Aznalcóllar prepara una manifestación “de alegría” para festejar la reapertura de la mina

Aznalcóllar ya está “de fiesta”. Así lo ha manifestado el alcalde de esta localidad sevillana, Juan José Fernández (IU), ante el dictamen ambiental favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la nueva explotación de la mina de la localidad a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis. Tal es el alborozo que ha suscitado la noticia en el pueblo que el edil ha anunciado que desde el Ayuntamiento se está preparando “una manifestación de alegría” ciudadana con la que celebrar la reanudación de la actividad minera.

Para Juan José Fernández, la recuperación de la actividad minera va a significar “el antes y el después” para este municipio que se ha visto marcado durante dos décadas por el cierre del recinto minero, como consecuencia del desastre ambiental que se produjo hace 25 años, tras la fractura de su balsa de metales pesados, cuando estaba explotado por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), filial de la multinacional sueca Boliden.

Precisamente, coincidiendo con la conmemoración de los 25 años de la catástrofe, el alcalde de este pueblo de la Sierra Norte sevillana afirmó en conversación con SevillaelDiario.es que “la lotería ha tocado en Aznalcóllar”. Se refería a que la reapertura de la mina cuenta con la previsión de crear unos 2.000 puestos de trabajo para la extracción de 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta minera.

Un pueblo esperanzado

Por eso, el alcalde de Aznalcóllar ha asegurado que la localidad “está ya de fiesta” ante la inminente reanudación de la actividad minera y las promesas de empleo asociadas a la misma. De ahí que el Consistorio esté “preparando una manifestación de alegría”, es decir, una movilización ciudadana que visibilice el hito implícito en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, tras “21 años de lucha”, según ha festejado quien antes de ser regidor fue portavoz de los mineros afectados por el accidente de Boliden.

A dicha movilización, según ha detallado, serán invitados todos los agentes sociales e institucionales que han apoyado la demanda de la reactivación de la mina de Los Frailes, que él mismo abanderó nada más llegar al Gobierno municipal, según confesó a este periódico: “Ño primero que hice fue ponerme en marcha para que no se apagase la llama de la reapertura de la mina”.

El primer edil, otrora minero en la corta de Los Frailes cuando la misma era explotada por Boliden-Apirsa, ha defendido su papel al haber “liderado” esa “lucha de 21 años” en demanda de la reapertura del recinto minero, destacando, además, que el nuevo proyecto de extracción de minerales cuenta con todas las garantías medioambientales y un plan de “restauración” natural del entorno.

Así, el alcalde ha remarcado que Aznalcóllar y su comarca viven un momento “esperanzador”, insistiendo en el papel jugado por la “lucha” del municipio en demanda de la recuperación de la actividad minera como herramienta de desarrollo económico.

México-Minorbis a juicio en 2025

En este contexto, conviene recordar que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación, tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.