Sigue nuestra edición de Sevilla en X
Ahora puedes seguir las noticias de Sevilla capital y provincia a través de la red social Twitter (X) en este enlace.
El grupo municipal de Podemos-IU ha recogido el guante que lanzaron hace unas semanas la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que instaron al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), a no contratar publicidad institucional con medios condenados por sentencia judicial (o algunos de sus periodistas) por publicar informaciones falsas. Venía la cuestión a cuento de una campaña de Tussam, la empresa municipal de transportes, en cuya adjudicación entienden estas dos agrupaciones profesionales que se “incumplen principios éticos de la profesión”, lo que la portavoz de la alianza de izquierdas, Susana Hornillos (Podemos), ha resumido de una manera muy gráfica: “Están regando con dinero público a medios de la cloaca”. La respuesta municipal ha sido que se cumple “estricta y escrupulosamente la legalidad”.
Este mismo debate lo ha abierto el PSOE en el Parlamento andaluz y ahora ha llegado al Ayuntamiento de Sevilla, concretamente a la comisión de control al gobierno local del PP, en la que Hornillo se ha interesado por los criterios objetivos con los que se han adjudicado 320.000 euros, un reparto de dinero público que “incluía a medios como EDA TV y OkDiario, conocidos por propagar bulos y difundir teorías de la conspiración”. No ha dejado ahí la cosa, sino que ha subrayado que también estos medios reciben “una inyección constante de dinero público por parte de administraciones municipales y autonómicas controladas por el PP”, a las que ahora se suma “para sorpresa de nadie” el Ayuntamiento de Sevilla “de la mano de su alcalde”.
“Estamos rayando la legalidad o al menos se va en contra de cualquier principio ético”, ha apostillado, ya que considera que hablamos de “financiar medios que vulneran de forma sistemática el derecho a recibir información veraz”, recogido en la Constitución, lo que supone “una agresión soterrada contra el Estado de derecho”. De paso ha recordado que la denuncia no la hace su grupo, que lo que hace es darle voz a la crítica realizada por la APS y la FAPE, según las cuales “no se han aplicado criterios objetivos de reparto según la jurisprudencia”.
Para Hornillo, el alcalde está “regando con dinero público a medios de la cloaca” para no posicionarse en contra de ellos, porque “tal vez sean de utilidad cuando haya que tapar alguna cosilla o mala gestión que no interese que se sepa”. “Si ese no es el caso, rectifiquen y dejen de malgastar nuestro dinero en cañones mediáticos que maquillen la imagen de este gobierno”, por lo que ha exigido el “compromiso firme y serio” de que no se va a financiar ni a medios ni a periodistas que “han sido condenados por mentir”.
Ningún medio inhabilitado
De la respuesta del gobierno local se ha encargado el delegado de Movilidad, José Lugo (PP), que ha defendido una gestión que se ha limitado a “cumplir estricta y escrupulosamente la legalidad”, ateniéndose a lo que marca la ley reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía. De paso, ha subrayado que todos los medios que se presentaron al concurso han recibido alguna cantidad, que no se ha tenido en cuenta su línea editorial y que ninguno está inhabilitado para contratar con el sector público.
Eso sí, ha admitido que no se ha tenido en cuenta el criterio de si en el medio trabajan profesionales condenados, lo que ha justificado con que no son pocos los que están en esta situación, aunque obviando que la denuncia que han hecho la APS y la FAPE hace referencia en concreto a periodistas con una condena judicial por difundir bulos o noticias falsas. “Las contrataciones se han hecho sin discriminación alguna y defendiendo la libertad de prensa”, ha reiterado Lugo, para quien estas campañas no se hacen para eludir la presión mediática porque “ese es el trabajo de la prensa”.