La Diputación reclama al alcalde de Sevilla que “aclare” si va a seguir abriendo las fosas comunes del franquismo

“Abierto y dispuesto a continuar con el trabajo de recuperación de la memoria democrática tanto en Sevilla capital como en aquellos lugares de la provincia donde se localicen fosas comunes”. Esta es la declaración de intenciones que ha hecho el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (PSOE), que ha instado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), a “aclarar cuál va a ser la posición del Ayuntamiento hispalense, si va a seguir o no con las exhumaciones como hasta ahora”.

El máximo responsable de la institución provincial se ha mostrado dispuesto a “seguir avanzando en la recuperación de la memoria democrática en la fosa Monumento en el cementerio sevillano de San Fernando, para lo que necesitamos la total implicación del alcalde de la ciudad”. Una vez finalizados los trabajos en la fosa común de Pico Reja, en los que la Diputación participó presupuestariamente con 265.000 euros, la previsión del anterior gobierno municipal (del PSOE) era abrir la fosa Monumento, en teoría más grande que Pico Reja y para la que incluso se consignó una partida en los presupuestos de 2023.

Pero desde que se produjo el cambio de gobierno tras las elecciones municipales, no se ha vuelto a saber nada más. Antes incluso de tomar posesión como regidor, Sanz ya apuntó que “reorganizará” memoria democrática porque considera que hay “un poco de despilfarro”, y lo máximo que se ha llegado a afirmar es que no se va a tocar nada de lo que estuviese en marcha, aunque sin confirmar si se iba a continuar con la exhumación de fosas comunes. Desde la oposición, PSOE y Podemos-IU insisten en que a la hora de la verdad se están desmantelando las políticas municipales de memoria histórica.

“La dignidad no admite ambigüedades”

En este contexto, Javier Fernández ha recibido a los integrantes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, con su presidente Esteban Garrido al frente, a los que ha ratificado que “la Diputación está dispuesta a aportar fondos para iniciar la exhumación en la fosa Monumento, porque la dignidad de las víctimas y de sus familiares no admite ambigüedades en este apartado”. “Por eso mismo, necesitamos un compromiso similar al desplegado para Pico Reja por parte de todas las administraciones”, ha apostillado.

Fernández ha propuesto seguir con “la lealtad institucional y el modelo de financiación que sirvió para exhumar a 1.786 personas en la fosa de Pico Reja”, es decir, con aportaciones del 50% por parte del Ayuntamiento, del 25% desde la Junta de Andalucía y de otro 25% desde la Diputación, sin descartar la participación del Estado. Sólo en Sevilla capital se registraron 4.200 ejecuciones y otras 9.000 en la provincia, ante lo que Fernández ha expresado que “además de en la fosa ya exhumada de Pico Reja y en las de Monumento y Antigua en la capital, la memoria histórica y democrática también espera ser recuperada en muchos lugares de la provincia”.

Restitución de la memoria

El responsable provincial ha recordado que la Diputación está “muy comprometida con todo lo que sean políticas de igualdad y de justicia social y, dentro de ese ámbito, queremos dar máxima prioridad al trabajo con las asociaciones memorialistas, porque queremos estar en todo aquello que devuelva la dignidad a las familias y restituya la memoria de las personas asesinadas. Donde haya una fosa en la provincia, estaremos al lado de estos colectivos memorialistas y al lado de todas las instituciones que, de alguna manera, quieran colaborar para trabajar en esta dirección”.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Esteban Garrido, ha puesto en valor la disposición de Fernández “para que la Diputación participe y lidere proyectos pendientes de memoria democrática en Sevilla, como la fosa Monumento en la capital, entre otros”. Asimismo, ha destacado “el inicio de una interlocución con la administración provincial que las entidades memorialistas no tienen desde hace cinco años con la Junta, para dar cumplimento a la Ley de Memoria y a las directrices internacionales de los derechos humanos: verdad, justicia y reparación”.