Otra movilización más. Este martes parte de las 91 familias del pueblo sevillano de Écija se ha concentrado a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo, para reivindicar la titularidad pública de sus viviendas que han pasado a una empresa privada. Los vecinos astigitanos han pedido nuevamente al Gobierno andaluz que ejerza el derecho de retracto para recuperar sus casas que fueron adquiridas por la sociedad mercantil Desarrollos urbanísticos la Ría del Rompido, S.L. por 1,4 millones de euros en julio de 2020. Es decir, a poco más de 15.300 euros por vivienda.
“Pedimos a la Junta que se haga cargo”, dice Carmen Rosa Díaz, que resalta que la situación empieza a afectar a los vecinos. “Ni comemos ni dormimos. Estamos malos de los nervios”. “Lo llevo fatal. La Junta nos ha abandonado y parece que no tiene arreglo”, se resigna Ricardo García, que lleva 21 años su casa.
Los vecinos explican que la nueva propietaria no se ha puesto en contacto, pero los rumores de subida de alquiler están presentes. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida. Actualmente el alquiler de la mayoría de los vecinos es de unos 80 euros mensuales. “Yo no puedo pagar más. Si pagamos el piso no comemos, no tenemos luz”, apunta Díaz. García tampoco puede afrontar una subida del alquiler. “No nos echan, nos vamos a tener que ir nosotros porque no podremos pagar. Somos 91 familias vulnerables”, dice Valle Miranda, una de las portavoces.
La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial.
El Ayuntamiento de Écija (PSOE) y los inquilinos afectados se quejan de que la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación haya “dejado pasar” el plazo para ejercer el derecho de retracto. Este mecanismo jurídico facilita el rescate de las viviendas públicas después de una compraventa. La administración tiene 60 días naturales para activarlo después de que las propiedades hayan pasado a un nuevo adjudicatario.
Como ya se hizo eco este diario, la consejería que dirige Marifrán Carazo sostiene que “no hay base legal” para el ejercicio del derecho de retracto. Las fuentes consultadas insisten en una modificación legislativa realizada al final de la última legislatura socialista en la Junta de Andalucía y exponen que este derecho sólo se puede realizar en aquellas viviendas protegidas cuya transmisión “no resulte de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria”. Además Carazo recordó en sede parlamentaria que los derechos de tanteo y retracto para “las segundas o posteriores transmisiones” de viviendas públicas dejando fuera a las primeras.
El Ayuntamiento de Écija se aferra al precedente de la localidad sevillana de Santiponce donde en noviembre de 2018 el consejero socialista de Fomento y Vivienda, Felipe López, activó el derecho de tanteo para adquirir 58 inmuebles y evitar que pasasen a un fondo de inversión. López defendió en declaraciones a este diario que su consejería utilizó esta herramienta para garantizar “la permanencia de los residentes frente a ejecuciones hipotecarias” ya que se respetan “las condiciones de los contratos para familias en situación de vulnerabilidad y con dificultades de acceso a una vivienda”.
“Entendíamos que la situación de Santiponce de 2018 sentaba doctrina. Si entonces fue viable, ¿por qué ahora no?”, dice el teniente de alcalde de Écija, Sergio Gómez en declaraciones a elDiario.es/Andalucía.“La pelea sigue”, ha resaltado porque, a su parecer, la actuación de la consejería de Fomento se basa en el informe jurídico de Santiponce, que otorga el derecho de tanteo. “Si hay algo nuevo, no nos lo han dicho”. “Si no se va a ejercer el derecho de retracto, se dice. Pero se escudan en un informe jurídico sin fundamento jurídico”, ha rematado el alcalde de Écija, David García.
El Ayuntamiento de Écija está a la espera de la resolución del recurso de alzada presentado a finales de julio y por el que pretende impugnar la decisión de la consejería de Fomento y recuperar la titularidad pública de las viviendas. “Tienen tres meses para contestar. Todavía están en plazo”, dice Gómez que ha acudido a la concentración en San Telmo. Gómez se ha quejado además de la “deslealtad institucional” y de “las deficiencias en el tiempo y forma de las comunicaciones con la Junta”. Son algunos de los argumentos por los que cree que el fallo puede ser favorable para su consistorio.
Al acto también han asistido varios representantes políticos como la portavoz socialista de Fomento en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, que ha culpado al Gobierno de Moreno Bonilla de una situación cuya compañera, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha recriminado su “falta de compromiso” con las 91 familias astigitanas.
También han arropado a los vecinos el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, que ha estado acompañado de Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y de otros parlamentarios de Unidas Podemos por Andalucía. “El Partido Popular está poniendo el puente de plata a los fondos buitre y está permitiendo que se hagan con todo. Ahora también con lo que es patrimonio público como son las viviendas sociales”, ha expresado Valero.
Las 91 familias tienen la intención de “seguir luchando” y ya se han organizado nuevas movilizaciones en Écija para finales de este mes y para octubre. “No vamos a parar. Lo que queremos es una respuesta”, dice Miranda.
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