El grito contra la eliminación de aulas en los colegios públicos resuena en Sevilla en las puertas del Parlamento

Ni una plaza menos en la pública, exigía la pancarta principal, colgada en la reja exterior del Parlamento de Andalucía. Teniendo en cuenta la hora, dentro tenían que quedar pocos parlamentarios, pero el sitio tiene su simbolismo y allí que se plantaron en la tarde de este jueves asociaciones de madres y padres, sindicatos y colectivos sociales de Sevilla para gritar que el próximo curso se volverán a perder aulas y plazas en la escuela pública, mientras que a su juicio a la concertada se le pasa más la mano para que no se resulte tan afectada. Desde la Consejería de Educación, por su parte, se achaca la situación a una cuestión básicamente de caída demográfica.

Este argumento no tenía a nadie que lo defendiera en las puertas del Parlamento, donde el lema que más coreó la concurrencia (achuchada por una megafonía incansable) fue Ni una clase menos, ni un recorte más. Porque las cifras definitivas no se conocerán hasta que termine el proceso de escolarización, pero la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) ya ha hecho sus cuentas iniciales: de partida, la oferta en Infantil se ha reducido en 45 aulas y 1.100 plazas.

Consignas en defensa de la pública

Fampa era una de las entidades allí reunidas, junto a formaciones sindicales como ANPE, CCOO, UGT, CSIF y Ustea, el Frente de Estudiantes y el Movimiento de Acción Estudiantil, la asociación de directores de colegios de Educación Primaria, Escuelas de Calor... Y madres y padres acompañados de una bulliciosa chiquillada, muy afanada en el reparto de pegatinas y en cantar mensajes como Imbroda, escucha, la pública está en la lucha. “Imbroda es el que manda en los colegios”, le tenía que explicar una madre a su hija, para resumir de manera bastante gráfica la función del consejero de Educación.

A Fampa le ponía voz su presidenta, Marina Jiménez, que incidía en uno de los argumentos más repetidos en la concentración: “No se trata por igual a la concertada y a la pública, hay un agravio comparativo”. ¿Y dónde reside esta discriminación? Pues en que los conciertos blindan a estos centros, de manera que se pueden pasar hasta cuatro años perdiendo alumnos sin que les reduzcan aulas, mientras que “en la pública todos los años hay que revisar y hacer cábalas”.

La raspa del pescado

Más reproches, ahora con la rúbrica de Daniel Fernández, secretario de Educación de CGT. En teoría, la administración educativa todavía no ha cerrado formalmente ningún aula de cara al curso que viene, sino que ha hecho sus cálculos y ha reducido de partida la oferta con el compromiso de dar marcha atrás si al final la demanda es superior. “Es una medida perversa”, resumía Fernández, porque los padres van a lo seguro y no se arriesgan a pedir un colegio en el que se augura una reducción de plazas. “Al final van a dejar lo público en el esqueleto, en la raspa del pescado”.

La bulliciosa concentración intentó hacer unas líneas con unas cadenetas de papel, pero aquello salió regular y al final el personal se concentró más en las consignas. La Junta se salta la ley a la torera, toca ahora, entre banderas del Frente de Estudiantes, CGT, Ustea o el Movimiento de Acción Estudiantil. La dotación de un par de furgonetas de la Policía Nacional asistía a la escena, en un ambiente más cercano a lo festivo que a lo reivindicativo.

Aunque las reclamaciones no cesaban. Noelia Franco, directora del Joaquín Turina, “el único colegio bilingüe de francés de todo Nervión”, todavía no se explica por qué les quitan una de las dos líneas de Infantil cuando tienen más demanda que los concertados. Ana Cabello, profesora que cuando le dijeron que iba a ese mismo centro le comentaron que le había tocado la lotería, recuerda que llegaron a tener tres líneas y que es verdad que hay menos niños, pero no tan pocos como para quedarse sólo con una.

Aprovechar para bajar la ratio

Y esa era otra reclamación: si hay menos demanda, que se aproveche para mejorar las condiciones. “La demografía da una oportunidad”, proclamaba Teresa Pablo, de Escuelas de Calor, que incide en que no hay mejor ocasión para bajar una ratio que está en 25 alumnos por aula pero que se puede aumentar hasta 28. “Si se cierran aulas con el paso de los años se pueden perder colegios públicos, que en muchos barrios son el centro de la comunidad”.

Mientras tanto, se dejan de lanzar consignas porque llega el momento de la lectura del manifiesto, de la que se encargan tres chavales, Bruno, Marta y Cristina. “Venimos a que nos escuchen quienes tienen el deber de escuchar a los ciudadanos”, arrancaba un texto en el que se lamentaba “la indiferencia, las excusas y el menosprecio” de la administración sanitaria. “Hasta la próxima, seguiremos en la lucha”.

Lo engañoso de las cifras

Antes de que la reunión se dispersase, Elisabet Pardial, del colegio San José Obrero, en El Cerezo, explicaba lo engañoso de las cifras, porque para el próximo curso tienen más demanda (28 plazas) que oferta (25) tras perder una línea. Pero es que además las 28 crecerán porque llegarán alumnos que no caben en el cercano Pedro Garfias, pero al haber ahora sólo un aula de Infantil pueden acabar en San Jerónimo.

Y eso sin hablar de que por las características del barrio (el colegio tienen chiquillos de una treintena de nacionalidades) siempre llegan varios alumnos con el curso ya empezado. Lo de las cifras también se esgrime para hablar del colegio Guadalquivir de Mairena del Aljarafe, en el que “siempre se quedan niños fuera”, según denunciaba un grupo de madres (Tatiana, Pilar, Inés, Leticia, Elena…) que lamentaba que para el próximo curso se ha quedado con dos líneas de Infantil y 65 solicitudes para 50 plazas.

Marina Jiménez, de Fampa, se despedía y dejaba otra reflexión en el aire: los números de cara al próximo curso pueden ser engañosos, ya que al no ser obligatoria la escolarización en Infantil hubo muchos padres que no llevaron a sus hijos al colegio con la pandemia. Y esos niños, más pronto que tarde, van a reaparecer.

La Junta: hay plazas suficientes

¿Y qué es lo que se alega desde la Consejería de Educación? Pues precisamente en el Parlamento, y sólo unas horas antes de la protesta, el consejero Javier Imbroda insistía en que hasta ahora lo que hay es un proceso de planificación al que empuja la caída de la natalidad, que en Sevilla hay “plazas suficientes” y que desde la Junta se “trata de solucionar los problemas actuales”. Por cierto, anunció que a la vuelta del verano empezarán las obras del colegio que el centro de Sevilla lleva esperando una década, bloqueado junto a los jardines del Valle, lo que supondrá un pulmón para la educación pública en la zona.