de unos hermanos, de la cual se ignora qué relación puede tener con Plus Ultra y qué vela sostiene en este entierro político. Se nos dice que la empresa se utiliza como caja para pagar unos servicios que, lejos de ser inexistentes, son de tan alto calado que, según el auto, trascienden “con mucho el ámbito de una transacción mercantil ordinaria” y donde el pecado de Zapatero habría sido demostrar “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” de otros países. ¿Qué delito será esto?

En fin, tal vez lo más sugerente de esta empresa de la que hablo sea su propia denominación que, por esas arrebatadas casualidades que nos ofrece la ironía del azar, podría ser el exacto y certero nombre del equipo policial encargado de seguir la pista de la vida del expresidente: Inteligencia Prospectiva.