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El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, le ha sacado los colores al Gobierno andaluz, también del PP, a cuenta del estado que sufre el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, ubicado en el que fuese pabellón de Argentina para la Exposición de 1929 y del que es responsable la Consejería de Desarrollo Educativo. El motivo no es menor, y es que considera que hay riesgo incluso de desprendimientos de elementos del edificio, para lo que curiosamente esgrime una de las normas de las que más orgulloso está el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), más concretamente al artículo 330 de su reglamento general, el que hace alusión a la situación de “ruina física inminente”.
Este artículo hace mención a la “amenaza de derrumbe con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido”, y en base a él el gobierno municipal insta a la Junta a ejecutar obras con “carácter inmediato”. Así lo va a validar la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en su reunión de este martes, a propuesta de su máximo responsable, Fernando Vázquez, que en base al estudio previo realizado cifra el coste de las intervenciones requeridas en 22.500 euros.
El inmueble, un bien patrimonial protegido, presenta un apreciable mal estado según el análisis de Urbanismo, que ordena reforzar los pináculos que coronan los pretiles de la torre alta de la cúpula y la instalación de una red de protección por si se producen desprendimientos. Una solución similar se exige para el balcón de madera de la fachada trasera, así como la clausura del patio central, de otro más pequeño en la parte posterior y del entorno de la torre del patio de aparcamiento a una distancia de al menos diez metros. A todo ello se une el vallado cautelar de varias zonas.
Posible infracción muy grave
Urbanismo recuerda que las obras están encaminadas a evitar el peligro para la seguridad pública y la integridad del patrimonio protegido, e insta a la Junta a actuar de inmediato, ya que en caso contrario asumirá las obras la propia Gerencia de Urbanismo con carácter subsidiario. Eso sí, el incumplimiento de esta orden de ejecución puede suponer una infracción muy grave, que se sanciona con una multa entre 30.000 y 120.000 euros. El plazo que se da para terminar los trabajos es de 30 días.
El edificio ha acentuado su mal estado en los últimos años, pese a que periódicamente se desarrollan trabajos de mejora. Los últimos datan de 2022, cuando se invirtieron 230.000 euros para sustituir el sistema de calefacción, mientras que en 2021 fueron 190.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas. Esto no ha impedido que algunas zonas del inmueble amenacen ahora ruina, lo que ha propiciado la circunstancia de que el alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), le haya tenido que dar este tirón de orejas figurado a su jefe de filas, Juan Manuel Moreno.