La memoria de los centros de tortura del franquismo tiene nombre en Sevilla: comisaría de la Gavidia. Entre el “silencio sepulcral” de esos muros se hizo tangible “la lucha por la libertad”, dicen sus testigos. Como la red de pasillos coronados por siniestros calabozos. Son los intestinos de un edificio abandonado y sobre cuyo uso futuro está abierto el debate en la ciudad.
Vender o alquilar, dicen unos. Recuperar como espacio público, reclaman otros. Las opciones oscilan de la apuesta privada al uso comunitario. Montar un hotel o un gimnasio, según la vía conservadora. O convertir la Gavidia en un centro de interpretación de la dictadura y la represión franquista, como piden algunas organizaciones.
La añeja comisaría fue declarada como Lugar de Memoria Democrática por la Junta de Andalucía en 2017. El caso es que la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General lleva cerrada y en desuso desde el año 2003. Enclavada en pleno centro, la construcción fue adquirida por el Ayuntamiento al Ministerio del Interior por casi diez millones de euros y una serie de parcelas municipales.
El bloque, que servía como centro de detención y tortura en las crudas décadas de los 60 y 70, queda entonces como un fantasma en el centro de la ciudad. Casi tanto como el espectro de José Utrera Molina, exministro de Franco y Gobernador Civil de Sevilla al que muchos torturados sevillanos recuerdan por su actividad aquellos años.
“Centro de Tortura de la Gavidia”
“Al salir de la fábrica nos meten en un coche con dos policías y nos llevan” camino a edificio policial, cuenta María del Carmen Vázquez, trabajadora del textil detenida por su actividad sindical. El trayecto conduce a un sótano y a “una celda muy fría, muy oscura”, explica en el documental 'Comisaría de la Gavidia. Lugar de Memoria Democrática', elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y realizado por Intermedia Producciones, con la colaboración de la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
En aquellos siniestros calabozos explotan las sensaciones. “Una cosa como lo que contaban de los nazis: tuve la sensación de que podía desaparecer”, advierte Fátima Carrillo, empleada de la sanidad arrestada varias veces por propaganda política. Como Jaime Baena, obrero del sector aeronáutico que imagina un letrero acorde para colgar en la fachada donde “debería decir Centro de Tortura de la Gavidia”.
“Es un pasillo sin salida con tres calabozos pequeños que se conservan. Una piedra para dormir. Silencio sepulcral. Totalmente aislado en esta celda bastante sucia generalmente”, explicaba el histórico sindicalista Eduardo Saborido en una visita al interior de la comisaría en el año 2006.
La Gavidia es “un sitio absolutamente emblemático para la gente que ha luchado”, dice Kechu Aramburu, estudiante detenida por su militancia política. El lugar donde “se quiebra una parte de nuestra vida” y se hace “realidad y tangible la lucha por la libertad”, subraya. La comisaría donde “todo era posible, te podías quedar allí, maltratos, tortura...”.
“Mi madre le dijo a Beltrán (el agente de la Brigada Político Social Francisco Beltrán): 'Mire, le voy a decir una cosa. Me sacaron dos hermanos de mi casa y no volvieron. A mi marido le sacaron a su padre y tampoco volvió. Éste tiene que volver porque yo me he quedado con su cara'. La pobre... [sonríe]. Y le dijo: 'Señora, por favor, eso eran otros tiempos'. Serían otros tiempos, pero a punto estuve de no volver tampoco”. Es parte del relato de Francisco Rodríguez, administrativo detenido por propaganda política.
“Opciones” contra el “pelotazo” urbanístico
“CCOO se opondrá a cualquier pelotazo en la Gavidia y advierte de su catalogación patrimonial y memorialista”. Es el titular de uno de los comunicados enviados por el sindicato. La batalla por evitar la enajenación de un edificio clave en el casco histórico suma “numerosas organizaciones sociales”, indica el sindicato.
Y advierten al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE): si prima “intereses particulares” a costa “del interés general” encontrará “una oposición firme y contundente”. La catalogación como espacio memorialista es un buen trazado para diseñar una función de interpretación histórica de la represión de Franco, piensan. “En ese edificio se detuvo, interrogó y torturó a muchas personas que representan el capítulo más digno de nuestra historia reciente y no vamos a consentir que se dilapide su memoria y lo que supone para las generaciones posteriores”, analiza el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Carlos Carreño.
Espadas, por su parte, añade que el Ayuntamiento tiene en la mesa todas las “opciones abiertas”. Y que 2018 va ser “el año en el que vamos a ver desbloqueado el asunto de la comisaría de la Gavidia”, rubrica el alcalde hispalense. El primer edil defiende el “empeño” de su equipo por resolver el destino del céntrico inmueble.
Resta valorar, apunta, qué alternativa suscita más “consenso”. Por lo pronto, como principal baluarte para deshacerse de la Gavidia aparece el PP. Los populares incluso han metido la venta del edificio en la negociación con los socialistas de los presupuestos anuales. Las conversaciones “van por buen camino” para finiquitar el “bloqueo”, según el concejal conservador Rafael Belmonte.
Un posible acuerdo que critica el portavoz de Ciudadanos (C's) en el Consistorio sevillano, Javier Millán. Subastar la antigua comisaría “a día de hoy no se puede realizar”, corrige. Esto, en su opinión, significa que “las cuentas presentadas por el PP contemplan ingresos ficticios” y “denota su absoluta incapacidad” por dotar al centro “de un proyecto de ciudad como Sevilla merece”.
Más allá del uso privado, están las opciones barajadas por otros grupos de la oposición. Caso de IU, que rechaza todo “proyecto especulativo” en la Gavidia. El portavoz local, Daniel González Rojas, califica de “pelotazo urbanístico” las actuaciones encaminadas a privatizar la obra y exige respetar el acuerdo plenario de principios de legislatura “para blindar el uso público y social del edificio”.
Desde Participa Sevilla (formación ligada a Podemos) también requieren esta vía comunitaria. “Y, además, cumpliendo la Ley de Memoria Histórica”, señalan. En este sentido, Susana Serrano destaca que existen proyectos para el lugar “que cumplirían con estas condiciones” pero el alcalde Espadas, dice, “hasta ahora se ha escudado en informes técnicos para afrontar las necesarias decisiones políticas que demanda tanto la ciudadanía como exige la legislación”.