La DANA de Valencia entierra el impulso del alcalde de Sevilla de hacer pisos en la gran zona inundable de la capital

Lo que no han conseguido normas de protección y hasta una sentencia del Tribunal Supremo puede que lo haya hecho el aterrador impacto de la DANA en Valencia: la gran bolsa de 360 hectáreas de suelo de Tablada, que el sector de la construcción sigue viendo como el gran caramelo urbanístico de Sevilla, no va a acoger viviendas. El hecho de que estos terrenos sean la gran llanura de inundación del Guadalquivir no había frenado hasta ahora al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), en su idea de ocupar parte de este espacio con pisos, una idea a la que ahora renuncia con el argumento de que “si hay zonas inundables más vale olvidarse de ellas”.

El reconocimiento por el regidor de que hay que “repensar” lo que se puede hacer en estos suelos ha sido saludado como su entrada en el carril de la sensatez tanto por la oposición municipal de izquierdas como para ecologistas y los activistas de la Mesa Ciudadana por Tablada, que llevan años luchando por su preservación. Desde su llegada a la alcaldía, Sanz ha mantenido que ahí cabe un gran pulmón verde compatible con otros usos, como terciario, deportivo, cultural y, “por supuesto, residencial”, una idea que ha defendido hasta este verano pese a que hace ahora un año ralentizó los tiempos para garantizar que con el nuevo PGOU que quiere poner en marcha ahí se haría “lo que los sevillanos quieran”.

Tablada es una enorme dehesa a las puertas de Sevilla por el sur, formalmente con una extensión de algo más de 360 hectáreas –ha habido amagos interesados de inflar artificialmente esta cifra– que tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. Esa calificación se la concedió la actual norma urbanística (de 2006) en un intento, precisamente, de preservarla de los promotores que se hicieron con unos suelos que durante décadas fueron del Ministerio de Defensa –todavía se mantiene la pista del aeródromo– hasta que, en 1997, los vendió a las cajas de ahorro sevillanas (El Monte y Caja San Fernando) que, a su vez, los revendieron a un conglomerado de empresas inmobiliarias.

Los promotores no renuncian

El sector de la construcción lleva más de un cuarto de siglo esperando su oportunidad. Y se resiste a tirar la toalla, como demuestra que Juan Aguilera, secretario de la patronal de la construcción (Gaesco), ha defendido en Radio Sevilla que se acometa un estudio de inundabilidad “para hablar con precisión y datos en la mano, no con estimaciones y opiniones que no están fundamentadas”. Pero lo cierto es que el hecho de que estos terrenos se inundan lo ratifica no sólo el PGOU, sino también la información que aportan la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el propio Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Pese a ello, Aguilera ha apelado a que “no se despilfarre el suelo que puede albergar usos necesarios para la ciudad que no sean inundables”. De hecho, el propio José Luis Sanz defiende que en Tablada hay zonas inundables y otras que no lo son, además de insistir en que la opción del parque sería “imposible” de asumir por la ciudad por lo costoso de su mantenimiento dadas sus dimensiones.

Lo del tamaño, por cierto, es otro cantar, ya que históricamente se ha barajado la cifra de unas 360 hectáreas, aunque el gobierno del PP alude a 600 e incluso 700 hectáreas. La disparidad de criterio la explican desde la Mesa por Tablada en que se están incorporando zonas de cultivo para inflar el dato y así relativizar el impacto de la parte que se dedicara a construir viviendas.

Riesgo muy alto en 100 años

Para Enrique Hernández, uno de los portavoces de la Mesa, la catástrofe de Valencia ha sido una “llamada de atención de tal calibre” que ni el alcalde ha podido cerrar los ojos a la evidencia. “Esto ha servido para visualizar que iba a contramano, que ya era demasiado escandaloso”, y es que la inundabilidad de la dehesa está “superacreditada” con una recurrencia como riesgo muy alto en 100 años. Es decir, que en un siglo podrá pasar más de una vez, pero lo que es seguro es que al menos se inundará en una ocasión.

De hecho, así ocurrió por ejemplo en 1947 o en 1996 si se juntan varios factores (fuertes lluvias que obligan a los embalses a desaguar, pleamar...) “que no es fácil que se den todos juntos, pero que no es imposible ni improbable”. Los promotores siempre han intentado sortear la inundabilidad con la garantía de que se construiría un gran muro de defensa, de entre 3 y 3,58 metros, pero eso lo que haría es trasladar el problema porque el agua que no entre en Tablada tendría que salir por otro lado. De esta manera, aguas arriba podrían verse afectadas zonas como Triana, el estadio de la Cartuja o Camas, mientras que aguas abajo esto generaría problemas en San Juan de Aznalfarache o Gelves.

Esperando el momento político

Así las cosas, las inmobiliarias han estado esperando un cambio en el viento político que no propiciaron los anteriores alcaldes, los socialistas Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Espadas y Antonio Muñoz, ni tampoco el popular Juan Ignacio Zoido. Hasta que llegó Sanz en junio de 2023 y entreabrió esa puerta, pese a que los terrenos son inundables y a la protección urbanística de la que gozan.

Porque no es sólo el PGOU, sino que también una norma autonómica de rango superior (el Potaus, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla) considera que la dehesa tiene que ser un parque metropolitano, aunque luego no desarrolla más esta opción. Esto no desanimó a los promotores, que esgrimieron un acuerdo para hacer viviendas que rubricaron con el gobierno local de Soledad Becerril (del PP, y alcaldesa entre 1995 y 1999) para embarcarse en una carrera judicial para intentar tumbar la protección que le brinda el PGOU.

Así se mantuvieron las cosas hasta que en 2013 el Tribunal Supremo dijo que las cosas se quedaban como estaban, lo que pareció blindar definitivamente el espacio. Eso sí, y en paralelo, se cerró la puerta a una posible expropiación para preservar su carácter público. Hace dos años, además, un informe de los servicios jurídicos municipales concluyó que no había base legal para expropiar.

¿Cuál sería entonces la solución? Este informe abogó por la declaración de la dehesa como parque metropolitano como vía más adecuada para lograr una gran zona verde y pública. Pese a ello, desde la Mesa por Tablada (que ha pedido una reunión con el alcalde para que les aclare la situación) se insiste en que ahora es el momento de “convocar a las administraciones y crear un consorcio público para expropiar” los suelos.