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“Los problemas de la sanidad en la provincia” de Sevilla ha sido el tema que más se ha repetido en los plenos de la Diputación en el último año. Es, de hecho, “el tema que más han referido los alcaldes en todas y cada una de las visitas” que ha realizado el presidente de la corporación provincial, Javier Fernández (PSOE) a los diferentes municipios, desde que asumió el cargo el pasado mes de julio.
Todo ello explica que la cuestión sanitaria ocupe uno de los diez capítulos del documento Sevilla de 10, que este lunes entregó Fernández al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), con la mirada puesta en impulsar “un reto compartido” con el Gobierno andaluz para que Sevilla “siga siendo ese motor que siempre ha sido” para el conjunto de Andalucía.
En ese decálogo de propuestas que nacen “de la escucha activa, de la observación, del conocimiento directo” de los territorios, la Diputación incluye un “toque de atención” a la Junta respecto a la sanidad, por ser la administración que tiene las competencias en esta materia. Bajo el título “la mejora de la sanidad en la provincia”, la corporación provincial dedica un apartado a analizar el estado de la atención sanitaria en los pueblos de la provincia y concluye con su propio diagnóstico de la situación: “El panorama sanitario es muy preocupante”.
“No solo hablamos de las listas de espera para operarse, sino que los ayuntamientos nos trasladan problemas muy serios en el día a día de la atención primaria”, ha explicado este martes Javier Fernández, en referencia a la supresión de servicios de urgencias, al cierre total o parcial de centros sanitarios y a la merma de médicos de cabecera, entre otras medidas que ha adoptado el Gobierno andaluz tras la pandemia, bajo un criterio que la Diputación atribuye a “un sesgo político intolerable” en función “de qué partido gobierne en un determinado municipio o comarca”.
Radiografía de la sanidad en la provincia
De acuerdo con los datos recopilados por la corporación provincial y plasmados en el decálogo, en los últimos años “se han cerrado las urgencias de casi un 27% de los centros de salud” de la provincia, de manera que hoy el 45% de ellos carece de servicio de urgencia. Asimismo, “el 63% de los centros cierra por las tardes” y la plantilla de médicos de cabecera se ha reducido en más de un 30% de los municipios sevillanos, con especial mención a la zona básica de Estepa, que se ha pasado de 31 a 15, según ha remarcado Javier Fernández.
“Hay municipios que ni siquiera cuentan con servicio médico o que la atención primaria se presta en días alternos, con carencia de profesionales”, apunta en ese sentido el documento, destacando la “dramática” situación de la Sierra Sur sevillana en localidades como Lora de Estepa, Marinaleda, Badolatosa, Casariche, Estepa, Herrera, La Roda de Andalucía o Pedrera. Los usuarios de la provincia también sufren “listas de espera de especialistas y de cirugía insostenibles”, hasta el punto de que “8.399 sevillanos y sevillanas llevan más de uño esperando una intervención quirúrgica”.
Según diagnostica la Diputación, el “deterioro paulatino de la sanidad en nuestra provincia” se traduce en “el retroceso en la calidad de la atención primaria”, con consultas “saturadas” que someten a un “estrés insoportable” a los profesionales de la salud. Extremo que la institución provincial achaca a una “pésima gestión de la organización de los recursos humanos en un sistema que está llevando al abandono de pacientes crónicos y a una huida de los usuarios hacia la sanidad privada”. De esta forma, se suman a las reivindicaciones que profesionales y vecinos llevan meses demandando durante las diferentes movilizaciones que se han organizado en defensa de la sanidad pública.
“Y todo ello mientras se derivan ingentes recursos públicos a la sanidad privada”, señala el documento, apuntando a un “problema importante en el equilibrio entre sanidad pública y privada que está claramente desequilibrado” hacia esta última, según lo ve el socialista Javier Fernández. Esa percepción se suma a otra recogida en el capítulo de la sanidad, donde se sugiere que el Gobierno andaluz toma las decisiones que afectan a la atención sanitaria de las zonas rurales según el color político de los ayuntamientos que las gobiernen: “Los criterios de establecimiento o supresión de servicios de urgencias, de apertura o cierre total o parcial de ambulatorios, no resultan transparentes, induciendo a pensar en un sesgo político intolerable en una materia tan sensible como la atención sanitaria, en función de qué partido gobierne en un determinado municipio o comarca”.
Propuestas de mejora
El capítulo dedicado a la sanidad concluye afirmando que los “planes de choque” promovidos por la Consejería de Salud, “que consisten en desviar pacientes a las clínicas y hospitales privados”, según explica el documento, “no funcionan”. La solución, a ojos de la institución provincial, pasa por “invertir esos recursos en mejorar las condiciones de los profesionales para que no se marchen de la sanidad pública”.
Así pues, haciéndose eco de las demandas que han trasladado a la Diputación las zonas sanitarias sevillanas, la corporación provincial propone mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y administrativos por medio de “incentivos económicos y/o habitacionales para la cobertura de plazas de atención primaria, especialmente en zonas rurales alejadas y vulnerables”.
También se exige al Gobierno de Moreno “máxima transparencia en lo que se refiere a decisiones” que afecten a la atención primaria, “garantizando siempre la cobertura de todos los núcleos de población, con independencia del color político del equipo de gobierno municipal”.
Y se aportan otras propuestas concretas como implantar un “plan de reducción paulatina de la atención telefónica en favor de una mayor presencialidad” o “detener de forma inmediata el proceso de concentración de especialidades, devolviendo e incrementando la cartera de servicios de los Hospitales de Alta Resolución [los llamados CHARES] de la provincia”.
Otras cuentas pendientes
Más allá de la sanidad, el documento de 138 páginas –que Fernández le entregó este lunes al máximo responsable de la Junta durante la primera cita institucional entre ambos dirigentes desde la llegada del también alcalde de La Rinconada a la Diputación Provincia–l recoge otros nueve capítulos con “objetivos tangibles”, proyectados para el corto plazo en otros ámbitos de actuación prioritaria como la vivienda, el transporte o el agua.
En total, diez bloques temáticos escogidos después de realizar “un profundo análisis de la realidad social y económica de Sevilla y su provincia”, contemplando “las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan a diario tanto para la ciudadanía como para nuestro tejido empresarial y nuestro medio ambiente”.
Entre otros puntos, se propone la actualización del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), un plan de vivienda pública especialmente pensado para el área metropolitana (y que también implicará al Gobierno de España), más fondos para el plan de empleo Más Sevilla Social, una “alianza estratégica” para aumentar las plazas de las residencias universitarias públicas creando otras nuevas, mejorar el consorcio de transporte dotándolo de más líneas y horarios, reforzar el compromiso en el mantenimiento de las carreteras secundarias o construir las 15 depuradoras que están pendientes en la provincia.
En definitiva, “un plan con objetivos muy concretos y realistas, precisamente para que sea realizable” en el corto plazo con la colaboración de las distintas administraciones, por cuanto “no solo abarca la gestión desde los municipios, sino que aspira a que la Junta nos utilice como vehículo y como instrumento de acción y gestión sobre el terreno”, en palabras de Fernández.