Desde el 1 de abril, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Sevilla acampan frente al Ayuntamiento. No es una huelga, sino “un asentamiento indefinido” con el que reivindican a la administración local que vuelva a gestionar de manera directa este servicio “esencial” para las personas dependientes. Así lo explica Lorena Aznar, una de las profesionales que lleva más de 20 días “durmiendo a la intemperie” y sacrificando su tiempo libre con la esperanza de mejorar sus condiciones laborales.
Mientras amamanta a su bebé en plena calle, Lorena cuenta que las trabajadoras de este sector dejaron de ser personal laboral del Ayuntamiento hace más de 25 años. Desde entonces, la atención a domicilio está en manos de “empresas intermediarias” que subcontrata el Gobierno municipal. Un cambio en la gestión que, a ojos de quienes ejercen esta labor “vocacional”, se ha traducido en una paulatina “precarización” del sector.
“Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explica Lorena por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”. Tanto es así que otra compañera y representante sindical, Ana Richarte, asegura que las auxiliares están “esclavizadas”.
Más allá del impacto que tiene esta situación en la esfera personal de cada una de las auxiliares (3.000 solo en la capital), ellas lamentan que las condiciones que denuncian estén mermando la calidad de vida de los usuarios a los que atienden: “Nuestra labor es alargar la calidad de vida de las personas dependientes, pero estas empresas lo que hacen es lo contrario, recortar en salud al negarse a darles grúas, camas articuladas o material técnico para la ducha”, deplora quien es también delegada sindical del SAD en la capital hispalense.
Tras 25 días acampando ante la casa consistorial, Lorena se queja de que “el alcalde no se ha dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. No obstante, fuentes del equipo de José Luis Sanz consultadas por este periódico aseguran que el gobierno local está dispuesto a reunirse con las trabajadoras y a establecer una comisión de análisis para valorar “con rigor” la problemática que denuncia el colectivo, “con vistas a buscar soluciones”. Al mismo tiempo, esas fuentes apuntan a que es “muy complejo” atender a la petición de “remunicipalización” en el contexto de presupuestos prorrogados en el que funciona en estos momentos el Ayuntamiento sevillano.
Para las trabajadoras, volver a hacer municipal el servicio de atención domiciliaria es “totalmente viable, como se ha conseguido ya en Cádiz y en otras comunidades de España”, y tan solo requiere de “voluntad política”. A este respecto, Ángeles, otra representante de la plantilla de atención domiciliaria, recuerda que durante el mandato anterior, con los socialistas al frente de la alcaldía, ya se formó una mesa de trabajo ante la cual el sindicato CGT presentó un estudio de viabilidad que avalaba la municipalización del servicio. Sin embargo, desde entonces el gobierno municipal no ha dado ningún paso en esa dirección.
Quienes sí han mostrado su “apoyo incondicional” a las demandas de las auxiliares es el grupo municipal de Podemos-IU. Su portavoz, Susana Hornillo, comparte la idea de que es “imprescindible que el servicio se remunicipalice”. Apelando a las reivindicaciones de las trabajadoras, Hornillo sostiene que “los cuidados a las personas dependientes son una responsabilidad directa de las administraciones públicas, y si lo lleva una empresa cuyo fin último es aumentar su cuenta de beneficios, el resultado es que se recortan los derechos laborales y los recursos destinados a personas dependientes como está pasando”.
Por esta razón, la postura que defienden desde esta formación política es la de “dar pasos adelante hacia la municipalización”. Si bien Hornillo reconoce que “no es un proceso sencillo”, entiende que se pueden estudiar fórmulas como las que se han adoptado en otras ciudades de España y sugiere la creación de una empresa pública como la que gestiona el transporte público (Tussam) o la limpieza (Lipasam) en Sevilla. Por todo ello, Podemos-IU tienen previsto llevar al próximo pleno municipal –fijado para el martes 30 de abril– una declaración institucional en apoyo a las trabajadoras, para la que buscan el respaldo unánime de todos los grupos políticos.
Para Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense, “la raíz del problema” que atraviesa el sector de atención domiciliaria es “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. Ana es auxiliar de atención domiciliaria en Sevilla desde hace un cuarto de siglo y lamenta que el cuidado de las personas más vulnerables dependa del criterio de compañías “sin experiencia en el sector sociosanitario”, en vez de estar gestionado directamente por los servicios sociales del Ayuntamiento, como hace décadas.
De acuerdo con las profesionales, las compañías que gestionan este servicio en la capital hispalense están especializadas en otros ámbitos como la construcción, de ahí que las representantes sindicales critiquen que “este tipo de empresas lo que hacen es precarizar el sector jugando con la salud de los usuarios (personas en situaciones de extrema vulnerabilidad) y de las trabajadoras”. A estas últimas no las dotan con las “ayudas técnicas” que precisan para su labor diaria, a lo que añaden que no hacen ni “una correcta prevención de riesgos laborales” ni “una evaluación de riesgo en los puestos de trabajo”.
En este punto, Ana recuerda que “no estamos hablamos de ladrillos, sino de personas dependientes, en situación de vulnerabilidad”. Razón por la cual reivindican “ser consideradas como profesionales”, cualificadas y con formación específica para el sector sociosanitario.
Además de reivindicar mejoras laborales que repercutan en el bienestar de los usuarios, durante los días que llevan asentadas frente al Ayuntamiento han estado recogiendo firmas para eliminar las listas de espera de la Ley de Dependencia. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, un total de 8.771 andaluces fallecieron en la lista de espera de la dependencia sin ser atendidas, mientras que 39.872 perdieron la vida teniendo solicitud de dependencia, según los datos recogidos en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
“No solo hablamos de personas mayores, sino de niños con discapacidad y de personas jóvenes con trastornos mentales o que han tenido un accidente y necesitan de nosotras”, recuerda Lorena, poniendo en valor su función como trabajadoras “esenciales”. “Queremos que se le dé la importancia que este sector se merece”, pide Ana, quien agradece la solidaridad que les han mostrado la ciudadanía y otros colectivos sociales.
Tras años tratando de alcanzar a los responsables políticos para trasladarles sus demandas, las trabajadoras de ayuda a domicilio de Sevilla capital han optado por llevar al límite sus acciones de protesta, acampando en plena calle durante días, tratando de conciliar su vida laboral, personal y sindical. “Es un golpe en la mesa, llevamos muchos años reivindicando mejoras y ya estamos cansadas”, explica Ana Richarte. A pesar del hartazgo acumulado con el paso de los días, la “indignación es mayor” y por eso aseguran que “no nos vamos a rendir”. Están dispuestas a seguir acampadas “hasta que no haya una reunión y un compromiso”.
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