Sin DNI, sordo de nacimento, sin casa, sin historial sanitario, sin ayuda. Tiene entre 45 y 50 años y no consta en registro oficial alguno salvo para la administración de justicia. Los recientes intentos por darle identidad por parte de Cáritas Diocesana de Sevilla se ven constantemente interrumpidos por sus continuas entradas y salidas de prisión pese a que, por muchas razones, la organización piensa que debería ser considerada como persona inimputable. Sufre ostracismo por parte de su propia familia y no se consigue encontrar a dos personas que le reconozcan como tal, un requisito imprescindible para obtener en el registro civil una inscripción fuera de plazo.
Le visitamos en la cárcel. No sabe hablar. Trata de comunicarse con gestos y sonidos que repite sin cesar. Apenas se le entiende que roba para comer, para sobrevivir, y que aún le quedan muchas cuentas pendientes con la justicia, la única que le ha dado identidad, hasta cinco distintas. Está hecho a la cárcel, en la que entró por primera vez en 1991. Más delgado que la última vez, según dice su abogada, es difícil pensar en su día a día en prisión, sin poder comunicarse, sin oír nada.
José María (así le conocen) no consta. No existe para ningún sistema excepto para el judicial. En las diversas sentencias que han caído en su contra le asignan hasta cinco números de DNI diferentes. Correr es lo único que hace en el patio de la cárcel. Es analfabeto funcional. “No sabemos quién es porque no está registrado en ningún sitio”, explican desde Cáritas, que le acompaña desde hace un par de años por su periplo judicial, principalmente por delitos contra la propiedad (robo de chatarra), ninguno grave. Con un entorno familiar ligado a la droga, asegura que él solo fuma cuando puede pero que de droga nada quiere saber. Lo corrobora su larga trayectoria judicial, en la que nunca se le ha aplicado el atenuante de toxicomanía.
En ocasiones los jueces han presentado como prueba la declaración del detenido, es decir, firmar el pertinente 'lee y conforme' del final de los escritos. “¿Con qué se va a conformar, si no puede comunicarse, ni oye ni habla?”, inciden desde Cáritas, que lamentan la falta de garantías policiales y procesales respecto a José María y, sobre todo, la imposibilidad de que acceda a los sistemas educativo y sanitario como cualquier otro ciudadano al carecer de cualquier tipo de documentación. El Defensor del Pueblo Andaluz, ya al tanto de este caso, también está tratando de solucionar el problema.
La Delegación reconoce “múltiples gestiones” sin éxito
Sin acceso a ningún tipo de ayuda, salvo la justicia gratuita, “su proceso de inclusión educativo y sanitario es imposible porque el acompañamiento se ve continuamente interrumpido”, explica Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas. Ahora mismo cumple una condena de diez meses y tiene una veintena de causas pendientes. La abogada le ha asistido ya en once juicios. “Cuando sale de los juzgados, mira asustado hacia todos lados para ver si el furgón le lleva otra vez a la cárcel”, comentan desde Cáritas.
Desde 1991 ha vivido al margen de la sociedad, entrando y saliendo de la cárcel cada cierto tiempo, hasta que llegó en abril de 2016 al Centro Amigo, un recurso de Cáritas para personas en situación de exclusión social, en la calle Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Sevilla, derivado allí por un voluntario. Malvivía en chabolas o en naves abandonadas, y se encontraba en una situación de exclusión severa. Ya allí, un día fueron a buscarle un par de agentes de la Policía Nacional por un tema judicial. Desde entonces, Cáritas no ha parado de buscar su identidad a través de todos los organismos posibles, pero la Policía ya les ha dicho oficialmente que nunca ha tenido DNI.
La Delegación del Gobierno en Andalucía, según ha podido comprobar este periódico, emitió un informe en el que se hace mención a las “múltiples gestiones” realizadas por la Policía desde junio de 2017 en las que se ha intentado localizar a su madre para poder determinar el lugar de inscripción de su nacimiento. Los datos apuntaban a su inscripción en un registro civil en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) pero se concluyó que no se correspondía con José María.
Así las cosas, el pasado 20 de febrero la Comisaría Provincial de Sevilla informó que, en coordinación con Cáritas, se iban a realizar las gestiones para la solicitud de inscripción tardía ante el juzgado pero, dado que actualmente está en prisión, los trámites están en suspenso hasta que salga en libertad. “Una vez se obtenga la inscripción, se podrán continuar los trámites necesarios para expedirle el DNI”, señaló la Delegación.
Un implante a la espera
“En alguna sentencia se le ha asignado un DNI pero la Policía nos ha dicho que no es el suyo. En prisión le constan otros distintos. A veces se le ha identificado como Jesús María, pero es un hermano suyo. Todo es una cadena de errores”, explica Cáritas. No tiene una hoja histórico penal, ni se le podía poner en búsqueda y captura hasta que Cáritas ha entrado en juego hace un par de años, notificándole a la entidad las resoluciones respecto a José María. “Es un caso kafkiano. No existe para el sistema pero sí para el sistema judicial. Los jueces no pueden juzgar a una persona que no saben quién es”, recalca Mariano Pérez de Ayala.
Cáritas quiere que cumpla con sus penas si ha cometido algún hecho delictivo pero que pueda disfrutar de sus derechos como cualquier otro ciudadano. La organización lamenta la “desinformación judicial” y el “desinterés” por parte de los trabajadores sociales de la cárcel hacia su persona. Actualmente se le está tratando de poner un implante coclear para que pueda escuchar, pero “todo se para cuando vuelve a entrar en prisión”. “Es una situación sangrante”, lamentan.
Desde Cáritas se ha enviado un reciente escrito a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados donde se recoge que José María vivía en un asentamiento sin ningún tipo de ayuda ni familiar ni institucional, presentando una situación de exclusión severa. También se hace constar que el año pasado fue intervenido de una perforación gástrica y que durante su ingreso se solicitó una interconsulta al servicio de otorrinolaringología del Virgen del Rocó donde se le diagnosticó sordera profunda prelocutiva previa a la adquisición del lenguaje. Desconoce, evidentemente, el lenguaje de signos.
“Al carecer de DNI, no cuenta con ninguna prestación, no tiene afiliación en la Seguridad Social, ni cuenta corriente, por lo que no podemos aportar ningún documento que acredite su exclusión salvo este informe”, señala el director de Cáritas, que recalca la “implicación e interés por todas aquellas actividades y talleres” que se le ofrece desde Cáritas cuando no está en prisión y a quien se trata de conseguir documentarle para “garantizarle su derechos”.