El chabolismo es consustancial a prácticamente todas las grandes ciudades de la geografía española y su erradicación no se ha conseguido todavía en casi ninguna. La complejidad de este tipo de intervenciones en un contexto de carencia de vivienda pública o social, unido a la merma de los servicios sociales públicos, dificulta el éxito en este tipo de operaciones, aunque todos los expertos consultados para este reportaje señalan de forma categórica que es posible erradicar asentamientos con cierto éxito. Pero para ello, se requieren una serie de requisitos previos que, en todo caso, vienen precedidos de un minucioso trabajo enfocado en el largo plazo y con una atención individualizada, familia por familia.
En el caso de la ciudad de Sevilla permanece el asentamiento de El Vacie, surgido en los años 30 del pasado siglo y que en numerosos estudios figura con el más antiguo de Europa. Formado por más de un centenar de familias y situado en la zona norte del núcleo urbano, es el último reducto en el que se trabaja actualmente para su desmantelamiento. Las reservas con las que las entidades implicadas responden al ser preguntadas por el estado de esta operación, dan a entender que este trabajo de coordinación está siendo, efectivamente, estrechamente coordinado y manejado con cautela para conseguir un relativo éxito tras más de 80 años de fracasos. De momento, es uno de los compromisos expresados en varias ocasiones por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE).
Pero ¿cómo se desmantela un asentamiento chabolista? ¿Cuáles son las estrategias a seguir para evitar que la demolición de las chabolas signifique su reproducción en otra zona de la ciudad o traslado a otro tipo de chabolismo, el vertical, en los barrios más degradados de la población? Desgraciadamente, Sevilla ha vivido experiencias negativas en estos procesos, como el bochornoso desalojo de los Bermejales, en 2001, cuando una promotora contratada por el Ayuntamiento dio 42.000 euros en bolsas de plástico a cada familia para que se marcharan de esos terrenos privados. Pero también existe el caso de San Diego, en Pino Montano, donde una planificación y el trabajo social previo, dotado además con los recursos suficientes, dio sus frutos.
“Nos empeñamos en que cambien su vida sin cambiar su entorno”. Macarena Olid, Asociación Pro Derechos Humanos
El motivo detrás del desalojo, la clave
Según un estudio de Francisco José Torres, del departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, recogido en la publicación Hábitat y Sociedad, los procedimientos para llevar a cabo estas iniciativas han sido muy diferentes a lo largo del tiempo en Sevilla. La clave, señala este análisis, está en el objetivo que se persigue con el desmantelamiento de las chabolas: dignificar la vida de sus moradores e integrarlos con el resto de los vecinos, o liberar el suelo en el que se ubican estas infraviviendas para poder acometer rentables operaciones urbanísticas, sin un asomo de políticas o estrategias previas de integración o realojo.
Macarena Olid, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), y con experiencia en el trabajo con chabolistas, explica que el acompañamiento individual a cada familia es fundamental. Existen dos formas de erradicar un asentamiento chabolista, la primera consiste en empezar el trabajo desde el asentamiento, algo fundamental pero que no debe ser condicionante para el cambio de vivienda, según explica Olid. “Nos empeñamos en que cambien su vida sin cambiar su entorno”, dice. La otra manera es trabajar desde que se produce el acceso a la vivienda, pero esta fórmula choca con una realidad: la falta de suficiente vivienda pública o social.
El acceso a la vivienda social es imposible para un chabolista
En este sentido, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla, José Luis Sarasola, advierte de que el acceso a la vivienda protegida para las poblaciones en riesgo, sin cotización a la seguridad social, sin formación o medios de vida, es imposible por los umbrales de renta o garantías económicas que se exigen para optar en la actualidad a una VPO. “No sólo es necesaria más vivienda social, sino que tenga otras condiciones de acceso, porque las actuales sacan del cupo a los que menos tienen”, asegura Sarasola.
El cualquier caso, debe haber un acompañamiento previo, in situ, “no impuesto”, y un posterior seguimiento cuando se ha producido el traslado a la vivienda. En este proceso de acompañamiento se fijan una serie de objetivos básicos como reducir el absentismo escolar y trabajar el ámbito de la salud –la esperanza de vida de los habitantes de estos asentamientos es menor a la media del resto de vecinos de la ciudad, según coinciden Olid y Sarasola–.
Para ello, se precisa la coordinación de los servicios sociales del Ayuntamiento, con el sistema sanitario y educativo –dependiente del Gobierno autonómico–, y las entidades humanitarias que trabajan sobre el terreno. “Es un trabajo de hormiguita”, ilustra esta trabajadora de la APDHA, que recuerda que lo fundamental para poder empezar todo el proceso es dignificar las condiciones de vida. Así, los centros médicos de atención primaria próximos al asentamiento deben hacer un trabajo de información y educación en calle, para que los vecinos de los asentamientos utilicen estos servicios y lo mismo ocurre con los colegios públicos.
Al mismo tiempo, se debe facilitar a esta población la adquisición de habilidades sociales, parentales, para el empleo y de formación. Este trabajo se enfoca para el tránsito a una vivienda, si bien, las circunstancias de una chabola impiden muchas veces conseguir estos objetivos que se posponen al momento del realojo.
“No sólo es necesaria más vivienda social, sino que tenga otras condiciones de acceso, porque las actuales sacan del cupo a los que menos tienen” José Luis Sarasola, Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla
La integración en los barrios de destino
En paralelo, se debe trabajar la integración de estos nuevos vecinos en los barrios de destino. José Luis Sarasola, que también es Doctor en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, señala que en este sentido ha jugado y juega un importante papel la escolarización de los menores chabolistas en los centros educativos del entorno. También la intervención de los servicios sociales para tramitar las ayudas a las que tienen derecho por sus circunstancias, como el salario mínimo vital, las rentas mínimas de inserción o pensiones no contributivas.
En cuanto a los distritos o barrios de destino, se debe llevar a cabo un trabajo minucioso y discreto para evitar el rechazo de sus habitantes. Este cometido se realiza a través de las entidades sociales de los barrios –peñas y otras asociaciones locales–. Este cometido lo suelen realizar las trabajadoras sociales de las Áreas Básicas de Servicios Sociales, dependientes del Ayuntamiento. En Sevilla existen 12 Centros de Servicios Sociales con un presupuesto próximo a los 2,34 millones de euros para cuatro años de trabajo, según las cifras facilitadas por Sarasola.
El realojo y la integración no sólo consiste en facilitar una vivienda a quien vive en una chabola, también es necesario facilitar fórmulas económicas para que puedan mantener ese cambio de vida en lo relacionado con la salud, con la educación o la convivencia.
El modelo del caso de San Diego
Entre 1997 y 1998 tuvo lugar el realojo del asentamiento chabolista de San Diego, en el barrio de Pinto Montano. Una operación que se saldó con cierto éxito debido a que las viviendas en las que se alojaron se construyeron casi en el mismo emplazamiento donde residían. “No se cambió su entorno, sino que se dignificó, y esa fue la clave”, destaca Macarena Olid. En ese análisis coincide el estudio de Torres Gutiérrez.
Se asignaron viviendas unifamiliares de propiedad municipal en régimen de alquiler a cada una de las familias. La Junta de Andalucía financió estos inmuebles. La erradicación se produjo mediante un proceso ordenado en varias fases entre 1997 y 1998. A medida que se construían las viviendas, se ponían en marcha, de forma paralela, las distintas fases de desalojo–realojo. Además hubo un trabajo previo de fortalecimiento de vínculos entre los vecindarios colindantes (de San Diego y de Los Carteros) y la población del núcleo chabolista, fundamentalmente de etnia gitana. Este trabajo previo se desarrolló durante dos décadas, según el informe de este académico, y sirvió para conocer e integrar a algunas familias gitanas que se asentaban en las chabolas.
Perdigones y Bermejales, “peor imposible”
En verano de 2004, la portada de un periódico local de Sevilla, El Correo de Andalucía, publicaba a toda página una foto de un chabolista sonriente con un fajo de billetes. En las páginas interiores, se repetían las imágenes. El Ayuntamiento contrató a una promotora que repartió ese dinero entre los habitantes del poblado chabolista con la condición de que se fueran de allí. Supuestamente, el requisito para cobrar ese dinero establecía que cada familia debía adquirir una vivienda pero nunca en el Polígono Sur.
Cada familia recibió 42.000 euros, y nunca más se supo porque no había previsto un plan de seguimiento, orientación o acompañamiento. Muchos de ellos acabaron, como era esperable, en algunos barrios del Polígono Sur, lo que originó graves problemas de convivencia en una zona ya muy castigada por la exclusión social. Posteriormente, en esos suelos de los Bermejales se construyeron 1.700 pisos.
Tres años antes, en 2001, en el espacio situado en la calle Resolana bajo la torre de los Perdigones, se desalojaron a 38 familias de un asentamiento que llevaba allí dos décadas. La constructora Prasa levantó allí un conjunto residencial y una amplia zona verde, en una parcela muy próxima al río. Todo ello supuso una inmediata recalificación ambiental de aquel sector de la ronda histórica y de las instalaciones universitarias que lo rodean.
A estas familias también se les entregó un sobre con 42.000 euros, y se repartieron por el resto de la ciudad. A la mayoría, se les facilitó el acceso a una vivienda social y hubo algunos casos de acompañamiento social, pero la falta de criterios a la hora de planificar los realojos supuso el principal problema. El Informe Espacial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la materia, elaborado en 2005, relata que varios de los chabolistas de los Perdigones se fueron al Polígono Sur, donde compraron viviendas no regularizadas. Otros se fueron a una urbanización en Alcalá de Guadaira, y del resto no se sabe dónde terminaron.