Dos de los siete miembros que integran el comité organizador del 15 Congreso del PP de Sevilla, que se celebra el 27 de marzo, han presentado su dimisión alegando que no pueden ejercer sus funciones como vocales al no ofrecerles facilidades para asistir a las reuniones de este congreso. Esta decisión viene a añadir más tensión a un proceso congresual ya muy enrarecido por el descarnado enfrentamiento de dos candidaturas, la de la actual presidenta, Virgina Pérez, que cuenta con el aval de la dirección nacional del partido, y la de Juan Ávila, alcalde de Carmona y apoyado por la ejecutiva andaluza, un choque que es el reflejo provincial del que mantienen Pablo Casado y Juan Manuel Moreno Bonilla por el control del partido en Andalucía.
Los dos militantes que han dado este paso son Rafael Ruiz Guzmán y Pedro Molina de los Santos, que han hecho llegar al partido sendas cartas en las que alegan que no han podido asistir a la mayoría de las reuniones del comité al celebrarse en horarios en los que sus ocupaciones laborales no les permiten asistir. Asimismo, denuncian que las convocatorias se hacen “sin apenas antelación” y que no se les han ofrecido alternativas, como la vía telemática, “que permitan estar presente para poder mostrar mi opinión”. “Mi presencia no es para nada relevante”, lamentan ambos.
Desde la candidatura de Virginia Pérez se declinaba comentar lo ocurrido, mientras que el comité organizador lo hacía tras una reunión celebrada en la mañana de este sábado para incidir en que estas renuncias no impiden el funcionamiento de un órgano que sólo requiere un mínimo de cinco miembros, justo con los que se ha quedado ahora. La presidenta del comité, María Eugenia Moreno (alcaldesa de Huévar), enmarca el adiós de los dos vocales en el hecho de que la supervisión del proceso congresual “requiere de una dedicación permanente, siendo comprensible que obligaciones laborales o de carácter personal puedan dificultar esta labor”.
La carrera para presidir el partido en Sevilla, un reflejo del pulso que están manteniendo las direcciones nacional y regional del PP, se está desarrollando con graves acusaciones e incluso descalificaciones entre ambos candidatos y las continuas denuncias de irregularidades por parte de Juan Ávila. Este aspirante, de hecho, ya había recusado a tres miembros del comité organizador: la propia presidenta; la vicepresidenta, Isabel Díaz Cutiño; y el vocal de NNGG Pedro González, presidente de esta organización. A los tres les acusa de ser amigos personales de Virginia Pérez o tener relación laboral con ella, lo que a su juicio compromete su independencia.
Una de las cartas de renuncia presentadas al COC se limita a un austero párrafo, pero la otra misiva sí es más dura, incluyendo acusaciones como que no se ofrece información o no se leen las actas. Asimismo, critica que no ha llegado a participar, ni se le ha informado, de “decisiones de gran importancia que afectan a los afiliados”. A esto, desde el comité organizador se replicaba recordando que las actas siempre están a disposición y que las reuniones se convocan con toda la antelación posible, “aunque estas convocatorias están sujetas a los escritos y reclamaciones que se van presentando desde ambas candidaturas”.
La candidatura de Juan Ávila reaccionó de manera fulgurante al conocerse estas dos dimisiones, incidiendo en que esto es una muestra de “un proceso congresual a todas luces fraudulento y en el que se están vulnerando derechos de los afiliados”. Por ello, hace un llamamiento “a todos los estamentos del PP para que pongan freno al despropósito que está suponiendo la organización” de este proceso congresual, con un comité al que acusa de poner las bases para “celebrar un congreso a la carta para favorecer a Virginia Pérez”, algo que ahora “se está desmoronando”.
En la reunión de este sábado del comité organizador, por cierto, se desestimaban nuevas peticiones de la candidatura de Juan Ávila, en este caso centradas en la regularización de cuotas de afiliados, al considerar que son medidas que contravienen la normativa vigente. En concreto, se solicitaba ampliar el tope de 1.000 euros de ingreso en cajero, que se permita transferencia de terceros y retrasar el plazo de inscripción de electores, lo que para este órgano supervisor “incumple lo establecido por los reglamentos del PP y la legislación sobre financiación de partidos políticos”.
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