El juez deniega la petición del fiscal para sellar de nuevo los pozos ilegales de los Alba, cazados otra vez sacando agua

Los ocho pozos sin licencia junto a Doñana que la Casa de Alba tiene en su finca de Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, no se van a cerrar pese a que han sido cazados por segunda vez extrayendo agua de manera ilegal. Así lo ha decidido el juez que investiga el posible delito ambiental por la utilización de estas captaciones, que ha denegado la petición hecha en este sentido por la Fiscalía de Medio Ambiente ya que considera que las pruebas actuales no aportan “indicios suficientes del tipo penal”.

Por ello, considera que no procede “acordar medidas cautelares por la vía penal” como sería precintar estas extracciones. Eso sí, deja abierta la puerta a tomar esta decisión por vía administrativa si la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CHG) considera que se ha cometido una infracción, concediéndole autorización judicial para entrar en la finca si decide proceder en este sentido.

Los pozos estuvieron unos meses precintados por su posible utilización para “riegos ilegítimos”, ya que Eurotécnica Agraria (la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras) tiene autorización para usar sólo un pozo. El juez ordenó el pasado mes de mayo levantar el bloqueo de estas instalaciones, una decisión que contó con la oposición de la Fiscalía de Medio Ambiente, que presentó una denuncia por “detracción ilegal de agua” y dio inicio un proceso por el que está llamada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro.

Confirmación de que están “extrayendo agua”

Una nueva inspección de la hacienda por parte de agentes del Seprona y de la Comisaría de Aguas, que se verificó el pasado 11 de noviembre, ha vuelto a constatar que los pozos “se encuentran equipados con elementos de captación y extrayendo agua”, tal y como resalta el oficio que la Guardia Civil ha remitido al juzgado. Eso, pese a que cuando fueron desprecintados en mayo se transmitió a la propiedad que no podía hacer uso de ellos hasta que regularizase su situación, un proceso en el que Eurotécnica Agraria está embarcada en paralelo al proceso judicial.

Con este nuevo giro de los acontecimientos, la Fiscalía le ha hecho ver al juez que las captaciones están funcionando “sin la preceptiva autorización de uso y sin contador volumétrico”, lo que impide verificar qué volumen de recursos se ha sacado. “La extracción de agua es ilícita”, insiste, por lo que solicita que “a la mayor urgencia” se vuelvan a precintar ante “el uso indebido que se está haciendo”.

A su juicio, con esta actuación de la empresa de la Casa de Alba está “perpetuándose la situación de ilegalidad” que se está investigando, “con los consiguientes daños para el medio ambiente que se puedan estar generando”. El fiscal considera que adoptar esta medida cautelar no impide que, llegado el caso de que se regularice la situación, se pueda levantar el precinto.

No hay “indicios suficientes del tipo penal”

Ante esta petición, el magistrado señala en un auto (con fecha 27 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico) que “se reitera nuevamente en los mismos razonamientos” que esgrimió para levantar el precinto de los pozos en mayo: con las pruebas que hay hasta el momento, “no queda suficientemente determinado indiciariamente” el presunto delito “que requiere el tipo penal de causar grave daño al medio ambiente”. Ante la falta de “indicios suficientes del tipo penal”, considera que “no es razonable acordar medidas cautelares por la vía penal” pero que eso no quita para que la autoridad administrativa (en este caso, la Confederación Hidrográfica) dé los pasos que estime oportunos “si se considera que se ha cometido una infracción”.

“Nada obsta”, apunta el juez, para que la Comisaría de Aguas “acuerde esas medidas cautelares de extracción de equipos de bombeo y precinto de los pozos”. Para ello, la resolución lo que hace es conceder autorización judicial a este organismo para que sus agentes puedan entrar en la finca –salvando así una posible oposición de la propiedad– y proceder por vía administrativa al precinto de los pozos.

¿Y por qué considera el instructor que no tiene elementos probatorios suficientes? Pues porque el informe que encargó a la propia Confederación constató la “explotación intensiva” de las aguas subterráneas de las que extraen las tomas sin licencia, pero concluía que “no es posible concretar que el único causante” haya sido la finca de la Casa de Alba. Este acuífero (Aljarafe Sur, que linda con el que abastece a Doñana) está oficialmente declarado en buen estado, aunque el estudio alertó de que se encuentra en los niveles más bajos desde que existen registros.

A la espera de un último informe

Al margen de lo que decida hacer la autoridad del agua por la vía administrativa, la senda penal está a expensas de un informe solicitado por la Fiscalía para determinar los posibles daños provocados por estos pozos, que lleva a cabo la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona y que se encuentra “bastante avanzado”. Precisamente, a la espera de este estudio técnico el juez decidía recientemente prorrogar seis meses más la investigación.

El instructor también recuerda a la Confederación Hidrográfica que el proceso penal en curso “no es óbice ni obstáculo” para continuar la tramitación de los expedientes en relación con estas extracciones no legalizadas. Eurotécnica Agraria ha presentado un proyecto de reordenación de los derechos de riego con los que cuenta que incluye la regularización de estos pozos y que ha recibido un visto bueno inicial de la Confederación, ya que no implica un mayor uso de agua y puede mejorar la hidrodinámica del acuífero.

Cálculo del agua extraída

En su denuncia por delito ambiental, el fiscal calcula que sólo en una campaña agrícola y en plena sequía estas instalaciones sin permiso habrían bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros. La empresa, por su parte, admite que se usaron estos pozos, pero que nunca sacó más agua de la que tiene autorizada.

La causa judicial –que investiga también una acusación de desobediencia por impedir la propiedad el acceso de la Guardia Civil a la finca– intenta determinar el total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años, así como la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído “ilícitamente”. La hacienda tiene permiso para una captación con la que regar 200 hectáreas en las que cultiva naranjas gourmet, y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico, además de una balsa para acumular agua y con capacidad para 305.000 metros cúbicos.