El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha citado al alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina, para que preste declaración como investigado el día 8 de febrero a las 10,30 horas, a cuenta de la denuncia formulada en su contra por el PP, al atisbar dicho partido posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de dicho municipio a la empresa Evartisto SLL, para el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos de la localidad.
Así figura en una providencia emitida el pasado 26 de enero por el juez de instrucción Juan Jesús García Vélez adelantada por ABC y recogida por Europa Press, con la cual el interventor del Ayuntamiento de Bormujos es citado también el mismo día, aunque en calidad de testigo.
Además, el juez instructor pide librar oficio a la Secretaría del Ayuntamiento de Bormujos para que “certifique los pagos efectuados” a la sociedad limitada Evartisto, “en virtud de contrato menor de servicios adjudicado” el 19 de octubre de 2020.
Hablamos, en concreto, de una resolución de Alcaldía firmada el 19 de octubre de 2020 adjudicando el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos a Evartisto SLL por 17.968,5 euros, una resolución rubricada además por la habilitada nacional que ejerce como secretaria general del Ayuntamiento de Bormujos, según dicho documento recogido por Europa Press.
Al respecto, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Dolores Romero, aseguraban al formalizar esta denuncia que el seguimiento de los protocolos Covid-19 en los centros educativos es “una competencia única y exclusiva” de la Junta de Andalucía, criticando además que el contrato fuese adjudicado a “una empresa de eventos y espectáculos”, más en concreto “a un mago”, según las populares, avisando de que el objeto social de la entidad adjudicataria no abarcaría las labores de “asesoramiento” encomendadas.
El Consistorio, de su lado, defendía que esta empresa lleva “varios años” trabajando en el ámbito educativo de Bormujos “con monitores de apoyo escolar, pedagogía, talleres de educación, ludotecas, cuentacuentos, coaching y formación o igualdad”.
En paralelo, recordemos que el Juzgado de lo Penal número ocho tiene fijado para el 30 de noviembre de este año el juicio previsto contra el alcalde de Bormujos y la concejal de Obras Públicas, la también socialista Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y el arquitecto del propio Ayuntamiento.
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