El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra 18 personas por un intento de ocupación de viviendas en el número 42 de la calle Macarena de Sevilla el 16 de febrero de 2018. Seis de ellos, conocidos como 'los seis de la Macarena', estuvieron dos meses en prisión preventiva. La Fiscalía les imputa delitos de usurpación violenta, daños, atentado a agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y maltrato de obra, si bien las inculpaciones varían según el acusado. El juzgado ha requerido a los procesados para que presten fianza de 21.914.57 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.
Personas sin hogar y activistas en defensa del derecho a la vivienda, con el apoyo de la Corrala Dignidad, decidieron pernoctar entre colchones y mantas en las nuevas viviendas, aún entonces pendientes de entrega, pero apenas tardaron unas horas en ser desalojados por la Policía Nacional. A la mañana siguiente, según diversas fuentes, un aparejador se dio cuenta de la situación y alertó a la Policía. Agentes de paisano incluso se presentaron en el lugar, empezó el desalojo y el enfrentamiento saldado con lesiones entre los protagonistas de la ocupación y los propios efectivos policiales, base de la acusación judicial que ahora pesa contra ellos.
Entre los seis encarcelados (de 21, 22, 24, 33, 33 y 40 años de edad) se encontraba un joven para quien la propia Universidad de Sevilla había pedido su puesta en libertad para que pudiera seguir con su Grado en Antropología Social. Sus padres habían pedido al juez que revisara la trayectoria de su hijo y que reconsidera la continuación de una medida que consideraban “desproporcinadísima”. “Que nos metan dos meses en prisión preventiva por ocupar una vivienda es una vergüenza”, dijeron a eldiario.es Andalucía un par de acusados al salir de la cárcel.
Decía el auto de prisión, al que tuvo acceso este periódico, que los entonces encarcelados actuaron “de común acuerdo entre sí y con un grupo de personas no inferior a treinta”, “de manera coordinada y violenta”, agredieron al citado aparejador y a los policías que se personaron en el lugar, causando además daños en las cerraduras de las casas por valor de 20.000 euros. “Resulta evidente la procedencia de la medida de prisión”, estableció el juez. Uno de los agentes empuñó durante los incidentes su arma reglamentaria aunque sin desenfundarla, según el atestado policial que ha podido ver este medio y que recoge los hechos resumidos por el juez en el auto de prisión.
Según Luis de los Santos, abogado de la Cooperativa Jurídica Derechos del Sur, “el relato del Ministerio Fiscal parece sacado de un libro de terror”. “Hace un relato basado únicamente en la versión de la promotora de viviendas y de los funcionarios de Policía que, por cierto, algunos son propietarios de esas viviendas, con lo que su relato debería quedar al menos en entredicho. Es un relato fantástico en el que relata episodios de presunta violencia que ni siquiera han sido demostrados indiciariamiente”, opina el letrado.
“Desde el princio este caso, es modelo de lo que no debe ser el derecho penal: desproporcionalidad, indefensión, y derecho penal de autor. Se estiran los tipos penales, incluso a personas sin antecedentes en algunos casos, y se solicitan penas en su grado máximo, totalmente desproporcionadas y creemos que ejemplificadoras, y con un mensaje claro de criminalización al movimiento a favor de una vivienda digna en Sevilla. Se olvida el escrito de acusación que estas personas eran en su mayoría personas sin hogar y jovenes estudiantes apoyados por organizaciones en defensa de los derechos humanos que querían visibilizar el grave problema de vivienda que existe en la ciudad”, apunta De los Santos.
Cabe recordar que Participa Sevilla, Izquierda Unida y Podemos Andalucía pidieron públicamente la excarcelación de estas personas por la “desproporcionada medida” de ingresarlos en prisión preventiva durante dos meses.