Un informe certifica el uso “intensivo” del acuífero junto a Doñana sin achacarlo a los pozos ilegales de la Casa de Alba

El acuífero del que se alimentan los cultivos de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar a las puertas de Doñana, en el municipio sevillano de Aznalcázar, se encuentra en los niveles más bajos desde que existen registros, fruto de la “explotación intensiva” que ha sufrido en los últimos años.

Así lo determina el último informe técnico sobre la situación de estas aguas subterráneas, que apunta no obstante que “no es posible concretar que el único causante” haya sido esta explotación agrícola en la que se detectaron ocho pozos ilegales. Esto desencadenó una denuncia por “riegos ilegítimos” y la apertura de una causa judicial en la que se investiga un posible delito ambiental.

La propiedad tiene dos pozos con derechos para usar 606.000 metros cúbicos por año para regar naranjas gourmet y olivar superintensivo, en concreto 200 hectáreas. La empresa que administra los terrenos (Eurotécnica Agraria, gestionada por la casa ducal) está en plena reconversión de estos cultivos en paralelo al proceso judicial, para lo que ha presentado un proyecto que reduce la superficie a 161,6 hectáreas –sin que ello implique un menor consumo de agua– y que legaliza estas ocho captaciones, que estuvieron precintadas durante meses por orden del juez. Las restricciones se levantaron la pasada primavera pese a la oposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.

En el marco de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, se ha encargado ahora a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la autoridad del agua en este territorio) un informe sobre la evolución en los últimos cinco años del acuífero afectado por las extracciones que se investigan.

Pese a que la empresa asegura que nunca llegó a usar los pozos sin licencia y que no extrajo más agua de la que tiene autorizada, el fiscal calcula que sólo en una campaña agrícola y en plena sequía habría bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros.

Origen en las explotaciones agrícolas

El estudio determina que, atendiendo a la evolución del nivel piezométrico registrado en los puntos más cercanos a la finca de Aljóbar, “queda patente la explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años”. Los técnicos tienen claro que “la deriva del nivel piezométrico” que han constatado “tiene su origen en su explotación con fines agrícolas”, pero plantean que “no es posible concretar que el único causante haya sido la derivación de aguas en Aljóbar”. En este sentido, recuerdan que en las inmediaciones de esta finca “hay tomas con un derecho de extracción del recurso de igual o mayor orden de magnitud”.

Eso sí, también subraya el informe que la denuncia interpuesta contra la empresa de la Casa de Alba es por un mayor número de captaciones respecto a las autorizadas, una extracción de agua que “se ha llevado a cabo sin control volumétrico alguno” y “desconociéndose su régimen de explotación”. Por ello, se desconoce si “se ha derivado un mayor volumen de agua del autorizado o en épocas del año en el que las extracciones pueden producir un mayor efecto sobre la masa”, sentido en el que recuerdan que la propiedad cuenta con una balsa de almacenamiento de grandes dimensiones. En concreto, tiene capacidad para 305.000 metros cúbicos.

Los técnicos han analizado cuatro piezómetros, dos de los cuales son más representativos al estar más próximos a Aljóbar. En ambos casos, los datos recogidos son los valores mínimos de la serie histórica, con descensos de 0,7 y 0,5 metros anuales en el nivel de las aguas subterráneas durante los últimos cinco años. Una reducción, además, que se produce pese a que el nivel de lluvias se ha mantenido constante en este tiempo, produciéndose incluso registros superiores este año gracias a las precipitaciones del primer trimestre. Los datos se han analizado entre julio de 2019 y el mismo mes de 2024.

La finca de los Alba obtiene sus recursos hídricos del acuífero Aljarafe Sur, declarado en buen estado y que linda con las masas de aguas subterráneas que dan vida a Doñana. Es decir, es colindante pero no es el acuífero en muy mala situación del que no se ha parado de hablar en los últimos dos años por el pirateo de agua en la Corona Norte del parque nacional.

Un delito ambiental y otro de desobediencia

Los otros dos piezómetros estudiados se encuentran más alejados, en las masas de agua Aljarafe Norte y Almonte. Los registros son más suaves, pero la tendencia es la misma: mínimos históricos y reducción del nivel, a un ritmo de 0,36 metros en el primer caso y de 0,33 metros en el segundo.

El informe ya ha sido remitido al juzgado que instruye unas diligencias en las que se ha sido citada a declarar como imputada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro. Además de un delito ambiental, se acusa a Eurotécnica Agraria de otro por desobediencia, ya que se impidió el acceso a la propiedad a los agentes de la Guardia Civil y de la Confederación del Guadalquivir que iban a clausurar los ocho pozos sin autorización.

La presidencia de Eurotécnica Agraria es rotativa entre los miembros de la Casa de Alba, y cuando ocurrieron los hechos la ejercía formalmente Eugenia Martínez de Irujo. La empresa la desligó del día a día de la finca y aseguró que Luis Martínez de Irujo “es el miembro del consejo responsable de la gestión” de Aljóbar. La voz de alerta contra los pozos ilegítimos que dio lugar a la causa judicial la interpuso un extrabajador de la finca, a lo que siguió una denuncia de Ecologistas en Acción.