La gestión de las bajas y altas laborales en los procesos con pacientes con incapacidad temporal ha llegado al Parlamento de Andalucía, que ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) de Izquierda Unida en la que se pide, entre otras cuestiones, que se supriman las denominadas 'sesiones de valoración conjunta' que reúne semanalmente a médicos de mutuas privadas con inspectores de las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) para evaluar dichos procesos.
La Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía ha aprobado la PNL con el único voto en contra del PSOE. La Junta de Andalucía niega disfunción alguna y defiende que la gestión compartida de altas con las mutuas pretende cumplir “con todas las garantías, tanto de procedimiento como de calidad clínica”.
“Lo grave de este procedimiento es que prima el criterio de la mutua al dar el alta, el inspector médico no ve al paciente, no se le escucha, no se le hace un reconocimiento previo como indica la ley”, dice el texto aprobado por todos los partidos excepto el PSOE. “El médico de familia queda excluido, quitándosele la capacidad de discrepar el alta si lo estima oportuno, y el paciente no es visto ni escuchado”, se añade.
Según denuncia la PNL, el modus operandi en algunos de los ámbitos de las UVMI de Sevilla prima el criterio “economicista” según “los intereses de las empresas y de las mutuas”, prevaleciendo “sobre los derechos de los pacientes que son obviados con premeditación y sobre los criterios profesionales de los médicos de familia que también en estos casos no tienen prevalencia alguna”.
Fuentes de la Consejería de Salud salían hace unos días al paso de la acusación, también promovida por Marea Blanca Sevilla, de que en dichas sesiones se resuelven las altas médicas a propuesta de las mutuas. Según la administración, IU alude a “una normativa desactualizada”, el Real Decreto 625/2014. “Actualmente, el procedimiento de las propuestas de altas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se rige por otra normativa de 2015 (el Real Decreto Ley 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que ofrece mayor garantía en el procedimiento de altas”.
Formas “fraudulentas”
La Junta dice que “la Inspección Sanitaria es la que modula y coordina el procedimiento de alta y los médicos de familia siempre participan en dicho procedimiento, puesto que se trata de una decisión clínica”. “Este sistema cumple con la normativa vigente y garantiza al trabajador que su médico de familia y la Inspección de Servicios Sanitarios han analizado la propuesta de alta realizada por la mutua”, defiende la Administración.
Según IU, introducir “esas formas clasificables como fraudulentas requiere no sólo un procedimiento o 'anómalo protocolo' preestablecido sino que, además, ha de contarse con un acuerdo o complicidad de quienes participan en el mismo”. “Y aquí cabría preguntarse, en la provincia de Sevilla, cuántos son los inspectores que reúnen los requisitos de conocimientos clínicos, cualificación, experiencia profesional en UVMI que garanticen independencia profesional y resolución efectiva frente a los técnicos de las mutuas”, apunta la proposición.
Según responde la Junta, “en Andalucía, además, se han puesto en marcha medidas para mejorar el procedimiento como la comprobación de que el trabajador conoce que la mutua ha enviado la propuesta de alta a la Inspección. Esto se hace mediante un modelo de 'conocimiento informado' que debe ser firmado por el paciente y en el que se describe que éste ha sido informado por parte de su mutua de que se va a proceder a tramitar la propuesta de alta motivada”. Por último, indican que “actualmente no existe ninguna reclamación o queja por escrito en la Subdirección de Inspección de la Consejería de Salud con relación al procedimiento establecido para las propuestas motivadas de altas”.
Según comenta a eldiario.es Andalucía Esperanza Morales, inspectora médico jubilada el pasado año y que con 25 años de trabajo a sus espaldas, “es evidente que la situación se está deteriorando”. “Es nuestra viviencia de muchos años y queremos que se sepa”, añade, “que a las mutuas se les da prerrogativas para que concedan las altas”. Morales lamenta que las valoraciones conjuntas se valen, además, de inspectores “que no tienen el reciclaje clínico necesario”. “Antes se daban las altas en mano y no por correo con efecto diferido de dos semanas, eso no es profesional”, lamenta.
Morales, que ha dado el paso en nombre del colectivo de inspectores de Sevilla, ha mantenido encuentros también con representantes de Podemos, que ha apoyado la propuesta de excluir a las mutuas patronales del procedimiento de altas de los pacientes y “que mejorará la PNL con enmiendas propias”, así como del PSOE, “que han mostrado una actitud acogedora” a la situación y que “podrá o no aceptarlo como grupo político” pero “la verdad es la que les hemos mostrado”. Morales también tiene citas pendientes con PP y Ciudadanos que ya han mostrado “disposición” para atender a sus reivindicaciones ante la Subdirección Médica, que dirige el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín. “La ley exige el control de las altas esté en las UMVI y en los médicos de familia”, insiste.
“Competencia del médico de familia”
Morales considera la aprobación de la PNL es un “éxito político” que “deja en evidencia al PSOE, a la Consejería de Salud, a la Subdirección Médica de Monteseirín y a todos los que desde hace tiempo están intentando quitar ese derecho del paciente y esa competencia del médico de familia para que pase a manos de las mutuas privadas que poco les interesan la salud del paciente salvo para su rendimiento la producción con un criterio salvajemente economicista.
Según añade, “ahora queda que la Junta cumpla este acuerdo parlamentario, que muchas veces lo remite directamente a la papelera”. También “queda que todos los sindicatos (CCOO, UGT, SATSE, USO, CGT, SEA CNT, etc.), así como las asociaciones de pacientes y entidades ciudadanas de todo tipo apoyen por escrito esta iniciativa para que se cumpla a la mayor brevedad y dejen de utilizar ese 'modus operandi' que van a intentar implantar próximamente en todo el Estado”.
Marea Blanca en Sevilla también denunciaba recientemente que con el procedimiento que está propiciando la Junta se hace prevalecer los criterios de las mutuas patronales, se obvia los derechos de los pacientes y se puentea a los médicos de familia, que son quienes conocen los múltiples procesos, a veces no sólo el que motiva la baja por enfermedad, de los que adolecen los pacientes.
Para la plataforma, han de suprimirse estas sesiones de valoración conjunta, restablecerse los derechos de los pacientes y el papel y competencias de los médicos de familia. Al mismo tiempo, la plataforma entiende que se hacen necesarias medidas de coordinación eficaces entre los organismos que controlan las bajas por enfermedad, pues la multiplicidad de citas para la valoración suponen a veces gastos y contratiempos para los enfermos que no se tienen en cuenta ni se compensan adecuadamente, como también recoge la PNL ya registrada.