Carta blanca municipal a Betis y Sevilla para que sus estadios tengan actividad todo el año como el Bernabéu

Son “proyectos de ciudad” que merecen un trato urbanístico especial porque se han convertido en “iconos urbanos”. Con argumentos en esta línea justifica el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, el cambio en la norma urbanística que va a permitir a Real Betis y Sevilla FC aumentar considerablemente los usos de sus estadios. Los clubes, en paralelo ya trabajan en proyectos de ampliación que van en la misma (y polémica) senda que ha abierto el Real Madrid con el Santiago Bernabéu: instalaciones “360 grados” que complementan la función deportiva con galerías comerciales, zonas de restauración y actividades paralelas todos los días del año, con la consiguiente preocupación vecinal por el impacto en sus barrios.

Una vez cambiada la norma, ambas entidades tendrán que presentar para el correspondiente visado sus propuestas, que a su vez necesitan una posterior operación urbanística. Y es que las ampliaciones previstas requieren el uso de suelos municipales, algo para lo que ya han recibido un visto bueno inicial. En el caso del Betis, hablamos de una parcela de 8.000 metros cuadrados calificada como de uso deportivo privado, que el club quiere compensar con equipamiento público y una plaza abierta dentro de su propio proyecto. Por lo que respecta al Sevilla, ha pedido utilizar un terreno de 10.000 metros con la consideración de zona verde, que quiere permutar por un solar de las mismas dimensiones pero en su ciudad deportiva, a las afueras de la capital.

Para todo ello el primer paso es un cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que disparará los usos permitidos, cuestión que se abordará en el pleno municipal de este jueves. Para que salga adelante, el equipo de gobierno del PP –que no tiene mayoría absoluta– necesita el apoyo o al menos la abstención de uno de los grupos de la oposición, PSOE, Vox o Podemos-IU. Pese al rechazo de esta última formación, la propuesta ha salido adelante con el apoyo en bloque del resto de partidos.

Esta modificación en el PGOU hispalense (la número 63 desde que se aprobó en 2006) permitirá multiplicar los usos en las consideradas “instalaciones deportivas singulares”, aquellas con capacidad para más de 7.000 espectadores sentados. En la actualidad sólo hay cuatro enclaves en Sevilla que cumplan este requisito: el Benito Villamarín, el Ramón Sánchez Pizjuán, la Cartuja y el pabellón de San Pablo.

Ni viviendas ni industrias

La nueva redacción de la regulación da ahora prácticamente barra libre, ya que se propone “la ampliación de los usos permitidos a todos aquellos que incrementen el desarrollo de la actividad con el objeto de favorecer su gestión, impulso y mantenimiento”, tal y como apunta el documento elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo. En la práctica cabe casi cualquier opción, con las únicas limitaciones de usos residenciales, de industria manufacturera o estaciones de servicio.

Los clubes, de hecho, no han esperado a que se apruebe esta modificación para avanzar sustancialmente en los proyectos para sus estadios. El más avanzado es el Nuevo Benito Villamarín del Betis, que gracias a un convenio de intenciones suscrito en 2003 lleva ya meses de tramitación y es también el que cuenta con una oposición vecinal más activa. “No queremos un Bernabéu en Heliópolis”, es una de sus principales consignas. Por su parte, el Nuevo Ramón Sánchez Pizjuán inició su tramitación en pleno mes de agosto.

Ambas entidades incluyen en sus iniciativas zonas de ocio y comerciales que abrirán todo el año, y en el caso del Betis se contempla también un hotel. Una instalación de este tipo existe desde sus inicios en el otro gran estadio de la ciudad, el de la Cartuja, que actualmente está en obras para quitarle las pistas de atletismo y aumentar su capacidad con vistas a 2030, ya que será una de las sedes del Mundial. A estas instalaciones, por cierto, se mudarán los dos equipos de la ciudad mientras rehacen sus sedes habituales.

“Iconos urbanos”

El informe de Urbanismo apunta que el resultado final de la modificación urbanística “no disminuye la práctica deportiva, objeto de este equipamiento, ni afecta negativamente a la misma, lo que propone es favorecer la aparición de otros usos que promuevan su desarrollo”. De paso, considera que esta cambio del PGOU no tiene –como denuncian los vecinos– un gran impacto acústico ni en el entorno, y de hecho no se somete siquiera a una evaluación ambiental al considerar que eso habrá que hacerlo con los proyectos en sí que se presenten acogiéndose a este cambio normativo.

¿Y qué argumenta el gobierno local para dar este paso? Pues que, más que instalaciones deportivas, se han convertido en “hitos urbanos que representan entidades de reconocido prestigio” y que “se han convertido en iconos urbanos”. “La trascendencia de las sociedades que los gestionan superan el ámbito local alcanzando el internacional, son emblemas deportivos apoyados en un movimiento social de profundo calado”.

Los estadios, apunta el documento, “se sostienen sobre un ”complejo entramado de actividades deportivas, sociales y económicas“, pero con el problema de que están ”encorsetadas por la limitación urbanística a usos estrictamente deportivos“. Por eso, y para ayudar a su sostenimiento, se considera que es de ”interés general“ esta modificación del PGOU para ”cooperar desde la norma urbanística“ no sólo al mantenimiento, ”sino al desarrollo, renovación y promoción de estos hitos, cuya pérdida resultaría irreparable para la ciudad“.

“Dinamismo económico, social y urbano”

Urbanismo subraya también que el prestigio de estas grandes instalaciones va más allá de la influencia en su ámbito, “pues genera un dinamismo económico, social y urbano que trasciende lo estrictamente deportivo”. Por ello, y apelando a su “trascendencia en la ciudad y en la sociedad”, se recomienda “no restringir los usos compatibles” y se considera “oportuno incluir también otros” que favorezcan su desarrollo “independientemente de la relación o vinculación con la actividad deportiva”.

El propio delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), ha resaltado que el objetivo es allanar el camino para contar con “tres estadios modelo y de 360 grados en Sevilla que lo que generen sean beneficios para la ciudadanía y no perjuicios bajo ningún concepto”. De paso, incide en que este paso “cumple todas las garantías de legalidad”. A su juicio, lo que habrá que analizar con detalle es cada proyecto que se presente, que deberá acreditar que cumple un proceso de planeamiento con los correspondientes informes urbanísticos.

Las operaciones urbanísticas en ciernes han tenido el rechazo sobre todo de nueve entidades vecinales del sur de la ciudad, que llevan meses batallando contra el proyecto del Betis. Pocas voces más se han alzado en una cuestión que se considera especialmente sensible, por la de miles de aficionados que arrastran las dos entidades protagonistas.

Podemos-IU sí ha acompañado a estos colectivos, y recientemente también criticaba que “no se está protegiendo el interés general” en el caso del Sevilla, al perder un barrio como Nervión una de sus escasas parcelas públicas calificadas como verdes. Ecologistas en Acción tampoco se ha mordido la lengua y considera que con la modificación del PGOU, “el Ayuntamiento de Sevilla le da barra libre al Betis y al Sevilla para que puedan realizar sus correspondientes pelotazos urbanísticos”.