La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha detectado “ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante” tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla).
En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UCO ponen de manifiesto que “no se han encontrado comunicaciones acerca de cómo deberían confeccionarse” los criterios de valoración de las ofertas que se presentaron al concurso público.
Los agentes, asimismo, advierten de que el análisis de los datos contenidos en las cuentas de correo electrónico “presentó una serie de limitaciones” en su estudio “dada la inexistencia de los mismos en ciertos periodos claves que afectan a la investigación”.
En este sentido, la UCO resalta en este atestado entregado a la juez el día 11 de octubre que “se localizaron una serie de periodos temporales, incluso superiores a un año, en los que no existían correos electrónicos, circunstancia que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones del mismo”.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó los recursos interpuestos por varios de los investigados, entre ellos la viceconsejera del ramo, María José Asensio, contra la decisión adoptada por la juez de Instrucción número 3, Patricia Fernández Franco, después de que un auto del que fue ponente la jueza Mercedes Alaya avalara su decisión de proceder al volcado y entrega de los correos.
Los agentes, en este atestado de 79 páginas consultado por Europa Press, resaltan que los correos electrónicos se obtuvieron de cintas magnéticas de seguridad en las que, “año tras año, se almacenaba la copia de seguridad de cada una de las cuentas”, lo que “hacía que, en caso de que se quisiera borrar la información, fuera necesario acudir a cada una de las cintas y seguidamente a cada cuenta para borrar los correos referidos”.
A su juicio, “la posible explicación técnica más factible a la falta de correos electrónicos en determinados lapsos temporales sería que durante ese tiempo la configuración de las cuentas de correo se hubiera realizado mediante acceso POP”, un tipo de configuración que descarga todos los correos en el disco duro del ordenador en el que se configura, dejando de almacenarse en el servidor.
La supuesta llamada
Ello, según añaden los agentes, “podría provocar que los datos se almacenasen en local en los ordenadores utilizados por los usuarios para gestionar el correo, y no en el servidor de donde se extrajeron los mismos, lo cual implicaría que una parte de los correos electrónicos no se pudieran obtener dado que no se encontrarían en el servidor”.
La UCO precisa que esta circunstancia “se podría dar en todas o en algunas de las carpetas contenedoras de correos electrónicos que el usuario tuviese creadas en el gestor de correo, dado que es el usuario el que tendría que elegir qué carpetas quiere que se guarden sólo en local, o también en el servidor”.
Los agentes, de otro lado, aluden a la supuesta llamada realizada en abril de 2014 por el entonces secretario general de Industria, Vicente Fernández, al presidente de Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, y señalan que no se ha podido acreditar, a lo que se suma que “no se han encontrado referencias a la citada llamada en las comunicaciones mantenidas pocos días después” entre Vicente Fernández y el presidente de Emerita, “pese a que la comunicación entre ambos era fluida”.
La UCO subraya que tanto los responsables de Magtel como de Emerita “mantuvieron distintos contactos con responsables de la Administración”, como por ejemplo el entonces secretario general de Industria y Energía de la Junta Vicente Fernández.
Los agentes explican que, después de que la juez les encomendara investigar “el papel real desempeñado por Minorbis y las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”, trazaron dos líneas de investigación.
De este modo, analizaron las comunicaciones mediante correo electrónico mantenidas entre los altos cargos que intervinieron en el proceso de adjudicación, y también realizaron un estudio sobre la capacidades financieras y de los recursos que disponía Minorbis.
Sobre este último aspecto de la investigación, los agentes ponen de manifiesto que “Minorbis carece de empleados, si bien se apoya en personal del grupo Magtel y en la contratación de empresas externas especialistas en los sectores de ingeniería de minas, la comunicación y otros necesarios para la confección del proyecto”.