Después de que el juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana ordenase seguir las diligencias como procedimiento abreviado contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de Hermes Consulting; por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con relación a la mencionada entidad pública Mercasevilla; la Fiscalía ha reclamado cárcel para todos ellos.
En concreto, y a través de un escrito avanzado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, para Fernando Mellet, la Fiscalía reclama 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Ponce 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Lanzas 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Ismael Sierra 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para José Rodríguez López 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Algarin Lamela 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Albarracín 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Bordallo Rodríguez las penas de 3 años y 6 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Francisco González García 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Francisco Limón, 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta y para Antonio Garrido Santoyo, las penas de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación absoluta.
Ello, por unos hechos que la Fiscalía, en este escrito de fecha de 17 de mayo de 2021, tipifica como un delito de prevaricación y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Además, y entre otros aspectos, reclama que Mellet, Ponce, Lanzas, Albarracín y Francisco González García respondan “conjunta y solidariamente en la cantidad de 4.125.000 euros”, declarando a Mercasevilla como “responsable civil subsidiaria” y solicitando que responda en esa misma cuantía de 4,125 millones de euros, junto al resto de los citados en este párrafo.
En su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, recordémoslo, el juez Vilaplana abordaba la presunta ilicitud de las ayudas autonómicas concedidas por la Consejería de Empleo, “extramuros de cualquier legalidad”, para las primas de las pólizas de seguro de rentas colectivas suscritas con relación a las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la empresa Mercasevilla, actualmente participada en exclusiva por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad mixta Mercasevilla.
Se trata, en concreto, de una subvención de más de 5,6 millones de euros para el ERE de 2003 y una ayuda más superior a 6,9 millones de euros para el procedimiento de 2007.
Según el juez instructor, Fernando Mellet, entre otros aspectos, “habría abonado los servicio de Francisco José González, comercial de Vitalia, y Juan Lanzas, persona que por sus contactos con la Consejería de Empleo conseguiría la financiación pública de la Junta, con cargo a los fondos de Mercasevilla”, empresa que en aquellos tiempos dirigía.
En paralelo, “Lanzas habría facturado a través de la empresa de su cuñado Maginae Solutions una serie de servicios, justificándolos como actuaciones para la mejora de plantilla y servicios de asesoramiento, cuando realmente irían encaminados a satisfacer su comisión a resultas de los servicios prestados en relación al ERE de 2007” de Mercasevilla.
“En total, Lanzas percibiría de manera irregular, a través de la ficticia facturación de Algarín Lamela y de Maginae Solutions, 492.655 euros, de modo que toda esta operativa de facturas ficticias, emisión de cheques, cobro, reintegros y pagos se habrían llevado a cabo con el fin de obtener el cobro de estas gratificaciones y facilitar la entrada de estos fondos de procedencia ilícita en el circuito financiero”, indica el juez, señalando en paralelo el papel de Garrido Santoyo como “intruso” en el ERE de 2007 al disfrutar de dinero del mismo pese no formar parte de la plantilla de Mercasevilla.
Para ello, habría recurrido según el juez a “sus relaciones personales con los investigados, en particular con Lanzas”, quien “a través” de los miembros de Vitalia habría conseguido la “inclusión” de Garrido Santoyo “como beneficiario de la póliza” del ERE de 2007, y cobraba cuantías mediante Francisco Algarín Lamela, su “hombre de paja”.
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