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Alrededor de 80 empleados que llevan años trabajando con contratos temporales para el Ayuntamiento de Sevilla se enfrentan a la rocambolesca situación de que el gobierno local del PP no les hace fijos pese a contar con todos los elementos a favor. A ello obligan dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a lo que se une que han superado las pruebas de estabilización, que existe un poco habitual consenso político entre todos los grupos municipales y a que hay presupuesto para estas contrataciones. Con todo ello, el equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) sostiene que no cumplen los requisitos.
El de los trabajadores en fraude de ley es un problema nacional y que afecta a todas las administraciones. En España se ha abusado tanto de los contratos temporales, que Europa le ha dado no uno sino dos tirones de orejas en forma de sentencias, con un mandato claro: hay que reducir la tasa de temporalidad antes de que termine el presente año, y la mejor manera es haciendo fijos a los trabajadores que llevan años en una situación que no han provocado ellos. Y de paso, deja claro que hay que estabilizar personas, no plazas.
Buena parte de los afectados se han organizado alrededor del Colectivo en Fraude de Ley del Ayuntamiento de Sevilla, que ha visto cómo se han sucedido sin resultado reuniones con el gobierno local y varias mociones de apoyo en el pleno municipal que han recibido un respaldo unánime. Pero aunque el PP apoya formalmente estas medidas, que implican hacer fijos a todos estos trabajadores, a la hora de la verdad asegura que ya no puede admitir a los que quedan por regularizar.
“Hay base legal, disponibilidad presupuestaria y acuerdo político”, enumera la portavoz del colectivo, Marián Pérez, a lo que añade que todos “han superado el concurso extraordinario de estabilización inicial”. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que el gobierno local “no identifica plazas suficientes, cuando las sentencias dicen que toda persona en fraude de ley tiene que ser estabilizada: las plazas no son las que están en abuso, sino las personas”.
“Que vayamos a los tribunales”
Pérez recuerda que el Ayuntamiento hispalense tiene un millar de plazas creadas y dotadas presupuestariamente pero que, año a año, no se ocupan. Los afectados son sobre todo “mujeres y de cierta edad”, muchas de ellas trabajadoras en los servicios sociales y algunas con hasta 15 años encadenando contratos temporales. Tras las últimas reuniones, “la respuesta que nos dan es que vayamos a los tribunales, que nos darían la razón y que no van a recurrir las sentencias”, una opción que de partida no contempan como solución porque no es lo que marca el TJUE y porque es un proceso largo y costoso.
Y si el PP apoya las sucesivas mociones que se han ido presentando en el pleno municipal, ¿por qué no actúa en consecuencia y procede a la regularización? Los argumentos del gobierno local los daba en la última Comisión de Control el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores (PP), a preguntas del concejal Ismael Sánchez (IU): el compromiso adquirido es estabilizar “siempre y cuando cumplan los requisitos”, y según los técnicos ya se ha aprobado todo lo que se puede. “No me voy a saltar los informes del jefe de servicio y de los funcionarios y contradecir lo que dicen”, alega.
El gobierno local esgrime que ya van casi 800 trabajadores regularizados desde que se emitieron las sentencias, y que desde que el PP llegó a la alcaldía hace cerca de año y medio ha estabilizado a más de 60 empleados que no habían sido reconocidos por el anterior equipo del PSOE. “Si ya no hay manera de que cumplan con los requisitos no se estabilizará a nadie más”, insiste Flores, que se escuda en que no puede decir que “todos dentro por imperativo legal” porque entonces “cometería prevaricación”.
Otras administraciones “no han dejado a nadie fuera”
“Todas las personas que están en situación de abuso de temporalidad tienen derecho a una plaza”, rebate Marián Pérez, que subraya que estos trabajadores han desarrollado “funciones estructurales” y acumulan gran experiencia al servicio de una ciudadanía “que espera una prestación de servicios a la altura de sus necesidades”. Para la oposición municipal de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) la cuestión se zanjaría con una decisión política del alcalde, al que se acusa de no estar por la labor para así abundar en la precariedad de los servicios públicos y justificar de este modo su externalización y privatización.
El colectivo, por lo pronto, reclama una reunión con el regidor porque están convencidos también de que esto se arregla “con un mandato directo”. El Gobierno local sostiene que con las estabilizaciones acometidas ya está dentro de los límites de interinidad que acepta Europa, a lo que Pérez replica que estamos “ante una cuestión de derecho” y que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación “han estabilizado a todo su personal y no han dejado a nadie fuera”. “Sevilla también es Europa”, apostilla.