Los cortes de luz que sufren continuamente, y durante largos periodos de tiempo, más de 40.000 sevillanos que viven en barrios obreros de la ciudad ha vuelto al pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, en el que se ha creado una mesa de trabajo en la que estarán todas las partes implicadas y en la que se ha producido una protesta de integrantes de Barrios Hartos, que han sido desalojados del salón plenario por, entre otros, exhibir carteles con la leyenda Endesa mata. Pero la sesión ha deparado una cuestión importante, y es que el alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), ha admitido que el cultivo de marihuana no es la causa de estos continuos apagones, en contra del criterio que mantiene insistentemente la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP.
La cuestión ha provocado hasta un rifirrafe entre la administración andaluza y el Gobierno central, que repite que “no existe ninguna evidencia policial que relacione los apagones y los cultivos” de droga, tal y como reiteró el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, en su reciente reunión con el regidor hispalense. Éste, por su parte, ha reconocido este jueves que las plantaciones no son “la causa fundamental” de los apagones, pero sí “una parte del problema”, por lo que ha insistido en reclamar más actuaciones policiales, aunque también ha asegurado que “seré el primero que estará sujetando la pancarta de los vecinos” si persiste la situación.
En un debate en el que se han descrito estos cortes continuos como una “indignidad”, el alcalde ha desgranado las gestiones que ha realizado en el mes y medio que lleva gobernando, como encuentros con Endesa en los que le ha reclamado que acometa más inversiones y que instale generadores portátiles cuando se produzcan apagones. La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, le ha recordado que esta situación supone, en palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, una “violación de los derechos humanos” y que ya ha provocado el fallecimiento de personas cuya vida dependía de máquinas que no podían usar.
La cuestión se ha abordado dos veces a lo largo de la sesión, pero ha sido cuando se hablaba de Tablada cuando los integrantes de la plataforma Barrios Hartos (que encabezan el movimiento vecinal) presentes en el salón se han levantado con carteles y consignas denunciando el problema. El presidente del pleno, Álvaro Pimentel (PP), ha ordenado a la Policía Local el desalojo de la treintena de manifestantes, que se han marchado entre gritos como Endesa culpable, alcalde responsable o Endesa criminal.
Los vecinos, que denuncian que en ocasiones están sin electricidad hasta durante 14 horas tanto en verano como en invierno, han recordado que sufren este problema por mucho que pagan puntualmente sus facturas. Pese a ello, han lamentado que la respuesta por ahora del alcalde ha sido reclamar más policías, por lo que consideran que “está en la tesis de criminalizar a los barrios obreros, igual que la Junta”, lo que “agrava la estigmatización” de estas zonas. Ante una situación a la que nunca se pone fin, Barrios Hartos entregará en septiembre en el Parlamento europeo un “dossier con evidencias de las deficiencias que hay en las infraestructuras” eléctricas y el “padecimiento” que esta situación está “conllevando para los vecinos” que sufren estas interrupciones del suministro.
La cuestión de los cultivos de marihuana, por cierto, ha sido el principal punto de desencuentro durante el pleno, que se ha producido entre Hornillo y la portavoz de Vox, Cristina Peláez, para quien no hay que negar que los enganches ilegales para la droga provocan el problema. La concejal de Podemos ha alegado que este tipo de mensajes “criminalizan” a los vecinos, y ha insistido en que quien tiene que confirmar la causa es la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, y hasta la fecha “no ha emitido sobre ello ningún informe”. “No puede ser que Endesa sea juez y parte en este caso”, ha apostillado.
José Luis Sanz, por su parte, ha recordado que la Consejería de Industria (que es la administración que tiene las competencias en materia de inspección) se comprometió en una reciente reunión a poner en marcha una auditoría externa para analizar el estado de la red eléctrica, un compromiso que ya anunció por primera vez el consejero Jorge Paradela el pasado mes de marzo sin que hasta ahora haya habido mayores novedades. Este estudio revisará la situación de 56 centros de transformación en Cerro Amate, Sur, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera y Norte.
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