Sigue nuestra edición de Sevilla en X
Ahora puedes seguir las noticias de Sevilla capital y provincia a través de la red social X en este enlace.
Los ocho pozos ilegales de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar en la misma frontera de Doñana, han sido temporalmente indultados en lo que sería una irregularidad dentro del proceso judicial por delito ambiental por la extracción ilegal de agua con estas instalaciones. Así lo considera Ecologistas en Acción, organización que está personada en el caso y que ha presentado un oficio en el juzgado que instruye la causa (el número 1 de Sanlúcar la Mayor) reclamando la nulidad de estas actuaciones porque no le fueron comunicadas previamente y no ha podido así presentar alegaciones, provocando una situación de “indefensión”.
La representación legal de los ecologistas plantea un “incidente excepcional de nulidad de actuaciones”, ya que el auto judicial en el que se acordó el cese de las medidas cautelares (el juez ordenó quitar el precinto de los pozos y reactivar la maquinaria) no se le hizo llegar. De hecho, la organización no sabía ni que la Fiscalía de Medio Ambiente se había opuesto a esta decisión del magistrado, “vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Por ello, el documento que Ecologistas en Acción ha hecho llegar al juez subraya que estaríamos ante un “acto procesal nulo de pleno derecho” al haberse producido una “vulneración de las normas esenciales del procedimiento”. Una situación que, en definitiva, provoca “indefensión” ya que como parte personada en el caso “se ha visto limitada en sus derechos y posibilidades dentro del proceso”.
“Disconformidad” con el auto
Con estos precedentes, la organización expresa formalmente su “disconformidad” con el auto judicial que ha levantado el bloqueo de los pozos, a la vez que solicita que se les emplace para poder interponer un recurso. Por todo ello, insta a que “se revoque el levantamiento de las medidas cautelares”, declarando así la nulidad del auto judicial que permitió la restauración de las instalaciones denunciadas hace un año por la Fiscalía de Medio Ambiente.
El ministerio público calcula que, en plena sequía y en sólo un año, se usaron estos pozos para bombear para “riegos ilegítimos” un total de 305.851,73 metros cúbicos de agua (305 millones de litros), un 50% más de los 606.000 metros cúbicos anuales que tiene concedidos oficialmente la hacienda para regar 200 hectáreas de naranjas gourmet y olivar superintensivo. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros en esa anualidad, aunque ahora se investiga si estas extracciones ilegales se produjeron durante toda una década.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que, al ser parte personada, las distintas providencias y autos “deberían ser comunicados en tiempo y forma”, por lo que se encontraron con la “sorpresa” del levantamiento del veto temporal a los pozos en un trámite administrativo (conocido como acto de confrontación) al que acudieron en la propia finca. Este trámite es preceptivo en el marco del proyecto que Eurotécnica Agraria –la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras– ha presentado para regularizar estas ocho captaciones y modificar el sistema de regadío, un proceso que ha iniciado cuando ya estaba en marcha la actual causa judicial.
Sin mención a la situación judicial de los pozos
Además de expresar su “disconformidad” con el auto que levantó las medidas cautelares hace un mes, la organización ecologista critica a la autoridad responsable de conceder los derechos de agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuya Oficina de Planificación ha autorizado de manera inicial la propuesta para regularizar los pozos. Para ello defiende que el acuífero afectado (Aljarafe Sur) está en buen estado y estas instalaciones clandestinas no suponen un riesgo para su conservación.
Ecologistas en Acción critica que, a la hora de levantar el veto a los pozos, se aluda a este informe de la Confederación pero no se mencione su situación legal y la investigación de la que son objeto. De hecho, el juez no impone ninguna medida cautelar adicional, y son los agentes de la Guardia Civil que acuden a desprecintar las captaciones los que comunican a la Casa de Alba que esto no implica que puedan usarlos, recordándole que carecen todavía de licencia.
“Complacencia con los grandes latifundistas”
Para los ecologistas, esto supone literalmente “dejar en manos de la propiedad el uso de los pozos desprecintados”, por mucha advertencia que haga la Guardia Civil. A su juicio, esto viene a ser “una muestra más de la complacencia que la Confederación Hidrográfica parece tener con los grandes latifundistas andaluces”.
Por su parte, Eurotécnica Agraria admite que ha utilizado los ocho pozos en entredicho, que en teoría eran de apoyo para las dos captaciones para las que sí tiene licencia, aunque insiste en que nunca ha gastado más agua de la que tiene oficialmente asignada. La causa judicial abierta –en la que está llamada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro– abarca un posible delito ambiental por “extracción ilegal de agua” y otro por desobediencia, ya que se impidió el acceso a la propiedad a los agentes de la Guardia Civil que iban a clausurar las instalaciones sin autorización.