“El mayor vestigio franquista son las viviendas propiamente dichas y como usted comprenderá no las vamos a demoler”. Ha sido la respuesta por escrito de Teresa Ávila, delegada de Urbanismo y Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), a una pregunta del grupo municipal socialista; exactamente esta: “¿Cual es el motivo por el que no se adoptan las medidas y los medios pertinentes para la retirada de placas con vestigios franquistas que incumplen la Ley de Memoria Histórica, ofreciendo el servicio sin coste alguno a las comunidades de propietarios (casos de viviendas VPO construidas por el Ministerio de la Vivienda franquista, con el yugo y las flechas bien visibles en la entrada de cada portal)?”.
Ávila, consultada por este periódico, ha querido aclarar que “las placas se eliminarán en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, como no podría ser de otra forma”. “Mi contestación se refiere a que símbolo del franquismo son también las viviendas propiamente dichas y no las vamos a demoler”, explica. Cabe recordar que este tipo de actuación municipal se viene desarrollando, por ejemplo, en Sevilla.
No es la primera cuestión llamativa relacionada con la memoria histórica en los últimos meses en el municipio sevillano, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y del que en las últimas horas se viene hablando debido a que su alcalde, el popular Juan Ávila, aspira a liderar el PP de Sevilla. El pasado verano, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica solicitó a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la “paralización inmediata” de la rehabilitación de la Iglesia de Santa Ana por afectar a cuatro fosas comunes. Después de que PSOE e IU pidieran al Gobierno local una comisión informativa extraordinaria y urgente, el PP de Carmona aseguró que la Junta de Andalucía le había confirmado que las obras se estaban desarrollando “cumpliendo con todos los requisitos legales”.
A juicio de Antonio Manuel Mateos, portavoz de dicha coordinadora, “en aquel momento les cogimos fuera de juego y en ningún momento mostraron el documento que supuestamente les autorizaba a las obras”. “Esto que ha ocurrido ahora es más de lo mismo, con una respuesta chulesca, llena de soberbia y prepotencia para justificar por qué no quitan la simbología fascista”.
Según denuncia, “es una nueva falta de respeto y de banalización del franquismo”. “¿A qué viene esa respuesta? ¿Le está traicionando el subconsciente quizás?”, se pregunta el portavoz. Según concluye, el partido que apoya el Gobierno de la Junta de Andalucía, Vox, está en contra de las políticas de memoria histórica y estas situaciones se deben a que la Junta lo acepta “e incumple la ley”.
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