El 'caso Mercasevilla' tiene aún varias puntadas por cerrar desde el punto de vista judicial. Si bien es cierto que se ha cerrado en primera instancia con la absolución de la decena de acusados la 'pata' con mayor trascendencia politica a nivel local, por la repercusión mediática dados sus implicados (el que fuera primer teniente de alcalde en la 'era Monteseirín', Antonio Rodrígo Torrijos -IU- y el también concejal, en este caso del PSOE, Gonzalo Crespo), varias vertientes siguen su periplo por los tribunales.
La jueza Mercedes Alaya se hizo cargo durante cinco años de la investigación de la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos que, al conocerse el fallo absolutorio, ha despertado las iras de los abogados de la defensa, muy explícitos a la hora de denunciar por los “daños colaterales” causados durante largo tiempo a los acusados debido a una “inquisitiva” instrucción. Este hecho también ha levantado las quejas de los partidos más 'castigados' por el proceso, que han aludido al “linchamiento político” sufrido por los entonces investigados y ahora absueltos, a expensas de los sucesivos recursos de la Fiscalía y resto de acusaciones.
El único de estos macroprocesos relacionados con Mercasevilla que hasta entonces había sido juzgado tampoco se correspondió con lo dicho por la jueza Alaya durante la investigación, al menos en lo que se refiere a la acusación contra el único de los exaltos cargos de la Junta implicados en las ramas judiciales de Mercasevilla. Se trató de la instrucción del procedimiento de tribunal de jurado por delito de cohecho contra Antonio Rivas (exdelegado de Empleo la Junta), Fernando Mellet y Daniel Ponce (exresponsables de Mercasevilla), a quienes la Audiencia Provincial condenó en 2012. El TSJA confirmó la sentencia en 2013 pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo anuló la condena al ex alto cargo de la Junta y mantuvo las de Mellet y Ponce.
El Supremo dijo entonces que no se pudo probar que Antonio Rivas ideara pedir una comisión a los empresarios del grupo hostelero La Raza para la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla e incentivada por la Junta de Andalucía. El caso se resolvió, con la estimación parcial del recurso de los condenados, cuando el 'melón' de los ERE llevaba ya tres años y medio abierto.
Es de recordar que de la primera pieza abierta por la gestión del mercado central, aunque no esta de la venta de los terrenos sino la del presunto cohecho a la que se ha aludido, dio origen al conocido caso de los ERE. A raíz de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos expedientes promovidos en Mercasevilla en 2003 y 2007 y la inclusión de los denominados 'intrusos' (beneficiarios de prejubilaciones que nunca formaron parte de la plantilla de la empresa), Alaya empezó a tirar del hilo de los ERE financiados por la Junta para empresas en crisis, liderando desde enero de 2011 una investigación aún a la espera de juicios, cuya primera fecha se decidirá este mismo viernes.
Precisamente de la gestión del ERE de 2007 se deriva el procesamiento de 14 personas en la causa del presunto delito societario en la gestión de Mercasevilla, entre ellas el exdirector general de la lonja Fernando Mellet y ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron a aquel ERE. En este caso, hace apenas un mes, el TSJA archivaba la causa contra el diputado del PSOE Carmelo Gómez.
En este caso, la jueza María Núñez, sustituta de Alaya en el juzgado, consideró este pasado diciembre que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación derivado de la firma de contratos con la empresa Hermes Consulting, de malversación de caudales públicos derivado de los diversos actos de disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna y de falsificación de documento mercantil por la confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios.
Otra de las causas abiertas es la de la adjudicación de la guardería de Mercasevilla. Los anteriores dirigentes de la lonja denunciaron a Mellet al entender que adjudicó en febrero de 2004 la concesión del servicio público de la guardería “sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia”. El juzgado, en este caso el 7, acordó la remisión de estas actuaciones al juzgado de Bolaños para su acumulación a las diligencias que se siguen por el delito societario de Mercasevilla, que ya están en la Audiencia.