Investigan al líder del PP de Sevilla por su papel en la concesión de un tanatorio privado a la firma familiar de un alto cargo del partido

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y ex alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; contra el actual regidor del municipio, Juan Manuel López Domínguez; y contra Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

En un auto fechado el 4 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, el juez ordena a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue a los tres dirigentes populares, denunciados por el PSOE de Mairena del Alcor, por haber paralizado el anteproyecto de un centro funerario municipal en 2016 –siendo alcalde el hoy líder del PP de Sevilla–, dejarlo en suspenso siete años y autorizar, en 2021, la construcción de otro tanatorio privado a una promotora de la familia de Rodríguez Roa, dirigente popular y empleado de esta firma durante ocho años.

El magistrado busca esclarecer la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso de tráfico de influencias, y ordena dar traslado a la Fiscalía de la apertura del procedimiento abreviado (fórmula judicial para agilizar la instrucción, enjuiciamiento y fallo de ciertos delitos).

La investigación parte de una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición el pasado 10 de abril, pero el juez ha tardado dos meses en abrir diligencias y dar traslado a la Guardia Civil y al Ministerio Público. Contra este auto, cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días o interponer recurso de apelación antes de cinco días desde su notificación a las partes.

El procedimiento abreviado se utiliza para las infracciones castigadas con pena de prisión inferior a nueve años u otras penas no privativas de libertad, a las que podrían enfrentarse los dirigentes populares.

Los hechos

En 2015, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, gobernado por el PP, aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, que lleva paralizado siete años. Entonces gobernaba el municipio Ricardo Sánchez. Durante ese tiempo de parálisis, en 2021, el mismo Consistorio –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.

El PSOE local denunció un pelotazo urbanístico, toda vez que la empresa adjudicataria de este proyecto pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años. Los socialistas están convencidos de que la investigación judicial supondrá la primera imputación de dirigentes del PP del presidente Moreno.

La empresa que adquiere la licencia de construcción del tanatorio privado en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando el proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Rodríguez Roa, dirigente del PP andaluz y actual consejero de la RTVA por designación de su partido. Rodríguez Roa es el responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP de Moreno, y ha trabajado “ocho años como uno más” para la promotora de su familia [fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales y especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios], según confirmó él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.

Cronología

La cronología de los hechos se remonta a 2015, cuando el pleno de esta localidad sevillana (gobernada con mayoría absoluta por los populares y siendo alcalde Ricardo Sánchez) aprueba el proyecto de construcción y explotación de un tanatorio municipal “en el solar junto al cementerio de San José que resulte tras el derribo de la casa del sepulturero, sin uso desde hace años”.

Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto no pasó de ahí.

En los últimos siete años, el Ayuntamiento popular no ha avanzado con el tanatorio público –que volvió a prometer durante la campaña electoral de 2019–. Pero en octubre de 2021 autorizó la licencia de obras para otro tanatorio privado en otro punto del municipio, ubicado en un polígono a dos kilómetros del cementerio, y en noviembre de ese mismo año el actual alcalde, Juan Manuel López, participó en el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto junto a los promotores.

La inversión privada –que contemplaba un edificio de “una sola planta”, con “tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería”, etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. Tras el acto de la primera piedra del centro funerario privado, el actual alcalde escribió en sus redes sociales “hoy estamos de enhorabuena”, celebrando que “este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad”. Aun así, aseguró que este proyecto no implicaba el “abandono” del tanatorio municipal, sino que venía a “complementarlo”. Tres años después, el tanatorio público está sin empezar y el privado está ya construido.

La denuncia socialista

La denuncia del PSOE, a la que ha tenido acceso este periódico, señala a Sánchez –quien fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019– como “cabecilla o urdidor” de la supuesta “trama” del tanatorio privado. El hoy líder del PP en la provincia, ya como dirigente del partido, también asistió al inicio de las obras, mientras el proyecto municipal continuaba paralizado.

Los socialistas acusan a Ricardo Sánchez de incurrir en “dejación de funciones” durante su etapa como regidor al congelar la ejecución del proyecto municipal, que desde 2015 constaba en los informes como “viable tanto técnica como económicamente”, constituyendo además “una necesidad real de la población”, según recoge la denuncia.  

No fue hasta 2018 cuando Sánchez volvió a retomar el expediente del tanatorio público, requiriendo un nuevo informe al secretario general de la corporación, que avaló que los servicios funerarios eran “servicios de competencia municipal que debía de gestionarse desde la Administración”. Aun así, el Ayuntamiento mairenero mantuvo el proyecto de tanatorio público guardado en un cajón hasta hoy. 

El PSOE considera que el actual presidente del PP de Sevilla obró en “perjuicio del interés público” y en beneficio de intereses particulares, vinculados a su partido, toda vez que la promotora del tanatorio privado pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, tal y como adelantó este periódico. La acusación que vierten los socialistas contra Ricardo Sánchez va más allá de sus funciones como alcalde, considerándolo el responsable de instar a su sucesor en el cargo, Juan Manuel López, a mantener el freno a la iniciativa municipal.

Fue López quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también investigado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concedió en octubre de ese mismo año.