En plena guerra abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores de las universidades públicas por lo que consideran una “privatización exprés” del sistema universitario andaluz, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la orden hospitalaria San Juan de Dios impartir el Grado de Enfermería en el centro universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) bajo su adscripción a la Universidad Pontificia Comillas, centro de formación superior privado de referencia de los jesuitas españoles y con sede en Madrid.
La Universidad de Sevilla había reiterado este mismo martes su ofrecimiento de adscripción al centro para que dependiera de una universidad pública y no de una privada, que ya había ido desembarcando sin la autorización formal de la Junta. La Hispalense ya había rescatado ante el Gobierno autonómico hace apenas 12 días la propuesta que le hizo llegar a la orden hospitalaria en 2023 para que continuase siendo centro adscrito, como en los últimos 17 años. Si bien la Consejería valoró aquella oferta y consideró que se debía a “la presión” para que la Universidad de Sevilla reconsiderara su postura, la Junta ha seguido adelante con la autorización para la impartición de enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería, desoyendo con matices los ofrecimientos de la Hispalense a los que la Junta había invitado.
Pese a que dicha autorización era esperada por la propia Escuela Universitaria de Enfermería, según ya informó este periódico, fuentes de la Consejería indican a este medio que, en todo caso, la oferta de la Hispalense se pasará a los servicios jurídicos “para ver su viabilidad”, agradeciendo a su rector, Miguel Ángel Castro, la “voluntad” de recuperar la escuela como centro adscrito a una universidad pública. Se entiende que la Consejería ha seguido adelante con la autorización de Comillas para no dejar en el limbo al estudiantado que ya se ha matriculado de cara al curso que viene, habiendo pedido ya a la Universidad de Sevilla “que inicie el procedimiento formal cuanto antes a través de la pertinente solicitud de adscripción”.
Esa habría sido cuestión determinante para que la Junta de Andalucía haya desoído en última instancia los dos ofrecimientos de la Universidad de Sevilla, teniendo en cuenta la premura para el cambio de adscripción. Es de recordar que el propio presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, rector también de la Pablo de Olavide, dijo a preguntas de la prensa en Jaén hace apenas un par de semanas que, tras la invitación de la Consejería, que “poco tiempo se nos puede dar a los rectores para pretender que en tres días alguien asuma un centro adscrito, cuando cualquiera sabe que se tardan meses, por no decir años, en incorporar un centro adscrito a cualquier universidad”.
La Junta ha venido sosteniendo que la autorización aprobada ahora “es temporal, por un máximo de 6 años, mientras se encuentra una solución con el fin de convertirla en centro adscrito de otra universidad pública andaluza”. De hecho, en la referencia informativa facilitada este martes a la prensa, se destaca que se trata de una adscripción “transitoria” mientras se concreta “la negociación entre las partes tras el ofrecimiento efectuado por la Universidad de Sevilla de volver a hacerse cargo de este centro”. “Lo normal es que todo vuelva a estar como ha estado los últimos 17 años”, ha incidido el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“La decisión, que se adopta hasta la obtención del título o hasta una nueva adscripción a la Universidad de Sevilla, se acuerda por motivos académicos con el fin de que los alumnos puedan matricularse con normalidad, para favorecer el normal funcionamiento del centro y para el mantenimiento de los puestos de trabajo mientras se resuelve definitivamente la situación”, dice la Junta.
El tono del Gobierno de Moreno a la hora de comunicar la autorización es mucho más suave que en el comunicado de hace apenas 15 días, donde acusó a los rectores de “hacer política partidista”, anunciando ahora el inicio de “conversaciones para crear las condiciones con el fin de que la US y el centro traten de alcanzar un acuerdo que finalmente pueda revertir la situación y éste pueda ser retomado por la universidad pública, aunque se trata de un proceso que podría alargarse durante varios meses”. Recuerda la Junta que, “tras la adscripción del centro a Comillas por parte del Consejo Andaluz de Universidades (con el voto contrario de los rectores), el rector de la Universidad de Sevilla volvió a ofrecer a la Consejería de Universidad la posibilidad” de hacerse cargo de nuevo de la adscripción.
La Universidad Pontificia de Comillas tiene carácter estatal por los acuerdos Iglesia-Estado, con implantación en todo el territorio nacional y, por tanto, sus títulos los verifica la Agencia Nacional de Calidad (ANECA) y no la agencia andaluza. En ese punto, en el que también incidieron los rectores, la Junta de Andalucía informa de que ha exigido a la Universidad Pontificia “el compromiso a establecer las necesarias relaciones de cooperación y colaboración con los órganos de inspección universitarios de Andalucía”, en relación con la actividad desarrollada por el centro San Juan de Dios de Bormujos, y también a “cumplir con los compromisos docentes, de profesorado y de servicios previstos en el convenio de desadscripción y a comunicar cualquier modificación de estos compromisos, so pena de modificar las condiciones de la autorización e incluso de revocarla”.
Cabe recordar también que San Juan de Dios intentó recuperar la adscripción con la Universidad de Sevilla mientras, paralelamente, se tramitaba la creación de la Universidad CEU Fernando III como universidad privada, en el campus de Bormujos, la primera impulsada por el Ejecutivo de Moreno junto a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), ligada el malogrado exconsejero Javier Imbroda, ambas aprobadas el pasado septiembre en el Parlamento andaluz, donde el PP goza de mayoría absoluta.
El rector de la Hispalense había enviado este martes una segunda carta a la Consejería de Universidad reiterando el referido ofrecimiento después de que este lunes el rector y miembros de su equipo de gobierno mantuvieran una reunión en la sede de la Consejería con el secretario general de Universidades y el director general de Coordinación Universitaria de la Junta de Andalucía.
En ese encuentro, Castro mostró nuevamente la disposición continua de la Universidad de Sevilla para mantener la oferta de adscripción rechazada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 16 de marzo de 2023, como ya informó este periódico. De este modo, la Hispalense exponía una vez su propuesta para restablecer la adscripción del centro de Enfermería San Juan de Dios a la Universidad de Sevilla.
Además, la Universidad de Sevilla quería “evitar la confusión de su oferta académica con la de otras universidades e impedir situaciones transitorias que puedan generar confusión y problemas burocráticos en el estudiantado del centro”, por lo que había propuesto un itinerario de adscripción que considera “jurídicamente viable”. En primer lugar, propone la suscripción entre la Universidad de Sevilla y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios del convenio de adscripción. “Se trata de un convenio conocido y estudiado por ambas instituciones, cuyo principal punto de controversia, que se concretaba en la duración que proponía la Universidad a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se ve ahora minimizado, ante la exigencia de la Junta de Andalucía de que la adscripción se prolongue durante seis años. En este sentido, no existiría dificultad alguna, por parte de la Universidad de Sevilla, de acotar el plazo de vigencia a un período inicial de seis años”, sostiene la Hispalense.
Asimismo, y sobre la base del convenio en el que se incluiría la solicitud de una medida cautelar, “la Junta de Andalucía concedería una suspensión cautelar de la desadscripción y una autorización provisional para impartir enseñanzas de grado de la Universidad de Sevilla en el Centro de Enfermería San Juan de Dios”, ofrecía la Hispalense.
“Sería preciso, en tercer lugar, una ampliación excepcional del plazo de admisión en el Distrito Único Andaluz para los estudiantes interesados en cursar estudios o una fórmula similar” y, paralelamente, “se desarrollaría el procedimiento administrativo formal de adscripción”. “Con este reiterado ofrecimiento, la Universidad de Sevilla ha puesto una vez más en este proceso toda su voluntad y compromiso para evitar un proceso de adscripción a una Universidad ajena al sistema universitario andaluz que, de realizarse, causará disfunciones y dificultades innecesarias para la comunidad universitaria”, ha afirmado la Hispalense.
El enfado de los rectores con la gestión de la Junta ha ido aumentando en los últimos tiempos de forma paralela a la creación de universidades privadas por parte del Parlamento andaluz, donde el PP tiene la mayoría absoluta. Uno de los puntos de inflexión tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, y no por la aprobación aquel día de las dos primeras impulsadas por el Ejecutivo de Moreno (Universidad CEU Fernando III y Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea -Utamed-) sino porque, por primera vez, no pudieron emitir su voto favorable o desfavorable a su reconocimiento, como siempre habían hecho en el único órgano en el que tienen voz, el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde comparten mesa con altos cargos de la Consejería de Universidad.
Apenas hace tres meses, después de que la Junta iniciara en noviembre la tramitación para la creación de la Universidad Alfonso X el Sabio –UAX Mare Nostrum– y la Universidad Europea de Andalucía, en contra otra vez de la opinión de los rectores de las públicas, el Consejo de Gobierno daba luz verde a los proyectos de ley de reconocimiento de ambas universidades.
Antes, el plantón sindical impidió al órgano consultivo del Gobierno andaluz (el CES) avalar por unanimidad esas dos futuras universidades, que iniciaban su trámite hasta su validación final en el Parlamento.
En los casos la Utamed y de la Universidad CEU Fernando III, el PP incorporó a última hora la oferta académica de ambas para 'salvar' su aprobación.por parte del Parlamento.
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