Acuerdo entre todas las administraciones para abrir la fosa común franquista de Monumento, la más grande de Sevilla

Hace pocos días se cumplió un año de la culminación de los trabajos en Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, la que durante unos años fue la mayor fosa común abierta en toda Europa occidental desde la de Srebrenica tras la guerra de los Balcanes. Desde ese momento, el foco se puso en el siguiente paso a dar, con el que no había dudas: tenía que ser la cercana fosa de Monumento, también en el camposanto hispalense, y hasta se reservó una partida en el presupuesto municipal para 2023 que al final se desvió a otras obras. Pero ahora se ha dado un primer paso en un camino que ya no debe tener vuelta atrás, y es que las cuatro administraciones han alcanzado un acuerdo político para afrontar juntas este proyecto.

Así lo han pactado los gobiernos central, andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense, que debe llevar la voz cantante –como ocurrió con Pico Reja– y que hasta la fecha se había mostrado reacio a abanderar este tipo de iniciativas alegando que no tiene competencias. Su razonamiento ha sido que no iba a dar el primer paso pero que sí iba a acompañar en lo que se hiciera, y eso es lo que finalmente va a hacer tras el consenso mostrado por todas las partes en una reunión convocada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Pico Reja pasa por ser la actuación en una fosa franquista más importante que se ha desarrollado en los últimos años en España, rescatándose los restos de 1.786 represaliados. Monumento, a un tiro de piedra, es sobre el papel todavía más grande, ya que los estudios previos apuntan que pueda haber hasta 2.600 víctimas. Esto supone una cifra cercana a las 2.800 personas cuyos restos se encontraron en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, la que está considerada como la más grande de España hasta la fecha. Monumento estuvo en uso entre septiembre de 1936 y enero de 1940, es decir, durante prácticamente toda la Guerra Civil y varios meses después de su conclusión.

La fórmula de Pico Reja

“Unánimemente las cuatro administraciones hemos decidido impulsar la exhumación de la fosa de Monumento”, ha transmitido el secretario de Estado al término de la reunión, que ha explicado que la fórmula a seguir será la misma que con Pico Reja. Lo primero será rubricar un protocolo de intenciones y a continuación firmar el convenio definitivo, que en el caso precedente determinó que el Consistorio hispalense lideraba unos trabajos para los que todas las partes ponían presupuesto.

En cuanto a plazos, el representante municipal (Pedro Fernando Molina, coordinador de Hacienda y Participación Ciudadana) ha admitido que más allá del pacto político, “tampoco hemos hablado mucho más de detalles y de cantidades”, aunque ha expresado su voluntad de que los trabajos se inicien “a la mayor brevedad posible”. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha profundizado algo más al subrayar que para concluir el proyecto se baraja una horquilla de entre tres y cuatro años, “más cerca de los tres que de los cuatro”, ha precisado, aunque de lo que no hay detalles todavía es del presupuesto y de cuánto pondrá cada parte.

En teoría, lo más difícil ya está hecho, como es sellar el entendimiento entre dos administraciones gobernadas por el PSOE (Gobierno y Diputación) y otras dos del PP, Junta de Andalucía y Consistorio hispalense. Por eso, el propio Fernández no ha escondido que “es una gran noticia que nos hayamos puesto de acuerdo”, y que eso se va a traducir en que “pronto” esté en condiciones de licitar los trabajos el Ayuntamiento de Sevilla, “que es quien tiene que jugar el papel central en este tema con la colaboración del resto de administraciones”.

“Una cuestión de humanidad”

Para el viceconsejero andaluz de Cultura, Víctor González, es clave que todas las partes “vayamos de la mano” porque “al final es un problema que nos supera a todos y estamos obligados a darle solución”. El objetivo es “llegar hasta el final”, lo que incluye no sólo la exhumación de los restos sino la posterior identificación genética, que en el caso de Pico Reja sigue avanzando con lentitud.

Eso sí, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha reconocido que la identificación “no es fácil”. “No nos llevemos a engaño, y así se lo hago saber a los familiares: tras la exhumación, la identificación está en torno al 30% o 35%”, lo que no quita para resaltar la “voluntad de todos de resolver este problema, porque son muchas las familias que lo están esperando y también muchas asociaciones del movimiento memorialista”. “Esto no es una cuestión de unos y otros, es una cuestión de humanidad en la que se anclan los derechos humanos y que además nos la están requiriendo organismos internacionales de carácter humanitario”, ha apostillado.

El cálculo de 2.613 represaliados

Según el historiador Díaz Arriaza, y de acuerdo a la documentación que se conserva, en Monumento se enterraron 825 fusilados por aplicación del bando de guerra, 229 por sentencias de consejos de guerra o 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o metralla. Asimismo, hay 1.543 muertes sin especificar, entre los que se encontrarían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente la causa.

En este gran enterramiento colectivo puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del exterminio franquista. Esto es sobre el papel, porque el precedente de Pico Reja anima a tomas las cifras con prudencia: las previsiones hablaban allí de 850 represaliados, pero fueron 1.786 al final. No es descartable que algunos de los cuerpos que estaban en una se pasaran luego a otra, lo que alteraría unos cálculos que el trabajo en la fosa será el encargado de concretar.

Y si en Pico Reja se especulaba que pudiera estar enterrado Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, así como el último alcalde republicano, Horacio Hermoso, en Monumento estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, así como de funcionarios municipales. También se baraja que estén los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano en 1937 o Carmen Díaz, hermana del que fuese cuarto secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz Ramos.