El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, redactó el auto de apertura de diligencias previas contra tres dirigentes del PP por un delito de prevaricación administrativa el día 24 de mayo, pero lo firmó el 4 de junio y no se notificó a las partes hasta este martes 11, dos días después de que se celebraran las elecciones europeas.
Para el PSOE –entidad que registró el 11 de abril la denuncia que ha abierto este proceso de investigación en torno al tanatorio de Mairena del Alcor– esa demora no es casual y la achaca a un intento de evitar que la noticia revolucionara la recta final de la campaña electoral de las europeas, como sucedió con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a cinco días de las votaciones (celebradas el pasado 9 de junio).
Los socialistas están convencidos de que esta investigación judicial supondrá la primera imputación de dirigentes del PP durante el mandato del presidente Juan Manuel Moreno, ya que implica al presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y exalcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; al actual regidor de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez; y a Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido; en una supuesta “trama” de “pelotazo urbanístico”.
Según la acusación del PSOE, el líder del PP de Sevilla habría obrado como “cabecilla o urdidor” de un plan que arrancó durante su mandato como regidor en Mairena del Alcor y que continuó su sucesor al mantener el freno al proyecto de tanatorio público aprobado en 2015 mientras se impulsaba otro privado, en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que es habitual que se dilaten las fechas entre que el juez redacta el auto –de dos páginas en este caso–, lo firma y se notifica. Respecto a su posible vinculación con el contexto electoral, señalan que el motivo “solo lo sabe el juez”. Cabe recordar la “regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”, a la que aludió el presidente Sánchez en su “nueva carta a la ciudadanía”, tras conocer la citación formal a su pareja, Begoña Gómez, para declarar el 5 de julio, a cuatro días de las elecciones.
“El auto se sabe desde el 4 de junio, pero, qué casualidad, lo conocemos después de las elecciones”, ha ironizado este miércoles la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, quien se ha dirigido al presidente Moreno para pedirle que dé “explicaciones en el Parlamento” sobre lo que considera un “escándalo” y una “nueva relación de amiguetes con contratos de amiguetes, el modus operandi habitual de los contratos del PP en la Junta”, según ha apostillado.
De momento, ningún responsable del PP a nivel provincial o andaluz ha entrado a valorar el proceso judicial iniciado contra dirigentes de su partido. Algo que ha reprochado desde la Cámara andaluza la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto: “En esta sobreactuación recurrente del Partido Popular con respecto a las responsabilidades políticas que deben solicitarse de inmediato para quienes se ven incursos en un procedimiento judicial, nos sorprende que cuando les saltan en casa no haya ninguna reacción”.
Fuentes del PP de Sevilla señalan a este diario su intención de recurrir el auto, pero no aclaran cuándo se llevará a cabo esa acción, contando con que los plazos para presentar recurso de reforma (en el propio juzgado) concluye en tres días y el de apelación (recurriendo a una instancia superior) expira en cinco desde su notificación a las partes.
Tan solo se ha manifestado públicamente el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, quien en un comunicado remitido a los medios de comunicación expresa su “predisposición, respeto y colaboración a los jueces”, así como su deseo de que “esta situación se resuelva lo más pronto posible”. Para el regidor popular, “tal como está contada la historia aportada a través de una denuncia por parte del portavoz del grupo socialista de Mairena del Alcor, el juez puede entender que puede ser constitutiva de delito y, por tanto, solicita información complementaria para aclarar la situación”. De ahí que López diga “alegrarse” de que “se pida todo tipo de documentación aclaratoria por parte de su señoría, ya que así se podrá discernir este asunto de forma definitiva”.
Contactado por elDiario.es, Francisco Rodríguez Roa ha rehusado hacer declaraciones, aludiendo a las “mentiras” que dice verter este periódico contra él, aunque no las haya especificado tras ser preguntado.
Al abrir diligencias previas, la Policía Judicial de la Guardia Civil comienza a investigar si tras la parálisis del proyecto de tanatorio municipal de Mairena del Alcor se esconde un delito de prevaricación, como apuntan los socialistas en su denuncia.
El proyecto de construcción de un tanatorio público en Mairena del Alcor lleva paralizado más de ocho años, desde que el Ayuntamiento –gobernado entonces por el actual presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez– lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio –ya con el número dos de Sánchez al frente de la alcaldía– autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.
La empresa que adquiere la licencia de construcción en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, también responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno.
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