La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Sevilla de ordenar al Ayuntamiento de Sevilla la retirada de la bandera LGTBI de la rotonda de la avenida de Andalucía ha traído su cola. Mientras el gobierno local (PSOE) va a presentar alegaciones al entender que la enseña puede colocarse sin problemas en la vía pública, desde el ámbito del Derecho tampoco se entiende una resolución judicial que de partida le ha dado la razón a la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos.
“Inconcebible”, “barbaridad”, “gravísimo”... Víctor Vázquez Alonso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y experto en neutralidad institucional, cree que el auto judicial no hay por dónde cogerlo. Empezando porque el recurso presentado por los demandantes denuncia la “infracción del principio de neutralidad y objetividad que debe regir toda actividad administrativa”, cuestión en la que no entra la jueza, que se centra en la legislación que regula el uso de banderas oficiales.
Eso le lleva a criticar que haya concedido la medida cautelar de ordenar que se arriara, al considerar que no hay “interés público municipal protegible que pudiera resultar dañado en el acto de mantener izada una bandera no oficial”. “Las medidas cautelares son para proteger derechos cuando hay un riesgo inminente”, apunta Vázquez Alonso, que tilda de “incomprensible” que se quiera así amparar con celeridad al demandante porque acababa el periodo en el que la bandera iba a estar ondeando. De hecho el mandato judicial llegó el 30 de junio, justo el último día en el que iba a estar en el mástil de la avenida de Andalucía al acabar el Mes del Orgullo.
A esto le añade que la enseña “no vulnera los derechos de nadie”, de hecho la define como “un símbolo que promueve la igualdad”. En este sentido, al exhibirla “el Ayuntamiento está, amparado por sus competencias, dando cumplimiento al mandato constitucional y legal de promover la igualdad”.
La bandera estaba ubicada en una rotonda precisamente para cumplir con una resolución judicial anterior, que impedía izar símbolos no oficiales en una sede institucional como es la propia casa consistorial y junto a otras enseñas oficiales. “Una cosa es que el Ayuntamiento utilice el espacio público para marginar u orillar una opción política y otra muy diferente esto”, apostilla.
Para ello, pone un ejemplo tan recurrente como el de Cataluña, donde muchos edificios oficiales y la propia calle se llenaron de banderas esteladas y lazos amarillos. “No puedes convertir el espacio público en un lugar refractario para otras opciones políticas o para condicionar procesos electorales”, precisa en este sentido, pero la enseña arcoíris es justo lo contrario, “lanza un mensaje de acogida y reconocimiento a un colectivo” que históricamente ha sido discriminado. “Distinto es que se hubiese colocado la bandera del PSOE”, apunta.
“Una bandera de este tipo y en una glorieta ni rivaliza con enseñas oficiales ni genera confusión”, prosigue. Justo lo contrario de lo que defiende la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, para quien “es el caso más clamoroso de los vistos hasta ahora porque es el primero en el que una institución retira la bandera oficial para izar la del lobby LGTBI”, en referencia a que en esta glorieta suele ondear la enseña andaluza como en la rotonda Olímpica lo hace la española.
No lo ve así Vázquez Alonso, ya que estas banderas ni están en un sitio institucional y además ocasionalmente (y coincidiendo con algún momento señalado) suele colocarse otra enseña como puede ser la del Pueblo Gitano, incluso la del Betis y la del Sevilla han ondeado en esos mástiles. En cambio, la jueza apela a un auto hecho público en Cádiz en 2017 para considerar que un acto oficial es “todo aquel que una administración organiza y en cuyo nombre se lleva a cabo”, un punto de vista que implicaría que el mero hecho de izar una bandera ya sería un acto oficial al impulsarlo el Ayuntamiento.
En todo caso, el profesor de Derecho Constitucional recuerda que “el derecho a no sentirse ofendido no existe. Hay derechos fundamentales, otra cosa es que a todos nos pueden ofender decisiones políticas aunque sean legítimas”, como sería en este caso izar la bandera LGTBI, pero “el reproche en cualquier caso será ciudadano, no judicial, y en un proceso electoral”. Es decir, que al que no le guste no votará a ese partido, aunque en la cuestión de exhibir la enseña arcoíris coinciden PSOE, PP, Adelante Sevilla y Cs, es decir, todos los grupos municipales menos Vox.
De paso, Vázquez Alonso critica el “sentimiento de ofensa hipertrofiado” que tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que le lleva a denunciar cuestiones como ésta. Por eso, y al margen de que la presente resolución le parece “ridícula”, lamenta el amparo judicial que están consiguiendo muchas de las iniciativas de este colectivo, lo que considera “gravísimo”.
Y a todo esto, ¿qué piensa hacer el gobierno municipal? Pues tiene claro que la bandera LGTBI se tiene que colocar para visibilizar los derechos de este colectivo, “no vamos a permitir que se cercenen los derechos conseguidos en democracia y en las leyes que lo amparan”. Así lo indica la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño (PSOE), quien recuerda que la enseña arcoíris estaba en esta rotonda “precisamente para dar cumplimiento a la sentencia que impedía ponerla en la fachada de la Casa Consistorial”.
El Ayuntamiento, subraya, va a alegar porque entiende que “debemos instalar la bandera LGTBI en la vía pública y se quiere que la sentencia permita esta posibilidad los próximos años”. “La visibilización y reivindicación de los derechos LGTBI es algo fundamental para este gobierno municipal y vamos a seguir defendiéndolos junto con el colectivo y los activistas de la ciudad”, remacha.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.