El Centro Social Ocupado y Autogestionado 'Casas Viejas' de Sevilla fue símbolo del movimiento ocupa a comienzos de siglo. Se desalojó en noviembre de 2007 y seis activistas fueron condenados en octubre de 2014 por resistencia y desobediencia. Meses más tarde, la Audiencia rebajó la condena a dos de ellos por el retraso de la sentencia. Ahora, en el mismo lugar donde se demolió el edificio, se levanta un bloque con 37 viviendas a estrenar, en el número 42 de la calle Macarena, frente al muro. Una veintena de personas ocupó el lugar la noche del pasado 15 de febrero pero apenas tardaron unas horas en ser desalojados por la Policía Nacional. Casi veinte días después de aquello, seis personas (dos activistas y cuatro personas sin hogar) están en prisión provisional, comunicada y sin fianza por lo sucedido y otras doce podrían seguir sus pasos tras las declaraciones que este miércoles están previstas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.
El nuevo episodio de ocupación fue protagonizado por personas sin hogar y por activistas en defensa del derecho a la vivienda, con el apoyo de la Corrala Dignidad, un nuevo concepto de corrala establecido hace unos meses en Sevilla para dar cobijo alternativo a personas sin hogar y cuyo juicio está pendiente de sentencia. Precisamente una de las personas juzgadas el pasado 15 de febrero está en la cárcel por participar en la nueva ocupación, acometida al día siguiente del juicio a Corrala Dignidad.
Fue entonces cuando varias personas decidieron pernoctar entre colchones y mantas en las nuevas viviendas, aún pendientes de entrega. A la mañana siguiente, según diversas fuentes, un aparejador se dio cuenta de la situación y alertó a la Policía. Agentes de paisano incluso se presentaron antes en el lugar y empezó el desalojo con la llegada de refuerzos. Desde la Corrala Dignidad han señalado que los agentes habían cargado “con fuerza” y “porrazos” contra los ocupas, un enfrentamiento saldado con lesiones entre miembros del colectivo, las personas sin hogar y los propios efectivos policiales, base de la acusación judicial que ahora pesa contra ellos.
El juez ve “procedente” la medida
En concreto, aseguran a este periódico fuentes de las defensas, se les acusa de hasta seis delitos (coacciones, daños, desórdenes públicos, lesiones, atentado a la autoridad y, como origen, delitos de usurpación). Los abogados de los encarcelados tienen recurrido el auto del juzgado que ordenó el ingreso en prisión provisional, adoptada por “riesgo de fuga” y “reiteración delictiva”. El titular del juzgado es Álvaro Martín, tercer instructor del caso ERE, cuyo auto de prisión consideran desmedido, señalan las fuentes. Los encarcelados tienen 20, 21, 23, 32, 32 y 39 años de edad.
Dice el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, que los ahora encarcelados actuaron “de común acuerdo entre sí y con un grupo de personas no inferior a treinta”, “de manera coordinada y violenta”, agredieron al citado aparejador y a los policías que se personaron posteriormente en el lugar, causando además daños en las cerraduras de las casas por valor de 20.000 euros. “Resulta evidente la procedencia de la medida de prisión”, establece el juez. Uno de los agentes empuñó durante los incidentes su arma reglamentaria aunque sin desenfundarla, según el atestado policial que ha podido ver este medio y que recoge los hechos resumidos por el juez en el auto de prisión.
Las defensas coinciden en lamentar, por otro lado, la lenta tramitación de sus recursos en una 'causa con preso' como la presente, a la que se le presupone especial urgencia a la hora de atender a los escritos de las partes. Entre los diversos argumentos esgrimidos por las defensas están que no existen indicios para justificar “una medida cautelar tan excepcional como es la privación de libertad traducida en prisión provisional”.
Por su parte, una docena de investigados deberá declarar este miércoles a las 10 horas en el juzgado que, entre las diligencias solicitadas, ha reclamado que se recabe su “hoja histórico penal” y ha ofrecido acciones a los agentes policiales y la empresa promotora de las viviendas.
Medida “desproporcionada”
Participa Sevilla, Izquierda Unida y Podemos Andalucía han pedido la excarcelación de estas personas por la “desproporcionada medida” de ingresarlos en prisión preventiva durante todo este tiempo. Entre los encarcelados se encuentran activistas y personas sin hogar, añaden las fuentes. Los hechos también han despertado la movilización de la Asociación Pro Derechos Humanos, que ha lanzado una petición de firmas en change.org para pedir la libertad de los encarcelados.
“Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. No existe riesgo de fuga, la mayoría carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia”, dice el texto de la solicitud dirigido al Gobierno español.
“La prisión preventiva, utilizada de esta forma, es una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres, al amparo de la ”Ley Mordaza“ contra los Derechos y Libertades. La extremada dureza de la medida parece más un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación del derecho al uso de la vivienda”, apunta la petición.