El incidente que, el 14 de marzo, acabó con una denuncia por gitanofobia en el Primark del centro comercial Lagoh de Sevilla se ha expuesto en el Congreso de los Diputados como un ejemplo de las muestras de racismo que todavía, de manera general, sufre día a día la comunidad gitana. El suceso derivó en una segunda denuncia contra un mando policial de la comisaría del Distrito Sur, al que se acusa de posible omisión de perseguir el delito previamente denunciado, y se ha analizado en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, en el marco del Pacto de Estado contra el Antigitanismo.
El “tratamiento denigrante y despreciable” que sufrieron dos mujeres de etnia gitana por parte de vigilantes de seguridad de esta tienda de Primark, ante la posibilidad de que se hubiese producido un error en caja y que no se hubiesen cobrado unos leggins, fue denunciado este miércoles por la activista y abogada Séfora Vargas, que fue testigo de los hechos (junto a su marido, policía nacional de profesión) y que ha asumido la defensa de las dos denunciantes. Vargas acudió a la comisión como ponente a propuesta de Vox, formación a la que agradeció la invitación pese a que “tenemos planteamientos completamente diferentes”.
La denuncia se ha interpuesto por un posible delito de ocio, racismo y discriminación, sentido en el que la compareciente recordó que para que se produzca no hace falta un insulto directo, ya que adquiere la forma de malos modos, miradas suspicaces o una aplicación excesiva de los protocolos de seguridad. “Estas mujeres, dos grandes artistas, parecían gitanas a leguas y por eso se saltaron los procedimientos legales con ellas y vulneraron la presunción de inocencia”, lamentó Vargas.
“Doble victimización”
Pero si grave fue lo ocurrido en el centro comercial, peor a su juicio fue la actitud del mando policial, que insistió en que sólo se podía interponer una denuncia (querían hacerlo las dos afectadas y los dos testigos) y que consideró que lo ocurrido no era un delito, como mucho un caso de injurias leves. “No sabe lo que es un delito de odio”, subrayó en la comisión del Congreso, lo que desde su punto de vista es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la comisaría del Distrito Sur es la que presta servicio en el Polígono Sur, uno de los barrios con mayor población gitana de Sevilla.
“Sufrieron una doble victimización, porque la institución que debía protegerlas las volvió a discriminar”, incidió Vargas. Esto la ha llevado a impulsar una campaña encaminada a que el mando policial no continúe en el Distrito Sur, para lo que se está animando a colectivos gitanos a presentar en comisarías de toda España una queja siguiendo un modelo que la abogada y activista ha puesto en su blog y en sus redes sociales a disposición de todo el que quiera participar. “Le están poniendo pegas a los que quieren presentar la queja”, criticó, aunque agradeció la actitud del jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, que se ha interesado personalmente por el caso.
Mala atención por los servicios sociales
En su intervención, Vargas denunció la escasa atención que los servicios sociales siguen dispensando a la comunidad gitana (“se les trata mal”, apuntó), y en este sentido puso el ejemplo de una joven que lleva cinco meses solicitando un documento para poder percibir la renta mínima vital “y no la ayudan”. También, “según reconoce el propio Ministerio de Sanidad”, los gitanos son de los grupos peor atendidos por el sistema sanitario, por lo que reclamó que “se hagan políticas sociales que eliminen las diferencias”.
También lamentó lo difícil que tiene denunciar casos de maltrato la mujer gitana, educada en muchas ocasiones en “la cultura de aguantar”. “¿Cómo se interpone una orden alejamiento si está casada con un familiar o vende en el puesto de enfrente en el mercadillo?”, se preguntó, “no consiguen ni que declare”.
En relación con la venta ambulante, reclamó un tipo de autónomo concreto y criticó que en los mercadillos donde ejercen su tarea profesional “no se les trata como a trabajadores”. “No tienen ni servicios públicos y no siempre hay un bar cerca con esa manía de sacar los mercadillos a zonas periurbanas”, resaltó, lo que puede traducirse en serios problemas de salud.
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